El Sueño de un Hogar Propio
Janneth y Nilva, sin conocerse, llegaron a Campo Alegre en junio del 2007, atraídas por un contagioso canto de sirena que emanaba de las publicidades radiales en Barranquilla y la Costa Caribe: «Alejandro Char, construye tu futuro». Hoy, estas dos mujeres enfrentan una lucha constante contra las consecuencias de una tragedia que ha marcado sus vidas.
Llegaron con grupos familiares, vestidas de fiesta y con los ojos destilando felicidad a observar el apartamento modelo del Conjunto Residencial Ciudad del Sol l. Lo recorrieron obnubiladas, acariciaban con sus manos laboriosas las paredes perfectamente pulidas de la sala del modelo. Llamaron a sus hijos para enseñarles en voz alta los espacios del apartamento. Tuvieron poco tiempo para hablar, porque la emoción los hizo firmar los documentos que -por fin- las acreditaban como orgullosas propietarias de un techo propio.
Las dos familias compraron sus apartamentos sobre planos.
Janeth Rojano Sandoval, madre de dos hijos, empleada de la Nueva EPS, firmó para adquirir un apartamento en Ciudad del Sol l, pero días después la constructora se disculpó y le notificaron que el edificio de cinco pisos, en el que ellas habían seleccionado su hogar, había sido vendido en su totalidad.
La convencieron para visitar Ciudad del Sol ll y escogió el apartamento 103 del bloque 9. En una visita a las obras le llamó la atención que un grupo de empleados trabajaba a marcha forzada para cubrir con piedras y concreto un enorme hueco que se había formado entre el suelo de barro negro y los cimientos, en la parte trasera de ese edificio.
Los Primeros Signos de Problemas
“Me pareció extraño, porque ya se habían mudado algunas familias. Las corrientes de agua que bajaban de la ladera ya estaban socavando las bases de este edificio. Pero estaba tan feliz que no preste atención a eso y aseguré mi apartamento con $15 millones de pesos. Días después fui al banco BBVA y me aprobaron un crédito por $57 millones de pesos. Fui a la constructora y pagué toda la deuda. Soy madre soltera y con eso se cumplía mi sueño de darle un techo a mis dos hijos”, relata.
Por su parte, Nilva Flores Bogallo, su esposo Marco Jácome y sus dos hijos se mudaron un mes después al apartamento 402, de la torre 14 de la misma urbanización Ciudad del Sol ll. Ellos son emprendedores. Marco Jácome es técnico electrónico y montó -ilusionado- un taller para reparar computadores en una de las habitaciones. Nilva es vendedora y habían planificado asegurar su casa desde el nacimiento de su segundo hijo. Cuando se mudaron, el mayor de los niños tenía 8 años y el segundo 6.
Nilva y su esposo, se hicieron acreedores a un crédito de $60 millones de pesos en Davivienda para poder pagar a la constructora y quedar a paz y salvo. Su deuda ahora es con el banco.
A mediados del año 2010 ya la ladera de Campo Alegre estaba reluciente con hermosas construcciones, de colores llamativos, techos rojos y verdes y con arquitecturas de corte moderno. En poco menos de tres años se construyeron decenas de edificios de apartamentos en proyectos como: Carson Mirador, de la constructora Carson, Privilegios, de la constructora Barranquilla, Mirador de Campo Alegre, de Marval, Miraflores, de Metrópolis, Altos del Campo y Ciudad del Sol l y ll, de Alejandro Char y Cia Ingenieros, Camino Real de Altavista, y Atardeceres de la Cadena Fauset.
Los proyectos se vendieron como pan caliente, aun en medio de las denuncias persistentes -pero lejanas- sobre un enorme fraude: «Esos edificios fueron construidos sobre un terreno vedado para construcciones urbanas. Es tierra de deslizamientos y la ley lo prohíbe. De hecho, los primeros deslizamientos y agrietamientos de las casas construidas en esa ladera se habían reportado después del año 2006» se leía en las redes sociales.
El Deslizamiento y sus Consecuencias
En octubre del 2010 se vivió uno de los inviernos mas crudos de la historia en la Costa Caribe. En el cono sur del departamento del Atlántico colapsó el dique y todas las poblaciones se inundaron, quedaron bajo las aguas del Canal del Dique, atrayendo la atención del país. Al tiempo -en medio de un torrencial aguacero- en la ladera occidental de Campo Alegre se avivó un deslizamiento (anunciado previamente) de barro, troncos y piedras que destruyeron las hermosas torres habitacionales y convirtieron las urbanizaciones en un campo arrasado. Pero la tragedia de estas familias, muy poco se reflejó en titulares de prensa.
Janeth Rojano Sandoval recuerda que una tarde ella estaba en la EPS trabajando y la llamó el mayor de sus hijos:
—¡Mami ven…mami ven…el mundo se está acabando!—
—Yo pedí permiso y llegué en un taxi. Eso era impresionante señor periodista. Todo estaba oscuro, llovía a cantaros y los arroyos bajaban por la ladera y estrellaban piedras y troncos contra los edificios. Las aguas tumbaron puertas y ventanas, las paredes se desplomaron. Los edificios rodaron colina abajo. Las construcciones se partían como si fueran galletas. En medio de la lluvia quise llegar a mi apartamento, pero los bomberos no me lo permitieron. Ya mis hijos estaban asegurados en una casa vecina— recuerda Janeth Rojano.
Los vecinos, angustiados llamaron a las constructoras, comenzaron a quejarse y dieron poder a sus abogados. Era notorio que las denuncias silenciadas semanas antes, tenían mucho de certeza. La justicia confirmó que las constructoras habían levantado sus proyectos sobre una tierra elevada “sensible a la humedad” y las constructoras engañaron a los compradores vendiendo apartamentos en terrenos de alto riesgo.
El papel de la alcaldía distrital de Barranquilla
La alcaldía – desde entonces- bajo el control absoluto de la familia Char, enfrentó el problema ofreciendo el pago parcial de arriendos temporales a los mas de mil damnificados. La noticia fue silenciada muchas veces con otros anuncios, propaganda que venden a una Barranquilla inmune a los problemas y los videos pintorescos del alcalde Alejandro Char bailando salsa en estaderos populares. Así, mas de mil personas comenzaron un viacrucis que – muchos años después- los barranquilleros y Colombia aún desconocen.
La Lucha por la Justicia
Ahí fue donde se conocieron Janneth Rojano y Nilva Flores. En las protestas recientes frente a la casa del alcalde Alejandro Char, exigiendo solución a un problema de mucho tiempo atrás. Una vez más, el alcalde Char se negó a recibirlas, no dio la cara y envió a un funcionario de bajo rango, ofreciendo una reunión posterior…que tampoco cumplió.
Janneth y Nilva, dos guerreras de la vida, nunca han sido entrevistadas por los periodistas que tanto promocionaron los proyectos habitacionales de Campo Alegre. Han vivido sus viacrucis resistiendo el desalojo en casas ajenas, en el anonimato, visitando constantemente los juzgados en donde sus procesos, apenas comienzan a despertar.
Desde que fueron desalojadas, separadas y silenciadas con un plan de pagos de arriendos cargado a la cuenta de los barranquilleros, se convirtieron en parias, que deben estar mudándose constantemente. La alcaldía tasó el pago de $750 mil pesos por concepto de arriendos para los damnificados desde que ocurrió la tragedia.
—Nos echan de las casas cuando la alcaldía se demora en los pagos. Tenemos que compartir viviendas con gente que no conocemos. Por lo menos a mí, me toco mudarme…de un apartamento propio en Ciudad del Sol ll, al barrio Boston, de Boston a Las Delicias, de ahí a San José, de Sam José al barrio Simón Bolívar y ahora, estoy de regreso a Las Delicias— cuenta visiblemente impactada Janneth Rojano.
Nilva Flores Bogallo vive un drama similar:
—Cuando me fueron a desalojar no me quería ir de mi apartamento. Era de mi propiedad. Lo estaba pagando con el sudor de mi frente. Me sacaron a la fuerza, porque ese edificio se estaba cayendo a pedazos. Sufrí una crisis nerviosa y fui hospitalizada. Desde entonces soy una gitana junto con mi familia. He vivido de apartamento en apartamento entre San Felipe, El Silencio, Olaya y ahora de nuevo en el Silencio. Ya ni siquiera sé si estos es una realidad o una pesadilla— cuenta llorando.
Nilva se sostiene ahora del apoyo de su familia, porque la alcaldía de Barranquilla, desde 17 de febrero del año pasado, le notificó que suspendía el apoyo económico para el arriendo que devengaba porque: “…los derechos fundamentales que se creían afectados por la emergencia, han sido restablecidos…”
El Rol de la Alcaldía y las Constructoras
La misiva de la Alcaldía de Barranquilla, firmada por Edgardo Saucedo Mercado, entonces responsable de la Oficina de Gestión del Riesgo, dice que Nilva Flores Bogallo, es propietaria de una casa identificada con la matricula número 040-19583, ubicada en la carrera 26C 79 A-45, del barrio San Felipe.
—Mire este atropello señor periodista. Esa casa la dejó mi padre en herencia y somos cinco hermanos y mi madre. Ellos ignoran que mi madre esta viva y esa casa está habitada por mi mamá y mis hermanos. Yo actualmente estoy con mi esposo y mis hijos, viviendo arrendada en la calle 75 número 26B-48, bloque 2, apartamento 202, del barrio Silencio. Aquí me arrendaron por $850 mil pesos y ya me están pidiendo que desaloje porque hace un año y varios meses la alcaldía me suspendió los pagos de los arriendos— se queja.
La lista de los ciudadanos victimas de este proceso doloso es enorme. Once años después de la tragedia (el 22 de agosto del 2016) el juzgado once administrativos de Barranquilla condenó solidariamente al Distrito, a las constructoras Parrish Ltda, a Alejandro Char Ingenieros Constructores, a Construcciones Marval, a Cadena Faucet, Urbe inversiones, Pidsa S.A, Metrópolis S.A, Fonviconstrucciones ltda, y a Proyectos Barranquilla Ltda. En el fallo se establece que el Distrito deberá responder por el 15 por ciento del total de la deuda, la urbanizadora Parris, con el 25 por ciento y las otras constructoras, con el 60 por ciento restante del monto total.
La suma total a pagar está en cálculos
Entre tanto Janeth Rojano y Nilva Flores, con un motete de papeles bajo los brazos rebotan de diligencia en diligencia, tratando de hallar una noticia que les reanime sus esperanzas. Un fallo, producto de una acción de grupo promovida desde el inicio de la tragedia por el abogado Roberto Tapia Ahumada, trae esas primeras noticias promeseras para estas familias:
“Son aproximadamente $50 millones por cada inmueble y como hablamos de 2.000 predios serían $100.000 millones”. Agregó que “sumados los perjuicios inmateriales con los materiales. Estaríamos hablando de $300.000 millones de pesos” dijo a los medios el jurista.
La Corte Constitucional determinó que el Distrito de Barranquilla y la constructora Alejandro Char y Cia Ingenieros sí habían vulnerado los derechos de los 157 propietarios que habían comprado los apartamentos. Para la época, por ser Alejandro Char alcalde de Barranquilla la Corte designó al ingeniero Jorge Saul Gómez como alcalde ad hoc para dirimir este proceso. El alcalde ad hoc ordenó un estudio del terreno con la Universidad de Santander.
Ese estudio confirmó que las constructoras habían levantado viviendas “en un terreno con deslizamiento activo, cuyos movimientos se acentúan en épocas de invierno, por lo que no era posible garantizar la estabilidad del terreno ni de las edificaciones del conjunto”.
La orden de la Corte Constitucional -indemnizar a los damnificados de manera solidaria entre el Distrito y las constructoras- está siendo apelada por parte de las constructoras. Los damnificados siguen repartidos entre apartamentos y casas ajenas recibiendo -con cargo a los bolsillos de los barranquilleros- los arriendos.
¿Cuánto han tenido que pagar los barranquilleros por esta actitud indolente de la familia Char frente a la orden de la justicia colombiana?
La constructora Alejandro Char y Cia Ingenieros, silenció sus teléfonos. Fuentes allegadas precisan que esta empresa entró en proceso de liquidación, pero esa versión no ha sido confirmada por sus directivos.
Entre tanto, a Nilva Flores, su esposo y sus dos hijos, los volvieron a notificar de que deben entregar el apartamento 202, del bloque 2 del conjunto residencial en El Silencio, porque la alcaldía le quitó el subsidio que entrega a las victimas de la Gran Estafa…
Conclusión
La historia de Janneth Rojano y Nilva Flores es un testimonio de la lucha incansable contra la negligencia y la corrupción en la construcción. A pesar de las promesas iniciales de un futuro brillante en Campo Alegre, se enfrentaron a la tragedia y la desilusión. Sus relatos no solo evidencian las fallas en el sistema de control urbano, sino también la resiliencia y determinación de quienes buscan justicia. Mientras esperan el cumplimiento de las sentencias judiciales y una solución definitiva a su situación, su lucha sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de la responsabilidad y la transparencia en los proyectos inmobiliarios.
