Adlai Stevenson Samper

@AdlaiSteven

¿Que factores provocan, en un territorio, desencadenantes sistémicos de corrupción? Esa pregunta premisa es fácilmente otorgable al departamento de Córdoba, situado en la llamada región Caribe de Colombia. No se trata de especulaciones, conjeturas e hipótesis. Es palpable realidad demostrable que inicia su relato con la fundación de Córdoba en 1952, segregándolo de las anquilosadas élites cartageneras de Bolívar, encerradas en sí mismas desde la colonia, totalmente alejadas de un vasto territorio del que se desprenderían el aludido Córdoba, Sucre y un proyecto en andas sobre La Mojana con capital Magangué.

El desprecio por esos territorios produjo que Córdoba tuviese condiciones propicias, por estar alejadas de grupos tradicionales de control, para recibir una oleada de inmigrantes árabes que le darían el actual matiz cultural, político y económico a ese departamento. Concentraron actividades en el comercio, terratenientes, ganaderos, educación y en el sector político sumándose a los apellidos tradicionales incluso creando lazos comerciales, económicos y familiares.

Hay un factor perturbador en el panorama y es la llegada; por vecindad, de finqueros del departamento de Antioquia que lentamente comenzaron una política de correr cercas y apropiación de baldíos. Además, la implosión del cartel de Medellín en la década de los 80 y el narcotráfico propició la llegada de los llamados paramilitares y autodefensas que precisamente nacieron allí con ese nombre bajo las órdenes de Salvatore Mancuso –de la élite monteriana— y los hermanos Vicente y Carlos Castaño.  

Esta organización de la década de los noventa produjo cambios sustanciales en la economía, el urbanismo, la tenencia de la tierra y sobre todo, en el poder político. Gran parte de su fortaleza las tuvo tras enconados combates con reductos del ELN y la FARC en torno al control de corredores estratégicos como el Nudo de Paramillo, donde hay mínima presencia del estado propiciando el desarrollo de economías ilegales que por supuesto; bajo diversos ropajes y artilugios, irrigan la economía del departamento.

La Familia Bechara

Este clan familiar se inició con Elías Bechara, un químico bacteriólogo que dotado de una perspicaz visión educativo fue fundador de la Universidad de Córdoba en 1962, es decir diez años después de constituido formalmente el departamento. Precisamente este centro educativo tuvo una terrible arremetida de las Auto Defensas Unidas de Colombia con el propósito de tomarse administrativamente ese centro de estudios. La campaña de terror se inicio con el asesinato de los profesores Aguilar, Álzate y Díaz; el amedrentamiento de estudiantes y directivos que culminó con el control total de la institución por parte de Salvatore Mancuso.

Triste historia académica. Elías Bechara decidió, con la experiencia acumulada en la Universidad de Córdoba, fundar la propia a la que le dio el nombre Universidad del Sinú en 1974, 12 años después de la primera y 22 años de constituido el departamento. Al fallecer el patriarca quedó en manos de sus hijas y allí empiezan unos singulares nodos de corrupción.

Esta es la historia de cómo el clan Bechara convirtió la educación superior en la perfecta fachada para el saqueo sistemático de recursos públicos, demostrando que en Colombia, fundar una universidad puede ser el negocio más rentable… si sabes cómo hacerlo.

La propuesta de valor aquí va más allá de los titulares sobre «otra familia corrupta». Se trata de entender cómo opera una red subterránea de poder que ha convertido a Córdoba en el laboratorio perfecto de la corrupción sistémica, donde cada institución —desde universidades hasta gobernaciones— funciona como una pieza más del entramado criminal.

El Mecanismo Expuesto: La Universidad como Lavadora de Dinero

Los Bechara y la universidad formaban parte de la derecha cordobesa. Uribe Vélez nombró a Ilse Moraima Bechara como comisionada de televisión sin conocer los intríngulis administrativos de tal función. También les regaló consulados. Su otra hija Mara Graciela fue involucrada por el aparato paramilitar en los procesos de Justicia y Paz por el apoyo recibido de Diego Fernando Murillo, el famoso don Berna, en sus aspiraciones de ser gobernadora en 2001.

A la larga las elecciones las ganó Juan Manuel “El Mono” López Cabrales, que sería acusado de parapolítico.  El premio de consolación fue ver a su hija Roxana Zuleta Bechara en los oropeles del concurso nacional de belleza en Cartagena. Roxana es hermana del actual gobernador de ese departamento Erasmo Zuleta Bechara.

Mara Graciela, madre del gobernador, una de las controladoras de la Universidad del Sinú y su hermana María Fátima fueron vinculadas a una investigación por apropiarse de recursos públicos. Fueron capturadas en medio de un operativo policial en su residencia del barrio El Recreo de Montería. La acusación guardaba relación con el robo de $7000 millones de pesos de regalías del departamento de Córdoba durante el período en la gobernación del delincuente, confesado por él mismo, Alejandro Lyons Muskus. Al final un juez de Soacha en 2018 dictaminó que no constituían peligro social y por tanto quedaron en libertad aunque vinculadas al caso.

En la presidencia de Juan Manuel Santos, Mara Graciela, del partido de la U, se presenta en 2011 de candidata a la alcaldía de Montería. Durante ese momento se acababa de aprobar el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011. Por ello tenía serios problemas ya que Mara Bechara era tía del representante Raymundo Méndez. Colateralmente, en un esquema de poder total de “los mismos con las mismas” en el departamento de Córdoba, Johnny Besaile candidato a la alcaldía de Sahagún, era hermano del representante Musa Besaile y la Carlos Elías, primo del senador Bernardo Elías Vidal, también aspiraba a la Alcaldía de Sahagún.

Los problemas penales de Mara Bechara

No fueron los únicos problemas penales de Mara Bechara. En el 2000 la Fiscalía de Cartagena la involucró en una investigación por el homicidio de Hugo Iguarán Cotes, candidato a rector de la Universidad de Córdoba. Eso sucedió durante la toma paramilitar integral de esa universidad. Posteriormente, cuando se presentó de candidata en el 2011 a la alcaldía de Montería, los testimonios de Freddy Rendón “El Alemán”, jefe del bloque Elmer Cárdenas de las AUC, la vincula como colaboradora política de su frente. Ante la develación publica de tal condición renunció a su aspiración a la alcaldía de Montería para apoyar la del conservador Carlos Correa Escaf. Mara Bechara apenas si pudo llegar a concejala formando, para ulteriores controles políticos, a su sobrino Raymundo y su hijo Erasmo, actual gobernador de Córdoba.

El poder aparece por todos lados emparentando con otras familias libanesas de la región. Su hija Roxana se casó con el exgobernador Edwin Besaile, destituido y condenado por su vinculación al “cartel de la hemofilia”», hermano de Musa Besaile y aliado político del Noño Elías. Mara regresa al coto familiar, la Universidad del Sinú en 2015 en condición de rectora. Fue la época de la detención dramática junto a su hermana María Fátima, recluidas en la cárcel El Buen Pastor.

Los negocios en que estaba involucrada junto a su hermana y la persona jurídica de la Universidad del Sinú fueron mampara montada para usar los recursos de regalías destinados a convenios de ciencia, tecnología e innovación. Fueron dos; exactamente y sumaban $9.575.213.000. Firmados y pagados en 2013 se ejecutaron parcialmente en el 2017.  El primero de estos contratos otorgados por el gobernador Alejandro Lyons era de $2.996.831.162. Se ejecutó en un 30%. El segundo contrato fue de $7.659.860.291. Se cumplió en un 40%.  La Universidad del Sinú por tales servicios incompletos cobró absolutamente todo.

Otro celebre escándalo público de Mara sucedió en el 2014. A su amigo gobernador Alejandro Lyons le recomendó, asunto estratégico de control, nombrar en la Dirección de Regalías a Jairo Zapa. Este demoró 7 meses en el cargo. El 27 de marzo de 2014 fue citado a una reunión con el contratista Jesús Henao a una vivienda del barrio La Castellana de Montería. Hasta allí llegaron sus rastros pues según testimonio de Joyce Hernández, un antiguo integrante del Bloque Centauros del AUC, fue asesinado en esa casa. Sus restos fueron encontrados en la finca La Milán, de propiedad de Alejandro Lyons de la Espriella, padre del gobernador que, vea que raro, estuvo preso 5 años por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Otros protagonistas del gran cartel de la corrupción de Córdoba

Al ex gobernador Alejandro Lyons, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó por el delito de concierto para delinquir agravado con pena principal de 5 años y 3 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término. El imputado confesó voluntariamente que había sido el promotor de un acuerdo criminal para disponer en su beneficio y de otros de los recursos públicos correspondientes a las regalías de Córdoba.

El caso Lyons se relaciona con el llamado Cartel de la Toga, un episodio de corrupción judicial en que estuvieron involucrados y condenados varios magistrados. El ex gobernador hizo un contacto con el ex magistrado Camilo Tarquino, presentado por una amiga de los dos, la ex parlamentaria Muriel Benito Rebollo. Se trataba de un pago de $20.000 millones para ser repartidos entre varios magistrados que intervenían con sus equipos de trabajo en estos procesos. Al ex magistrado Francisco Javier Ricaurte se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor; dos cohechos propios a título de interviniente; tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información oficial privilegiada a título de interviniente. Nada menos.

Otro episodio de corrupción judicial que involucró a un cordobés fue el del ex presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub por el delito de concusión en el caso del enorme, por sus características económicas, pleito de Fidupetrol. Al final argumentó problemas de salud para cumplir la reclusión de 10 años y 7 meses en la Brigada XI del Ejército Nacional.  Recientemente un audio que circuló en redes sociales lo presenta en una agria disputa en Cereté con un ganadero, con ofensas verbales de todo calibre, presentando un supuesto canje de vacas por sentencias judiciales.

Los nuevos Bechara

Regresemos a la familia Bechara. El hijo de Mara, Erasmo Zuleta (actual gobernador) decidió no buscar reelección el congreso, reemplazándolo en la curul su prima Saray Elena Robayo Bechara, hija de Ilse Moraima Bechara. Su experiencia administrativa incluía su paso por la Universidad del Sinú y de secretaría ejecutiva del ministro del interior Daniel Palacios, nombrado por Iván Duque que también, cosa rara en estos cuentos, tiene su particular enredo pues en 2021 se cuestionaron sus títulos académicos Máster en Seguridad Nacional de la Escuela de Gobierno John Kennedy de Harvard University.

No existía registro de Palacios en tal institución educativa. También era falso el hecho que hubiese cursado una Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales. En la estricta realidad académica Palacios solo tenía un Máster en Artes Liberales de la Harvard Extension School, una institución que ofrece programas educativos a distancia con una modalidad completamente virtual.  Todo un entramado de falsedades para justificar su permanencia e idoneidad como Ministro del Interior.

Saray, con la experiencia de secretaría ejecutiva de Daniel Palacios en el Ministerio, se presenta a la Cámara de Representantes, basada en los caudales electorales de los fortines políticos de los Bechara y Besaile sacando 116.000 votos, primera votación en el departamento de Córdoba, superando la de su primo Erasmo Elías.

Un reciente episodio sucedido durante la Feria Ganadera de Montería, presenta una fastuosa fiesta que; según algunos, costó $700 millones con destacados cantantes vallenatos y bandas de porro, ofrecido por el ultra corrupto Emilio Tapias, vinculado y condenado al Cartel de la Contratación de Bogotá y al affaire de internet Centros Poblados que, tras una providencial sentencia judicial, lo sacó de la cárcel en que purgaba condena en Barranquilla.

Tapias estaba emocionado con su nueva consorte, Saray Robayo Bechara y decidido a darle lustre de limpieza a una imagen pública de delincuente, se hizo entrevistar por la periodista —no lo parece, pero eso que lo juzgue la patria boba—Eva Rey en donde al alimón, los dos enamorados contaron sus aventuras sexuales con el trasfondo de las rejas. Pero la condición de Tapia, en vez de resultarle la astuta jugada de limpieza, le sucedió todo lo contrario pues casi que unánimemente, desde todas las vertientes políticas y sociales, los recriminaron.

Una cosa es develar asuntos íntimos en la bucólica Montería y otra meterle el dedo en la boca a todo el país.

Córdoba: una herencia maldita

La historia del clan Bechara es el retrato más nítido de la corrupción estructural: alianzas intergeneracionales, captura institucional, parapolítica y clientelismo elevado a estrategia patrimonial. El problema aquí no es solo moral, es estructural, como lo advierte Alejandro Nieto: el Estado colombiano ha sido secuestrado por mafias familiares que actúan como cárteles administrativos con impunidad garantizadaCorrupción estructural.

¿Y el Estado? Bien, gracias

No se conocen políticas eficaces de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia ni de los entes de control para desmontar este sistema. Los contratos se repiten, los mismos apellidos se reciclan, y los recursos siguen fluyendo hacia los mismos bolsillos. El Estado no solo ha sido cómplice; ha sido cómplice silencioso.

Una chispa de civismo: la revolución empieza desde abajo

Pero no todo está perdido. El cambio no comienza con reformas grandilocuentes, sino con actos pequeños pero poderosos. Cada ciudadano que se informa, que denuncia, que exige rendición de cuentas, está votando por una sociedad más digna. El civismo no es solo cortesía: es resistencia pacífica. Es la revolución que comienza cuando dejamos de aplaudir al corrupto y empezamos a educar al vecino.

La Máquina Sigue Funcionando

Hoy, mientras Erasmo Zuleta Bechara gobierna Córdoba y Saray Robayo representa al departamento en el Congreso, el sistema continúa intacto. Los mismos apellidos, los mismos métodos, los mismos resultados: más pobreza para la gente, más riqueza para los clanes.

La reciente fiesta de $700 millones en la Feria Ganadera no es solo ostentación. Es un mensaje: «Seguimos aquí, seguimos robando, y no hay nada que puedan hacer para detenernos».

¿Hasta cuándo Córdoba va a permitir que una familia convierta la educación superior en su empresa privada de lavado de dinero? ¿Hasta cuándo el país va a tolerar que las regalías destinadas al desarrollo se evaporen en cuentas bancarias de dinastías corruptas?

El sistema Bechara no es solo un caso de corrupción. Es la prueba viviente de que en Colombia, la educación, la política y la justicia pueden comprarse con el precio correcto. Pero también es la demostración de que la impunidad no es eterna. Solo necesita que la ciudadanía despierte y diga: hasta aquí.

La pregunta no es si los Bechara volverán a robar. Es si nosotros vamos a seguir permitiéndolo.

Qué ha pasado en la Fiscalía y algunos interrogantes

Han pasado casi ocho años y nada se sabe de este sorprendente caso de corrupción de las Bechara Castilla, directivas y dueñas de la Universidad del Sinú, en la Fiscalía General de la Nación.

¿Será que prescribir este proceso penal? ¿Será que la actual Fiscal Luz Adriana Camargo lo mueve y determina la verdad? ¿Qué ingerencias podría tener el actual Gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta en el Ente Acusador, en vista de que se declaró amigo del Gobierno?

Además, cabe hacer la siguiente reflexión: ¿Cuál es el futuro de la educación en la Universidad del Sinú de Córdoba, si, al parecer, el principio ético y moral de quienes manejan esa institución en la corrucpión? Este caso sigue…

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