Adlai Stevenson Samper
@AdlaiSteven
Mientras el agua sepultaba viviendas y esperanzas, la corrupción drenó los recursos que pudieron salvar vidas
Montería, Cereté, Lorica. Tres nombres que en febrero de 2026 dejaron de ser solo municipios en el mapa para convertirse en símbolos de una tragedia anunciada, ignorada y rentabilizada por la corrupción estructural colombiana. Mientras más de 20.000 familias veían cómo el agua del río Sinú devoraba sus hogares, en Bogotá los responsables de prevenir este desastre contaban billetes que nunca llegaron a las obras de mitigación.
¿La causa de las inundaciones? No fue el fenómeno climático atípico. No fue la represa de Urrá. Fue algo mucho más tóxico y deliberado: la decisión calculada de políticos y funcionarios de convertir la prevención de desastres en una mina de oro electoral. Este no es un reportaje más sobre lluvias e inundaciones. Es la radiografía de un sistema criminal que priorizó las campañas políticas sobre las vidas humanas.
LA MEMORIA DEL AGUA QUE DECIDIERON OLVIDAR
Las aguas tienen memoria. Los expertos lo repiten. Los aborígenes Zenú, hace más de 2.200 años, lo sabían perfectamente. Construyeron una ingeniería hidráulica sofisticada en las cuencas de los ríos San Jorge, Sinú, Cauca y Magdalena: canales artificiales, jarillones y camellones que regulaban el exceso de agua y protegían el hábitat. No es folclor indígena ni leyenda ecológica. Es ciencia ancestral que la modernidad decidió ignorar por codicia.
Pero la memoria del agua también registra otros ciclos. Los de la corrupción sistemática.
1988: La «gran creciente» alcanzó 14,25 metros en Montería. La solución oficial: construir la represa de Urrá para «controlar» las inundaciones.
2010: Con Urrá a toda máquina, el río Sinú rompió todas las cotas. Alcanzó 15,19 metros, la cifra más alta registrada. Más de 17.000 familias damnificadas. Municipios completos bajo el agua. En Lorica, el matadero público se inundó generando crisis sanitaria. El remedio de Urrá fue peor que la enfermedad.
2021: Nueva creciente. San Bernardo del Viento bajo el agua con 6,2 metros de nivel.
Mayo 2024: La represa recibió caudales intensos pero no colapsó porque estaba a media carga. Esta fue la prueba irrefutable de que el diseño técnico y los estudios climáticos eran deficientes desde el origen.
Febrero 2026: La tragedia definitiva. Pero esta vez no fue sorpresa. Fue negligencia criminal premeditada.
EL DÍA QUE URRÁ MINTIÓ MIENTRAS CÓRDOBA SE AHOGABA
El 2 de febrero de 2026 quedará marcado como el día en que la hidroeléctrica de Urrá decidió priorizar la rentabilidad sobre la vida. Minuto a minuto, el descontrol administrativo se convirtió en catástrofe humanitaria:
1:00 p.m.: Apagan las turbinas para evitar que llegue más agua al río. Las clapetas (rebosadero) descargan 1.239 metros cúbicos por segundo.
2:00 p.m.: Turbinas aún apagadas. Las clapetas botan 1.290 metros cúbicos por segundo.
3:00 p.m.: Sin justificación alguna, vuelven a encender las turbinas. La pregunta que nadie responde: ¿quién dio esa orden?
7:00 p.m.: El descontrol es total. Ingresan al embalse 2.654 metros cúbicos de agua por segundo. Las turbinas envían 429 m³/s al río Sinú. Las clapetas, 1.574 m³/s. En total: 2.003 m³/s saliendo, pero 2.654 m³/s entrando. La diferencia —651 metros cúbicos por segundo— se acumulaba sin control en el embalse.
10:00 p.m.: En un acto de suprema irresponsabilidad, Urrá emite un comunicado oficial: «Se permite informar que mantiene el control de la operación del embalse, pese a las situaciones adversas y sin precedentes que se están presentando en esta época del año, por lo que se desmiente toda publicación en sentido contrario«.
Mentira. Mentira criminal.
El ambientalista Juan José López, representante del presidente en el Consejo Directivo de la Corporación Valle del Sinú, desnudó la verdad: «Desde diciembre ustedes tenían el embalse con cotas cercanas al desbordamiento (130,5 msnm) con el propósito de maximizar sus ganancias generando energía. Ahora que se presenta este evento climático extremo y atípico, pero previsible por los datos existentes, simplemente perdieron el control del embalse por su avaricia, perjudicando a miles de familias en la cuenca del río«.
Priorizaron rentabilidad sobre prevención. Priorizaron dividendos sobre vidas humanas.
LOS MILLONES QUE NUNCA LLEGARON: EL FESTÍN DE LOS CONGRESISTAS
Aquí viene la parte que convierte esta tragedia natural en crimen de lesa humanidad por omisión corrupta.
El Fondo de Adaptación, creado tras La Niña de 2010-2011, administra $660.000 millones de pesos destinados a obras de prevención y mitigación de desastres. Una suma apetecible que desató la codicia de congresistas de Córdoba.
Wadith Manzur: «La cogieron con el más marica»
El representante Wadith Manzur del Partido Conservador, nativo de Montería, presionó al Ministerio de Hacienda para obtener $50.000 millones destinados a obras de drenaje en Cotorra, Córdoba. El contrato nunca se ejecutó. El delito que investiga la Corte Suprema: presunto cohecho impropio, destapado en el escándalo UNGRD.
Su defensa fue patética: «La cogieron con el más marica». Ni tan marica ni tan bobo. La asesora del MinHacienda, María Alejandra Benavides, lo describió como «una especie de cacique entre los congresistas de la Comisión de Crédito Público« que operaba como intermediario para canjear votos por contratos. En su confesión de más de 50 horas, Benavides aportó chats demoledores que muestran las presiones de Manzur.
Resultado: Cotorra, con 8.000 habitantes que debían ser protegidos, quedó vulnerable. En febrero 2026, el municipio se inundó. La alcaldesa María Eugenia López Díaz fue lacónica: el municipio fue «víctima del entramado de la UNGRD«.
Liliana Bitar y Julio Chagüi: Los nativos de Cereté que traicionaron a su tierra
Liliana Bitar, senadora del Partido Conservador, nativa de Cereté. Julio Elías Chagüi Flórez, senador del Partido de la U, también de Cereté. Dos políticos que conocían perfectamente la vulnerabilidad de su municipio ante las inundaciones. Dos congresistas que sabían que el caño Bugre era una bomba de tiempo si no se intervenía. Dos personajes que decidieron convertir la tragedia anunciada en negocio personal.
Chagüi gestionó un contrato de $32.000 millones para mitigación de inundaciones en Sahagún, municipio donde se afectan 15.000 personas en temporada de lluvias por desbordamientos. Según testimonio de Sneyder Pinilla (subdirector destituido de la UNGRD), Chagüi intervino directamente junto con el asesor Yacir Ramírez. El enlace: Jorge González, secretario de Infraestructura municipal.
Los chats aportados a la Corte Suprema son reveladores:
—Chagüi: «Pásame el nombre del proyecto, porfa. El ministro va para Hacienda a hacer eso, me lo pidió«.
—Pinilla: «Estoy en el PMU, senador«.
—Chagüi: «Tranquilo, era para comentarle que acabo de salir de reunión con el ministro del Interior. En la tarde hablamos, abrazo«.
La Fiscalía investiga cómo Chagüi presionó para que el contrato fuera declarado «obra de emergencia«, figura jurídica que permite ejecución rápida sin cumplir requisitos técnicos. El atajo perfecto para la corrupción.
Dato revelador: Salim Chagüi, hermano del senador, recibió pagos mensuales de $7 millones por «labores jurídicas y de enlace» con el Ministerio del Interior. Total: $120 millones entre 2023 y 2024.
Según Olmedo López (exdirector de la UNGRD), a través de Chagüi se canalizaba «la compra general de apoyo legislativo« de la Comisión de Crédito Público.
LA FECHA MALDITA: 2 DE FEBRERO DE 2026
Ese día, mientras el río Sinú comenzaba a desbordarse y las familias cordobesas corrían para salvar sus vidas, el Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra 9 congresistas implicados en el caso de corrupción de la UNGRD.
Los acusados: Marta Peralta (Pacto Histórico), Berenice Bedoya (ASI), Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Liliana Bitar (Conservador), Juan Pablo Gallo (Liberal), Wadith Manzur (Conservador), Juan Loreto Gómez (Conservador), Julián Peinado (Liberal) y Karen Manrique (curules de paz).
Tres de ellos son nativos de Córdoba: Liliana Bitar y Julio Chagüi de Cereté, y Wadith Manzur de Montería. Los mismos municipios que hoy están bajo el agua.
El abogado demandante Pablo Bustos (quien representa a las víctimas de La Guajira en el caso de los carrotanques) argumentó que los congresistas incurrieron en tráfico de influencias y violación de régimen de incompatibilidades al gestionar coimas, contratos y cargos para destrabar iniciativas del gobierno Petro. Los recursos se direccionaron a través de la UNGRD, y parte estaba destinado precisamente a Córdoba.
La ironía más cruel: El mismo día en que se admite la demanda por robar el dinero de la prevención de desastres, el desastre comienza a cobrar víctimas.
CALAMIDAD PÚBLICA: LA NUEVA TEMPORADA ELECTORAL
El 3 de febrero de 2026, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, decretó la calamidad pública para los 17 municipios afectados. Según Zuleta, la medida permitirá «salvar vidas» y movilizar recursos rápidamente.
Pero aquí viene la advertencia que nadie quiere pronunciar: la calamidad pública en Colombia es sinónimo de contratos sin control que terminan financiando campañas políticas.
Una investigación de Jhorland Ayala-García publicada en la revista Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana del Banco de la República señala que existe estrecha relación entre la frecuencia de desastres naturales, la probabilidad de declaración de emergencia y un aumento en la corrupción observada.
En otras palabras: a más desastres, más dinero sin control, más corrupción.
El senador Antonio Correa Jiménez (médico nacido en Canalete, Córdoba) cuestionó públicamente al Fondo de Adaptación: «La magnitud de las inundaciones obliga a revisar con lupa la ejecución de los proyectos y la efectividad de las inversiones que debían proteger a las comunidades más vulnerables«.
Correa, del Partido de la U —el mismo partido de Julio Chagüi—, sabe perfectamente cómo funcionan estos entramados. Su llamado a «revisar con lupa» suena más a advertencia interna que a denuncia real.
LO QUE DEBIÓ HACERSE Y NUNCA SE HIZO
La Alcaldía de Montería conoce perfectamente las zonas donde irrumpen las aguas: por experiencia histórica, por análisis de las corrientes del río y por el nivel del terreno. El parque la Ronda del Sinú, avenidas completas, barrios enteros. Todo está mapeado en los modelos de contingencia elaborados a finales de 2025.
El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, explicó con fingido asombro que el modelo hipotético de inundación planteaba «una posible creciente extrema para un evento en 100 años«, pero que «la actual había superado esa expectativa técnica«.
Falso. La creciente de 2010 ya había roto todos los récords. Esta no fue una sorpresa. Fue una omisión criminal.
En Cereté, el caño Bugre estuvo abandonado durante décadas: aguas estancadas, basuras, malezas que taponaban el paso. Un desecho ambiental convertido en bomba de tiempo. El 26 de enero de 2026, pocos días antes de la creciente, la página web de la Alcaldía publicó un mensaje triunfalista: el gobernador Erasmo Zuleta «ratificó y validó la gestión liderada por el alcalde Said Bitar para la intervención integral del Caño Bugre«.
Demasiado tarde. Demasiado poco. Si no se hubieran hecho esos trabajos mínimos de última hora, medio casco urbano de Cereté estaría completamente bajo el agua hoy. El 5 de febrero, el caño estaba a un metro de alcanzar las calles y en algunos barrios se desbordó.
La UNGRD: Un pañito de agua tibia
La Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres activó tres Puestos de Mando Unificados (PMU) y entregó kits de asistencia humanitaria con alimentos y aseo a 13.000 familias. Una respuesta paliativa ridícula para una tragedia que afecta a 17 de los 30 municipios del departamento.
¿Dónde estaban los $660.000 millones del Fondo de Adaptación? ¿Dónde los $50.000 millones para Cotorra? ¿Dónde los $32.000 millones para Sahagún?
Respuesta: En las cuentas bancarias de congresistas, en campañas electorales, en contratos fantasma.
LOS ROSTROS MALIGNOS DEL PODER
No son errores administrativos. No son omisiones técnicas. Son decisiones deliberadas de personajes que priorizaron su enriquecimiento sobre las vidas de miles de familias.
Wadith Manzur:
El cacique de la Comisión de Crédito Público que operaba como intermediario entre el Gobierno y los congresistas venales. Su táctica: presionar, amenazar, negociar. Su resultado: $50.000 millones que nunca llegaron a Cotorra.
Liliana Bitar:
La senadora de Cereté que conocía perfectamente la vulnerabilidad de su municipio y aun así participó en el entramado de compra de votos con contratos de la UNGRD. Su silencio ante la tragedia de su tierra natal es ensordecedor.
Julio Chagüi:
El senador que convirtió la desesperación de 15.000 personas en Sahagún en un negocio de $32.000 millones. Sus chats con funcionarios de la UNGRD son la prueba de que sabía exactamente lo que estaba haciendo: traficar con la vida de los más vulnerables.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco (exministros de Hacienda e Interior, respectivamente): Los arquitectos del sistema de compra de votos con contratos de prevención de desastres. Hoy están detenidos. Pero el daño ya está hecho.
La directiva de Urrá: Quienes decidieron mantener el embalse al máximo de su capacidad en diciembre de 2025 para «maximizar ganancias», sabiendo que se avecinaba temporada de lluvias. Su mentira del 2 de febrero —»mantenemos el control»— mientras el agua devoraba municipios es un acto de cinismo criminal.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE
Este no es un caso aislado. Es corrupción estructural. Como lo señala el profesor Alejandro Nieto en El desgobierno de lo público, el Estado colombiano ha sido secuestrado por una clase política que no busca el bien común, sino su propio beneficio, convirtiéndose en un grupo extractivo que parasita los recursos del país.
La impunidad es la norma. Los mecanismos de fiscalización están cooptados. La inflación normativa genera confusión y arbitrariedad. Y mientras tanto, los ciudadanos siguen resignados, indiferentes o cobardes ante el abuso sistemático.
La declaratoria de calamidad pública en Córdoba no es una solución. Es la apertura de una nueva temporada de saqueo, ahora con la excusa de la «emergencia» para entregar contratos sin control.
LO QUE NADIE QUIERE DECIR
Las inundaciones de Córdoba en febrero de 2026 no fueron un desastre natural. Fueron un crimen de Estado por omisión corrupta.
Los verdaderos culpables no son las lluvias ni el cambio climático. Son:
- Los congresistas que robaron el dinero de la prevención para financiar sus campañas.
- Los funcionarios que priorizaron rentabilidad sobre seguridad en la operación de Urrá.
- Los políticos locales que conocían las zonas vulnerables y no hicieron nada porque no había rédito electoral en obras de mitigación.
- El sistema judicial que permite la impunidad con procesos lentos y sanciones tibias.
- La ciudadanía que sigue votando por los mismos corruptos ciclo tras ciclo.
Cada peso robado a la prevención es una vida perdida en la inundación. Cada contrato fantasma es una familia sin hogar. Cada silencio cómplice es una injusticia perpetuada.
EL LLAMADO FINAL
Córdoba se ahoga. Pero no solo en agua. Se ahoga en corrupción, en impunidad, en desesperanza.
La pregunta no es si hubo corrupción en la gestión de los recursos para prevención de desastres. La respuesta es obvia. La pregunta real es: ¿Vamos a seguir permitiéndolo?
El 2 de febrero de 2026 será recordado como el día en que la justicia admitió la demanda contra los congresistas corruptos y, simultáneamente, como el día en que su corrupción comenzó a cobrar vidas.
Creemos que una Colombia diferente es posible cuando los ciudadanos conocen la verdad completa. Combinamos periodismo de investigación, análisis de datos y seguimiento riguroso para revelar lo que se esconde detrás del poder. Somos corrupcionaldia.com, la plataforma que te da las herramientas para entender y confrontar la corrupción que afecta tu vida diaria.
El agua tiene memoria. Pero tú también. En las próximas elecciones, recuerda quiénes convirtieron tu tragedia en su negocio.
Este artículo expone los entramados invisibles que conectan la corrupción política con consecuencias humanitarias devastadoras, revelando cómo las decisiones de élites políticas se traducen en tragedias para las comunidades más vulnerables.
