“Con la creación de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- no se han logrado superar los riesgos de corrupción y los problemas en la administración de los bienes en proceso de extinción de dominio que obligaron a liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes – DNE”.
Es la conclusión a la que llegó la Contraloría General de la República, tras un estudio sectorial donde analizó los alcances del modelo de administración de bienes incautados adoptado en el país y lo comparó con algunas referentes internacionales.
Según el organismo de control, la adopción de un nuevo marco normativo y la constitución de una entidad independiente encargada exclusivamente de la administración de este tipo de bienes, no ha arrojado los resultados esperados, lo cual corrobora lo evidenciado en los diferentes procesos auditores realizados por la CGR en los últimos años a la SAE.
La Contraloría, simplemente aceptó lo que era una verdad a voces, que a pesar de que la SAE viene adoptando una arquitectura empresarial robusta y consistente, se presentan dificultades de operación del modelo y de coordinación interinstitucional y el diseño de administración de bienes incautados se limitó a crear esta entidad, desconociendo la procedencia, estado real y otras características de los bienes incautados.
“Debido a la traumática transición entre la DNE y la SAE, esta heredó el desorden administrativo y la dispersión de información”, señala.
Factores que afectan el manejo de bienes incautados
Para la entidad fiscalizadora, diferentes factores afectan el funcionamiento eficiente del modelo de la administración de bienes, entre los que se pueden destacar, estos seis:
1) Duración prolongada de los procesos judiciales de extinción de dominio.
2) Inoperancia de la figura de depositarios.
3) Inconvenientes para el desalojo de predios.
4) Dificultades para la enajenación de activos debido a restricciones del mercado.
5) Desconocimiento de la localización y estado de muchos bienes.
6) Falta de coordinación con las entidades de registro para obtener la información de los bienes.
No se ha atendido el objeto del Frisco
Como consecuencia de los inconvenientes registrados, se evidencia que no se ha producido un impacto importante en las políticas que se deberían atender con las productividades de los bienes incautados, que incluyen: Inversión social, Fortalecimiento de la justicia, Reparación de víctimas y Desarrollo rural.
Igualmente, la financiación de estos programas se vio limitada por la baja ejecución de las transferencias líquidas, que en el periodo 2015-2018 alcanzaron apenas el 37% frente al presupuesto proyectado para asignación a las entidades beneficiarias.
No obstante lo anterior, la SAE, entidad administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO, está pasando por un momento coyuntural en el que se han implementado mecanismos que permiten prever la consecución de mayores ingresos a partir de la enajenación temprana y la venta masiva. Así, con este panorama, el Gobierno nacional debería garantizar la efectividad de las transferencias.
Comparativo con otros países
La Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública realizó, en este estudio, un comparativo con Bolivia, Honduras, México y Perú, con problemáticas de narcotráfico y corrupción similares.
Se observó que en Colombia el volumen de los bienes incautados es muy superior. Y en cuanto a la financiación de la entidad administradora, el país es el único que no cuenta con recursos del Presupuesto General de la Nación.
En los países latinoamericanos mencionados se destacan prácticas como:
* Seguimiento y control a las destinaciones de las productividades con incidencias admitida, civil y penal.
* Creación de un sistema informático que consolida la información de todos los actores, desde la incautación de bienes hasta la destinación definitiva.
* Existencia de un registro nacional de bienes incautados a disposición de la ciudadanía.
* Creación del Registro Nacional de Extinción de Dominio, donde se pueden consultar los bienes afectados, las sentencias y su cumplimiento.
* Relevancia en la búsqueda de rentabilidad de las sociedades antes que su enajenación.
* Fortalecimiento del sistema judicial de extinción de dominio para mejorar los tiempos de administración de los bienes.
Nada nuevo
Ya desde hace algún tiempo se vienen denunciando los manejos corruptos que se dan a los bienes incautados y que incluso han evidenciado sus viejos propietarios.
En este punto toca señalar que actualmente la SAE solo cuenta con 187 depositarios registrados, para administrar la bicoca de más de 21.000 inmuebles, casi 2.000 sociedades (activas y en liquidación) y unos 5.300 muebles (lo que incluye animales, vehículos de transporte y dinero, entre otros).
La cifra refleja el poder que pueden llegar a manejar un puñado de personas sobre bienes incautados por el Estado y la dudosa capacidad operativa de la SAE a la hora de administrar bienes.
Ahora bien, ¿por qué este interés repentino de la Contraloría por evidenciar la corrupción en la SAE?
Llama la atención que este pronunciamiento de la Contraloría se dé luego de que el 24 de julio pasado presentara renuncia a su cargo, la entonces presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), María Virginia Torres.
Su renuncia se dio días después de que se supiera de la denuncia penal que la funcionaria entabló ante la Fiscalía General de la Nación contra el entonces contralor distrital de Barranquilla, Jesús Acevedo, quien hoy sigue siendo investigado.
La presidenta de la SAE explicó en esa oportunidad que la denuncia se hizo luego de que “en la Junta Directiva, Guillermo Peña, gerente de la Triple A, informó que la Contraloría le había iniciado procesos y que las faltas por esas imputaciones, cada una, era de más de $80 millones de pesos.
Una vez se le entregó esa información, Peña fue contactado por el mismo Contralor, quien luego de advertirle que estaba “mal asesorado”, le recomendó una firma de abogados y a través de su WhatsApp le envió la propuesta de una firma de abogados que lo podía sacar del problema.
En su momento, la presidenta de la SAE resaltó que “esto suena bastante irregular. Un funcionario público no puede asesorar a quien está investigando. Hemos sido defensores de la transparencia, no solo en Triple A sino en la gestión de la SAE. De ahí que la decisión de la Junta Directiva fue radicar una denuncia penal con todas las pruebas y documentación pertinente, y personalmente envié copia de ella a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia, y solicité al Contralor General que asuma esta investigación”.
