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Autor: Santiago Sánchez


La tormenta que azotó Montevideo en la noche del 23 de agosto de 2005 es recordada por muchos como la más violenta de todos los tiempos. Diez uruguayos murieron, indefensos ante vientos de 200 kilómetros por hora que arrasaron con marquesinas de comercios, árboles, autos y hasta casas. Los más futboleros también recuerdan que esa noche le puso fin al viejo tablero electrónico de la Tribuna Colombes del Estadio Centenario, que tras 25 años cayó destrozado en el Parque Batlle.

Hubo que esperar tres años y casi cuatro meses para que el estadio, que es monumento del fútbol mundial y sede de la selección uruguaya, volviera a tener un nuevo tablero. A diferencia del anterior, tenía colores y funcionaba como un auténtico televisor gigante de última generación, que permitía ver el partido en vivo, los goles y las repeticiones. Su instalación costó 600 mil dólares y fue una donación del gobierno de Venezuela, que se concretó tras la Copa América celebrada en ese país en 2007.

Fue una mínima parte de la solidaridad de Hugo Chávez con Uruguay. No por casualidad, el expresidente José Mujica lo definía como “el gobernante más generoso”. La relación que comenzó con el impulso del fallecido presidente supuso negocios millonarios que incluyeron extensos capítulos de ventas de petróleo en condiciones muy accesibles para Uruguay, generosas exportaciones al país caribeño con un tipo de cambio preferencial y la colaboración para la recuperación de empresas fundidas.

El tablero electrónico donado por el gobierno de Venezuela en 2008 | Foto: Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Uruguay.

Con el auge de los negocios se multiplicaron las denuncias por la escogencia discrecional de compañías que atendían contratos con empresas públicas venezolanas y, más tarde, por deudas jamás honradas con recursos que parecieron disiparse. La actuación de intermediarios con contactos con el gobierno de Venezuela dio origen a dos causas judiciales que descartaron fiscales uruguayos con el alegato de que las autoridades venezolanas eran las últimas responsables de las decisiones sobre los negocios.

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Más allá de los acuerdos oficiales, se entablaron bajo la mesa contactos para ofrecer discretos refugios a los capitales. Un hijo de un expresidente uruguayo usó los servicios de Mossack Fonseca, la firma de los Panama Papers, para abrir empresas off shore en un intento no cristalizado de recibir comisiones por servicios prestados ante empresas que comerciaban con el gobierno de Venezuela. Un banquero uruguayo fue acusado por un fiscal estadounidense de ofrecer a un grupo de venezolanos una estructura para lavar dinero procedente de uno de los mayores desfalcos perpetrados contra la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El cuadro fue documentado para Chavismo INC., investigación en alianza entre Transparencia Venezuela y la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y la Alianza Rebelde Investiga, en la que han participado periodistas e investigadores basados en Venezuela, Estados Unidos, España, Argentina, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, y República Dominicana. Del proceso se ha generado una base de datos con la información de procesos judiciales, ejecutivos y parlamentarios relacionados con personas e instituciones que tuvieron contacto con recursos públicos venezolanos en las últimas dos décadas en el mundo.

Un engranaje destaca entre todas las rutas de circulación de dinero en Uruguay. Es la filial local del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), que ha sido clave en los lazos políticos y económicos binacionales. En los últimos años la institución venezolana y su subsidiaria han estado bajo el escrutinio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que primero aplicó sanciones a miembros de su directorio y luego a la institución por considerarles vehículos de la corrupción. Las medidas han sido rechazadas por el gobierno del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, que las considera un intento de socavarle.

Un expediente tormentoso

La casa matriz del Bandes se fundó en Venezuela en 2001 cuando Chávez tenía dos años en el poder. La institución ganó pronto reputación por sus nexos con casos de corrupción. La exvicepresidenta de Finanzas del banco, María de los Ángeles González fue condenada en Estados Unidos luego de confesar que había conspirado para crear un esquema de lavado de dinero en 2009. Cuatro años más tarde, Maduro admitió que funcionarios del banco habían perpetrado un desfalco de más 85 millones de dólares al Fondo Chino Venezolano, que manejaba la institución y que recibía aportes de los préstamos de la nación asiática para apalancar proyectos de desarrollo.

Bandes llegó en 2006 a Uruguay al comprar la cartera de activos y pasivos de cooperativa Cofac, la última institución financiera víctima de la crisis económica de Uruguay de 2002, que hirió gravemente al sistema bancario. Desde entonces, la lupa sobre sus operaciones se ha mantenido. En un principio por la gestión de los fideicomisos para impulsar los negocios binacionales, y más recientemente por las fluctuaciones de sus fondos en el contexto de las sanciones estadounidenses, que no son ratificadas por organismos internacionales ni se aplican en Uruguay, pero impactan la institución.

La filial del Bandes en Uruguay fue inaugurada en 2006 y fue clave en los engranajes de circulación de fondos entre ambos países | Foto: Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Uruguay.

El 5 de febrero de 2019, un mes después que Juan Guaidó fue elegido como presidente encargado de Venezuela por la Asamblea Nacional, el diputado opositor venezolano Carlos Paparoni aseguró que una transferencia de 1.200 millones de dólares para el gobierno de Maduro había logrado ser frustrada gracias a gestiones diplomáticas. El dinero, según dijo durante una sesión parlamentaria, sería movilizado por funcionarios de la embajada en Lisboa y llegaría a cuentas del Bandes Uruguay y el Banco de la República Oriental del Uruguay desde el Novo Banco, heredero del extinto Banco Espírito Santo también vinculado a operaciones financieras del chavismo.

El 21 de febrero el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Alberto Graña, negó que haya existido la operación durante una visita a la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Representantes. “La forma de enterarnos si eso ocurre es a través de los mensajes de transferencias bancarias, que son los mensajes Swift. Ningún mensaje Swift llegó en ningún momento al BCU”, afirmó en la misma línea de la respuesta del gobierno de Maduro.

En la sesión se deslizó otro dato, menos llamativo, pero avalado por las autoridades del banco central: la duplicación de los depósitos de los no residentes en Uruguay desde 2018, una información que había sido publicada por el diario El Observador el 7 de febrero. El asesor jurídico del banco, Juan Pedro Cantera, la confirmó y precisó que el aumento había sido de 53 a 96 millones de dólares, principalmente en cuentas de personerías jurídicas de entidades públicas y no públicas.

Cantera atribuyó el salto al efecto de las listas publicadas por el gobierno de Estados Unidos con nombres de posibles infractores de las leyes locales contra el lavado de activos. En julio de 2017, por ejemplo, el entonces presidente del banco, Simón Zerpa Delgado, una de las fichas claves del equipo de finanzas de Maduro, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro. En palabras de un director del BCU, medidas como esas seguramente generaron al gobierno de Maduro “la necesidad de incrementar su tráfico financiero con Uruguay” para suplir el que ya no podían hacer a través de Estados Unidos debido a que los bancos corresponsales habían dejado de prestar servicios por las sanciones.

En marzo de 2019 la OFAC anunció la suspensión de la licencia del Bandes en Estados Unidos. La decisión afectó las “cuatro instituciones financieras adicionales que el Bandes posee o controla”, entre ellas la filial de Uruguay y Prodem, subsidiaria en Bolivia. En el comunicado en el que Steven T. Mnuchin, secretario del Tesoro, anunció la medida se recordó el episodio que las autoridades del BCU negaron: “Maduro intentó mover más de mil millones de dólares de Venezuela a través de Bandes a su filial en Uruguay”.

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Las sanciones imposibilitaron hacer transacciones al exterior a través de la institución, un factor que puede explicar la baja de depósitos que ocurrió en el Bandes Uruguay a partir de 2019, dijeron dirigentes del gremio bancario para este trabajo. ¿Cómo evolucionó el flujo de dinero desde ese año? Para abril de 2020, según reportes del BCU, los depósitos de los no residentes en moneda extranjera se habían desplomado hasta llegar a aproximadamente 46 millones dólares, el nivel más bajo en muchos años.

En su momento, el Bandes anunció que sus operaciones locales seguirían con la mayor normalidad. Hoy en el gremio bancario hay satisfacción de que continúe funcionando, que no haya habido una corrida bancaria y que los cerca de 200 trabajadores conserven sus empleos. Xabier Anchustegui, otra ficha clave de Maduro en el manejo de las finanzas, está al frente de la institución en Uruguay y en Venezuela.

El banco ha seguido recibiendo acusaciones estadounidenses: la última atribuye a la casa matriz haber facilitado ventas de oro a través del empresario de origen colombiano Álex Saab, a quien el gobierno de Maduro identifica como un agente oficial, pero que está acusado de encabezar un esquema de lavado de dinero. Para este trabajo se envió a la sede central del Bandes en Caracas un cuestionario que no fue contestado al cierre de esta entrega.

Más allá de los planes iniciales

Cuando se lanzó la sucursal del Bandes Uruguay, el entonces presidente de la institución, Edgar Hernández Behrens, militar retirado que acompañó a Chávez en el intento de golpe de 1992, dijo cuáles eran los planes: “La estrategia en Venezuela que queremos aplicar allá también es atender con prioridad a los pequeños empresarios, la pequeña y mediana empresa e industria y sobre todo a los sectores productivos, agrícola, industrial, de servicios, del turismo”.

En los hechos la institución fue mucho más allá. El nuevo banco terminaría siendo el principal canal de pago para la primera tanda de acuerdos comerciales que ambos países concretaron y terminaron siendo investigados por la justicia. El primer ejemplo de eso fue el rol de la institución en el Fondo Bolívar Artigas, fideicomiso cuya creación fue firmada un año después de la apertura del banco por los gobiernos de ambos países. Ese fideicomiso se financiaría con parte del dinero de la compra de petróleo venezolano, a través de 12 por ciento de los pagos de Ancap -la petrolera estatal uruguaya- a Pdvsa. Ese dinero se depositaría en dos cuentas bancarias, una de ellas en el Bandes, y se destinaría a financiar un futuro intercambio de bienes y servicios con Uruguay. Pdvsa le cobraba 75 por ciento del suministro de crudo a 90 días, mientras que el restante 25 por ciento se pagaba a 15 años con un interés de 2 por ciento anual, condiciones semejantes a las ofrecidas a otras naciones de Centroamérica y el Caribe por Chávez.

La inauguración de la filial del Bandes en Uruguay fue muy concurrida | Foto: Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Uruguay.

El fondo creado fue utilizado para invertir dinero en instituciones y proyectos del Uruguay, según una serie de convenios firmados durante una visita de Chávez a Montevideo en diciembre de 2005. El semanario Brecha en 2007 describía las inversiones venezolanas: 10 millones de dólares para el Hospital de Clínicas; 7 millones por la compra anticipada de etanol a lo que terminó siendo Alcoholes del Uruguay, una subsidiaria de Ancap y 10 millones de dólares para UTE, la empresa de energía eléctrica estatal monopólica de Uruguay. Además financiaba las exportaciones uruguayas a Venezuela: 2,1 millones de dólares en medicamentos, 59 millones en tecnología informática, 6,2 millones en ganado vacuno y 46 millones en casas prefabricadas. También surgió de allí un aporte financiero de 5 millones de dólares para solventar empresas que se habían fundido y luego fueron “recuperadas” y autogestionadas por sus trabajadores. Según el semanario, ese año había proyectos por 276 millones de dólares, y ya se habían ejecutado 137 millones, pero algunos de los negocios ya habían generado episodios de “corrupción” que obligaron a su suspensión.

Esos presuntos episodios llevaron al entonces diputado del Partido Colorado Washington Abdala a realizar en 2008 una denuncia penal.

En base a un artículo publicado por Brecha, Abdala sostenía que el fondo había quedado “desvirtuado”, ya que en él predominaron negocios de empresas particulares. “Siempre que se obtuviera la autorización del organismo estatal y la orden de pago de Pdvsa era posible anudar negocios sin la necesidad de licitaciones, con el acceso rápido al dinero, exonerado de impuestos y al margen de los controles sobre manejo de divisas que imperan en Venezuela”, citaba el artículo el diputado, para luego consignar que “en Venezuela quien decide la compra de los productos es el Estado, o sea que solo desde allí se pueden concretar estos negocios”.

Concretamente, la denuncia apuntaba a que tres empresas privadas estaban siendo financiadas por el 90 por ciento de los fondos de las cuentas del fideicomiso, y una de ellas involucraba al hijo del entonces presidente Tabaré Vázquez, Javier Vázquez. La firma que asesoraba, Artech, le vendió tecnología Genexus a la Corporación Venezolana de Guayana-Telecom por 59 millones de dólares.

Los otros dos vinculaban la venta de vacas preñadas y de casas prefabricadas. Ambos negocios tenían como gestor en Venezuela a Norberto Barcos, que según decía Abdala en base a las versiones de prensa, “contaba con buena entrada en el gobierno venezolano por lo que pudo impulsar ambos negocios tan distintos entre sí”. A su vez, la venta de casas prefabricadas terminó cuestionada por la Contraloría venezolana por fallas en su ejecución. Estaba a cargo de una empresa llamada Umissa, señalada por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua de Uruguay de tener una vinculación con Guido Antonini Wilson. Al final de su denuncia, Abdala sostenía: “Los negocios y acuerdos que se concretan generalmente con Venezuela – se estima– se los realiza sin explicaciones y sin los mecanismos licitatorios básicos que las normas imponen”.

El expresidente José Mujica dijo que Hugo Chávez era “el gobernante más generoso” | Foto: Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Uruguay.

Su recurso judicial no fue a buen puerto. En los últimos días del primer mandato de Vázquez, en febrero de 2010, el juez penal de 3° Turno Sergio Torres hizo lugar al pedido de archivo del fiscal Juan Gómez, y clausuró la causa. Según consignaba el diario La República en ese entonces en base al dictamen de Gómez, de la “simple” lectura del documento de creación del fideicomiso “debe concluirse sin ningún tipo de dudas, que no ha tenido ni tuvo que ver el gobierno uruguayo con la administración y funcionamiento del Fondo Bolívar-Artigas”. Esto dejó de lado “toda posibilidad de tráfico de influencias referidas a la operativa de ese fondo, al no ser posible que se verifique influencia decisiva, sobre un funcionario público uruguayo, tanto para retardar u omitir un acto o para ejecutarlo contrario a derecho”, argumentaba Gómez. Además, sostenía que el asesoramiento de Javier Vázquez “a empresas que vendieron equipamientos y servicios para organismos y empresas estatales de Venezuela se inscribe dentro de su actividad profesional regular, que cumple desde muchos años antes a la asunción de su padre como Presidente de la República”, por lo que no se puede acreditar que “hubiere usufructuado de ningún privilegio por su relación de parentesco, ni usufructuado de organismos estatales para la prestación de servicios profesionales a las empresas privadas, con las cuales trabajaba desde épocas muy anteriores al año 2005″.

A raíz de los Panamá Papers, el semanario Búsqueda publicó en 2016 que Javier Vázquez había abierto por intermedio de dos empleados dos sociedades anónimas off shore a través del estudio Mossack Fonseca en 2009: Conibel SA, inscripta en Islas Vírgenes Británicas, y Davidson Global Inc, en Panamá. Según dijo el propio Vázquez a ese medio, las creó para desarrollar dos proyectos en el extranjero, pero estos nunca se concretaron y las sociedades no llegaron a estar activas.

Dos años después el mismo semanario publicó –en base al análisis de un expediente judicial, de información de registros públicos y de documentos del bufete panameño Mossack & Fonseca filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung– que esas cuentas recibirían dinero de las empresas que había asesorado Vázquez en los negocios con Venezuela. No obstante, entre dos y cinco transferencias de hasta 300.000 dólares que esperaba recibir, nunca se concretaron.

En paralelo, el Fondo Bolívar Artigas se fue desfinanciando con el correr de los años. Para 2013 el fideicomiso apenas contaba con 943.000 dólares, cuando un año antes tenía 27,4 millones. En los estados contables del banco realizados por auditores independientes de los años siguientes ya no aparecen datos del fideicomiso.

Nuevas causas

El derecho de Venezuela a tomar sus decisiones fue lo que desarticuló el grueso de una nueva denuncia penal presentada en 2017 por el fallecido diputado nacionalista Jaime Trobo. El extinto legislador le pidió, primero al Parlamento y luego a la Justicia que se expidiera, entre otras cosas, sobre una serie de acuerdos concretados 2011 por el país caribeño y el gobierno uruguayo, que ya estaba en manos de José Mujica.

Esos acuerdos implicaron que una serie de actores privados uruguayos negociaran directamente con organismos públicos venezolanos sin que rigiera ningún proceso de selección, por lo que según Trobo, se vieron beneficiadas de los acuerdos.

Así, la empresa privada uruguaya Aire Fresco, se convirtió en el foco de la denuncia penal que hizo Trobo con otros legisladores. Los dos titulares de la firma fueron vinculados con el sector político de Mujica, el Movimiento de Participación Popular, e incluso contribuyeron al financiamiento de su campaña electoral por algo menos de 20.000 dólares. Aire Fresco había firmado acuerdos con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y con Suministros Venezolanos Industriales CA (Suvinca). Los convenios implicaban estudiar la “factibilidad” de una exportación de Uruguay hacia Venezuela de pollo, trigo y arroz, y la creación de una empresa comercial “mixta”, para materializar la “importación, exportación, representación” de “compra y venta de productos, bienes y servicios asociados, para atender los requerimientos de diversas entidades públicas y privadas de ambos países”.

En la denuncia parlamentaria, Trobo resaltaba además que la empresa Atlansur firmó un acuerdo junto con la Corporación Venezolana de Alimentos, para avanzar en la instalación de dos plantas de “recepción, acopio, mezclado y producción de alimento balanceado para ración animal” en las ciudades de Nueva Palmira (Uruguay) y Puerto Cabello (Venezuela). La firma uruguaya Urutransfor hizo lo mismo con el Ministerio de Energía Eléctrica, para “evaluar la posibilidad de desarrollar proyectos en el sector eléctrico en Venezuela, vinculados con la transferencia de tecnología en la fabricación y mantenimiento de ocho transformadores mediante el entrenamiento, capacitación técnica y realización de cursos y pasantías”. Además, el acuerdo establecía que Uruguay pudiera brindar “asesoramiento” con los transformadores, y que pudiera haber un “intercambio de experiencias en la gestión obrera de la empresa Urutransfor”. El resto de los acuerdos fueron firmados en su mayoría por el entonces canciller venezolano Nicolás Maduro y su par uruguayo de entonces, Luis Almagro, hoy en posiciones políticas irreconciliables, uno como gobernante y el otro como secretario general de la Organización de Estados Americanos.

Nicolás Maduro y Luis Almagro, hoy con distancia política, suscribieron negocios. binacionales como cancilleres | Foto: Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Uruguay

En la denuncia, primero presentada ante el Parlamento uruguayo y luego a la Justicia, Trobo se preguntaba quién designó a estas empresas para que firmaran como contraparte de las estatales venezolanas” y “con qué procedimientos se seleccionaron”.

La denuncia fue ampliada por el entonces senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, luego de constatar que Aire Fresco era intermediaria en un nuevo acuerdo entre Uruguay y Venezuela anunciado en junio de 2015 por el ya otra vez presidente Tabaré Vázquez.

Mieres denunció que Aire Fresco cobró comisiones por 182.000 dólares de parte del fideicomiso que se había creado para el acuerdo. A su juicio, no le correspondía a Aire Fresco cobrar como intermediaria cuando “fue un acuerdo de Estado a Estado y el fideicomiso se usó para pagar los créditos pendientes a las empresas uruguayas que le vendieron a Venezuela”. “¿Qué rol puede jugar una empresa intermediaria si es un acuerdo de gobierno a gobierno?”, se preguntó entonces, en declaraciones al diario El País.

Con el paso de los años, este acuerdo terminaría siendo un dolor de cabeza para el gobierno uruguayo, por problemas mucho más complicados que la intermediación de Aire Fresco. En teoría, lo pactado parecía un negocio claro para Uruguay: implicaba la cancelación de la deuda que Ancap tenía con Pdvsa por 430 millones de dólares, en un plan de pagos por 267 millones. El esquema además volvía a tener un formato similar al del Fondo Bolívar Artigas con el Bandes como protagonista: Venezuela depositaría el dinero recibido en un fideicomiso en la sucursal uruguaya del banco para que productores uruguayos tuvieran garantizado el “cobro inmediato” por las ventas de 265.000 toneladas de alimentos que también se había acordado, además de la cancelación de deudas anteriores que tenía este país, principalmente con empresas lácteas uruguayas.

Pero el acuerdo tuvo dos problemas. Primero: cuando Ancap fue a pagar el dinero adeudado, a petición de Pdvsa, no lo depositó en el fideicomiso del Bandes Uruguay sino en el China City Bank, lo que generó sospechas en productores y legisladores opositores. Segundo: muchos productores nunca pudieron cobrar el dinero, especialmente en el sector lácteo, luego de que el gobierno de Maduro se declarara en “emergencia económica” en 2016 y entrara en cesación de pagos.

El entonces canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, justificó el pago ante el banco chino ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes en septiembre de 2019: “Cuando se hace el pago, Venezuela dice dónde quiere que se le deposite el dinero. No es que el gobierno uruguayo lo deposite donde quiere o se le ocurra, sino que pregunta ‘¿Dónde depositamos el dinero?’, frente a lo que dijeron: ‘Deposítenlo en este banco’”.

Nin Novoa también confesó que el problema es que Venezuela “dejó de cumplir con el cronograma” de pago acordado. El último depósito, explicó, fue a fines de 2018 y en euros, dadas las restricciones de este país para utilizar dólares por las sanciones de Estados Unidos. Si bien resaltó como positivo que el gobierno venezolano admitiera que existía una deuda (aunque especificó que había matices en cuanto a su volumen), también aseguró que a partir de ese último pago “no se pudo restablecer el diálogo” sobre la deuda. “No hubo más conversaciones, opiniones ni medidas de parte del gobierno venezolano”, explicó.

El muro de la Justicia

El acuerdo terminó con amenazas de demandas del sector lechero contra el Estado venezolano. Los productores todavía reclaman una deuda de 30 millones de dólares. La demanda no se ha concretado y los productores esperan una señal del nuevo gobierno de Uruguay, que tiene una relación totalmente esquiva con Venezuela. Incluso, el actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, opinó antes de asumir su cargo en marzo de este año que la deuda debe ser “asumida entre todos”. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Walter Frich, explicó a este trabajo que para los productores lo mejor es “seguir políticamente esperando”. Una medida judicial reciente aplicada en Montevideo procuró el secuestro de acciones del Bandes para garantizar el pago de una deuda a un laboratorio que exportó a Venezuela.

Antes de asumir el cargo, el ministro Carlos María Uriarte había señalado que las deudas con Venezuela debían asumirse “entre todos” | Foto: Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Uruguay.

A pesar de lo extensa de la denuncia judicial presentada en 2017 y ampliada en varias oportunidades, la Fiscalía prácticamente dejó por el camino casi todas las acusaciones de Trobo, Mieres y el resto de los denunciantes, en algunos puntos por entender que sus acusaciones superaban las competencias del derecho local.

El fiscal Luis Pacheco descartó todos los delitos relacionados con Aire Fresco. Respecto de su rol como intermediario, Pacheco explicó que de la declaración de los empresarios que testificaron “se desprende que los mismos decidieron libremente realizar los negocios concretados con Aire Fresco para la colocación de sus productos en el mercado venezolano, debido a que ésta […] facilitaba la colocación de la producción local en el extranjero”.

Pero además, Pacheco archivó la denuncia respecto a la selección de Aire Fresco en los acuerdos de 2011, ya que, argumentó, se trató de una decisión de las empresas públicas venezolanas, por lo que excedía a la Justicia uruguaya juzgarla. “Aire Fresco SA no era seleccionada por el Estado uruguayo, sino por las empresas estatales venezolanas, por lo que no son de aplicación las normas de contabilidad y administración financiera del Estado, ni es preceptiva la exigencia de procedimiento competitivo”, explicó en su dictamen.

Al igual que ocurrió con la denuncia del Fondo Bolívar Artigas, el sistema judicial uruguayo volvió a argumentar que se topaba con el mismo límite: la autonomía de Venezuela.

A la par de que el caso de Aire Fresco volvía a chocar con la Justicia local, en otras partes del mundo prosperaban causas judiciales vinculadas a los dineros de Venezuela que tenían protagonistas uruguayos.

Marcelo Gutiérrez Acosta y Lara, titular del “primer banco de capitales 100 por ciento uruguayos” en operar en Estados Unidos (Vestin Bank), fue acusado por la fiscalía de ese país en 2018 por una operación de lavado de dinero vinculada a Pdvsa denominada Money Flight.

Su orden de captura fue emitida el 27 de septiembre de 2018. Según este organismo, se trataba de un esquema de cambio de divisas para desviar cerca de 600 millones de la petrolera venezolana: la empresa pedía préstamos en bolívares que eran devueltos luego en dólares a una tasa preferencial, de forma que, por ejemplo, en 2014 recibió 7.200 millones de bolívares y en vez de pagar 39 millones y medio de dólares, la estatal venezolana pagó 600 millones, según resume Transparencia Venezuela.

Gutiérrez Acosta y Lara figuró en el pedido del fiscal del distrito sur de Florida Edwin Torres como un facilitador del dinero lavado, según el expediente. En este, se ve cómo otros acusados narran que ofrecía sus servicios de forma “explícita e imprudente”. También se resaltaba su asociación con Gustavo Adolfo Hernández Frieri, a quien se lo califica como lavador de dinero profesional a través de sus firmas financieras. El abogado de Gutiérrez, Acosta y Lara ha negado la responsabilidad de su cliente y ha afirmado que su inocencia se logrará demostrar.

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