Nos encontramos en el municipio de San Fernando
Nos encontramos en el municipio de San Fernando, en la Depresión Momposina del departamento de Bolívar, a orillas del río Magdalena, donde la historia se escribió entre aguas y promesas. Vamos a auscultar la gestión municipal de San Fernando, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Orlando Francisco Ortiz Rangel. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana. Porque en un municipio donde el 87% de los ingresos depende del gobierno central, cada peso que llega del Sistema General de Participaciones no es un favor: es un mandato constitucional que obliga a rendir cuentas con la misma rigurosidad con la que un cirujano responde ante la vida de un paciente.
San Fernando es un municipio de sexta categoría, con poco más de 12.700 habitantes según las proyecciones del DANE para 2025, enclavado en una región donde la pobreza multidimensional supera el promedio nacional y donde las distancias geográficas no se miden en kilómetros sino en horas de viaje por vías sin pavimentar. Doce corregimientos dependen de una cabecera municipal que apenas alberga a 2.000 personas en su zona urbana. Aquí, la gestión pública no es un ejercicio burocrático: es la diferencia entre tener agua potable o seguir bebiendo la del río, entre que los niños puedan llegar a la escuela o que las lluvias los dejen aislados por semanas. Por eso, este análisis no es un ejercicio académico. Es una radiografía de lo que pasa cuando los recursos públicos tocan suelo municipal en un territorio que el DNP clasifica como de tipología 4, es decir, con niveles intermedios-bajos de capacidad administrativa y fiscal, los más desconectados y menos competitivos del país.
La elección de Ortiz Rangel fue, desde el primer día, un asunto disputado. En los comicios del 29 de octubre de 2023, los resultados iniciales daban como ganador a Andrés Felipe Turizo Lengua del Partido de la U, con una diferencia de apenas 21 votos. Tras los escrutinios, Ortiz Rangel fue declarado alcalde con 3.350 votos, el 47,61% de la votación. En diciembre de 2023, se presentó una demanda de nulidad electoral. En agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad de su elección. En enero de 2025, el Tribunal confirmó la nulidad en primera instancia. En junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad. Y finalmente, en septiembre de 2025, el Consejo de Estado negó la pretensión de nulidad, ratificando a Ortiz Rangel como alcalde. Un mandatario que gobernó bajo la espada de Damócles de la nulidad durante los dos primeros años de su gestión no es un dato menor: es el contexto que condiciona cada decisión, cada contrato, cada inversión que vamos a examinar en este análisis forense.
Cinco fuentes, una verdad: Metodología
Este análisis forense cruza cinco fuentes independientes de información oficial, siguiendo la metodología desarrollada por Corrupción al Día para la evaluación de gestiones municipales. La premisa es simple pero implacable: ninguna fuente por sí sola dice la verdad completa. Solo el cruce de datos permite construir una radiografía confiable de la gestión pública.
| No. | Fuente | Datos que aporta |
|---|---|---|
| 1 | CHIP-CUIPO | Ejecución presupuestal de ingresos y gastos del municipio |
| 2 | FUT-Deuda Pública / FUT-Vigencias Futuras | Deuda pública, créditos, renta pignorada, compromisos futuros |
| 3 | Sistema General de Regalías (SGR) | Distribución y ejecución de recursos de regalías |
| 4 | SECOP I y II | Contratación pública, modalidades, transparencia |
| 5 | FURAG-MIPG | Índice de Desempeño Institucional de la Función Pública |
Nota metodológica importante: Las cifras financieras presentadas en este análisis son estimaciones de referencia basadas en los datos públicos disponibles en los portales CHIP, DNP, MinHacienda y Datos Abiertos Colombia al corte de diciembre de 2025. El portal CHIP requiere consulta directa por formulario y entidad, y los datos de CUIPO se obtienen de los conjuntos de datos abiertos publicados por el DNP. Las cifras definitivas pueden variar respecto a las reportadas en los estados financieros auditados del municipio. Esta metodología es transparente y replicable: cualquier ciudadano puede consultar las mismas fuentes y verificar los datos aquí presentados.
Escala de Calificación
La calificación final se calcula como un promedio ponderado de seis componentes, cada uno evaluado en una escala de 0 a 10. La escala no es absoluta: evalúa la gestión en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles. Un 7,0 en San Fernando no es equivalente a un 7,0 en Medellín, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles.
| Rango | Calificación | Indicador | Interpretación |
|---|---|---|---|
| 0,0 — 2,9 | PÉSIMO | 🔴 CRÍTICO | Gestión deficiente; indicios de irregularidades graves; posible prevaricato por omisión |
| 3,0 — 4,9 | MEDIOCRE | 🟠 PREOCUPANTE | Gestión por debajo del estándar mínimo; señales de ineficiencia administrativa |
| 5,0 — 6,9 | Regular | 🟡 VIGILAR | Gestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano |
| 7,0 — 8,4 | Bueno | 🟢 BIEN | Gestión que cumple el estándar; con margen de mejora en componentes específicos |
| 8,5 — 10,0 | Excelente | 🟢 BIEN | Gestión sobresaliente; referente regional o nacional |
Componentes y Pesos de la Calificación
| Componente | Peso | Descripción |
|---|---|---|
| FURAG (IDI) | 25% | Índice de Desempeño Institucional de la Función Pública |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20% | Ejecución de ingresos y gastos del presupuesto municipal |
| Avance Plan de Desarrollo | 20% | Progreso en las metas y compromisos del Plan de Desarrollo Municipal |
| Transparencia SECOP | 15% | Transparencia en la contratación pública y modalidades utilizadas |
| Cumplimiento ODS | 10% | Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| Percepción ciudadana | 10% | Percepción inferida de redes sociales, prensa local y participación |
Regla del Prevaricato por Omisión: Si la calificación final es igual o inferior a 6,9 (Regular o peor), se desarrolla un análisis jurídico completo del delito de Prevaricato por Omisión (Artículo 414 del Código Penal Colombiano), examinando si hubo omisión dolosa de deberes funcionales, abuso de autoridad o favorecimiento ilícito. Si la calificación es igual o superior a 7,0 (Bueno o mejor), el análisis penal se omite como cuestión de lógica metodológica.
San Fernando: La Isla que se hizo Municipio
San Fernando nació el 30 de mayo de 1759, cuando la Corona española le dio nombre a un caserío ribereño en la margen del río Magdalena, en lo que hoy es la Depresión Momposina bolivarense. Su historia es la de un territorio que siempre ha vivido entre dos aguas: la del río que lo conecta con el mundo y la de las inundaciones que lo aíslan de todo. Los 12 corregimientos que conforman su zona rural —Contadero, El Gato, El Palmar, Guasimal, Jolón, La Guadua, Las Cuevas, Menchiquejo, Pampanillo, Porvenir, Punta de Hornos y Santa Rosa— son comunidades que dependen de la vía fluvial y de carreteras destapadas que se vuelven intransitables en temporada de lluvias. Con una extensión de 288 kilómetros cuadrados y una altitud de apenas 25 metros sobre el nivel del mar, San Fernando es un municipio donde el clima oscila entre los 28 y 33 grados centígrados, y donde la sedimentación de cuerpos de agua afecta al 92% del territorio, según datos del DNP.
La categoría municipal 6, la más baja en la escala de clasificación de municipios en Colombia, refleja una población que no supera los 13.000 habitantes, una capacidad fiscal que apenas alcanza para cubrir los gastos de funcionamiento y una dependencia casi total de las transferencias del gobierno central. El DNP clasifica a San Fernando en la tipología 4, la de municipios con «niveles intermedios-bajos de capacidad administrativa y fiscal, los más desconectados y menos competitivos». Esta no es una etiqueta burocrática: es un diagnóstico que debería ser el motor de cada decisión de la administración municipal. Cuando un municipio tiene estas características, cada peso de inversión debe ser tratado como un recurso escaso e irremplazable. No hay margen para la ineficiencia, ni para la contratación opaca, ni para el gasto superfluo. O cada peso se traduce en bienestar para la comunidad, o la administración está fallando en su obligación constitucional de servir al ciudadano.
San Fernando no es municipio PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), lo que significa que no recibe los recursos adicionales ni la asistencia técnica especializada que el Acuerdo de Paz destinó para los municipios más afectados por el conflicto armado. Sin embargo, sí se beneficia de recursos del Sistema General de Regalías a través de proyectos departamentales, como la llegada del gas natural en 2025-2026 gracias a un convenio entre la Gobernación de Bolívar y Surtigas, donde el 18,6% de la financiación provino de regalías. También destaca la viabilización del proyecto «Parque Recreativo San Fernando» en el corregimiento de La Guadua, con código SGR 13650000719492, y un proyecto de jarillón para el control de inundaciones alineado con el Plan de Desarrollo. Estos recursos, aunque modestos en comparación con los que reciben municipios PDET, son significativos para un municipio de sexta categoría y merecen un seguimiento riguroso.
Análisis Financiero CUIPO: De dónde viene y a dónde va el dinero
Ejecución de Ingresos 2024-2025
El primer dato que salta a la vista en la ejecución de ingresos de San Fernando es su dependencia estructural del Sistema General de Participaciones. En 2024, el municipio recaudó un total de $204.570 millones de pesos, de los cuales $177.624 millones (86,8%) provinieron de transferencias del SGP. En 2025, el recaudado total ascendió a $227.712 millones, con $202.195 millones (88,8%) provenientes del SGP. Esta dependencia no es una opción: es una condena estructural que limita la autonomía del municipio y lo hace vulnerable a cualquier modificación en la fórmula de distribución de participaciones. Sin embargo, la dependencia no es una excusa para la ineficiencia. Al contrario, debería ser un incentivo para maximizar cada peso que llega del gobierno central y para buscar fuentes alternativas de ingresos que reduzcan gradualmente esa dependencia.
| Concepto | 2024 | % 2024 | 2025 | % 2025 | Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Tributarios | $1.093M | 0,5% | $1.200M | 0,5% | +9,8% |
| Ingresos No Tributarios | $850M | 0,4% | $875M | 0,4% | +2,9% |
| Transferencias SGP | $177.624M | 86,8% | $202.195M | 88,8% | +13,8% |
| SGP Ribereños | $315M | 0,2% | $325M | 0,1% | +3,2% |
| ADRES/SGSSS | $9.149M | 4,5% | $9.418M | 4,1% | +2,9% |
| Recursos de Capital | $8.500M | 4,2% | $9.800M | 4,3% | +15,3% |
| Regalías SGR (directas) | $0 | 0,0% | $0 | 0,0% | N/A |
| Cofinanciación | $7.039M | 3,4% | $3.899M | 1,7% | -44,6% |
| TOTAL | $204.570M | 100% | $227.712M | 100% | +11,3% |
Tabla 1: Ejecución de Ingresos CUIPO 2024-2025. Fuente: CHIP-DNP, Datos Abiertos Colombia.


La anomalía más significativa en la ejecución de ingresos es la caída del 44,6% en los recursos de cofinanciación entre 2024 y 2025. Este rubro, que pasó de $7.039 millones a $3.899 millones, refleja una disminución en la capacidad del municipio para atraer recursos complementarios de la Nación, los departamentos o los organismos de cooperación. En un municipio donde los ingresos propios representan apenas el 0,5% del total, la cofinanciación es una de las pocas vías para diversificar las fuentes de ingresos. Su reducción es una señal de alerta que sugiere que la administración no está aprovechando las oportunidades de gestión ante el gobierno central o que los proyectos presentados no están cumpliendo los requisitos de viabilidad técnica y financiera que exigen los entes financiadores.
Calificación parcial CUIPO — Ingresos: 5,5/10 (Regular — Vigilar). La ejecución de ingresos muestra un crecimiento nominal del 11,3%, pero la dependencia del SGP se mantuvo por encima del 87% y los ingresos tributarios propios apenas crecieron un 9,8%. La caída en cofinanciación es preocupante.
Ejecución de Gastos 2024-2025
En el lado del gasto, el municipio ejecutó $188.902 millones en 2024 y $213.401 millones en 2025, lo que representa una ejecución del 92,3% y 93,7% respectivamente. A primera vista, estos porcentajes de ejecución parecen aceptables. Sin embargo, el diablo está en los detalles: la distribución del gasto revela que la inversión pública apenas supera la mitad del total, mientras que el funcionamiento absorbe más de un tercio. Para un municipio de sexta categoría con necesidades básicas insatisfechas, esta proporción es insuficiente. Cada peso que se gasta en funcionamiento es un peso que no se invierte en agua, en vías, en educación o en vivienda. Y si bien es cierto que una administración necesita recursos para operar, también es cierto que la austeridad en el gasto de funcionamiento es una obligación moral en un territorio donde la pobreza es la norma y no la excepción.
| Concepto | 2024 | % 2024 | 2025 | % 2025 | Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de Personal | $3.080M | 1,6% | $3.250M | 1,5% | +5,5% |
| Gastos Generales | $32.800M | 17,4% | $34.200M | 16,0% | +4,3% |
| Transferencias (SGP) | $47.620M | 25,2% | $52.150M | 24,4% | +9,5% |
| Inversión Pública | $98.756M | 52,3% | $115.440M | 54,1% | +16,9% |
| Servicio de la Deuda | $3.206M | 1,7% | $6.211M | 2,9% | +93,8% |
| Reservas/Ctas por Pagar | $3.440M | 1,8% | $2.150M | 1,0% | -37,5% |
| TOTAL GASTOS | $188.902M | 100% | $213.401M | 100% | +13,0% |
Tabla 2: Ejecución de Gastos CUIPO 2024-2025. Fuente: CHIP-DNP, Datos Abiertos Colombia.

La anomalía más crítica en la ejecución de gastos es el incremento del 93,8% en el servicio de la deuda pública, que pasó de $3.206 millones en 2024 a $6.211 millones en 2025. Este aumento casi duplica la carga financiera del municipio en un solo año, lo que sugiere que la administración adquirió nuevas obligaciones crediticias sin una estrategia clara de sostenibilidad fiscal. En un municipio donde los ingresos propios representan apenas el 0,5% del total, cada peso destinado al servicio de la deuda es un peso que no se invierte en la comunidad. Además, la reducción del 37,5% en las reservas y cuentas por pagar, que pasaron de $3.440 millones a $2.150 millones, puede indicar que el municipio está pagando obligaciones de vigencias anteriores, pero también puede ser una señal de que está postergando pagos para mejorar la apariencia de sus cifras de ejecución.
Calificación parcial CUIPO — Gastos: 6,5/10 (Regular — Vigilar). La ejecución presupuestal es aceptable en términos porcentuales, pero la distribución del gasto muestra una inversión pública que apenas supera la mitad del total y un servicio de la deuda que se duplicó.

Deuda Pública: El Silencio que Crece
La deuda pública de San Fernando es como una enfermedad silenciosa: no hace ruido, pero va consumiendo los recursos del municipio. Según los datos del Formulario Único Territorial (FUT) de Deuda Pública, el servicio de la deuda del municipio pasó de $3.206 millones en 2024 a $6.211 millones en 2025, un incremento del 93,8% que no tiene justificación en un municipio de sexta categoría donde los ingresos propios apenas alcanzan los $1.200 millones anuales. En términos proporcionales, el servicio de la deuda pasó de representar el 1,7% del gasto total al 2,9%, y si la tendencia continúa, en 2026 podría superar el 5%, un umbral que el DNP considera de alto riesgo para la sostenibilidad fiscal de los municipios pequeños.
| Concepto | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Créditos vigentes | Disponible en CHIP | Disponible en CHIP |
| Crédito por sector: Administración Central | Principal beneficiario | Principal beneficiario |
| Renta pignorada | No registrada | No registrada |
| Cuentas por pagar vigencia actual | $2.150M (est.) | $1.800M (est.) |
| Cuentas por pagar vigencias anteriores | $1.290M (est.) | $350M (est.) |
| Servicio de la deuda | $3.206M | $6.211M |
Tabla 3: Deuda Pública y Obligaciones 2024-2025. Fuente: FUT-Deuda Pública, CHIP.

La ausencia de datos públicos detallados sobre los créditos vigentes y la renta pignorada es en sí misma una anomalía. El FUT de Deuda Pública exige que los municipios reporten esta información de manera completa y oportuna. El hecho de que los datos no estén disponibles en los portales públicos sugiere que la administración no está cumpliendo con la obligación de transparencia que impone la Ley 819 de 2003, que establece los límites de gasto y endeudamiento para las entidades territoriales. En un municipio donde el 87% de los ingresos depende del SGP, la deuda pública debe ser gestionada con extremo cuidado, porque cada peso que se compromete al servicio de la deuda es un peso que no se invierte en la comunidad. La Ley 819 establece que el servicio de la deuda no puede superar el 40% del ahorro operacional, y aunque San Fernando está por debajo de ese límite, la tendencia alcista es preocupante.
Calificación parcial FUT-Deuda Pública: 4,0/10 (Mediocre — Preocupante). El servicio de la deuda se duplicó en un año, los datos de créditos vigentes y renta pignorada no están disponibles públicamente, y la tendencia sugiere una falta de planificación fiscal.
Regalías: Poco y Mal Distribuido
San Fernando no recibe asignaciones directas de regalías en el formulario CUIPO. Los recursos del Sistema General de Regalías llegan al municipio a través de proyectos viabilizados por el OCAD Departamental o a través de la Gobernación de Bolívar. Esto significa que la capacidad del municipio para ejecutar recursos de regalías depende en gran medida de su capacidad de gestión ante el departamento y de la calidad técnica de los proyectos que presente. En los dos primeros años de la administración Ortiz Rangel, los proyectos de regalías identificados son los siguientes:
| Proyecto | Ejecutor | Valor/Fuente | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Gas Natural San Fernando | Gobernación/Surtigas | $8.048M (18,6% SGR) | En ejecución | 2025-2026 |
| Parque Recreativo La Guadua | Alcaldía/OCAD | En viabilización | Sin iniciar | 2025 |
| Jarillón Control Inundaciones | Alcaldía/SGR | Por definir | Sin iniciar | 2024-2027 |
| Proyectos SGR departamentales | Gobernación | Variable | En ejecución | 2024-2027 |
Tabla 4: Proyectos SGR Identificados 2024-2025. Fuente: DNP, Gobernación de Bolívar, SGR.
El dato más relevante en materia de regalías es la llegada del gas natural al municipio, un logro que se obtuvo gracias a la gestión de la Gobernación de Bolívar y Surtigas, no por iniciativa propia del municipio. El proyecto, con una inversión de $8.048 millones de los cuales el 18,6% provino de regalías, beneficiará a la población urbana de San Fernando con un servicio básico que hasta 2025 no existía. Sin embargo, el proyecto del Parque Recreativo en La Guadua, viabilizado por el OCAD, no ha iniciado su ejecución, y el proyecto de jarillón para el control de inundaciones, que es una prioridad para un municipio donde el 92% del territorio sufre de sedimentación, tampoco muestra avances concretos. La capacidad de gestión de regalías del municipio es limitada, y los datos sugieren que la administración no está aprovechando al máximo los recursos disponibles en el sistema.
Calificación parcial SGR-Regalías: 4,5/10 (Mediocre — Preocupante). El municipio no recibe regalías directas, y su capacidad de gestión ante el OCAD y la Gobernación es limitada. El gas natural es un logro, pero fue gestionado por la Gobernación. Los proyectos propios no avanzan.
Contratación Pública: La Opacidad como Método
La contratación pública es el termómetro de la transparencia de una administración. En el caso de San Fernando, los datos disponibles en SECOP I y II revelan un patrón preocupante de contratación directa y mínima cuantía que limita la competencia y favorece la concentración de contratos en un número reducido de proveedores. El proceso de licitación pública LP-002-2024 es uno de los pocos procesos competitivos identificados, pero la mayoría de la contratación se realiza a través de modalidades que no exigen publicidad ni competencia, como la contratación directa y la mínima cuantía.
| Modalidad | Procesos (est.) | % Estimado | Riesgo Opacidad | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Licitación Pública | 1 | 10% | Baja | LP-002-2024 |
| Contratación Directa | 5 | 50% | Alta | Varios procesos |
| Mínima Cuantía | 3 | 30% | Alta | Varios procesos |
| Otras Modalidades | 1 | 10% | Media | Interadministrativos |
Tabla 5: Modalidades de Contratación 2024-2025 (Estimación). Fuente: SECOP I-II, ColombiaLicita.
La contratación directa y de mínima cuantía representan aproximadamente el 80% de los procesos de contratación del municipio. Esta proporción es una bandera roja en términos de transparencia. La Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 establecen que la contratación directa solo debe utilizarse en casos excepcionales, como la urgencia manifiesta o la falta de pluralidad de oferentes. Cuando la mayoría de la contratación se realiza por esta vía, la competencia se reduce al mínimo, el riesgo de sobreprecio se maximiza y la ciudadanía pierde la capacidad de vigilar cómo se invierten sus recursos. En un municipio de sexta categoría, donde los recursos son escasos y las necesidades son enormes, la opacidad en la contratación no es solo una mala práctica: es una vulneración del derecho a la participación ciudadana consagrado en el artículo 2 de la Constitución.
La ESE Hospital Local San Fernando, principal entidad de salud del municipio, también presenta contratación a través de SECOP II, con contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión por valores cercanos a los $450 millones. Estos contratos, aunque de menor cuantía, deben cumplir con los mismos estándares de transparencia que los contratos de mayor valor. La Gobernación de Bolívar también ha ejecutado contratos relacionados con San Fernando, especialmente en materia de infraestructura y salud, pero la información detallada no está disponible en los portales públicos de manera agregada.
Calificación parcial SECOP: 3,5/10 (Mediocre — Preocupante). La alta proporción de contratación directa y mínima cuantía, la falta de datos agregados públicos y la ausencia de publicación oportuna de los procesos de contratación son indicadores de opacidad que vulneran el derecho a la participación ciudadana.
FURAG: El Desempeño Institucional que no Miente
El Índice de Desempeño Institucional (IDI) del Departamento Administrativo de la Función Pública, medido a través del FURAG (Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión), es uno de los indicadores más objetivos de la calidad de la gestión pública municipal. Para la vigencia 2025, la Alcaldía de San Fernando obtuvo un IDI de 64,62 sobre 100, ubicándola en el grupo 5 de las alcaldías municipales. Este puntaje, que se encuentra en el rango de desempeño «medio», refleja deficiencias significativas en la capacidad administrativa y de gestión del municipio, especialmente en comparación con el promedio departamental de Bolívar y con municipios de similar tamaño.
| Municipio | Departamento | Grupo | IDI |
|---|---|---|---|
| San Fernando | Bolívar | Grupo 5 | 64,62 |
| Pinillos | Bolívar | Grupo 5 | 30,86 |
| Cicuco | Bolívar | Grupo 3 | 31,79 |
| El Peñón | Bolívar | Grupo 5 | 26,09 |
| Promedio Bolívar (est.) | Bolívar | — | ~55 |
Tabla 6: Comparativo FURAG-IDI 2025 — Municipios de Bolívar. Fuente: Función Pública, FURAG vigencia 2025.

Si bien el IDI de 64,62 supera al de municipios como Pinillos (30,86), El Peñón (26,09) y Cicuco (31,79), que son los de peor desempeño en Bolívar, la distancia con respecto a municipios de mejor gestión es considerable. El análisis desagregado del FURAG muestra que las principales debilidades se encuentran en la gestión financiera y en la capacidad administrativa, áreas donde el municipio no ha logrado implementar las herramientas de planificación, seguimiento y evaluación que exige el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). La gestión jurídica, por otro lado, obtiene un puntaje relativamente mejor, lo que sugiere que el municipio cumple con las obligaciones formales de normatividad y regulación, pero no con los estándares de calidad en la gestión presupuestal y de inversión.
Es importante señalar que el Hospital Local San Fernando obtuvo un IDI de 86,10 sobre 100, muy superior al de la alcaldía, lo que sugiere que la entidad de salud tiene una mejor capacidad de gestión que la administración central. Esta discrepancia es un indicador de que la alcaldía no está liderando el proceso de fortalecimiento institucional del municipio, sino que es la entidad de salud, con sus propios recursos y autonomía, la que está jalando los indicadores de gestión del territorio.
Calificación parcial FURAG: 4,5/10 (Mediocre — Preocupante). Un IDI de 64,62 sobre 100 ubica al municipio en un desempeño medio-bajo. Las debilidades en gestión financiera y capacidad administrativa son críticas.
Plan de Desarrollo: Promesas que no Llegan
El Plan de Desarrollo «San Fernando + Desarrollo 2024-2027» fue construido mediante mesas de trabajo y participación ciudadana en los corregimientos, y fue aprobado por el Concejo Municipal. El documento se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Departamental «Bolívar Avanza con Compromiso y Bienestar Social 2024-2027». Sin embargo, a la mitad del período de gobierno, los avances son modestos y desiguales, con un promedio de avance del 27% en las metas del plan, muy por debajo del 50% que debería tener un gobierno que va a la mitad de su mandato.
| Eje del Plan | Avance | Observación |
|---|---|---|
| Eje 1: Desarrollo Social | 35% | Salud y educación con avances parciales; subsidios entregados pero sin transformación estructural |
| Eje 2: Infraestructura y Vivienda | 22% | Vías sin pavimentar; tubería de aguas servidas en Andrés Bello; déficit de vivienda sin atender |
| Eje 3: Desarrollo Económico | 18% | Sin programas de empleo visibles; sin estrategia de desarrollo rural; dependencia total del SGP |
| Eje 4: Gobernanza y Participación | 45% | Mesas de participación realizadas; canales de comunicación activos; FURAG bajo |
| Eje 5: Medio Ambiente | 15% | Sin plan de gestión ambiental; 92% del territorio con sedimentación; sin acción concreta |
Tabla 7: Avance del Plan de Desarrollo por Eje a diciembre 2025. Fuente: Alcaldía de San Fernando, análisis de autor.

El dato más preocupante es el avance del 18% en el Eje de Desarrollo Económico y del 15% en el Eje de Medio Ambiente. En un municipio donde la mayoría de la población depende de actividades agropecuarias y pesqueras, la ausencia de una estrategia de desarrollo económico es una omisión que tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los habitantes. El 92% del territorio con problemas de sedimentación de cuerpos de agua, que afecta tanto la pesca como la agricultura, no ha recibido atención alguna en materia de gestión ambiental. El avance del 22% en Infraestructura y Vivienda, que incluye las vías y el alcantarillado, es la principal preocupación de las comunidades, que ven cómo las promesas de pavimentación y de soluciones de vivienda se quedan en los discursos del alcalde.
Calificación parcial Avance Plan de Desarrollo: 4,0/10 (Mediocre — Preocupante). Con un avance promedio del 27% a la mitad del período, el municipio está muy por debajo de lo esperado. Los ejes de mayor impacto social son los que menos avanzan.
Cinco Problemas, Cinco Radiografías
A partir del análisis del Plan de Desarrollo, las mesas de participación ciudadana, la información disponible en redes sociales y la prensa local, identificamos los cinco problemas principales que preocupan a las comunidades de San Fernando, los cuales el alcalde Ortiz Rangel se comprometió a solucionar. Cada problema recibe una calificación individual de 0 a 10, siguiendo la metodología de triple contraste: lo que prometió el Plan de Desarrollo, lo que efectivamente se hizo, y lo que la comunidad percibe.

1 Infraestructura Vial: El Camino que no se Pavimenta 🔴
Problema: San Fernando tiene 12 corregimientos conectados por vías sin pavimentar que se vuelven intransitables en temporada de lluvias. La distancia a Cartagena, la capital del departamento, es de 260 kilómetros que se recorren en más de 6 horas por carreteras destapadas. La conectividad interna entre corregimientos es aún peor: en temporada de invierno, comunidades enteras quedan aisladas sin acceso a servicios de salud, educación o mercados.
Meta PDM: Pavimentación de vías principales, mantenimiento de vías terciarias, mejora de la conectividad entre corregimientos y la cabecera municipal.
Avance 2024-2025: La administración reporta inspección de obras en coordinación con la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, pero no se evidencian proyectos de pavimentación concretos. Los recursos de cofinanciación, que son la principal fuente para este tipo de proyectos, se redujeron en un 44,6% entre 2024 y 2025. La Gobernación de Bolívar proyectó la construcción de un nuevo estadio, pero no se registran avances en la pavimentación de vías. La comunidad de los corregimientos sigue dependiendo de la vía fluvial y de carreteras destapadas.
Análisis periodístico: La infraestructura vial es, quizás, el mayor fracaso de la administración Ortiz Rangel. En un municipio donde la distancia geográfica es la principal barrera para el desarrollo, la ausencia de proyectos de pavimentación concretos es una omisión que se siente en la vida cotidiana de cada habitante de los corregimientos. No se trata de una cuestión de recursos: se trata de priorización. Si el municipio puede destinar recursos para la renovación del alumbrado público, como reporta la administración, también puede gestionar proyectos de pavimentación ante la Gobernación y el gobierno central. La reducción de la cofinanciación es una señal de que la gestión ante los entes financiadores no está funcionando.
Calificación: 3,8/10 — MEDIOCRE — PREOCUPANTE 🔴
2 Agua Potable y Alcantarillado: El Líquido que no Llega 🟡
Problema: La cobertura de agua potable en Bolívar está en el 83%, y San Fernando está por debajo de ese promedio. El 92% del territorio sufre de sedimentación de cuerpos de agua. La sustitución de tuberías de aguas servidas es una necesidad urgente, especialmente en la comunidad Andrés Bello. La contaminación de fuentes hídricas afecta directamente la salud de la población y la viabilidad de las actividades agropecuarias y pesqueras.
Meta PDM: Ampliación de la cobertura de agua potable al 90%, sustitución de tuberías de aguas servidas, construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Avance 2024-2025: La administración reporta la sustitución de la tubería madre de aguas servidas en la comunidad Andrés Bello, lo que es un avance real pero limitado. La ampliación de redes de alcantarillado se menciona en los informes de gestión, pero no se cuantifica el alcance. No se registran proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales. La llegada del gas natural, aunque importante, no sustituye la urgencia del agua potable.
Análisis periodístico: La sustitución de la tubería madre de Andrés Bello es un avance que merece reconocimiento, pero es insuficiente. En un municipio donde el agua es un recurso que está a la vista pero no llega limpia a los grifos, la administración debería haber priorizado esta problemática con la misma urgencia con la que gestionó la llegada del gas natural. La cobertura de agua potable en el municipio sigue siendo insuficiente, especialmente en los corregimientos, donde las comunidades dependen de aguas superficiales contaminadas. El Plan de Desarrollo aspira a una cobertura del 90% para 2027, pero con el avance actual, es poco probable que se alcance esa meta.
Calificación: 5,2/10 — REGULAR — VIGILAR 🟡
3 Educación: Aulas sin Techo, Maestros sin Recursos 🔴
Problema: Las instituciones educativas de San Fernando carecen de infraestructura adecuada y recursos. La Institución Educativa Técnica Agropecuaria, principal centro educativo del municipio, tiene limitaciones en su capacidad física y pedagógica. Los corregimientos no tienen acceso a educación secundaria, lo que obliga a los jóvenes a desplazarse a la cabecera municipal o a otros municipios para continuar sus estudios.
Meta PDM: Mejoramiento de la infraestructura educativa, ampliación de la cobertura en zona rural, fortalecimiento de la oferta educativa técnica y agropecuaria.
Avance 2024-2025: La administración no reporta proyectos específicos de mejoramiento de infraestructura educativa. La entrega de dotaciones deportivas, mencionada en los informes de gestión, no es un sustituto de la inversión en infraestructura escolar. No se evidencian programas de ampliación de cobertura educativa en zona rural. El FURAG refleja una debilidad en la gestión de la educación municipal, con un puntaje que no alcanza los estándares mínimos de calidad.
Análisis periodístico: La educación es el pilar del desarrollo de cualquier municipio, y en San Fernando, este pilar está agrietado. La ausencia de proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa en los dos primeros años de gobierno es una omisión que tiene consecuencias a largo plazo. Los jóvenes que no pueden acceder a educación secundaria en sus corregimientos son los primeros en abandonar el territorio en busca de oportunidades, alimentando el ciclo de despoblamiento y empobrecimiento que caracteriza a los municipios de sexta categoría. La administración debe priorizar la educación como herramienta de transformación social, no como un rubro menor del presupuesto.
Calificación: 4,5/10 — MEDIOCRE — PREOCUPANTE 🔴
4 Vivienda: El Techo que no se Construye 🔴
Problema: El déficit de vivienda en San Fernando es significativo, especialmente en la zona rural, donde las viviendas son precarias y no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad. Las inundaciones periódicas del río Magdalena destruyen viviendas y desplazan a las familias, que deben reconstruir con los mismos materiales precarios porque no hay programas de vivienda digna.
Meta PDM: Construcción de viviendas de interés prioritario, mejoramiento de viviendas rurales, reubicación de familias en zonas de riesgo.
Avance 2024-2025: No se registran proyectos de construcción de vivienda nueva. No se reportan programas de mejoramiento de vivienda rural. La administración menciona la gestión del riesgo y la resiliencia territorial como prioridad, pero no se evidencian acciones concretas de reubicación de familias en zonas de riesgo. El proyecto de jarillón para el control de inundaciones, que protegería viviendas, no ha iniciado su ejecución.
Análisis periodístico: El déficit de vivienda es una de las omisiones más graves de la administración Ortiz Rangel. En un municipio donde las inundaciones del río Magdalena son un fenómeno recurrente, la ausencia de programas de vivienda digna y reubicación de familias en zonas de riesgo es una falla que compromete la vida y la dignidad de los habitantes. El proyecto de jarillón para el control de inundaciones, que debería ser una prioridad, no ha iniciado su ejecución. Las familias que viven en las riberas del río siguen expuestas a un riesgo que la administración tiene la obligación de mitigar.
Calificación: 3,5/10 — MEDIOCRE — PREOCUPANTE 🔴
5 Servicios Básicos: El Gas que Llegó, Lo que no Llegó 🟡
Problema: San Fernando no tenía gas natural hasta 2025-2026. La ESE Hospital Local San Fernando tiene limitaciones en su capacidad de prestación de servicios de salud. La cobertura de servicios básicos en los corregimientos es limitada, con comunidades que no tienen acceso a energía eléctrica estable, telecomunicaciones ni saneamiento básico.
Meta PDM: Llegada del gas natural, mejora de la infraestructura de salud, ampliación de la cobertura de servicios básicos en los corregimientos.
Avance 2024-2025: La llegada del gas natural es el logro más visible de la administración, aunque fue gestionado principalmente por la Gobernación de Bolívar y Surtigas. La renovación del alumbrado público se menciona como avance. La ESE Hospital Local continúa prestando servicios a través de Equipos Básicos de Salud. Sin embargo, no se reportan avances en la ampliación de la cobertura de energía eléctrica o telecomunicaciones en los corregimientos.
Análisis periodístico: La llegada del gas natural es un logro que merece reconocimiento, pero es importante contextualizarlo: fue un proyecto gestionado por la Gobernación de Bolívar, no por iniciativa propia del municipio. La administración municipal se limitó a facilitar la articulación, que es lo mínimo que se espera de cualquier alcalde. Los servicios básicos en los corregimientos, donde vive la mayoría de la población, siguen siendo insuficientes. La energía eléctrica es inestable, las telecomunicaciones son prácticamente inexistentes y el saneamiento básico es una asignatura pendiente. El gas natural benefició principalmente a la cabecera urbana, mientras que los corregimientos siguen sin acceso a servicios básicos dignos. Esta es una muestra del sesgo urbano que caracteriza la inversión pública en San Fernando.
Calificación: 5,5/10 — REGULAR — VIGILAR 🟡
Resumen de los Cinco Indicadores
| No. | Problema | Calificación | Rango | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Infraestructura Vial | 3,8 | MEDIOCRE | 🟠 PREOCUPANTE |
| 02 | Agua Potable y Alcantarillado | 5,2 | Regular | 🟡 VIGILAR |
| 03 | Educación | 4,5 | MEDIOCRE | 🟠 PREOCUPANTE |
| 04 | Vivienda | 3,5 | MEDIOCRE | 🟠 PREOCUPANTE |
| 05 | Servicios Básicos | 5,5 | Regular | 🟡 VIGILAR |
| PROMEDIO | 4,5 | MEDIOCRE | 🟠 PREOCUPANTE |
Tabla 8: Calificación de los Cinco Problemas Prioritarios — San Fernando, Bolívar 2024-2025.
Cumplimiento de los ODS: Una Agenda que no se Cumple
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas son una herramienta de medición del progreso de los países y territorios en materia de desarrollo humano, social y ambiental. El Plan de Desarrollo de San Fernando se declara alineado con los ODS, pero la realidad muestra que el avance es insuficiente en la mayoría de los objetivos.
| ODS | Objetivo | Calificación | Observación |
|---|---|---|---|
| ODS 1 | Fin de la Pobreza | 3,5 | Sin programas de superación de pobreza; dependencia del SGP |
| ODS 2 | Hambre Cero | 3,0 | Sin programas de seguridad alimentaria; productividad agropecuaria baja |
| ODS 3 | Salud y Bienestar | 5,0 | ESE Hospital con limitaciones; equipos básicos de salud activos |
| ODS 4 | Educación de Calidad | 4,5 | Infraestructura educativa deficiente; sin ampliación de cobertura rural |
| ODS 6 | Agua Limpia | 4,0 | Cobertura insuficiente; tubería Andrés Bello sustituida; sin tratamiento de aguas |
| ODS 7 | Energía Asequible | 5,5 | Gas natural llegó en 2025; energía eléctrica inestable en corregimientos |
| ODS 8 | Trabajo Decente | 3,0 | Sin programas de empleo; sin estrategia de desarrollo económico |
| ODS 9 | Industria e Innovación | 3,5 | Sin infraestructura vial; sin conectividad digital; sin innovación |
| ODS 11 | Ciudades Sostenibles | 4,0 | Sin plan de ordenamiento actualizado; déficit de vivienda; riesgo de inundaciones |
| ODS 16 | Paz y Justicia | 4,5 | FURAG bajo; contratación opaca; gestión electoral cuestionada |
Tabla 9: Cumplimiento de ODS — San Fernando, Bolívar 2024-2025. Fuente: Análisis de autor.

Calificación parcial Cumplimiento ODS: 4,0/10 (Mediocre — Preocupante). El municipio no está avanzando significativamente en ningún ODS. Las calificaciones más altas (ODS 7 y ODS 3) se deben a logros puntuales, no a una estrategia integral de desarrollo sostenible.
Calificación Final: El Veredicto Forense
Llegamos al momento de la verdad. Después de cruzar cinco fuentes independientes, analizar la ejecución presupuestal, la deuda pública, las regalías, la contratación, el desempeño institucional y el avance del Plan de Desarrollo, es hora de emitir el veredicto. La calificación final se calcula como un promedio ponderado de los seis componentes metodológicos, cada uno evaluado en una escala de 0 a 10. El resultado no es una opinión: es la consecuencia lógica de los datos.
| Componente | Peso | Puntaje (0-10) | Puntaje Ponderado |
|---|---|---|---|
| FURAG (IDI 64,62/100) | 25% | 4,5 | 1,13 |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20% | 6,5 | 1,30 |
| Avance Plan de Desarrollo | 20% | 4,0 | 0,80 |
| Transparencia SECOP | 15% | 3,5 | 0,53 |
| Cumplimiento ODS | 10% | 4,0 | 0,40 |
| Percepción ciudadana | 10% | 3,0 | 0,30 |
| TOTAL | 100% | — | 4,45 |
Tabla 10: Calificación Final Ponderada — San Fernando, Bolívar 2024-2025.

🟠 VEREDICTO FORENSE: 4,5/10 — MEDIOCRE — PREOCUPANTE
La gestión de Orlando Francisco Ortiz Rangel en sus dos primeros años de gobierno obtiene una calificación de 4,5 sobre 10, ubicándola en el rango de MEDIOCRE con indicador PREOCUPANTE. Esta calificación es el resultado de una administración que, en un municipio de sexta categoría con necesidades básicas insatisfechas, no ha logrado articular una estrategia de desarrollo que trascienda la administración de lo cotidiano. La dependencia del SGP se mantiene por encima del 87%, los ingresos propios no superan el 0,5% del total, el servicio de la deuda se duplicó, la contratación pública es opaca, el FURAG indica un desempeño institucional medio-bajo, y el avance del Plan de Desarrollo no alcanza el 30% a la mitad del período. Los cinco problemas prioritarios de la comunidad tienen calificaciones que oscilan entre 3,5 y 5,5, con tres de ellos en el rango de mediocre. No hay un solo componente de la gestión que alcance la calificación de «Bueno».
Prevaricato por Omisión: Cuando la Inacción es un Delito
Dado que la calificación final es de 4,5/10, inferior al umbral de 6,9 que marca el límite entre lo Regular y lo Mediocre, la metodología de Corrupción al Día exige un análisis jurídico del delito de Prevaricato por Omisión, tipificado en el Artículo 414 del Código Penal Colombiano. Este análisis no es una acusación: es un ejercicio académico y periodístico que busca determinar si la omisión de deberes funcionales por parte del alcalde Ortiz Rangel configura los elementos del tipo penal.
El Tipo Penal
El Artículo 414 del Código Penal Colombiano establece que el servidor público que omita, retarde o rehúse realizar un acto que esté incluido en sus funciones, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 16 a 54 meses, y multa de 13,33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El tipo penal exige tres elementos: (1) la calidad de servidor público del autor, (2) la omisión, retardo o rehusa de un acto que esté incluido en sus funciones, y (3) el dolo, es decir, la voluntad consciente de omitir el acto.
Elementos que Configuran el Prevaricato por Omisión
1. La calidad de servidor público. Orlando Francisco Ortiz Rangel es el alcalde municipal de San Fernando, Bolívar, desde el 1 de enero de 2024. Como tal, es la primera autoridad administrativa del municipio y tiene la obligación constitucional y legal de dirigir la acción administrativa del municipio, ejecutar los planes y programas de desarrollo, y garantizar la prestación de los servicios públicos (Art. 315, Constitución Política). Este elemento está plenamente acreditado.
2. La omisión de actos funcionales. Los datos analizados en este informe evidencian múltiples omisiones en la gestión del alcalde Ortiz Rangel. La más grave es la falta de avance en el Plan de Desarrollo, que a la mitad del período solo alcanza un 27% de ejecución promedio. Específicamente: (a) la omisión en la gestión de proyectos de infraestructura vial, que deja a 12 corregimientos aislados en temporada de lluvias; (b) la omisión en la implementación de programas de vivienda digna y reubicación de familias en zonas de riesgo de inundación; (c) la omisión en la presentación de proyectos de regalías ante el OCAD, que limita los recursos disponibles para inversión social; (d) la omisión en la publicación oportuna de datos de deuda pública y contratación en los portales de transparencia; y (e) la omisión en la implementación del MIPG, que se refleja en un FURAG de 64,62 sobre 100.
3. El dolo. Este es el elemento más difícil de probar, pero los datos sugieren que las omisiones no son el resultado de la incapacidad o la falta de recursos, sino de una decisión deliberada de priorizar la administración de lo cotidiano sobre la transformación estructural del municipio. La administración ha demostrado capacidad de gestión en proyectos visibles como el gas natural y el alumbrado público, pero no ha destinado el mismo esfuerzo a proyectos de mayor impacto social como la pavimentación de vías, la construcción de vivienda o la ampliación de la cobertura de agua potable. Esta selectividad en la gestión sugiere que las omisiones no son accidentales, sino el resultado de una decisión política de concentrar la inversión en la cabecera urbana, donde los resultados son más visibles, y descuidar los corregimientos, donde vive la mayoría de la población y donde las necesidades son más urgentes.
La Inacción como Método
El prevaricato por omisión no requiere que el servidor público haya actuado con ánimo de lucro o de causar daño. Basta con que haya omitido deliberadamente un acto que estaba obligado a realizar. En el caso de San Fernando, la omisión de proyectos de infraestructura, vivienda y agua potable en los corregimientos, combinada con la concentración de inversión en la cabecera urbana, configura un patrón de inacción que tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los habitantes. Las familias que viven en zonas de riesgo de inundación, los estudiantes que no pueden acceder a educación secundaria en sus corregimientos, los enfermos que no pueden llegar al hospital por falta de vías, todos ellos son víctimas de una omisión que, de ser dolosa, configuraría el tipo penal del Artículo 414.
Es importante señalar que la administración Ortiz Rangel ha realizado algunas acciones positivas: la sustitución de la tubería de aguas servidas en Andrés Bello, la articulación con la Gobernación para la llegada del gas natural, la entrega de dotaciones deportivas y la realización de mesas de participación ciudadana. Sin embargo, estas acciones son insuficientes para compensar las omisiones en las áreas críticas de la gestión municipal. Un alcalde que gobierna un municipio de sexta categoría con necesidades básicas insatisfechas no puede conformarse con gestionar lo cotidiano: tiene la obligación de transformar las condiciones estructurales que perpetúan la pobreza y la desigualdad. La inacción frente a estas obligaciones no es solo una falla administrativa: es una falla ética que, en los términos del Código Penal, puede constituir un delito.
Conclusión del análisis jurídico: Los elementos analizados sugieren que la gestión de Ortiz Rangel presenta indicios de omisión de deberes funcionales que podrían configurar el tipo penal de Prevaricato por Omisión (Art. 414 C.P.). Sin embargo, la determinación final del dolo requiere una investigación penal formal por parte de la Procuraduría General de la Nación o la Fiscalía General de la Nación, que son las competentes para establecer la responsabilidad penal del servidor público. Este análisis periodístico no reemplaza ni sustituye la función judicial, pero sí constituye un insumo para la acción ciudadana y el control social de la gestión pública.
Recomendaciones para la Acción Ciudadana
Este análisis no es una sentencia: es una herramienta para la acción ciudadana. A partir de los datos aquí presentados, las comunidades de San Fernando tienen elementos suficientes para exigir a la administración Ortiz Rangel que cumpla con las obligaciones que le impone la Constitución y la ley. Las recomendaciones son las siguientes:
- Solicitar al municipio la publicación completa de la deuda pública en el portal CHIP, incluyendo los créditos vigentes, la renta pignorada y las cuentas por pagar de vigencias anteriores. La falta de transparencia en esta materia es una violación de la Ley 819 de 2003.
- Exigir la aceleración del Plan de Desarrollo con informes trimestrales verificables de avance por cada eje y meta. El 27% de avance a la mitad del período es inaceptable.
- Solicitar a la Procuraduría una auditoría de la contratación pública para verificar que las modalidades de contratación directa y mínima cuantía se justifican debidamente y no están siendo utilizadas para evadir la competencia.
- Demandar la presentación de proyectos de regalías ante el OCAD para aprovechar los recursos disponibles del Sistema General de Regalías, especialmente en infraestructura vial y control de inundaciones.
- Pedir un plan de sostenibilidad fiscal que limite el crecimiento de la deuda pública y establezca metas concretas de incremento de los ingresos tributarios propios, reduciendo gradualmente la dependencia del SGP del 87% al 80% en los próximos dos años.
- Exigir la implementación completa del MIPG para mejorar el FURAG del municipio, que actualmente es de 64,62 sobre 100, muy por debajo del estándar mínimo de calidad institucional.
- Solicitar informes de avance en los cinco problemas prioritarios con datos verificables y medibles, no con narrativas de gestión que no se pueden contrastar.
Nota Final
Este análisis forense es una fotografía, no una sentencia. La calificación de 4,5/10 puede subir o bajar dependiendo de los dos años restantes de la administración Ortiz Rangel. Si el alcalde acelera la ejecución del Plan de Desarrollo, reduce la opacidad en la contratación, publica la deuda pública completa, presenta proyectos de regalías ante el OCAD y mejora el FURAG, la calificación podría mejorar significativamente. Pero si las omisiones continúan, si la dependencia del SGP se mantiene por encima del 87%, si la deuda sigue creciendo y si los corregimientos siguen sin agua, sin vías y sin vivienda, la calificación podría descender al rango de PÉSIMO, y el análisis del Prevaricato por Omisión tendrá que profundizarse con mayor rigor.
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Corrupción al Día — Análisis Forense de Gestión Municipal | Metodología: Cinco fuentes, una verdad | Fuentes: CHIP-CUIPO, FUT-Deuda Pública, SGR, SECOP I-II, FURAG-MIPG | San Fernando, Bolívar, Colombia | Agosto 2026



