Coca-Cola lleva 39 años pagando centavos por litros de agua que vende a miles de pesos, mientras La Calera se queda seca. ¿Casualidad o sistema diseñado para el saqueo?

¿Cuánto cuesta el agua que bebes? Probablemente más de lo que Coca-Cola paga por ella. Mientras los habitantes de La Calera, Cundinamarca, racionan cada gota y cargan baldes en plena sequía, la multinacional extrae 3,23 litros por segundo de siete manantiales —suficiente para abastecer 6.898 viviendas al año— por un precio que hace sonrojar: apenas 0,9 centavos de dólar por metro cúbico. Para que te hagas una idea: pagas más caro el plástico de la botella que el agua que contiene.

Esta no es una historia sobre una empresa que «hace las cosas mal«. Es la radiografía de un sistema diseñado para que el saqueo de recursos naturales sea perfectamente legal, rentable y —aquí está el genio perverso— difícil de cuestionar sin que te acusen de «enemigo del empleo«. Bienvenidos al manual de cómo privatizar lo público mientras todos aplauden.

La Red Subterránea que Sostiene el Privilegio

Cuando hablamos de concesiones de agua, no hablamos de contratos transparentes entre iguales. Hablamos de un entramado legal que perpetúa una pregunta incómoda: ¿por qué las multinacionales pagan menos por los recursos naturales que cualquier ciudadano por sus servicios básicos?

La concesión de Coca-Cola en La Calera funciona desde 1984. Cuarenta años en los que la empresa ha captado agua a un costo ridículo establecido por el mismo Ministerio de Ambiente que supuestamente protege estos recursos. En 2023, pagaron 17 centavos por cada litro extraído. Hagamos cuentas: con 1,65 millones de metros cúbicos al año, hablamos de apenas 34 millones de pesos en una década.

Para ponerlo en perspectiva: eso es menos de lo que paga una familia de clase media en servicios públicos en cinco años. Mientras tanto, la embotelladora vende cada litro embotellado a un precio que supera por cientos de veces lo que pagó por él.

Y aquí viene lo verdaderamente revelador: este no es un «error» del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado.

La CAR Cundinamarca, como autoridad ambiental, lleva casi un año estudiando si renovar o no la concesión por 10 años más. ¿El problema? Que mientras «estudian», la empresa sigue extrayendo agua con la misma concesión vencida desde diciembre de 2024. Porque claro, la ley les permite continuar operando mientras llega la «decisión definitiva». ¿Conveniente, no?

Coca-Cola está tapando con cemento varios manantiales en La Calera, según denuncia María del Mar Pizarro: “Todo con vista gorda de las autoridades”.

Los Dueños del Agua (que nunca la bebieron)

La embotelladora INDEGA S.A., adscrita a Coca-Cola, no es solo una empresa más. Es parte de una red transnacional que ha perfeccionado el arte de extraer recursos públicos con el paraguas de la «generación de empleo«. Y funciona. Cada vez que alguien cuestiona la concesión, aparece un coro de empleados, vecinos y «expertos» defendiendo a la empresa. No por maldad, sino porque efectivamente es fuente de trabajo en una región con pocas opciones.

Este es el genio del sistema: crear una dependencia tan profunda que cuestionar el saqueo se convierta en un acto «contra los trabajadores«. Es la misma lógica del narcotráfico: el capo es malo, pero da empleo.

La CAR Cundinamarca, dirigida por Alfred Ballesteros, se encuentra en una encrucijada política. Por un lado, la presión ciudadana y de organizaciones ambientalistas que exigen suspender la concesión. Por otro, el poder económico de una multinacional y el argumento del empleo. ¿Resultado? Estudio tras estudio, audiencia tras audiencia, mientras el agua sigue fluyendo hacia las botellas.

Y luego está el Ministerio de Ambiente, esa entidad que supuestamente define las tarifas por uso de recursos naturales. ¿Cómo es posible que cobren menos por el agua que por una multa de tránsito? Porque las normas las escriben los mismos que se benefician de ellas. O al menos, quienes creen que atraer inversión extranjera justifica entregar los recursos a precio de saldo.

El Costo de lo «Gratuito»

Mientras Coca-Cola extrae millones de litros, La Calera enfrenta una paradoja cruel: tiene agua para embotellar, pero no para beber. Los habitantes cargan baldes, hacen filas en tanqueros y racionan cada gota durante las sequías. ¿La razón? Según «expertos», no es culpa de la embotelladora sino de «asuntos estructurales» como la construcción desmedida.

Qué curioso. Siempre que hay un problema ambiental, la culpa es «estructural«, «multifactorial» o «histórica«. Nunca específica. Nunca señala responsables con nombre y apellido.

Pero hay más. En 2023, la CAR encontró que Coca-Cola había recubierto con cemento tres de los siete manantiales que explota. ¿El argumento? Que eran «estructuras de protección«. La realidad: alteraron el flujo natural del agua, destruyeron hábitats micro-acuáticos y secaron la vegetación ribereña. Cuando los pillaron, retiraron el cemento. Eso sí, el daño ya estaba hecho.

La congresista María del Mar Pizarro denunció el caso públicamente. ¿La respuesta de la CAR? Que ya habían ordenado retirar las estructuras y que estaban «evaluando» la magnitud del daño para «decidir» si sancionan o no. Mientras tanto, el proceso sancionatorio avanza al ritmo de una tortuga en huelga de hambre.

Este es el impacto oculto: no solo el agua que se llevan, sino los ecosistemas destruidos, las comunidades desplazadas de su fuente vital y el costo de oportunidad de lo que pudo hacerse con esos recursos si realmente se cobrara un precio justo.

Agua que fluye por una de las cajas de mampostería que recubren los manantiales bajo el control de Femsa, filial de Coca Cola en Latinoamérica.
Foto: El Espectador – Gustavo Torrijos

Por Qué la Impunidad es la Norma

La pregunta no es si Coca-Cola se está aprovechando de un sistema corrupto. La pregunta es: ¿quién diseñó el sistema para que esto fuera legal?

Las concesiones ambientales en Colombia están reguladas por el Decreto 1076 de 2015, que compila normas desde 1974. Normas escritas en una época donde «desarrollo» significaba entregar recursos naturales a empresas extranjeras a cambio de promesas de progreso. Cincuenta años después, seguimos con las mismas reglas.

El sistema permite que las concesiones se prorroguen automáticamente mientras la autoridad ambiental «estudia» la renovación. Pueden pasar años —el último trámite tardó ocho— y durante todo ese tiempo, la empresa sigue operando como si nada. No hay incentivos para decidir rápido, no hay sanciones por la demora, no hay consecuencias.

Y aquí está el corazón del problema: la impunidad no es un error del sistema, es una característica del sistema. Porque un sistema que permitiera consecuencias reales amenazaría los intereses de quienes lo diseñaron.

La CAR lleva nueve meses «estudiando» casi 50.000 archivos de la audiencia pública. ¿Alguien realmente cree que necesitan nueve meses para decidir si es justo que una multinacional pague centavos por agua mientras la población se queda seca? Por supuesto que no. Están calculando cuánto pueden estirar la decisión sin que explote el escándalo.

Cajas de mampostería ubicadas sobre los manantiales naturales de la cuenca en Tres Quebradas, en La Calera y que están bajo el control de Femsa, filial de Coca Cola en Latinoamérica
Foto: El Espectador – Gustavo Torrijos

LA PREGUNTA INCÓMODA

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos esperando que la CAR «tome una decisión» en 2026? ¿2027? ¿O asumimos que el sistema nunca va a cambiar mientras nosotros sigamos siendo espectadores pasivos?

La corrupción no siempre es un funcionario con un maletín de billetes. A veces es un marco legal que permite el saqueo con contrato firmado. A veces es una autoridad ambiental que «estudia» mientras los manantiales se secan. A veces es una sociedad que aplaude el empleo mientras regala sus recursos.

La pregunta no es si Coca-Cola seguirá extrayendo agua de La Calera. La pregunta es: ¿cuándo vamos a decidir que el agua vale más que las gaseosas?

Porque mientras sigamos creyendo que cuestionar estos abusos es «atacar el empleo«, seguiremos pagando caro por lo que debería ser un derecho: acceso al agua.

Y mientras tanto, alguien en alguna oficina corporativa está brindando con champán por otro año de concesión regalada. Con tu agua, por supuesto.


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