Cecilia Orozco Tascón
Columnista de El Espectador
A mediados de 2017, y mientras se desarrollaban las revelaciones sobre el “cartel de la toga” en la Corte Suprema, se descubría otro escándalo de corrupción judicial. Tres miembros del Tribunal de Villavicencio, cuatro jueces y varios abogados litigantes que manipulaban en los rincones de sus despachos, procesos, recursos, juicios y sentencias, fueron pillados y después vinculados a una investigación formal.
Los más altos funcionarios de esa red que favoreció con dolo, a cambio del pago de cuantiosas sumas de dinero, a algunos criminales que esperaban ser juzgados o que cumplían sus penas en las cárceles del Meta, fueron los magistrados de la Sala Penal de ese estrado, Fausto Rubén Díaz Rodríguez, José Darío Trejos Londoño y Alcibíades Vargas Bautista.
Los apoderados de los delincuentes iniciaban la cadena ilícita “comprando” a los jueces. Cuando los casos llegaban a la segunda instancia, es decir, a la sala de Díaz, Trejos y Vargas, estos tres no actuaban –y los enjuiciados permanecían libres– o proferían decisiones contrarias a las evidencias. En marzo de este año 2025, el trío corrupto de las togas conoció el monto de sus penas, cada uno a diez años en prisión, en sentencia proferida por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.
Uno de los funcionarios procesados, el exmagistrado Alcibíades Vargas Bautista, fue condenado por dos delitos: cohecho propio (cuando un particular ofrece y un servidor público pide o recibe un bien para actuar en contra de sus deberes) y prevaricato (cuando un funcionario emite un concepto contrario a la ley) (ver). En el inicio de la investigación en su contra, sin embargo, Vargas Bautista tuvo un golpe de suerte de esos que nadie puede creer: ya con el proceso en Bogotá, el magistrado de control de garantías que presidió la audiencia de legalización, entre otros hechos, de las interceptaciones al teléfono del investigado que demostraban su culpabilidad, ¡declaró ilícitas esas pruebas! Así eliminó buena parte de los fundamentos del expediente que había sido construido con rigor.
Algún acucioso observador revisó tan sorprendente giro y encontró algo raro: el operador judicial del tribunal de la capital que socorrió a Vargas Bautista, ¡era su concuñado! (ver). Este fallador no les había advertido a sus colegas su parentesco con el imputado.En 2017, ese desfachatado funcionario de la justicia no era muy conocido en la opinión (ver). Hoy sí: se trata de Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, ponente de la sentencia que absolvió de todos los cargos a Álvaro Uribe, entre otras razones, porque declaró también ilegales algunas de las interceptaciones al celular del expresidente, las que, dicho sea de paso, habían sido consideradas lícitas en dos salas de la Corte Suprema, compuestas por juristas de mayor rango que él.
Uno de los cuatro casos en que fue encontrado responsable el concuñado del togado Merchán, exmagistrado Vargas, se relaciona con un prisionero tenebroso llamado Hernán Darío Giraldo Gaviria, antiguo jefe de la “Oficina de Envigado” compuesta por narcos y sicarios. Ese exparamilitar, que purgó pena de 20 años por homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir en la cárcel de Acacías, se benefició con un fallo ilegal de tutela firmado por Vargas Bautista y sus dos secuaces de toga.
‘Le ampararon su inexistente derecho a obtener prisión domiciliaria pese a su peligrosa conducta. Y lo logró. El exsicario Giraldo Gaviria es conocido, en el mundo del hampa, con el alias de Cesarín. Coincidencia: en la sentencia en que absuelve a Álvaro Uribe, el magistrado Merchán estampó ese nombre y su alias. Resulta que “Cesarín” es testigo de la defensa del expresidente desde hace varios años. Según volvió a aceptar en audiencia pública reciente, Giraldo le pidió a su abogada que consiguiera a alguien cercano al exmandatario debido a que tres presos de su patio de reclusión querían transmitirle una información. La abogada llevó al hoy condenado Diego Cadena a la prisión y en esa cita se produjo (y escribió con ayuda de la apoderada de “Cesarín”) la versión de que el senador Iván Cepeda andaba comprando testigos en las cárceles, versión que fue desvirtuada por la Suprema desde 2018 (ver), cuando absolvió al precandidato. No obstante, el magistrado Merchán le dio credibilidad a Giraldo Gaviria y a los otros convictos que declararon a favor de Uribe.
