SAN JACINTO (BOLÍVAR): la gestión REGULAR (6.14/10 🟡) de Merly Mileth Viana Pérez bajo la lupa forense

Nos encontramos en el municipio de San Jacinto. Vamos a auscultar la gestión municipal de San Jacinto, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión de la alcaldesa Merly Mileth Viana Pérez. Haremos un estudio de la administración realizada por esta mandataria en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

Porque la corrupción no solo se denuncia: se disecciona. Y San Jacinto —la «Capital Artesanal de Colombia», tierra de gaitas y de hamacas, corazón de los Montes de María— merece que alguien mire sus números con lupa, no con aplausos.

Los datos de partida exigen rigor: 25.904 habitantes (DANE 2024), un IPM del 60,3% —el segundo más alto del nodo Turbaco—, una cobertura de acueducto de apenas 50,85% (24 puntos bajo la media nacional) y el 87% de la población (22.487 personas) en régimen subsidiado de salud. Es, además, uno de los 170 municipios PDET del país (subregión Montes de María).

Viana Pérez llegó al poder el 1 de enero de 2024 con 6.595 votos (40,26%) por el Partido Conservador. Su Plan de Desarrollo, «Hechos y Soluciones para San Jacinto 2024-2027», tiene un pecado de origen revelador: el Concejo Municipal devolvió el proyecto de acuerdo y la alcaldesa lo adoptó unilateralmente por el Decreto 087 del 28 de junio de 2024, acogiéndose al silencio administrativo de la Ley 152 de 1994. Legal, sí. El plan rector del cuatrienio nació sin el aval del órgano de control político.

Fuentes (cruce de 6 independientes, todas oficiales): CUIPO (9axr-9gnb/4f7r-epif, entidad 215413654), SGR-OVCF (28y9-jj6s, qkv4-ek54, g4qj-2p2e), SECOP Integrado y SECOP II (NIT 800026685), FURAG-DAFP (consolidado 17-jun-2026), Plan de Desarrollo e informes de seguimiento 2024-2025, prensa regional.

VIGENCIA 2024: el despegue con motor prestado

Ingresos (CUIPO DIC-2024, verificado contra cuenta raíz): $58.841,6 millones

Análisis forense línea por línea: el rubro SGP más grande no es educación ni agua: es salud-régimen subsidiado ($12.147,1M), dinero etiquetado intocable. La libre inversión real del SGP se reduce a $4.948,5M de propósito general + $4.715,0M de libre destinación. El 91,0% de todo lo que entró a las arcas en 2024 vino de la Nación; autonomía fiscal: 5,1%. San Jacinto no tiene presupuesto propio: tiene un subsidio administrado.

Gastos 2024 (pagos $55.989,5M):

Un 90,8% de «inversión» sería para aplaudir… si fuera verdad. La disección por fuentes revela que $34.786,2M de esa «inversión» son mero tránsito de salud. Inversión real de decisión municipal 2024: $16.063,4M (28,7% del gasto). Nota positiva: cero contratos de crédito nuevos, sin empréstitos dormidos.

VIGENCIA 2025: más plata, mismo vicio

Ingresos: $65.477,3M (+11,3%) — SGP $38.715,2M (59,1%), ADRES $21.970,7M (33,6%), propios $3.030,2M (4,6%), superávit $1.000,3M. Dependencia de la Nación: 92,7%. Los impuestos propios crecieron apenas $44M (+1,5%, menos que la inflación): el esfuerzo recaudatorio es inexistente.

Gastos (pagos $64.067,4M): funcionamiento $4.709,4M; deuda $268,4M (el pasivo heredado se extingue sin reemplazo); «inversión» $56.403,0M — de la cual $36.982,8M son tránsito de salud → inversión real $19.420,2M (30,3%). Destaca la apuesta por agua: $8.099,1M ejecutados en 2025. Ejecución global: 95,1% (2024) y 97,8% (2025). El problema no es que no gasten; es qué gastan y cómo lo contratan.

💰 LAS REGALÍAS: un saldo congelado y un formulario que no cuadra

Anomalía N°1 — la disponibilidad fantasma: San Jacinto reportó como recaudo SGR la idéntica cifra de $7.132,1 millones en diciembre-2024, diciembre-2025 y marzo-2026 —y no es recaudo nuevo, es «DISPONIBILIDAD INICIAL» (AIL $4.080,8M + AILA $3.051,3M). Un saldo igual al peso durante tres cortes solo admite dos lecturas: la plata está quieta en el banco, o copian el formulario. Ambas violan el deber de reporte veraz de la Ley 2056/2020.

Anomalía N°2 — los pagos que «decrecen»: compromisos constantes de $8.554,8M, pero los pagos bajan de $7.589,1M (corte 2024) a $6.840,4M (corte 2025). En formularios acumulativos los pagos no pueden disminuir: alguien re-reportó a la baja.

Lo que sí se ve (DNP, bienio 2025-2026): AIL $11.303,0M presupuestados con 9 proyectos por $9.773,0M; AILA (ambiente) $1.695,5M con apenas $40,1M asignados (2,4%); y Asignaciones para la Paz: 6 proyectos por $25.588,0M (coherente con su condición PDET). De los 14 proyectos SGR, la obsesión es el cemento: ocho proyectos de pavimento por ~$19.900M (casi todos terminados; uno desaprobado por $2.569,8M), Parque Los Gaiteros ($519,7M), reforestación ($850,3M, al 98%), mujeres productivas ($1.200M) y dos comedores escolares ($1.920,8M, 95% financiero).

📑 LA CONTRATACIÓN: 656 contratos, dos licitaciones al año y un ejército de fundaciones

En dos años completos, exactamente dos licitaciones por año (PAE y transporte escolar). Todo lo demás se firmó a dedo. Tres patrones:

1. 23 fundaciones/corporaciones acumulan $10.503,5M — el 30,2% de todo lo contratado: Fund. Construyendo Futuro y Desarrollo ($2.280M), Fund. Bienestar y Desarrollo Humano ($2.020M), Fund. Explorando Caminos ($1.583M). El mecanismo invisible clásico de la intermediación clientelar.
2. Nómina paralela: 241 de 259 contratos de 2024 son «prestación de servicios».
3. Los invisibles: la Personería y el Concejo no publican un solo contrato en SECOP II; la ESE Hospital, apenas dos. Ley 1712/2014 en incumplimiento flagrante — justo en los órganos de control.

A favor: cero empréstitos, cero pignoraciones. La Gobernación de Bolívar sí invirtió en el municipio: malla vial urbana $6.511M (may-2026) + interventoría $361M; subsidios al hospital ($705M/$823M/$891M); Granitos de Paz $2.183M; Festival de Gaitas $392M→$203M (recorte del 48%).

📊 FURAG: de la vergüenza al medio camino

La mejora de +30,4 puntos es real. Pero el nivel sigue bajo la mediana nacional (71,27) y bajo el promedio de su grupo par (67,43). Desagregado 2024: Defensa Jurídica 16,67 (cumplimiento de sentencias: 0/100), Gestión Documental 9,38, Integridad 36,56. La ESE Hospital se desplomó de 44,0 a 29,26 en 2024 y rebota a 77,78 en 2025. Concejo y Personería: estadísticamente invisibles.

🎯 LOS 5 PROBLEMAS DE LA GENTE vs. LOS LOGROS

El PDM se construyó con 10 mesas y 418 participantes. Los informes oficiales de seguimiento reconocen avance físico de 73,23% (2024) y 76,04% (2025) — pero la línea ambiental cerró 2024 en 16% (crítico) y la territorial cayó de 80,23% a 69,01%.

Promedio indicadores: 5,75/10. La administración mejora donde el dinero fluye solo (salud, educación vía Nación) y fracasa donde se necesita decisión propia (ambiente, riesgo, ruralidad).

⚖️ DISTRIBUCIÓN: ¿TRANSFERENCIAS O INVERSIÓN REAL?

San Jacinto es una caja de compensación de la Nación. La inversión de decisión propia no llega a un tercio del gasto, y con $3.030 millones propios al año el municipio no podría pagar ni dos meses de su funcionamiento. Para dejar de depender de Bogotá: catastro actualizado, ICA sobre la economía artesanal y turística que el propio PDM proclama, y estampillas.

📋 SCORECARD GLOBAL

🟡 CALIFICACIÓN GLOBAL: 6,14/10 → REGULAR — VIGILAR

Ni el desastre que heredó (IDI 33,8) ni la gestión que prometió. Una administración de transición honesta en lo contable y mediocre en lo estructural: paga la deuda vieja sin contraer nueva, ejecuta el presupuesto que le mandan, subió el IDI treinta puntos — y entregó la contratación al 99% de discrecionalidad y dejó el ambiente, el sector que protege a San Jacinto de sus propias inundaciones, en el último lugar de su plan.

PREVARICATO POR OMISIÓN (Art. 414 CP) — análisis obligatorio por calificación ≤6,9

1. La omisión ambiental frente a la emergencia invernal. La Ley 1523/2012 (art. 21) impone al alcalde la dirección de la gestión del riesgo como deber ineludible. En 2024 —año del dique roto con 400 familias damnificadas y 200+ viviendas destechadas— la línea ambiental ejecutó el 16%. Retardar la única línea del plan que protege vida y vivienda, con damnificados en la calle, configura como indicio la conducta del tipo: función propia del cargo, retardada injustificadamente, con daño verificable.
2. La elusión sistemática de la competencia. 99% sin licitación, 23 fundaciones con $10.503M y 241 contratos de prestación de servicios como nómina paralela erosionan dolosamente el deber de planeación y transparencia (art. 25, Ley 80/1993). Cuando la excepción se vuelve la regla, la regla deja de existir.
3. La opacidad de los órganos de control y el reporte SGR. Personería, Concejo y ESE sin SECOP II (Ley 1712/2014); formularios de regalías con saldos congelados y pagos que decrecen (Ley 2056/2020); control interno inerte (Ley 87/1993).
4. Lo que NO hay: sin empréstitos, sin pignoraciones, sin denuncias penales directas contra la alcaldesa al cierre de este análisis. Estos elementos no configuran por sí solos el delito: configuran indicios objetivos que Procuraduría, Contraloría de Bolívar y Fiscalía deberían investigar, empezando por las fundaciones, el reporte SGR y la gestión del riesgo invernal.

📝 VEREDICTO FINAL

Viana Pérez recibió un municipio con el IDI en el piso y lo sacó del sótano; recibió una deuda y la paga sin hipotecar el futuro; ejecuta casi al peso lo que le giran. Todo eso es cierto. Y también lo es esto: San Jacinto sigue sin gobernarse a sí mismo. El 92,7% de su presupuesto lo decide Bogotá; el 99% de su contratación la decide el despacho sin competencia; el 30% de su gasto contractual lo ejecutan fundaciones que nadie eligió; y la línea que protege al pueblo de sus inundaciones fue la última prioridad, con 400 familias damnificadas como prueba del costo.

La pregunta no es si la alcaldesa robó: no hay evidencia de eso en estas seis fuentes. La pregunta es más incómoda: ¿cuántos años más puede un municipio PDET confundir «girar la plata de la Nación» con gobernar? Quedan dos años de cuatrienio. La calificación puede subir si abre la contratación a la competencia, ejecuta el ambiente como si la vida de sus vecinos dependiera de ello —depende— y convierte la artesanía en impuestos propios. La pelota está en la cancha de la alcaldesa. Y la veeduría, en la cancha de los ciudadanos.

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