El fuero parlamentario, concebido para proteger la independencia legislativa, se convirtió en la palanca más eficaz del cinismo político colombiano: renunciar para esquivar la justicia, descansar en el limbo judicial… y regresar como si nada.
Por: Gala Marcela Peña | Redacción corrupcionaldia.com | Febrero 2026
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I. La maniobra perfecta: renunciar para huir
Hay algo que los manuales de ética pública no enseñan, pero que la clase política colombiana domina con maestría de artesanos: la renuncia como estrategia judicial. Desde los oscuros días de la parapolítica hasta los escándalos más recientes que sacuden los pasillos del Capitolio, decenas de congresistas han descubierto que la salida más rápida de una investigación incómoda no está en el estudio de los abogados, sino en la carta de dimisión.
El mecanismo es elegante en su cinismo. La Constitución de 1991 estableció que los congresistas tienen fuero especial: son investigados y juzgados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal de más alta jerarquía en materia penal. Sin segunda instancia en sus orígenes, sin la misma flexibilidad de la Fiscalía. Para muchos políticos en aprietos, eso se convirtió en una pesadilla. Para otros, en un puzzle resoluble: si renuncio al cargo, pierdo el fuero, y mi caso puede pasar a la Fiscalía.
Desde 2008 los congresistas utilizan este mecanismo para manejar la justicia penal, quitándose de encima una investigación que pueda hacerlos responsables o comprometerlos con conductas delictivas. Los colombianos llevamos más de una década presenciando este espectáculo.
Lo que empezó como una práctica de unos pocos en el escándalo de la parapolítica —cuando más de 21 legisladores renunciaron a sus curules para que sus casos salieran de la órbita de la Corte— se transformó en una estrategia sistemática, perfeccionada con los años, exportada de partido en partido, y reproducida con descaro creciente en cada legislatura.
La trampa tiene otra vuelta de tuerca que los medios pocas veces explican: al cambiar del sistema procesal de la Ley 600 de 2000 —bajo el que opera la Corte— al sistema acusatorio de la Ley 906 de 2004 —bajo el que funciona la Fiscalía— los procesos en muchos casos debían prácticamente comenzar de cero. Una investigación de años, con pruebas acopiadas, con declaraciones de testigos, con construcciones judiciales costosas y difíciles, podía quedar en el papel. La justicia no es solo lenta en Colombia: a veces puede ser reiniciada por quien tiene la habilidad de escoger el tablero de juego.
II. Los protagonistas del regreso: quiénes huyeron y quiénes vuelven
En esta historia hay nombres propios. Muchos. Y todos comparten algo en común: la desfachatez de pedirle al electorado, con proceso judicial vigente, que les otorgue de nuevo el mandato que en su momento abandonaron estratégicamente.
El caso más emblemático —y el más revelador de hasta dónde puede llegar el cinismo político— es el del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En agosto de 2020, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria en su contra por el caso de manipulación de testigos en el proceso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, Uribe tomó una decisión que sacudió al país: renunció al Senado. De un golpe, el expresidente dejó de ser aforado, su caso pasó a la Fiscalía, y la medida de detención fue revocada.
Años después, condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno a testigos por la jueza Sandra Liliana Heredia, el Centro Democrático anunció con bombos y platillos que Uribe podría ser el número 25 en su lista cerrada al Senado para las elecciones de marzo de 2026. El argumento: si las condiciones jurídicas lo permiten. Porque claro: la presunción de inocencia es sagrada, pero la estrategia judicial que permitió evadir la Corte Suprema también lo fue.
Alvaro Uribe Vélez
Sin duda el candidato con más opción de volver al Congreso es el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En 2014, Uribe se eligió en una lista cerrada, y se reeligió en 2018 siendo el senador más votado del país, con 872.000 votos. Sin embargo, renunció en 2020 para concentrarse en su defensa, ya que la Corte Suprema de Justicia lo investigaba por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
El 16 de febrero de 2018, una sala de la Corte Suprema, por decisión unánime de sus tres magistrados, cerró la investigación contra Iván Cepeda, porque consideró que sus actuaciones eran legales, pero compulsó copias para que Uribe Vélez fuera eventualmente investigado, pues encontró que podía estar incurso en delitos.
Debido a la reforma constitucional de 2018, el proceso pasó a la recién creada Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, la cual, en decisión del 3 de agosto de 2020, adoptada en forma unánime por los cinco magistrados que la integraban, dicta detención contra Álvaro Uribe Vélez, pues considera que había indicios graves de que había cometido soborno a testigos y fraude procesal.
Uribe renuncia al Senado, con lo cual el caso pasa a la Fiscalía, dirigida en ese entonces por Francisco Barbosa, cercano al uribismo. El fiscal Gabriel Jaimes, designado por Barbosa, solicita en marzo de 2021 la preclusión del caso, que es una especie de absolución, pues tiene efectos de cosa juzgada. Sin embargo, la jueza 28 penal del circuito, Carmen Ortiz, escogida por reparto niega la preclusión el 27 de abril de 2022, por lo cual Barbosa designa a otro fiscal (Javier Cárdenas), quien nuevamente solicita la preclusión en agosto de 2022, pero nuevamente otra jueza escogida por reparto (la jueza 41 del circuito, Laura Barrera) rechaza el 23 de mayo de 2023 esa petición. La Fiscalía apela esa decisión, pero una sala del Tribunal de Bogotá, por decisión unánime de sus tres magistrados, escogidos también por reparto, confirma el 29 de septiembre de 2023 la decisión y señala que el proceso debe seguir.
Sólo después de esas tres negativas a la preclusión, la Fiscalía, ya bajo la dirección de la fiscal Luz Adriana Camargo, acusa a Uribe el 9 de abril de 2024.
Es decir que antes de que llegara a la jueza Sandra Heredia, también escogida por reparto, el proceso pasó por varias instancias judiciales: tres magistrados de la Corte Suprema, que consideraron que Álvaro Uribe Vélez debía ser investigado; otros cinco de ese mismo tribunal que concluyeron que había graves indicios de que Uribe fuera responsable de fraude procesal y soborno a testigos; dos juezas del circuito y tres magistrados del Tribunal de Bogotá, escogidos aleatoriamente, quienes rechazaron la preclusión del proceso.
Ahora, sin condena en firme, Uribe pretende volver al Capitolio. Ocupa el puesto 25 de la lista al Senado en una jugada que, según analistas, cumpliría el propósito de jalonar la votación por el Centro Democrático como en 2014 y 2018, cuando el uribismo se consolidó como una fuerza importante en el Senado gracias a su imagen. En 2022, perdieron sillas.
Richard Aguilar Villa
Richard Aguilar Villa fue otro congresista que renunció al Senado en el 2021 tras ser capturado e investigado por presunta corrupción durante su gobernación en Santander por varios contratos y el direccionamiento de obras por cerca de $500 mil millones.
El 6 de septiembre del 2021 la Fiscalía General de la Nación citó a juicio ante la Corte Suprema de Justicia al excongresista Aguilar Villa por concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
De acuerdo con lo que precisó la Fiscalía, Aguilar habría destinado los contratos para beneficiar a sus amigos y familiares en los convenios pactados en obras civiles y la alimentación de niños de colegios santandereanos mediante el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
En ese sentido, les habría otorgado hasta el 10% de cada proyecto y habría beneficiado a Alfonso López, quien se encargó de la reestructuración del estadio, así como la adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, contrato suscrito en febrero de 2014.
Los dineros que sus allegados habrían obtenido con ese monto ascienden a los 15.278 millones de pesos. Por lo que la Fiscalía, recopilando toda la información, evidenció que “el contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos” sería la prueba reina de que “el exgobernador Aguilar Villa habría recibido dádivas por 2.300 millones de pesos. De igual manera, hay indicios de que permitió a terceros apropiarse de 7.683 millones de pesos”, reza el documento.
Además la Fiscalía señaló que otros de los contratos que hoy tienen en lío con la justicia al exmandatario sería el Corredor Agroforestal y Energético, celebrado en diciembre de 2014 que fue “entregado a la Unión Temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander S.A.S, de la que era empleado el primo hermano del papá del exmandatario”, también con procesos abiertos ante la justicia.
El corredor vial de San Gil – Charalá en ese departamento y que se celebró en septiembre de 2014 también aparece documentado por la entidad. Finalmente, en el expediente la Fiscalía, también se retrata el pacto que permitió la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga – Floridablanca en Santander y suscrito en septiembre de 2014.
Ahora los liberales avalaron al exgobernador Aguilar para aspirar al Senado, donde ya había estado por el partido Cambio Radical para el período 2018-2022. El político santandereano quedó libre por vencimiento de términos y cabe mencionar que es hijo de Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, quien también fue gobernador del departamento.
Edwin Ballesteros Archila
Cuando el representante a la Cámara del Centro Democrático, Edwin Ballesteros Archila, renunció a su curul para que lo investigara la Fiscalía, ya la Corte Suprema tenía un abultado expediente de sus movidas en la contratación en Santander. Antes de llegar al Congreso, Ballesteros fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), una compañía creada por el entonces gobernador Ricard Aguilar, también investigado por corrupción.
Como su primer gerente, según sostiene el documento de imputación elaborado por la Fiscalía que conoció en su momento el portal La Silla Vacía, Ballesteros usó esta empresa estatal para recibir coimas y financiar campañas políticas.
Los casos muestran las presuntas maniobras del político uribista, entonces aliado del Clan Aguilar de Santander, para robarse los recursos públicos.
El 23 de febrero de 2015 la Esant firmó el contrato para adquirir e instalar una planta potabilizadora en Enciso, Santander. El contrato fue de 475 millones de pesos y se la ganó la empresa Ingream de Octavio Reyes, el contratista que prendió el ventilador sobre las coimas que presuntamente se pagaban en la Gobernación de Santander de Richard Aguilar.
Reyes se ganó ese contrato en unión temporal con la empresa Kathosa, de propiedad de Andrés Mauricio Díaz Herrera, otro contratista inmerso en la red de corrupción. Diaz Herrera también es testigo y asegura que Ballesteros les pedía coimas a cambio de quedarse con los contratos.
Para la Fiscalía los funcionarios y contratistas tuvieron que armar toda una tramoya para que Octavio Reyes se ganara ese contrato porque su empresa no tenía la experiencia requerida. Por eso buscó a Díaz Herrera.
Según el testimonio de Díaz Herrera, en noviembre de 2014 aproximadamente, Reyes le contó que era cercano al entonces gerente de la Esant, Edwin Ballesteros y que necesitaba la experiencia de su empresa, Kathosa ltda, para que se pudiera “direccionar el contrato” de la planta potabilizadora en Enciso, un municipio de menos de 4 mil habitantes al oriente de Santander.
El compromiso, según le dijo Díaz Herrera a la Fiscalía, es que una vez Reyes se ganara otro contrato público (el del reforzamiento del Estadio en Bucaramanga con la gobernación de Aguilar), “ajustarían un acuerdo económico”.
De modo que Díaz Herrera fue socio en el contrato de la planta de Enciso pero en el papel, prestando la experiencia. Por eso, su empresa apenas tuvo el 1 por ciento de participación, mientras que la de Reyes el 99 por ciento. Es decir, quien en realidad respondía por el contrato era Ingream, que no sabía nada de plantas potabilizadoras.
El ente de control encontró que la empresa que subcontrataron, Niteiku sas, resultó cobrando apenas 139 millones de pesos por la planta. Descontando las utilidades y costos por administración, la obra presuntamente tuvo sobrecostos por 157 millones de pesos.
De otra parte en diciembre de 2014 Ballesteros contrató la rehabilitación y mantenimiento del alcantarillado del municipio de Sucre por 1.188 millones de pesos. Lo hizo de manera exprés, argumentando una “urgencia manifiesta” por una supuesta calamidad.
La Fiscalía asegura que Ballesteros utilizó esa figura de urgencia, que significa que la contratación debe hacerse lo más pronto posible, para escoger a dedo al contratista y no vía licitación, un proceso que tarda mínimo dos meses y en el que cualquiera puede concursar y ganarse el contrato.
David Barguil
Si bien el cordobés David Barguil aparentemente no renunció al Congreso tras la apertura de investigación que adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia, sí es otro de los que aspira regresar al Capitolio.
Barguil, ahora cabeza de lista al Senado del Partido Conservador es investigado por la Corte Suprema por presunto tráfico de influencias desde 2022.
Renunció al Congreso a finales del 2021 cuando anunció sus intenciones de aspirar a la presidencia por el Partido Conservador, y fue ratificado como único candidato de ese partido el 4 de noviembre de 2021, por decisión unánime del directorio conservador, cuando ese movimiento se unió a la coalición Equipo por Colombia para decidir qué candidato apoyar de caras a las elecciones presidenciales.
Así, en las consulta realizadas el 13 de marzo del 2022 Barguil queda tercero, detrás de Federico Gutiérrez y Alex Char con lo cual terminan sus aspiraciones presidenciales para ese periodo.
Su investigación en la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con una investigación judicial, donde el entonces alcalde de Galeras (Sucre), Remberto Amell (2016-2019), acudió al entonces representante Barguil para que intercediera ante el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para que facilitara recursos para la rehabilitación de la malla vial del municipio; y como resultado de esas gestiones, el congresista habría recibido presuntamente una coima.
En unos audios revelados esta semana por la revista Cambio se escucha hablar a Barguil desde un rol de operador para concretar el proyecto. Barguil le dice al alcalde: “Óyeme, todo ok, ya van a llamar para papeles (…) De aquí al viernes o martes te llaman, ve teniendo todo listo, ya hubo Conpes, entonces ya todo listo”.
Sin embargo, el tono de Barguil pasa a un tono más de preocupación por aparentes incumplimientos del alcalde. “Muy preocupado, hermano, yo no me hubiese metido en esto. Estoy arrepentido porque así no eran las cosas. Me hubieras dicho que no ibas a tener la posibilidad, no me hubieses buscado”.
Barguil hace alusión a los tiempos, en aparente referencia a los tiempos de la campaña política al Senado. “Este es mi momento más difícil. Tú me entiendes, tú lo viviste cuando estuviste aspirando. Es un momento muy complicado. Es que si fuera un año normal, no importa. Uno tiene tiempo, pero este no es un momento normal. ¿Cuándo me tienes una solución?”
Hay otro audio en el que se escucha al alcalde Amell hablar con Janina, interlocutora habitual en la gestión de proyectos, hablar sobre una pelea en el DPS por los cupos indicativos. “Esto es de mi representante porque yo fui la que colocó el cupo”, dice Janina imitando los reclamos de una de las asesoras. “Eso es mío, eso no es tuyo, Remberto sabe que eso es de mi senador”, continúa Janina.
Según la investigación de Cambio, el abogado de Barguil indicó que su cliente no negó la existencia de las conversaciones, pero que estas hicieron parte de las gestiones propias del ejercicio congresional y negó cualquier pago de coimas.
El expresidente busca al menos tres millones de votos por su partido para regresar a la corporación, tras seis años de ausencia motivada —según reconocen incluso medios afines— por su deseo de no seguir siendo investigado por la Corte Suprema, sino por la Fiscalía General de la Nación.
El segundo nombre en la lista es Richard Aguilar Villa, exsenador de Cambio Radical y heredero del clan político que encabeza su padre, el coronel retirado Hugo Aguilar, condenado por parapolítica. En 2021, con la Corte Suprema avanzando en su investigación por una presunta red de corrupción durante su mandato como gobernador de Santander —una trama que habría incluido comisiones irregulares en megacontratos de infraestructura—, Aguilar renunció a su curul. Fue capturado preventivamente en 2023. Y hoy, cinco años después de aquella maniobra, aspira a regresar al Senado, ahora con el aval del Partido Liberal.
El proceso judicial de Aguilar Villa no es un rumor ni una acusación sin sustento. La Corte Suprema, que actúa como juez natural de los gobernadores, mantiene el caso activo y en etapa de juicio. Según la investigación del medio regional Metropolitano, la estrategia de su defensa ha incluido solicitudes de nulidad procesal, cambios de sistema, y maniobras dilatorias que han permitido que transcurran seis años sin sentencia. Mientras tanto, el excongresista recorre departamentos, habla de empleo y salud, y solicita votos.
Arturo Char, senador de Cambio Radical e hijo del patriarca de uno de los clanes más poderosos de la Costa Atlántica, también renunció a su curul para afrontar su proceso por presunta compra de votos. Y entre los congresistas salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD —la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde cinco legisladores y un exrepresentante son investigados por haber aprobado operaciones de crédito a cambio de contratos millonarios—, al menos cuatro se mueven activamente en campañas de cara a las elecciones legislativas de 2026.
III. El escándalo UNGRD: corrupción con curul
Para entender la dimensión del problema, hay que detenerse en el caso UNGRD, que ilustra con precisión quirúrgica cómo la corrupción opera desde adentro del Capitolio. Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, los congresistas Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Karen Manrique, Julián Peinado y Wadith Manzur, junto al exrepresentante Juan Diego Muñoz, habrían aceptado emitir conceptos favorables a operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de contratos de la UNGRD en sus regiones.
Los contratos señalados incluyen obras en Carmen de Bolívar por $11.700 millones, en Saravena, Arauca, por $35.631 millones, y en Cotorra, Córdoba, por $46.000 millones. No son cifras abstractas: son hospitales no construidos, vías sin pavimentar, comunidades sin agua potable. Son la diferencia entre una Colombia que funciona y una Colombia que sangra en silencio.
Los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD. — Sala de Instrucción, Corte Suprema de Justicia.
Lo que resulta insultante no es solo la presunta corrupción: es que algunos de estos actores aspiren a repetir curul. El senador Wadith Manzur, investigado por presiones a una exasesora del Ministerio de Hacienda para favorecer contratos de interés personal, aparece en la lista del Partido de la U de cara a las elecciones. Julio Elías Chagüí, mencionado en la investigación por un supuesto interés en contratos en Sahagún, Córdoba, está inscrito en la posición 14 de esa misma lista. La presunción de inocencia es un derecho constitucional. Pero la indiferencia ética de los partidos que los avalan es una declaración de principios.
IV. El sistema que lo hace posible: el Estado Profundo en acción
Lo que ocurre con estos excongresistas que huyeron y regresan no es una anomalía del sistema político colombiano. Es el sistema. Es lo que el politólogo colombiano Javier Duque Daza, de la Universidad del Valle, documentó en un estudio que registró al menos 18 casos entre 2010 y 2024 en los que congresistas o partidos perdieron curules por vínculos con corrupción o estructuras criminales. Es lo que el Observatorio de Justicia e Impunidad contabilizó en más de 60 sentencias de la Corte Suprema relacionadas con alianzas entre congresistas y grupos armados ilegales entre 2007 y 2018.
La renuncia al fuero como mecanismo de evasión revela algo más profundo: la existencia de lo que en ciencia política se denomina el Estado Profundo, esa red de intereses enquistada en las instituciones que sobrevive a los gobiernos, a las leyes y a las investigaciones judiciales. Una red en la que el poder económico, los clanes políticos regionales, los reguladores y ciertos operadores jurídicos mantienen lógicas que sobreviven a los cambios democráticos y que pueden dilatar, vaciar o neutralizar los procesos de rendición de cuentas.
El presidente de la Corte Suprema fue contundente al respecto: el fuero parlamentario no fue concebido como un dispositivo de manipulación judicial. Pero eso es exactamente en lo que se ha convertido. No es una opinión: desde 2008, más de treinta congresistas han utilizado la renuncia estratégica como palanca para cambiar de juez, dilatar procesos o reiniciar investigaciones.
«La justicia penal no puede quedar en manos de los investigados, que ellos puedan decidir a su antojo dónde ubicar los procesos. Es muy grave para un país. — Gerardo Barbosa, conjuez de la Corte Suprema de Justicia»
El sistema también tolera —y en ocasiones incentiva— el regreso de quienes huyeron. Ninguna ley prohíbe a un excongresista investigado inscribirse como candidato. La presunción de inocencia es su escudo jurídico. Los partidos, a su vez, tienen sus propios cálculos: un candidato con maquinaria electoral, con dinero, con redes regionales, vale más que la coherencia ética. El voto, en muchas regiones, sigue fluyendo por los cauces del clientelismo, los contratos, las obras de último momento, los regalos navideños y las canchas de fútbol arregladas.
Lo venimos comentando: la corrupción no gana porque el sistema sea fuerte, sino porque la sociedad se acostumbró a perder. El político que roba pero hace se vuelve más popular que el que propone con decencia. Y mientras la dignidad se vende barata, el poder siempre se la lleva toda.
V. Lo que esto le cuesta a Colombia: el precio de la impunidad
Cada vez que un proceso judicial se reinicia por una renuncia estratégica, hay una consecuencia material que se paga en carne y hueso. Los recursos públicos desviados en la UNGRD, en las gobernaciones, en los contratos amañados, no regresaron. Los niños del PAE que no recibieron su almuerzo escolar. Los hospitales que no se construyeron. Las vías que siguen destapadas. Las promesas incumplidas que, paradójicamente, son el argumento de campaña del candidato que vuelve.
El estudio del politólogo Javier Duque Daza es revelador: la representación democrática fue anulada cuando los congresistas incurrieron en conductas que traicionaron el mandato ciudadano. Pero hay algo más grave aún: cuando esos mismos ciudadanos vuelven a votar por quienes los traicionaron, el sistema queda completo. La corrupción no solo roba el presente; coloniza el futuro.
El costo de oportunidad es demoledor. Con los $93.331 millones en contratos señalados solo en el caso UNGRD —sin contar los recursos desviados en Santander durante la gobernación Aguilar, ni los fondos relacionados con el caso Uribe— Colombia habría podido construir decenas de centros de salud, pavimentar centenares de kilómetros de vías terciarias o garantizar alimentación escolar durante meses a miles de niños en regiones de alta vulnerabilidad.
VI. La pregunta que Colombia no puede seguir esquivando
En Colombia se ha instalado un debate necesario. El poder no se consigue solo con las elecciones; se disputa día a día frente a intereses profundamente arraigados. Pero hay una batalla que va más allá del ejecutivo: la batalla por la memoria democrática. Por no olvidar quién renunció cuándo, por qué, y con qué consecuencias.
Que un excongresista investigado pueda aspirar a una nueva curul no es, en sí mismo, lo más alarmante. Lo más alarmante es que los partidos políticos lo avalen sin rubor, que los medios de comunicación cubran sus campañas sin contexto, que el electorado vote por ellos sin información completa. La corrupción se volvió parte del paisaje, y como ya no escandaliza, avanza. Se normaliza. Se institucionaliza. Se vuelve costumbre.
«Los colombianos llevamos más de una década de presenciar este espectáculo. La pregunta no es si hubo evasión de la justicia. Es si vamos a seguir permitiéndola.»
El presidente de la Corte Suprema fue directo: ‘quien ejerce su derecho a renunciar a la investidura de congresista, acepta las consecuencias que de ello surgen’. Pero en Colombia, las consecuencias para quien tiene poder son negociables. Lo que no debería ser negociable es el voto ciudadano.
En marzo de 2026, varios de estos rostros estarán en el tarjetón. Con trajes nuevos, discursos renovados, promesas relucientes. Con sus procesos judiciales avanzando en silencio, lejos de las cámaras, en despachos que el elector promedio nunca verá. Con sus clanes políticos intactos, sus maquinarias aceitadas, sus redes de favores activas.
La pregunta final no es para la justicia. Es para cada colombiano frente a su tarjetón: ¿le vas a dar otro mandato a quien ya te falló, huyó y volvió? ¿O esta vez vas a exigir que quien te representa primero le rinda cuentas a la verdad?
