Por: Norman Alarcón Rodas
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene decidido que el viernes 20 de marzo próximo se iniciarán las subastas para la venta de los activos de la empresa Electricaribe, ya sea completa o segmentada en dos: CariMar (Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar) y CaribeSol (Atlántico, Magdalena y La Guajira). En este sentido hay seis empresas interesadas, entre ellas EPM de Medellín y Celsia, del Grupo Argos
La privatización de las siete electrificadoras de la Costa Atlántica fracasó estrepitosamente después que en el 2000 las adquirió Unión Fenosa para prestar el servicio de Distribución y Comercialización de energía eléctrica a diez millones de habitantes de los siete departamentos costeños.
Lo primero que hizo la transnacional española fue desmantelar miles de kilómetros de redes de cobre, que vendió en Europa haciendo una gran fortuna y cambiandolas por redes de aluminio de mala calidad con vida útil de cinco años. Fue una de las causas del pésimo servicio. La otra, no haber hecho las inversiones necesarias y permanentes que se requieren en este tipo de actividades de alto riesgo.
Luego de ser intervenida Electricaribe por la Superservicios en noviembre de 2016 por el mal servicio que prestaba y porque Gas Natural Fenosa no les cancelaba oportunamente a las empresas generadoras la energía que les compraba –les quedó debiendo unos 600 mil millones de pesos–, los gobiernos de Santos y Duque trataron de venderla al mejor postor, sin éxito.
A fines de 2018 el gobierno de Duque se inventó nuevas gabelas para hacer atractiva la enajenación y propuso que el Estado asumiera el pasivo pensional que les deben los españoles a pensionados y trabajadores en trance de jubilación, más de 1.6 billones de pesos. Duque pretende que lo paguemos todos los colombianos, sin ninguna contraprestación.
Para completar el oprobio, las mayorías del Congreso, de consuno con el Poder Ejecutivo, aprobaron un capítulo para la venta de Electricaribe en la Ley 1955 de 2018 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022), que contempla: asunción del pasivo pensional (artículo 313) y los tres tarifazos así, sobretasa de 4 pesos el kilovatio hora (artículo 311), contribución adicional del 1% de los gastos de funcionamiento de las empresas de servicios públicos vía tarifas (artículo 312) y régimen transitorio especial tarifario para la Costa (artículo 317).
Fruto de lo anterior, el aumento de las tarifas en la Región Caribe entre diciembre de 2018 ($426,68 kwh) a febrero de 2020 ($504,54) fue de un 18,25% para estrato cuatro, que no recibe subsidio como los estratos 1, 2 y 3 ni paga contribución del 20%, como sí lo hacen los estratos 5, 6 y pequeños y medianos empresarios. Pero todavía falta el incremento por el régimen especial transitorio, en el cual les van a cobrar a los usuarios la totalidad de las pérdidas (27%), cuando ahora solo se paga el 13%.
De salirse con la suya el gobierno de Duque, la Región Caribe se quedaría, otra vez, sin una empresa eléctrica propia, como sí la tienen los paisas con EPM, los capitalinos con EEB, los vallunos con Emcali, todas integradas verticalmente, es decir, con Generación, Distribución y Comercialización. Una nueva tragedia para los costeños, a lo cual se han opuesto colectivos como Indignados con Electricaribe, la Red Caribe de Servicios Públicos, la Internacional de Servicios Públicos y el Centro de Estudios del Trabajo, y dirigentes de prestigio como el senador Robledo y el economista Jorge Vergara, quienes han propuesto que la única solución para que la crisis eléctrica no se descargue en los usuarios a través de infames tarifazos y pésimos servicios es constituyendo una Empresa Eléctrica Regional Caribe de carácter público, que sea eficiente y rentable al servicio del progreso de esta parte olvidada de Colombia.
