La Contraloría General de la República revela desvíos millonarios en el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
La Contraloría General de la República ha detallado 17 hallazgos fiscales en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) durante el año 2023, evidenciando presuntos escándalos de corrupción en el manejo de sus recursos. La auditoría financiera realizada por el organismo de control determinó una incidencia fiscal por un total de $84.898.866.209.
El hallazgo de mayor cuantía corresponde a la destinación indebida de recursos del Fondo al pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 e indemnización por interés a las cesantías, dispuesta en la Ley 52 de 1975, por $68.101.994.018. Este desvío ocasiona un detrimento fiscal, dado que los recursos del Fomag son de destinación específica, según lo estipulado en la Ley 1995 de 2019, artículo 57.
Otros hallazgos significativos incluyen el pago inoportuno de solicitudes de cesantías parciales y definitivas, así como fallos relacionados con sanción mora y pensiones, resultando en sanciones moratorias por $8.991.067.608 y en intereses moratorios por $3.419.184.418 debido al incumplimiento de los términos establecidos en los artículos 177 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.C.A.) y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Adicionalmente, se identificaron pagos de mesadas pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de docentes y beneficiarios por $89.629.864 y pagos indebidos de mesadas pensionales a docentes y beneficiarios residentes en el exterior, con certificados de supervivencia vencidos, por $3.716.036.876.
En el ejercicio de control fiscal, la Contraloría determinó la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Fomag, y las entidades territoriales. Estos hallazgos reiteran la ineficiencia de la Fiduprevisora y del Fomag en la administración de recursos públicos, así como el grado de corrupción que puede involucrar a funcionarios de todos los niveles dentro de estas entidades.
El año pasado, en una auditoría correspondiente a 2022, la Contraloría ya había encontrado hallazgos fiscales por $125.000 millones debido al pago de intereses moratorios y a la cancelación inoportuna de facturas de servicios médicos prestados al Magisterio. De estos, $116.104 millones correspondieron a intereses moratorios por el impago de facturas de servicios médicos para los profesores, especialmente en la región Caribe. Además, se identificaron sanciones moratorias por $6.706.249 millones debido a pagos inoportunos de cesantías en la vigencia 2022, según Fiduprevisora, por problemas en el Datacenter y moras compartidas y exclusivas entre Fiduprevisora y las entidades territoriales.
El Fomag es una de las entidades bajo la lupa del presidente Gustavo Petro, quien ha denunciado una red de corrupción en su interior junto a la Fiduprevisora. La Contraloría General de la República ha ratificado que las irregularidades y deficiencias encontradas demuestran la necesidad de una intervención urgente y profunda para erradicar la corrupción y garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos destinados al Magisterio.
