Adlai Stevenson Samper
El poder y el terror de los paramilitares en Colombia siguen vigentes. Hacen parte de la cultura delincuencial que se impone hasta en el más apartado rincón del país, gracias a las corrupción reinante en todas las estructuras del Estado, a la ineficiencia de la Justicia y a la pobreza operativa de la fuerza pública.
Dos ejemplos. Uno: al mercado público de Valledupar llegan todas la mañanas varios sujetos armados, colocan una mesa y una silla debajo de un árbol, y uno de ellos se sienta. Entonces comienzan a desfilar los vendedores de “tinto” (café) con sus termos, para pagar su cuota diaria a los “paracos”. Pagan de acuerdo a la cantidad de termos que transportan.
Dos: un médico de Santa Marta que heredó unas tierras en las estribaciones de la Sierra Nevada, no ha podido vender unos lotes porque tiene que pagarle un enorme porcentaje a un personaje que se hace llamar enlace de los “paracos”.
Y así hay miles y miles de ejemplos cotidianos de la maldición que nació con la creación de las Convivir y el crecimiento demencial de la guerrilla.
El gran aporte de las confesiones de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEP es las lista de personajes, con nombres y apellidos, funcionarios del Estado, en todas sus instancias, que colaboraron activamente en la peor pesadilla de la historia reciente de Colombia, en la masacre de miles de personas inocentes de manos del paramilitarismo.
Aunque todos conocíamos estos hechos pues estos tipos de conductas criminales habían permeado de tal forma a la sociedad colombiana que las percibíamos como usuales o consustanciales al desarrollo de la vida institucional republicana, muy pocos se atrevieron a señalar e identificar quiénes fueron los socios que movieron el aparato estatal para cubrir la sangre. La sangre nuestra de cada día.
Mancuso participó en un estado de barbarie organizada en donde estaban implicados miembros de la fuerza pública (ejército y policía), políticos profesionales auspiciados por la delincuencia organizada que se tomaron las instituciones del estado, los avariciosos latifundistas y sus brazos armados aunados en una coyuntura histórica política a una organización perfectamente sincronizada para causar terror, desapariciones y mortandad llamada Paramilitarismo.
Ante la JEP, Salvatore Mancuso le puso carne y hueso a esta historia de horror que vivieron los colombianos. Ya era hora de que habláramos de responsables con nombres y apellidos y no de simples hechos.
Mancuso fue uno de los máximos dirigente de estas organizaciones criminales y su campo de acción, aunque era su natal Montería, pronto alcanzó prestancia nacional. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, vinculado por algunos de estos grupos como figura ideológica y de apoyo a estas actividades ilegales, y como parte de una serie de acuerdos en sus proyectos presidenciales, se inició la “desmovilización”, concepto jurídico inventado para que 34 grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia iniciaran un proceso de Verdad, Justicia y Reparación.
Así lo llamaron y fue un perfecto teatro para impulsar la impunidad o deshacerse de los “peligrosos” vía la extradición, tal como sucedió con Salvatore Mancuso.
El 15 de julio de 2003 se inició el proceso de pacificación en Santa Fe de Ralito, que continuó el 25 de noviembre de 2003 en Medellín con el Bloque Nutibara y el 15 de agosto de 2006 con el Bloque Elmer Cárdenas, el Bloque Central Bolívar, Bloque Norte y Bloque Héroes de Granada. En total se desmovilizaron 3.671 integrantes en 38 diferentes actos signados por una publicidad que pretendía mostrar, por lo menos desde esa perspectiva de criminología, de una aparente pacificación del país.
Como la mayoría de estos jefes paramilitares conocían perfectamente las estructuras, connivencia y soporte de integrantes del estado colombiano con sus operaciones fueron convenientemente extraditados a Estados Unidos. Salvatore Mancuso se desmovilizó en 2005 y tres años después; para su sorpresa, fue extraditado a Estados Unidos en 2008 a una cárcel de máxima seguridad.
Su llegada a la cárcel de ese país no fue precisamente por los crímenes que devela en estos días, son soltura y desparpajo, ante la JEP sino por otra de sus actividades, el narcotráfico por la que fue procesado por la corte del Distrito de Columbia en USA. También fue requerido por la justicia italiana por tráfico de narcóticos con la mafia calabresa.
La comparencia de Salvatore Mancuso ante la JEP obedece a un intento de revelar hechos y personajes vinculados a los procesos de violencia paramilitar, por cierto todavía con plena vigencia y que involucran expropiaciones de vastas extensiones de tierra, el control de rutas del narcotráfico, las extorsiones, las amenazas y el crimen como método de infundir terror con masacres colectivas en diversas poblaciones.
Una de ellas fue en Aro, Antioquia, en la zona de influencia de la futura represa de Hidroituango. Ocurrió el 22 de octubre de 1997 por el bloque paramilitar Mineros de Colombia de la AUC. Los datos investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indican que allí asesinaron a 17 campesinos totalmente desarmados, mientras que gran parte de sus vecinos y moradores corrieron desbocados al exilio, desplazándolos de su territorio y apropiándose de sus bienes.
Esta tenebrosa incursión fue ordenada con el entonces comandante Salvatore Mancuso que incriminó en la logística de la operación al general del Ejército Nacional Alfonso Manosalva, que si bien no participo en la masacre del Aro, si tuvo especial protagonismo en la de La Granja en junio de 1996.
Manosalva murió en abril de 1997. En esta masacre se mencionó que fue utilizado en la logística el helicóptero de las Gobernación de Antioquia para el transporte de los armamentos y paramilitares. Ávaro Uribe Vélez, que fungía como gobernador de ese departamento negó la utilización de algunos de los dos helicópteros de su despacho aduciendo que no se encontraban en los respectivos planes de vuelo que por cierto son fácilmente adulterables, modificables o, en el mejor y más práctico de los casos, no dicen nada.
Uno de los paramilitares presentes en el sangriento episodio, Francisco Villalba, fue asesinado. Otro que falleció en un accidente de extrañas circunstancias en 2006 cuando se precipitó a tierra el helicóptero fue Pedro Juan Moreno, secretario general de la gobernación de Antioquia, quien aseguraba que el comandante paramilitar Carlos Castaño le había informado con antelación sobre la ocurrencia de esta masacre.
La masacre de Macayepo ocurrió en un corregimiento del Carmen de Bolívar, población ubicada en los codiciados Montes de María. Sucedió el 14 de octubre del 2000 por la AUC. Allí fueron asesinados 15 campesinos y cerca de 246 familias las obligaron al desplazamiento produciéndose una rebatiña de ventas ficticias de enormes latifundios productivos compradas después por reconocidas empresas como el grupo empresarial cementero Argos de Medellín. https://rutasdelconflicto.com/notas/la-compra-sistematica-tierras-argos-el-desplazamiento-campesinos#:~:text=Argos%20lleg%C3%B3%20a%20los%20Montes,la%20invita
Dentro del accionar paramilitar auspiciado por fuerzas de seguridad del estado colombiano y políticos, tal como lo han reconocido cortes internacionales de derechos humanos, los objetivos precisos y vulnerables fueron siempre la población civil alejada del conflicto o presa de fuegos cruzados entre los bandos en conflicto.
En la masacre de Macayepo fue condenado el 18 de junio de 2016 a 28 años de prisión el ex gobernador de Sucre Miguel Nule Amín por el Tribunal Superior de Cartagena quien conjuntamente con el ganadero Joaquín García dio las correspondientes órdenes, incluso del asesinato del paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, con el propósito de entrar a como diera lugar a Macayepo recuperando esa población a “sangre y fuego”, sin importar campesinos, civiles y niños.
En el 2010 la Corte Suprema de Justicia condenó al senador Álvaro “El Gordo” García Romero con una pena de 40 años como uno de los culpables de la masacre, así como de la desviación de recursos públicos con el objetivo de financiar al grupo paramilitar responsable del crimen de lesa humanidad. En el 2016 fue condenado el ex gobernador de Sucre Miguel Nule Amín a 28 años de prisión por ser unos de los determinadores de esta sangrienta masacre. En el 2019 fue ratificada la sentencia.
En la misma martirizada zona de los Montes de María, tierras codiciadas por su extraordinaria fertilidad y que es en el fondo la esencia de enfrentamientos y masacres sucedió la del Salado entre el 16 y el 22 de febrero de 2000, aunque fuentes diversas de la zona afectada señalan que demoraron exactamente dos largas semanas imponiendo el terror ante una población inerme y a merced de los paramilitares, pues las fuerzas de seguridad del estado se replegaron estratégicamente para otros lados.
Los participantes de este crimen de lesa humanidad fueron el Bloque Norte y el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comandadas por Rodrigo Tovar Pupo (alías Jorge 40), Rodrigo Mercado Pelufo (alías Cadena), posteriormente asesinado por sus mismos compañeros y bajo la dirección general de Salvatore Mancuso.
Allí murieron más de 100 personas y durante las dos semanas de terror en El Salado hubo torturas, degollamientos, decapitaciones y violaciones sin importar la edad. Desde una niña de 6 años hasta una mujer de 65, nada escapó a la acción depredadora de los violentos enseñoreados contra campesinos para sembrarles el terror, el desplazamiento y la venta de tierras a precios irrisorios. De allí surgirían cantadoras de bullerengue y chalupa como Ceferina Bánquez que plasmaría parte de sus dramas cotidianos en sus cantos. El Salado tiene un récord criminal para Mancuso y sus huestes: fue la matanza más grande paramilitar en toda la historia de Colombia.
Llegaron a la población al menos 450 integrantes del grupo paramilitar a bordo de vehículos. Enseguida procedieron a tumbar las casas, a quemar el comercio y asesinar a quien tuviese la desdicha de atravesárseles por la mitad. Los ecos de la matanza parecían no llegar al cercano municipio del Carmen de Bolívar en donde encontraron en cuatro fosas comunes 14 de los innumerables cadáveres dispersos en la espesura de los montes y en las tumbas temerarias tapadas con vegetación para evitar su probable ubicación.
La macabra sesión empezó en la pequeña iglesia del pueblo donde se iniciaron los interrogatorios y las torturas ordenadas por Mancuso y sus huestes. Luego procedían con encomio de cirujanos a degollarlos y los que pasaban la dura prueba de ser ajusticiados en la casa de Dios Padre y a su diestra olvidada en esas montañas de la ignominia, eran llevados y acostados en la cancha de fútbol del poblado donde tras breves preguntas y reconocimientos eran sumariamente ajusticiados allí mismo convirtiendo la arena en una poza sangrienta rojiza.
Fue una especie de bacanal del fin del mundo. Con las motosierras funcionando a todo nivel desmembraban cadáveres en frente de la población para intimidarlos posteriormente con las torturas que consistían en empalaje, destornilladores por los oídos mientras se bebían todo el ron de las cantinas, violaban mujeres púberes, embarazadas y ancianas mientras 280 pobladores aterrorizados huían por los meandros de los montes de aquella fatídica orgía de sangre.
Los responsables materiales de este atroz crimen de lesa humanidad fueron Nicolás Castellanos, Jhon Jairo Esquivel alías ‘el tigre’ y el temible ‘Juancho Dique’ Uber Bánquez Martínez quienes actuaron bajo las ordenes de Jorge 40, que durante el proceso de Justicia y Paz señaló como directos responsables de las órdenes a Carlos Castaño, máximo jefe de las AUC, respaldada por el interviniente en la JEP Salvatore Mancuso, jefe del Bloque Catatumbo y el asesinado Cadena, del bloque Héroes de los Montes de María.
Como encubridor por parte del estado se sindicó al capitán de corbeta de la Armada -con jurisdicción en el Carmen de Bolívar y los Montes de María- Héctor Martín Pita Vásquez llamado a juicio por la fiscalía en febrero de 2008.
Los antecedentes de la terrible incursión fueron que en la zona actuaba el Frente 37 de la FARC que atacaba de forma reiterada a los grupos paramilitares que hacían presencia en la zona lo que los obligó a solicitar apoyo logístico de las fuerzas armadas que sutilmente dejaron la zona desprotegida y así pudieron los paramilitares solicitar refuerzos con otros frentes armados y contaron además con la ayuda de un helicóptero de combate obligando a los guerrilleros a replegarse.
El pueblo quedó sin dios, ley ni estado y bajo esas premisas pasaba de todo. Con las cabezas degolladas por las motosierras jugaron futbol en medio de la ebriedad de la mortandad y sujetos de un espíritu dantesco de inhumanidad.
Otra de las masacres en donde estuvo involucrado Salvatore Mancuso, un matarife con todas las de la ley aunque ahora parezca un profesor desde lejos, una especie de conferencista arrepentido confesando sus nexos con políticos, militares, narcotraficantes, terratenientes e industriales en un tono contrito e hipócrita como si sus barbaridades fuesen asunto de poca monta. Este sanguinario personaje ha reconocido su participación en más de 300 asesinatos, la construcción de hornos crematorios para desaparecer las ristras de cadáveres que dejó su malévolo paso por diversas poblaciones, así como la autoría de la celebre masacre de Mapiripan en donde con miembros del ejército ejecutaron a 20 campesinos desarmados, la ya mencionada masacre de El Aro -prolegómenos de la lucha por la tierra en el área de influencia de la construcción de la represa de Hidroituango donde asesinaron 15 personas y desplazaron todo el pueblo dictándosele una condena no purgada de 40 años de cárcel y la masacre de La Gabarra, en la zona de Tibú, en donde asesinaron a mansalva a 35 personas.
Esta es la catadura de asesino y criminal de lesa humanidad que hoy dicta catedra de arrepentimiento desde la cárcel de Estados Unidos en la Jurisdicción Especial de Paz. Debe tener un puesto asegurado, si existe, en las calderas del infierno para consuelo de las almas sacrificadas.
