Peñate Giraldo completa la trilogía criminal del DAS uribista. Tres directores, mismo guión: espiar, perseguir y destruir a los opositores. La democracia como daño colateral.
Más allá de los titulares sobre «otro exdirector del DAS acusado«, se esconde una verdad que Colombia debe enfrentar: el espionaje ilegal no fue un «exceso» o una «mala decisión«. Fue una política de Estado. Andrés Mauricio Peñate Giraldo, quien dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad entre 2005 y 2007, acaba de ser acusado por concierto para delinquir agravado, convirtiéndose en el tercer director consecutivo del DAS durante el gobierno Uribe que termina enredado con la justicia.
Tres directores, tres condenas, un mismo patrón: convertir el aparato de inteligencia del Estado en una máquina de persecución política. Mientras Peñate operaba su «Revista de Documentos» —un eufemismo para el reparto semanal de chuzadas—, magistrados de la Corte Suprema, periodistas como Daniel Coronell y políticos como Gustavo Petro vivían bajo la lupa criminal del Estado que juraron servir.
La Máquina perfectamente aceitada
El sistema era de una simplicidad escalofriante. Cada semana, Peñate dirigía reuniones llamadas «Revista de Documentos» donde se decidía qué magistrados espiar, qué periodistas intimidar, qué opositores perseguir. Los informes salían marcados con las siglas «BM» —Bernardo Moreno—, el todopoderoso secretario de Uribe que coordinaba desde la Presidencia esta red subterránea de espionaje.
Una maleta —que ellos llamaban «valija«— viajaba religiosamente del DAS al Palacio de Nariño, cargada con interceptaciones telefónicas, seguimientos ilegales e informes de inteligencia fabricados contra quienes se atrevían a cuestionar al gobierno. La clave de acceso la conocían solo el remitente y el destinatario: el círculo perfecto de la impunidad.
Porque claro, llamarle «Revista de Documentos» suena mucho más institucional que «reunión semanal para joder opositores«. Y una «valija» es más elegante que decir «maleta llena de pruebas de delitos de lesa humanidad«.
Los artífices del terror democrático
Peñate no actuaba solo. Era parte de una trilogía criminal que funcionó como relojería suiza durante ocho años. Primero Jorge Noguera (2002-2005), quien entregó el DAS a los paramilitares y terminó con 25 años de cárcel. Después él mismo (2005-2007), perfeccionando el arte del espionaje político. Finalmente María del Pilar Hurtado (2007-2010), quien recibió 14 años por consolidar el sistema de persecución.
Tres directores que no cometieron «errores» sino que ejecutaron una política deliberada de Estado. Bernardo Moreno Villegas, el cerebro operativo desde el DAPRE, también cayó. La Sala de Casación Penal confirmó su condena este año, cerrando el círculo de una red que operó desde los más altos niveles del poder.
¿La casualidad? Que justo los tres directores del DAS durante el gobierno «democrático» de Uribe terminaran condenados por los mismos delitos. ¿La realidad? Que el espionaje ilegal era el ADN de esa administración.
El Costo Real de la «Seguridad Democrática»
Mientras Peñate dirigía su orquesta del terror, magistrados como Luis Javier Osorio López y Sigifredo Espinosa Pérez intentaban hacer justicia sabiendo que cada decisión que tomaran podía aparecer en el escritorio presidencial antes del amanecer. Periodistas como Daniel Coronell escribían sus columnas conscientes de que cada fuente podía estar comprometida, cada investigación interceptada.
Gustavo Petro, hoy Presidente de la República, era entonces un congresista opositor cuya vida privada se convirtió en expediente de inteligencia. El costo no se mide solo en violaciones de derechos: se mide en el daño estructural a la democracia colombiana.
Cada chuzada era una puñalada al Estado de Derecho. Cada seguimiento ilegal, una amenaza a la separación de poderes. Cada informe fabricado, una bala al corazón de la independencia judicial. El país pagó —y sigue pagando— el precio de haber convertido la persecución política en política de Estado.
El Sistema que Blindó la Impunidad
¿Cómo fue posible que durante ocho años funcionara esta máquina criminal sin que nadie la detuviera? Simple: porque el sistema estaba diseñado para protegerla. El DAS reportaba directamente a Presidencia. Los organismos de control estaban cooptados. La mayoría del Congreso aplaudía cada «éxito» en materia de «seguridad«.
La justicia tardó casi dos décadas en procesar a los responsables. Noguera fue condenado en 2011, Hurtado en 2024, y Peñate apenas ahora enfrenta juicio. Mientras tanto, las víctimas siguieron siendo víctimas, y el sistema siguió funcionando con otros nombres, otras siglas, pero la misma lógica.
El espionaje ilegal no se acabó con el fin del DAS en 2011. Se reinventó, se sofisticó, se adaptó. Porque el problema nunca fue una institución: fue una mentalidad que convirtió la persecución del disenso en razón de Estado.
CONCLUSIÓN
Peñate dice que ve este proceso como «una oportunidad única para cerrar un tema que lleva ya casi 20 años«. Qué generoso de su parte querer «cerrar» el tema justo cuando la justicia lo alcanza.
Pero hay temas que no se cierran con condenas tardías ni con declaraciones de víctima. El espionaje ilegal del DAS no fue un error: fue un proyecto político. No fue casualidad: fue estrategia. No fueron excesos: fue la esencia misma de un modelo de poder que veía en cada ciudadano crítico una amenaza a eliminar.
La pregunta que Colombia debe hacerse no es si Peñate es culpable —los hechos hablan por sí solos—. La pregunta es si hemos aprendido algo de estos 20 años de impunidad tardía. Porque la próxima vez que un gobierno convierta el aparato de inteligencia en máquina de persecución, tal vez no tengamos otras dos décadas para reaccionar.
El sistema no se cambia solo con condenas. Pero tampoco puede cambiar sin ellas.
