Mecanismo invisible

La rosca y el banco: Paraguay tumbó en cuatro días lo que Colombia apenas empieza a mirar

Santiago Peña cayó por mezclar la Presidencia con el grupo dueño de Ueno Bank. En Colombia, exintegrantes de De la Espriella Lawyers ya ocupan la SAE, la Unidad para las Víctimas, tres superintendencias y la oficina donde se redactan los decretos.

Por Equipo de Investigación · 10 de noviembre de 2026

Nos encontramos en Asunción, Paraguay, el martes 3 de noviembre de 2026. El Banco Central anuncia, por unanimidad, la resolución de Ueno Bank: el índice de solvencia de la entidad marca 5,56 % cuando la norma exige 12 %. Cerca de 2,9 millones de clientes, en un país con poco más de seis millones de habitantes, amanecen sin acceso a su plata. El miércoles la Fiscalía imputa a 27 personas. El jueves el presidente Santiago Peña presenta la renuncia y el Congreso se niega a aceptarla. El viernes el Senado lo declara culpable de mal desempeño de funciones con 44 votos y ninguno en contra, lo destituye y le entrega la banda a su vicepresidente, Pedro Alliana. Esa misma noche, el exmandatario queda detenido a órdenes de la Fiscalía. Cuatro días duró la caída. La construcción del desastre tomó tres años, y ese es el dato que le interesa a Colombia, porque aquí la conversación sobre De la Espriella Lawyers y el conflicto de intereses en el gobierno apenas empieza.

El banco y el presidente

El banco no se cayó por mala suerte. Peña fue accionista de Ueno Holding, la sociedad que controla el banco, hasta 2025. Llevaba dos años sentado en el Palacio de López cuando se deshizo de esas acciones. Al frente del Banco Central puso a Carlos Carvallo, que venía de dirigir Financiera Ueno, la empresa que después se transformó en Ueno Bank. El vigilante salió de la casa del vigilado. Con esa escenografía, los depósitos del Estado en la entidad crecieron sin pausa desde agosto de 2023 hasta rondar los 850 millones de dólares, casi tres de cada diez dólares que captaba el banco. Allí estaban unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social, la plata de las jubilaciones. Cuando el IPS compró bonos de Ueno en 2024 y la prensa preguntó, Peña despachó el asunto como una campaña mediática.

Lo que el Banco Central le contó después a la Fiscalía es de manual: Ueno prestaba el dinero del público a empresas del mismo grupo dueño del banco, en montos que, según la acusación, superaron los límites legales. El ahorro del jubilado entraba por una puerta y salía por otra hacia las sociedades del patrón. Peña niega haber cometido irregularidades, ningún juez lo ha condenado y lo cobija la presunción de inocencia. El juicio que lo sacó del cargo fue político. Pero la mecánica quedó a la vista y tiene nombre técnico: captura regulatoria. Nadie apagó la alarma. La desconectaron desde adentro, con decretos, nombramientos y sonrisas.

La tabla siguiente pone los dos casos lado a lado: la empresa privada ligada al presidente, el vigilante que viene de la casa, el dinero público expuesto, las alertas previas, la respuesta del poder y el desenlace.

Colombia frente al espejo

Ahora miremos a Colombia, que es donde vivimos. El 7 de agosto de 2026 se posesionó Abelardo de la Espriella, fundador de De la Espriella Lawyers Enterprise, bufete del que, según ha dicho, se apartó mientras dure su mandato. Tres meses después, el 8 de noviembre, Daniel Coronell publicó en Cambio una columna titulada con una sola palabra de uso nacional: La rosca. Enumera catorce ejemplos de amigos, parientes, socios y antiguos compañeros de oficina del presidente instalados en el Estado. Varios, anota el columnista, sin experiencia en el sector que ahora manejan. La firma, mientras tanto, sigue abierta y litigando.

Conviene leer la lista despacio, porque el orden importa. Diana Patricia Bravo, exsocia del bufete en Barranquilla durante más de una década, preside la Sociedad de Activos Especiales, la entidad que administra los bienes incautados al crimen. Coronell recuerda que en la firma ella trabajó en el caso de Álex Saab y afirma que la SAE ejecutará la devolución de doce bienes ligados al empresario. Jensy Johana Osorio, exabogada de la firma, dirige la Unidad para las Víctimas, que maneja el fondo de reparación donde, según la misma columna, reposan 42 folios de un jefe paramilitar conocido como Barbie. Su esposo, Andrés Felipe Velásquez, dirige la DIAN, entidad que sostiene un litigio con el bufete: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme hace pocas semanas una sanción de 571 millones de pesos contra la compañía por no pagar IVA en un contrato con una empresa de salud. El director de impuestos de la Nación está casado con una exabogada de la firma multada. Todo queda en familia.

La lista sigue. Andrés Barreto, exdirector general del bufete, es el secretario jurídico de la Presidencia: por su escritorio pasan los decretos, incluidos los que nombran a sus antiguos colegas. La Silla Vacía lo ubica al mismo tiempo como gerente encargado del Fondo Adaptación y miembro de la junta del Banco Agrario. Julia Eva Pretelt, siete años en la firma, es la superintendente de Sociedades y vigila las empresas del país. Wilson Caballero, abogado de la casa durante varios años, es el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Yoly Illidge, exesposa del presidente y cofundadora de la sociedad original, es superintendente delegada para el Notariado; su hermano Augusto ocupa una delegatura en la Supervigilancia. Orlando Abello, antiguo miembro del bufete, es embajador en Costa Rica. Y en la presidencia de Ecopetrol, la empresa más grande del país, despacha Joaquín Gutiérrez, exsubgerente de la firma y jefe de la campaña, sin trayectoria en hidrocarburos según el columnista.

Nombramientos en 68 empresas del Estado

El patrón no vive solo en una columna de opinión. La Silla Vacía revisó los nombramientos en 68 empresas del Estado y encontró 22 personas con vínculos personales o políticos con el presidente o con su ministro de Hacienda. Las personas del círculo personal de De la Espriella ocupan el 20 % de los puestos de junta y presidencias que asignó este gobierno. Al cierre de la administración de Gustavo Petro, esa proporción era del 8 %. Dicho con la simetría que este portal le debe a sus lectores: la rosca no nació el 7 de agosto. Petro también repartió sillas entre los suyos. Lo que cambió fue la dosis, que se multiplicó por dos y medio, y el origen de los invitados, que ahora comparten antigua nómina con el jefe. El presidente lo resumió en octubre, durante un acto de la Superintendencia de Sociedades, con una frase que merece mármol: “Se acabaron las roscas, el mérito será la regla”. Lo dijo en la entidad que dirige una exabogada de su oficina.

Lo legal y lo que huele mal

Hay que ser justos, porque el sarcasmo sin rigor es chisme. Nombrar gente de confianza es legal y lo hace todo gobernante. Haber trabajado en un bufete no convierte a nadie en sospechoso, y varias de estas personas tienen hoja de vida pública: Bravo fue fiscal y directora seccional de fiscalías. En Colombia no hay un banco quebrado ni ahorros congelados. Lo que hay es la misma arquitectura que Paraguay dejó crecer: una empresa privada con clientes, litigios y honorarios, y un Estado donde quienes deciden sobre bienes incautados, tierras de víctimas, impuestos, notarías y vigilancia empresarial salieron de esa empresa. Allá el riesgo era la plata de los jubilados. Aquí el riesgo es más difícil de contar en dólares: que una decisión administrativa favorezca o castigue a un antiguo cliente y nadie levante la mano para decir me declaro impedido.

Dos episodios recientes muestran cómo huele esa zona gris. El primero ocurre en San Andrés. El 19 de octubre la Policía capturó en Barranquilla al exgobernador Everth Julio Hawkins. La Fiscalía le imputó extorsión agravada y secuestro extorsivo: sostiene que acudió a un grupo delincuencial para intimidar a dos contratistas y exigirles 3.000 millones de pesos, con la retención de una familiar de por medio. Hawkins no aceptó los cargos, un juez le impuso una medida no privativa de la libertad y se presume inocente. El detalle que interesa es otro. Según reveló Cambio, De la Espriella Lawyers lo defendió en procesos por presunta corrupción contractual hasta el 26 de agosto, diecinueve días después de la posesión presidencial. La firma no soltó al cliente por el tamaño del expediente. Lo soltó, según el documento de renuncia del abogado, por diferencias en los honorarios. Mientras tanto, el presidente anunciaba una ofensiva contra la corrupción en el archipiélago. Cambio agrega que en un proceso anterior a Hawkins lo representó Iván Cancino, hoy ministro de Justicia.

El segundo episodio tiene nombre de mujer. El 4 de noviembre la abogada barranquillera Dina Luz Malo Andrade asumió la representación de Deicy Jiménez, la denunciante del expresidente Petro en el caso que la prensa bautizó como los sexocontratos. Malo trabajó en De la Espriella Lawyers en 2023; la propia firma la presentó entonces como “abogada de nuestra firma” al anunciar acciones en defensa de Hawkins. Desde marzo de 2024 figura vinculada a otra oficina, DW Lawyers. No existe prueba pública de coordinación entre ella y el gobierno, un empleo pasado no configura por sí mismo un impedimento, la denunciante tiene derecho a la abogada que escoja y a Petro lo ampara la misma presunción de inocencia que a todos los demás. Aun así, medio país leyó el dato y sacó la cuenta. Ese es el costo que nadie factura: cuando la oficina del presidente aparece en la SAE, en la DIAN por matrimonio, en las superintendencias y en el expediente contra su principal contradictor, toda coincidencia parece diseño. La confianza pública se gasta igual con hechos que con apariencias.

Lo que ya dice la ley

El sistema que lo permite no está escondido. Está escrito. El artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 obliga al servidor público a declararse impedido cuando tiene interés particular y directo en un asunto. La Ley 2013 de 2019 ordena publicar las declaraciones de conflictos de interés. El Código General Disciplinario castiga a quien actúa a pesar del conflicto. Las tres normas comparten una debilidad de diseño: dependen de que el propio funcionario levante la mano. Si no lo hace, queda la Procuraduría para los subalternos y, para el presidente, la Comisión de Acusación de la Cámara, donde el senador Iván Cepeda anunció denuncias que incluyen estos nombramientos y que están por probarse. El historial de esa comisión explica por qué en Colombia la llaman de absoluciones. Paraguay tenía reglas parecidas. Tenía, incluso, advertencias internas en el Banco Central desde julio y un pedido de informes del Congreso en septiembre. Tenía todo, menos alguien dispuesto a incomodar al dueño del poder mientras el banco pagaba patrocinios.

Mientras eso se discute en Bogotá, la SAE decide el destino de fincas, edificios y empresas que deberían convertirse en reparación. La Unidad para las Víctimas atiende un registro con más de nueve millones de personas que esperan una indemnización que llega a cuentagotas. Cada bien que regresa a manos de un antiguo investigado sin una explicación pública es una reparación que se aplaza. Y cada funcionario que firma sobre el caso de un excliente de su antigua oficina, sin acta de impedimento a la vista, le enseña al resto del Estado que la regla es decorativa.

La salida: una lista pública

La salida no exige una reforma constitucional. Exige una lista. Que la SAE, la Unidad para las Víctimas, la DIAN y las superintendencias publiquen, entidad por entidad, cada decisión que toque a un cliente presente o pasado de De la Espriella Lawyers, con el acta de impedimento del funcionario que salió de allí y el nombre de quien decidió en su lugar. Es el principio de las Zonas Libres de Corrupción que este portal promueve: portal de transparencia, veeduría ciudadana con dientes y un índice que mida. Paraguay tardó tres años en mirar y cuatro días en caer. Aquí llevamos tres meses, catorce nombres y una frase presidencial sobre el mérito. La pregunta no es si todo esto es legal. La pregunta es quién, dentro de ese gobierno, va a ser el primero en firmar un impedimento, y qué hacemos los demás si nadie lo firma.

La corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Más investigaciones en corrupcionaldia.com