Adlai Stevenson Samper
@AdlaiSteven
En el corazón de Barranquilla, bajo la sombra de viejos árboles que han sido testigos silenciosos del paso del tiempo, se encuentra el Cementerio Universal. Pocos transeúntes conocen la historia detrás de este camposanto, o de cómo la institución que lo administra ha sufrido una metamorfosis que refleja, con dolorosa precisión, la degradación moral e institucional que azota tantos rincones de nuestra sociedad.
La Radiografía de una Perversión Institucional
La Sociedad Hermanos de la Caridad nació en 1867 como un sueño cívico: dotar a Barranquilla de un cementerio, un hospital y una iglesia. Sus fundadores —figuras como el médico Eusebio de la Hoz y el cura Carlos Valiente Tinoco— nunca pretendieron convertirse en administradores perpetuos de estos bienes. Su misión era noble y limitada: crear estas obras y entregarlas a la comunidad.
Sin embargo, lo que hoy opera bajo ese mismo nombre histórico no es más que una cáscara vacía, registrada apenas en 1998 —131 años después de la fundación original— y controlada por un grupo que ha convertido la caridad en un negocio privado.
La Mecánica Invisible del Despojo
El análisis de los registros históricos revela una verdad incómoda: el terreno del Cementerio Universal jamás fue donado a la Sociedad. El 5 de abril de 1869, el Concejo Municipal de Barranquilla cedió —no donó— un lote para este propósito, reservándose incluso el pago del personal que lo mantendría. Esta cesión establecía claramente una relación de administración temporal, no de propiedad.
«Es un bien municipal: terrenos y pagos de personal«, establecían los documentos de la época. Una realidad jurídica que ha sido sistemáticamente ocultada para mantener el control de un lucrativo negocio.
Lo que debemos preguntarnos es: ¿cómo una entidad registrada oficialmente en 1998 puede reclamar derechos sobre una propiedad municipal cedida en 1869 a otra organización con el mismo nombre pero distinta naturaleza?
El Sistema Silencioso de Saqueo Institucionalizado
La actual Sociedad Hermanos de la Caridad, pese a declararse «sin ánimo de lucro«, ha desarrollado una sofisticada maquinaria para desviar recursos. Los métodos incluyen:
- Nepotismo descarado: El gerente Boris Cabarcas es sobrino del presidente Mario Morales Charris, en lo que un informante interno describe como «un coto de caza privado donde campea la corrupción».
- Junta directiva cooptada: La estructura se ha reducido para garantizar el control, con familiares incorporados y pagos mensuales de $5.000.000 a quienes aseguran las mayorías en las votaciones.
- Desvío de fondos: Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, se transfirieron $126.999.000.000 a la Gran Logia del Norte de Colombia, su controlador de facto, violando la prohibición legal de que una ESAL subvencione a otras entidades.
- «Turismo ejecutivo»: Tras la bonanza por la pandemia del COVID-19, los directivos emprendieron costosos viajes internacionales. Un solo periplo europeo costó $164.262.000.000, justificado como «plan de estudios en logias europeas».
La Verdad Oculta Tras las Facturas
El rastro documental de la corrupción resulta abrumador. Una revista institucional de 100 páginas se factura a $33.000.000, cuando en el mercado costaría aproximadamente $15.000.000. Un cuento infantil de apenas 12 páginas costó $14.280.000, el doble de su valor real.
Mientras tanto, el patrimonio que deberían proteger se deteriora visiblemente. El sector histórico del cementerio carece del obligatorio Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), los hornos crematorios han sido clausurados repetidamente por problemas ambientales, y no existe una planta de tratamiento de aguas residuales.
La inspección ambiental se burla con métodos rudimentarios: «Cuando aparecen inspectores, abren los grifos de agua blanca para que las muestras tomadas den resultados de tratadas«, revela una fuente interna.
El Ciclo Secreto de la Impunidad
¿Cómo ha sobrevivido esta situación durante décadas? El control de la Sociedad por parte de logias masónicas —que incluyen «juristas, notarios, magistrados y jueces«— ha creado un blindaje perfecto. La Gobernación del Atlántico, supuesta entidad de vigilancia según los registros oficiales, jamás ha ejercido control alguno.
Este vacío de supervisión ha permitido que la administración actual opere con total impunidad, transformando un legado histórico de beneficencia en un oscuro mecanismo de enriquecimiento privado.
La Conexión Perdida con el Propósito Original
La actual gestión representa la antítesis del espíritu original. Donde los fundadores buscaban servir a Barranquilla, los administradores actuales explotan un bien público como si fuera privado. Donde había un objetivo claro —crear y entregar— ahora existe una determinación inquebrantable de retener y lucrar.
Como señala el autor del informe original: «La Sociedad Hermanos de la Caridad ha sufrido una terrible involución histórica que en la práctica administrativa ha trastornado su misión y objeto social«.
El Impacto Oculto en la Comunidad
Los verdaderos perdedores en esta historia no son abstracciones. Son los ciudadanos de Barranquilla que han visto cómo un bien público es tratado como propiedad privada. Son las familias que pagan tarifas infladas por servicios funerarios. Es el patrimonio histórico que se deteriora mientras los directivos disfrutan de whisky en Cartagena con invitados extranjeros, en viajes que costaron $34,000,000 «más las arandelas colgadas».
El cementerio Universal, que debería ser un espacio digno para honrar a los difuntos y preservar la memoria colectiva, se ha convertido en una metáfora perfecta de la apropiación de lo público por intereses privados: un bien común secuestrado por quienes deberían ser sus guardianes.
Una Puerta Transparente Hacia el Futuro
Esta historia no debe terminar con la simple denuncia. Los documentos históricos son claros: el Cementerio Universal es un bien municipal administrado —no poseído— por la Sociedad Hermanos de la Caridad.
La recuperación de este patrimonio requiere acción decidida: una investigación formal por parte de la Superintendencia de Sociedades y la Gobernación del Atlántico, una auditoría financiera exhaustiva, y la revisión del estatus legal de la posesión del terreno.
Como señala el informe: el cementerio Universal constituye un «bien oculto«, susceptible de denuncia ante los organismos competentes.
La pregunta no es si esta situación puede cambiar, sino cuándo decidiremos, como sociedad, que ha llegado el momento de recuperar lo que nunca debió dejar de ser público.
