Nueve senadores investigados por corrupción buscan reelegirse blindados por sus máquinas electorales y la compra sistemática de votos. Este es el retrato de un sistema que se perpetúa cada cuatro años.
Cada cuatro años, Colombia presencia el mismo ritual macabro: políticos investigados por corrupción, con procesos penales y disciplinarios activos, se presentan ante el electorado con la desfachatez de quien sabe que el sistema está diseñado para protegerlos. El Partido de La U lidera este circo de la impunidad con nueve de sus diez senadores buscando conservar sus curules, convirtiendo las elecciones no en un ejercicio democrático, sino en la renovación de franquicias del saqueo institucional.
No hablamos de casos aislados. Hablamos de un entramado sistemático donde las máquinas electorales se alimentan de burocracia, clientelismo y compra de votos, mientras la justicia colombiana avanza con la velocidad de una tortuga narcotizada. Estos políticos no aspiran a representar: aspiran a perpetuar su control sobre recursos públicos, contratos y poder territorial.
El Sistema Silencioso: Cómo opera la maquinaria de la impunidad
Detrás de cada candidatura hay una estructura invisible que garantiza la permanencia en el poder. No importa cuántas investigaciones tenga un congresista, ni cuántos escándalos lo salpiquen. La fórmula es simple y se repite con precisión quirúrgica: controlar nóminas públicas, direccionar contratos hacia aliados, comprar medios locales y, cuando llega el momento electoral, distribuir dinero, cemento, tejas y mercados entre votantes que han sido sistemáticamente empobrecidos por las mismas mafias que ahora les ofrecen migajas.
Este no es un fenómeno nuevo. Es la evolución perversa de un sistema político que convirtió la representación popular en un negocio familiar, donde los apellidos se heredan junto con las redes de corrupción. El Partido de La U —que nació como la maquinaria de Álvaro Uribe y se transformó en refugio de tránsfugas y oportunistas— concentra hoy nueve senadores dispuestos a defender sus feudos con la misma determinación con la que defendieron sus intereses en contratos fraudulentos, desvíos de recursos y tráfico de influencias.
José David Name: El Heredero de una Dinastía Señalada de Paramilitarismo y Compra de Votos
Investigado por presuntos vínculos con Los Rastrojos Costeños, homicidios y compra sistemática de votos en el Atlántico
José David Name Cardozo es el heredero de una dinastía política manchada por décadas de señalamientos de vínculos con el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción electoral. Su padre, José Name Terán, fue senador por más de 30 años y, según testimonios de desmovilizados de las AUC, habría establecido los primeros nexos con estructuras paramilitares en la Costa Atlántica.
En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra José David Name por presuntos nexos con la banda criminal Los Rastrojos Costeños. La investigación se basa en testimonios entregados en 2014 por Juan Manuel Borré Barreto, alias «Pistón» o «Javier», fundador de Los Rastrojos Costeños y exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según el testimonio de alias «Pistón», José David Name habría ordenado dos homicidios relacionados con compra de votos. El primero fue el asesinato de un abogado del barrio Los Manantiales en Soledad, presidente de la Junta de Acción Comunal, por disputas de tierras y política. El segundo fue el homicidio de un concejal del barrio El Pueblito, quien supuestamente se habría quedado con dinero destinado a la compra de votos sin cumplir con el acuerdo.
«Con José David tenemos dos homicidios: el homicidio del abogado del barrio Los Manantiales de Soledad, que fue por cuestiones de tierra, de plata y de política. Ese homicidio lo ejecutó Leo, Miguel Coronado, y mi hermano lo coordinó. El otro homicidio es el de ese concejal que queda pegado por La Pradera, que fue por compra de votos, que le dieron el dinero y no compró los votos, sino que se robó la plata», declaró alias «Pistón» ante la Fiscalía.
El exparamilitar aseguró que por cada homicidio él y sus cómplices recibieron 20 millones de pesos, que les fueron entregados a través de un abogado llamado Gabriel Sánchez, quien supuestamente visitaba a Borré en la cárcel Modelo de Barranquilla en nombre de José David Name. «Lo que pasa es que él me mandaba siempre un abogado a mí, cuando yo estaba detenido en la cárcel Modelo Barranquilla, en los Patios de Justicia y Paz, me mandaba entonces un abogado, que se llama Gabriel Sánchez, para coordinar todos estos eventos y esas cosas», explicó Borré.
La Compra de Votos como Sistema
Además de los homicidios, José David Name es señalado de haber establecido una operación sistemática de compra de votos en el Atlántico con el apoyo de Los Rastrojos Costeños. En marzo de 2022, dos días antes de las elecciones legislativas, llegó una denuncia anónima al correo del entonces fiscal Francisco Barbosa sobre una supuesta operación de compra de votos en Soledad.
La denuncia relacionaba la campaña de José David Name con Luis Ignacio Meriño Bolaños, conocido como «Nacho», un hombre señalado de haber pertenecido al Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia bajo el alias «Puerquito». Según el informe de la Fiscalía, Meriño Bolaños ingresó a las AUC en 2003 y fue señalado de extorsión en 2007.
«Desde mediados del mes de febrero, el señor Luis Ignacio Meriño Bolaños (conocido como Nacho) habitante del barrio Las Moras, de la municipalidad anunciada en el asunto, se ha venido acercando de casa en casa en todo el barrio ofreciendo entre $50.000 y $80.000», se lee en la denuncia anónima enviada a la Fiscalía.
El denunciante agregó que en el debate electoral de 2018, José David Name había sido visto en casa de «Nacho» en Soledad, y que para las elecciones de 2022 había ido en varias ocasiones al barrio Las Moras. La persona que entregó la información explicó que lo hacía de manera anónima «a razón del riesgo que existe de denunciar públicamente al señor Luis Ignacio».
Investigaciones posteriores de la Fiscalía en Bolívar revelaron que en 2022 hubo interceptaciones telefónicas a Martha Elvira Ciodaro, exregistradora y exprocuradora regional, quien supuestamente coordinaba entregas de dinero para compra de votos en favor de la campaña de Name. Ciodaro y su esposo, Luis Bienvenido Padilla, exsecretario de Salud de Bolívar, eran figuras claves de la campaña de Alonso del Río, quien iba en fórmula con José David Name.
«Las conversaciones sostenidas por Ciodaro, entre otras, versan sobre posibles irregularidades en la repartición de dádivas para la compra de votos para candidatos específicos del Partido de la U», se lee en un informe de policía judicial.
La Dinastía Name: Un Clan Señalado
La familia Name tiene un historial extenso de señalamientos de vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. En 2022, La Liga Contra el Silencio desempolvó documentos de la Fiscalía de finales de siglo que involucrarían a los hermanos José y David Name Terán (padre y tío de José David Name) con «actividades relacionadas con narcotráfico, testaferrato y lavado de activos».
Cables de la Embajada de Estados Unidos vincularon al fallecido José Name Terán «con un traficante de la Costa». La dinastía Name operaba bajo una dinámica común en la Costa Caribe: José Name Terán era el jefe político que dejaba abonado el terreno, y David Name Terán era el administrador que ganaba contratos a partir de lo hecho por su hermano.
En 2024, el exsenador Álvaro Ashton declaró ante la JEP que José David Name habría sido uno de los beneficiados con la gestión de votos de los paramilitares, lo que explicaría respaldos en municipios donde «nunca había estado». Ashton señaló que desde la Alcaldía de Barranquilla se tejieron alianzas con paramilitares para garantizar votos a cambio de contratos públicos.
«Si no había visto bueno de los paramilitares, nadie hubiera podido de ninguna manera hacer campaña y conseguir votos», declaró Ashton ante la JEP.
La Maquinaria Electoral Intacta
A pesar de las múltiples investigaciones, José David Name busca su quinta reelección consecutiva al Senado. Fue elegido por primera vez en 2006 con 82.619 votos, heredando la curul de su padre, quien se retiró ese año después de más de tres décadas en el Congreso. En 2010 fue reelegido con 99.838 votos. En 2014 fue reelegido por tercera vez y llegó a ser presidente del Senado.
Su maquinaria electoral sigue operando en el Atlántico y Bolívar, donde controla nóminas públicas, direcciona contratos y mantiene alianzas con políticos locales. Es representante de la Comisión Quinta del Senado ante la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, lo que le da acceso directo a la distribución de miles de millones de pesos en recursos territoriales.
Name ha presentado un perfil público de legislador activo, impulsando leyes sobre vapeadores, plásticos de un solo uso y regulación energética. Pero detrás de esa fachada de legalidad, las investigaciones de la Corte Suprema avanzan con lentitud mientras su maquinaria electoral se prepara para las elecciones de 2026.
La pregunta es: ¿Cuántos votos más se comprarán? ¿Cuántos testigos más tendrán que declarar antes de que la justicia actúe? ¿Cuánto tiempo más seguirá la dinastía Name controlando el Atlántico con métodos que mezclan política, crimen y violencia?
José David Name busca reelegirse. Y probablemente lo logrará, porque en Colombia, tener una investigación por paramilitarismo y compra de votos no es un impedimento electoral. Es una herencia familiar.
Norma Hurtado: La operadora del lobby privado en salud
La senadora que hundió la reforma a la salud mientras su partido recibía millones de las EPS
Norma Hurtado, senadora del Partido de La U, recibió $74 millones de pesos de su partido, el cual, a su vez, registró donaciones de $15 millones de pesos del grupo Keralty, $130 millones de pesos del Grupo Bolívar y $600 millones de pesos de Tecnoquímicas. Casualidad o no, Hurtado fue una de las responsables de archivar la reforma a la salud que buscaba solucionar los problemas del sistema, protegiendo así los intereses de las mismas empresas que financiaron su campaña.
El canal Noticias UNO reveló en 2023 que Hurtado habría seguido instrucciones de Dilian Francisca Toro, líder de La U y actual gobernadora del Valle del Cauca, así como de Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, para hundir el primer texto de la reforma a la salud. Ambos partidos habían recibido financiación de la multinacional Keralty, propietaria de la EPS Sanitas, que tenía intereses directos en frenar la reforma.
La senadora fue recusada por conflicto de interés. El esposo de Hurtado, Fernando Gutiérrez, se desempeñó como Secretario de Salud en la Gobernación del Valle, hizo parte de la EPS Cafesalud y de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño. Además, la hija de su cónyuge se desempeña como gerente de la Empresa Social del Estado E.S.E Norte.
¿Cómo explicar que una senadora con semejantes vínculos con el sector privado de la salud tenga la potestad de decidir sobre una reforma que afecta directamente a esas empresas? La respuesta es simple: porque el sistema está diseñado para que esto sea posible. Hurtado no solo votó, sino que su firma fue decisiva porque sumó mayorías en la Comisión Séptima del Senado, compuesta por 14 senadores. Entre risas y abrazos, celebraron una decisión que mantiene intacto un sistema cuya crisis ha sido documentada durante décadas.
Ahora busca reelegirse. Y probablemente lo logrará, porque en Colombia las EPS tienen más poder que los pacientes que mueren esperando citas médicas.
John Besaile Fayad: El Heredero del Clan de la Hemofilia
Acusado por falsedad ideológica en el entramado de corrupción de Córdoba, aspira a seguir en el Senado mientras su juicio avanza
John Moisés Besaile Fayad es el hermano mayor del exsenador condenado Musa Besaile, protagonista del «Cartel de la Toga», y del exgobernador Edwin Besaile, señalado en el escándalo del «Cartel de la Hemofilia». La familia Besaile es sinónimo de corrupción estructural en Córdoba, donde durante años desviaron cerca de 50.000 millones de pesos hacia centros médicos ficticios y tratamientos para pacientes inexistentes.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la acusación contra John Moisés Besaile por el delito de falsedad ideológica en documento público, agravada por el uso. Los hechos ocurrieron cuando Besaile era Secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba. Firmó una resolución que acreditó que la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica tenía personería jurídica desde 2012, pese a que en realidad esa institución fue creada en octubre de 2013.
El objetivo era claro: hacer parecer que la corporación tenía por lo menos un año de constitución, para acreditar su solidez y experiencia, y así poder realizar convenios, canalizar, direccionar y desviar recursos del sistema de regalías, dentro de un entramado de corrupción presuntamente liderado por el exgobernador Alejandro Lyons Muskus y su hermano Musa Besaile.
En junio de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de apelación elevado por la defensa del senador y confirmó que el juicio en su contra seguirá su curso. La Corte encontró demostrada la ocurrencia del delito, sumado a que en el proceso hay pruebas que indican la probable responsabilidad del congresista en estos hechos.
Mientras tanto, John Besaile aspira a reelegirse. Su estrategia es la misma que usó en 2018 y 2022: heredar la maquinaria de su hermano condenado, mantener el control burocrático en Córdoba y distribuir recursos entre sus operadores electorales. Fue el más votado en las pasadas elecciones, amo y señor de una burocracia que mueve votos como quien mueve fichas de dominó.
El apellido Besaile es una marca registrada de corrupción en Córdoba. Y sin embargo, sigue siendo electoral.
Juan Felipe Lemos: El Sobrino de Uribe Salpicado por «Las Marionetas»
Mencionado en el entramado de corrupción que dirigía contratos desde el DPS, la Corte decidió no investigarlo por «falta de pruebas»
Juan Felipe Lemos Uribe llegó al Congreso en 2010 de la mano de su tío Mario Uribe Escobar, excongresista que fue condenado en 2011 por parapolítica. Desde entonces, ha acumulado cuatro períodos consecutivos en el legislativo, construyendo una red de poder que se extiende por Antioquia y Caldas.
En enero de 2024, la Fiscalía lo mencionó como uno de los senadores que habrían calcado el modelo de corrupción por el que fue condenado a 15 años de cárcel el exsenador Mario Castaño Pérez, bajo el grupo conocido como «Las Marionetas». Según el expediente fiscal, el primer grupo de senadores era el de Mario Alberto Castaño, líder de esta organización delincuencial, y formarían parte de esos beneficios recibidos por la gestión de recursos de un contrato interadministrativo de 2021 por un valor de 22.000 millones de pesos, en el que se vieron beneficiados Juan Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez y Juan Felipe Lemos.
El ente investigador indicó tener grabaciones en las que se escucha al exdirector del DPS comprometerse con los congresistas a crear unas «bolsas de recursos» y, para evitar cualquier registro, les prohibió ingresar a su oficina con los teléfonos celulares. «No hablaban, se comunicaban escribiendo en hojas de cuaderno que inmediatamente botaban», explicó la Fiscalía.
Sin embargo, en agosto de 2025, la Corte Suprema de Justicia decidió no investigar a los senadores Carlos Fernando Motoa, Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg y Juan Felipe Lemos por el escándalo de «Las Marionetas». La Sala Especial de Instrucción acogió los argumentos de la defensa y concluyó que no existían pruebas que comprometieran a los congresistas en actos ilícitos relacionados con manipulación de contratos o desvío de recursos públicos.
¿Cómo es posible que la Fiscalía tenga grabaciones y testimonios, pero la Corte considere que no hay pruebas suficientes? Esta es la misma pregunta que millones de colombianos se hacen cada vez que ven cómo la justicia protege a los poderosos. Lemos celebró la decisión como un «triunfo de la verdad». Mientras tanto, continúa consolidando su poder en la Comisión Cuarta del Senado, donde ha sido clave en reformas tributarias y adiciones presupuestales.
Juan Felipe Lemos busca su quinta reelección consecutiva. Su maquinaria sigue intacta.
Alfredo Deluque: El Heredero del Clan Guajiro Condenado
Hijo del exgobernador condenado por corrupción, construyó su carrera con alianzas de políticos investigados y clanes cuestionados
Alfredo Deluque Zuleta es el hijo de Hernando Deluque, exgobernador de La Guajira condenado por irregularidades en la contratación de obras públicas cuando fue gobernador entre 2001 y 2003, por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El padre fue condenado a nueve años de prisión y multado con $142 millones de pesos.
El hijo heredó el apellido, la maquinaria y las alianzas. Para las elecciones de 2022, Alfredo Deluque dio el salto al Senado con el apoyo de dos listas: la de La U y la de Colombia Renaciente, que impulsan viejos poderes cuestionados de La Guajira: el exgobernador condenado por corrupción Wilmer González, el exsenador Jorge Ballesteros, que lidera un clan cuestionado, y el exalcalde de Barrancas Jorge Cerchiaro, quien llegó con el grupo de su primo Francisco «Kiko» Gómez, exgobernador condenado por homicidio.
Wilmer González fue condenado en 2022 por falsedad en documento privado, fraude procesal y corrupción al sufragante cuando fue elegido gobernador en 2016. Su triunfo electoral estuvo mediado por la entrega de mercados, chivos, transporte y refrigerios. Jorge Ballesteros es la cabeza de un clan político que ha ido en decadencia tras la condena por corrupción de su hijo, el exgobernador José María Ballesteros, quien en 2014 se apropió de dineros públicos de un convenio para la prevención del dengue.
Pero la historia de Deluque no termina ahí. Durante años manejó a su antojo el Instituto de Bienestar Familiar en La Guajira, siendo responsable directo de la muerte de miles de niños por desnutrición en toda la región. Sus alianzas con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y su estrecha relación con el reconocido excontrabandista y narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias «el hombre Marlboro», son de conocimiento público. Con él fundó y lideró durante años un movimiento político llamado «Nueva Fuerza Guajira».
Alfredo Deluque busca reelegirse. Su maquinaria sigue operando en La Guajira, donde la desnutrición infantil sigue matando mientras los recursos públicos se desvían hacia las cuentas de los mismos clanes de siempre.
Juan Carlos Garcés: Salpicado por el Escándalo de la UNGRD
Beneficiado con contratos por 27.000 millones de pesos en el entramado de corrupción más grande del gobierno Petro
El senador Juan Carlos Garcés fue mencionado por María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).
Según las investigaciones, Garcés se habría beneficiado con un contrato en el Valle del Cauca por 13.000 millones de pesos. Adicionalmente, se le habría entregado otro por 14.000 millones de pesos. Esto significa que mientras colombianos perdían sus casas en emergencias, congresistas como Garcés negociaban la asignación de contratos millonarios para sus regiones a cambio de votos favorables al gobierno.
El escándalo de la UNGRD es el mayor caso de corrupción destapado en el gobierno de Gustavo Petro, involucrando a ministros, exministros, congresistas y contratistas en un entramado de desvío de recursos destinados a atención de desastres. Garcés es uno de los senadores señalados de haber negociado su apoyo político a cambio de contratos.
Y aun así, busca reelegirse. Porque en Colombia, aparecer en un escándalo de corrupción no es un impedimento electoral. Es una credencial de poder.
Julio Elías Vidal: El Hermano del «Ñoño» Elías Investigado por Tráfico de Influencias
Presionó nombramientos en la DIAN mientras su hermano cumplía condena por corrupción con Odebrecht
El senador Juan Julio Alberto Elías Vidal es el hermano de Bernardo «Ñoño» Elías Vidal, condenado dos veces por su papel en el caso de corrupción de Odebrecht y que estuvo en prisión desde 2017. Mientras su hermano purgaba condena, Julio construía su carrera política en el Senado.
Desde febrero de 2024, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema mantiene una investigación preliminar sobre un grupo de congresistas señalados por el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes por el delito de tráfico de influencias, al intentar presionar nombramientos de funcionarios en la DIAN.
Los congresistas habrían recomendado personas para ocupar cargos clave en ciudades como Riohacha, Sincelejo, Montería, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Leticia, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Armenia, Barrancabermeja, Puerto Inírida y Pereira. Según reveló el programa El Reporte Coronell, estas solicitudes serían estratégicas, buscando ubicar directores en los puertos marítimos del país, luego de que se revelara el escándalo de Diego Marín, conocido como «Papá Pitufo».
El apellido Elías es sinónimo de corrupción en Colombia. Bernardo «Ñoño» Elías fue uno de los principales operadores de Odebrecht en el país, condenado por sobornos millonarios y tráfico de influencias. Su hermano Julio busca reelegirse mientras la investigación por presionar nombramientos en la DIAN avanza con la lentitud característica de la justicia colombiana.
José Alfredo Gnecco: El Clan que Pagó para Dilatar Procesos
Presionó nombramientos en la DIAN mientras su Investigado por pagar $150 millones al exfiscal Luis Gustavo Moreno para proteger a su padre condenado por corrupción
El «Clan Gnecco» del Cesar tiene un historial significativo de investigaciones por corrupción y vínculos con grupos paramilitares y narcotráfico. Su padre, Lucas Gnecco Cerchar, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por diversos delitos de corrupción.
En marzo de 2023, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra José Alfredo Gnecco por haber pagado presuntamente 150 millones de pesos al exfiscal Luis Gustavo Moreno para dilatar un proceso penal que se adelantaba contra su padre, Lucas Gnecco, por corrupción.
Adicionalmente, se le vincula con un escándalo mayor en la Corte Suprema, donde se investiga si un magistrado de la Sala de Instrucción, Francisco Farfán, filtró información confidencial (como interceptaciones telefónicas) al clan Gnecco, advirtiéndoles de las investigaciones en curso.
En 2022, un caso por presunta compra de votos que involucraba al senador Gnecco fue archivado por la Corte Suprema. Sin embargo, tras el escándalo de la filtración, se ordenó desarchivar esta investigación y reexaminar las pruebas.
José Alfredo Gnecco sigue siendo objeto de investigaciones activas por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Y busca reelegirse, porque en el Cesar, como en tantas otras regiones de Colombia, el apellido y el control territorial valen más que la ética o la honestidad.
Antonio José Correa: Del PIN a La U, Pasando por «La Gata»
Acusado por concierto para delinquir, concusión, tráfico de influencias e interés indebido en contratos
En agosto de 2023, la Sala Especial de Instrucción acusó al senador Antonio José Correa por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Los hechos están relacionados con la suscripción de convenios interadministrativos de los municipios de El Peñón (Bolívar) y Santa Cruz de Lorica (Córdoba) con Coldeportes, los cuales tuvieron origen en los denominados cupos indicativos.
La Sala encontró que presuntamente se habría orquestado un entramado de corrupción para adjudicar esos millonarios contratos, haciendo exigencias de dinero a los contratistas, sumas que habrían sido entregadas al congresista Correa. Dentro de la investigación se expone que el entonces senador habría exigido el 12 por ciento del valor de las licitaciones adjudicadas.
En junio de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema dejó en firme el rechazo a la solicitud de nulidad que presentó el senador Antonio José Correa, con la cual buscaba «tumbar» el juicio en su contra alegando vulneraciones al debido proceso.
Correa inicialmente fue senador del desaparecido partido PIN y nació como político en el seno del grupo de la criminal Enilce López «La Gata». Se señala que mantuvo relación cercana con su hijo: el exalcalde magangueleño Jorge Luis Alfonso, condenado por homicidio.
Antonio José Correa busca reelegirse. Es un aliado informal del petrismo en el Congreso, lo que demuestra que la corrupción no tiene color político: tiene apellidos, redes y complicidades que atraviesan todo el espectro ideológico.
La Impunidad como Sistema: Por qué estos políticos siguen en el juego
El caso del Partido de La U no es una anomalía. Es el reflejo de un sistema político diseñado para proteger a quienes lo controlan. Mientras la justicia avanza con lentitud deliberada, estos políticos consolidan sus maquinarias, reparten contratos, cooptan instituciones y compran votos.
El aforamiento de congresistas, la lentitud de los procesos judiciales, la complicidad de sectores de la justicia y el escudo de la burocracia crean un blindaje perfecto. Como señala el profesor Alejandro Nieto en su libro «El desgobierno de lo público», el Estado colombiano no está gobernado en favor de los ciudadanos, sino que ha sido secuestrado por una clase política que actúa como una casta parasitaria.
La corrupción no es un problema de casos aislados. Es una práctica sistemática integrada en el funcionamiento del Estado. La politización de la administración, la falta de control y rendición de cuentas, y la inflación normativa crean un escenario donde la impunidad es la norma.
El Círculo Vicioso: Resignación ciudadana e indiferencia
Mientras los gobernantes gozan de impunidad casi total, la sociedad colombiana ha mostrado una preocupante pasividad ante los abusos del poder. La indignación es efímera, limitada a manifestaciones esporádicas o quejas en redes sociales. La acción política real es inexistente.
La idea del «todos son iguales» ha calado hondo, generando desconfianza absoluta hacia cualquier alternativa. El miedo también juega un papel clave: muchos ciudadanos temen las repercusiones de enfrentarse al poder, ya sea en el ámbito laboral, social o judicial.
Quien controla el miedo de la gente se acaba adueñando de su alma. Y estos políticos lo saben. Por eso invierten en maquinarias electorales que no solo compran votos, sino que compran silencio, resignación y complicidad.
La pregunta que nadie se atreve a responder
¿Cómo es posible que nueve senadores con investigaciones activas por corrupción busquen reelegirse sin ninguna vergüenza? La respuesta es simple y brutal: porque pueden. Porque el sistema se lo permite. Porque la justicia es lenta para los poderosos y rápida para los débiles. Porque la ciudadanía, cansada y resignada, prefiere mirar hacia otro lado.
El Partido de La U no es el problema. Es el síntoma de una enfermedad sistémica que atraviesa todas las instituciones colombianas. Mientras no se elimine el aforamiento, mientras no se fortalezca la independencia judicial, mientras no se implementen auditorías independientes y se proteja a los denunciantes, este ciclo se repetirá cada cuatro años.
La corrupción no solo se denuncia. Se disecciona. Y lo que encontramos al abrir el cuerpo del Partido de La U es un sistema putrefacto, sostenido por la impunidad, alimentado por la compra de votos y protegido por una justicia que mira hacia otro lado.
Estos políticos no aspiran a gobernar. Aspiran a perpetuar su control sobre los recursos públicos. Y lo peor de todo es que probablemente lo lograrán, porque en Colombia, la memoria es corta, las alianzas son pragmáticas y el voto se compra con un mercado, un techo de zinc o la promesa de un empleo público.
La pregunta no es si hubo corrupción. La pregunta es si vamos a seguir permitiéndola.
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