La confesión que sacude los cimientos del poder colombiano
Cuando Salvatore Mancuso pronunció aquellas palabras frente al tribunal, el silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier reacción inmediata. «Esos crímenes fueron cometidos por nosotros en las autodefensas, en connivencia con el Estado. Obviamente, si hablamos de crímenes de Estado estamos hablando en el gobierno de ese entonces, del gobierno de la seguridad democrática, y fui enfático al expresarle a esa comisión que la política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella.«
No era solo una declaración. Era la disección en vivo de un sistema que durante años ha permanecido oculto bajo capas de negación institucional, discursos patrióticos y una cuidadosa gestión mediática.
El Mecanismo Invisible que sostuvo la «Seguridad Democrática»
Lo que reveló Mancuso no fue un simple acto de colaboración aislada entre agentes del Estado y paramilitares. Lo que describió fue un engranaje completo, una maquinaria perfectamente aceitada donde la violencia paramilitar no era la excepción sino la regla no escrita de una política pública presentada como exitosa ante los ojos del mundo.
La «seguridad democrática«, emblema del gobierno Uribe, se presenta ahora bajo una nueva luz: no como un logro de institucionalidad, sino como un pacto entre el Estado formal y un ejército irregular —las autodefensas— que ejecutaba lo que el primero no podía hacer abiertamente.
«¿Funcionó la política de seguridad democrática? Sí, pero no como nos contaron«, explica Carlos Medina, analista político especializado en conflicto armado. «Funcionó porque tenía un brazo ejecutor paralelo, uno que podía operar sin restricciones constitucionales, sin respeto a derechos humanos, sin rendición de cuentas democrática. Eso es exactamente lo que Mancuso está confirmando.«
La Red Subterránea que desafía la narrativa oficial
Durante años, la narrativa oficial ha buscado presentar los «falsos positivos» y otras violaciones a derechos humanos como «manzanas podridas» dentro de un sistema fundamentalmente sano. Lo que Mancuso plantea es exactamente lo contrario: estas violaciones no eran excepciones sino parte integral del diseño.
Esta red subterránea conectaba despachos gubernamentales con campamentos paramilitares, oficinas de inteligencia con fincas ganaderas, y bases militares con laboratorios de procesamiento de droga. El testimonio de Mancuso sugiere que estos no eran canales informales o excepcionales de comunicación, sino la estructura misma sobre la que se sostenía la política de seguridad.
«Lo verdaderamente aterrador es que mientras Colombia aplaudía la recuperación de la movilidad vial y la percepción de seguridad en las ciudades, el campo colombiano experimentaba una de las más brutales campañas de terror y desplazamiento jamás documentadas,» señala María Jimena Duzán, quien ha seguido de cerca estos procesos judiciales.
Impacto Oculto: Las víctimas como «daño colateral aceptable»
Mientras los índices oficiales mostraban mejoras en seguridad, miles de colombianos en regiones apartadas experimentaban exactamente lo contrario: desplazamiento forzado, masacres y desapariciones. El testimonio de Mancuso revela que estas víctimas fueron consideradas un «costo necesario» para la implementación de la política de seguridad.
«En cualquier país civilizado, una confesión como esta desencadenaría una crisis institucional sin precedentes,» comenta Helena Martínez, abogada de derechos humanos. «Estamos hablando de la articulación entre el Estado y grupos paramilitares para cometer crímenes atroces. Estamos hablando, en términos directos, de terrorismo de Estado.«
El verdadero impacto de esta revelación va mucho más allá del juicio a Uribe. Cuestiona la legitimidad misma de instituciones que siguen operando bajo los mismos principios y, en muchos casos, con los mismos actores que facilitaron esta «connivencia» denunciada por Mancuso.
Verdad Oculta: El pacto de silencio que sostiene el sistema
Lo más inquietante del testimonio de Mancuso no es solo lo que revela, sino lo que sugiere sobre el presente. Si esta alianza criminal operó con tal efectividad durante años, ¿qué garantiza que mecanismos similares no sigan funcionando hoy?
«El verdadero poder del testimonio de Mancuso radica en que evidencia no solo la complicidad de funcionarios específicos, sino un modelo operativo completo,» explica la politóloga Sandra Borda. «Este modelo se basa en la negación pública mientras se ejecutan políticas de exterminio en privado. Y lo más perturbador es que este modelo puede ser replicado sin necesidad de que los mismos actores estén involucrados.«
Lo que estamos presenciando es la punta del iceberg de un sistema que sigue operando en las sombras, adaptándose y evolucionando para mantener intactas sus estructuras de poder mientras cambia de rostros y discursos.
Punto de inflexión: Colombia ante el espejo de su historia reciente
Las palabras de Mancuso representan un desafío directo no solo para el expresidente Uribe, sino para toda la sociedad colombiana. Nos obligan a mirar de frente una época que muchos prefieren recordar con nostalgia selectiva, ignorando el costo humano que implicó.
«En cualquier democracia funcional, una confesión de esta magnitud sobre coordinación entre el Estado y grupos armados ilegales para cometer crímenes masivos llevaría a la movilización inmediata de todas las instituciones de control y justicia,» señala el constitucionalista Rodrigo Uprimny.
Sin embargo, en Colombia observamos un fenómeno perturbador: la capacidad del sistema para absorber incluso las revelaciones más explosivas, normalizarlas, y continuar como si nada hubiera cambiado. Es precisamente esta capacidad lo que Mancuso está desafiando con su testimonio.
El país se encuentra ahora en una encrucijada: enfrentar de una vez por todas la verdad sobre los mecanismos que realmente operaron durante la época de la «seguridad democrática«, o seguir pretendiendo que la versión oficial, cada vez más insostenible, puede mantenerse a pesar de la evidencia.
Lo que dijo Mancuso es, en efecto, sumamente grave en cualquier país civilizado. La pregunta que queda flotando es si Colombia está preparada para comportarse como tal, o si preferirá, una vez más, mirar hacia otro lado mientras las estructuras profundas del poder continúan operando en las sombras.
