El Paujil (Caquetá): Latía Sindy Castillo Muñoz con FURAG dorado y gestión en amarillo, califica 5,5/10 🟡, REGULAR, a vigilar de cerca

En la boca del caimán: la evaluación que El Paujil merece

Nos encontramos en el municipio de El Paujil. Vamos a auscultar la gestión municipal, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, eltrabajo de la alcaldesa Latía Sindy Castillo Muñoz. Haremos un estudio de la administración realizada por esta mandataria en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana. Porque esa es, en el fondo, la pregunta que este reportaje viene a responder: cuando la administración fue interrogada por los sistemas públicos de información —el CUIPO del CHIP, el FURAG de Función Pública, el SECOP, el banco de proyectos de Regalías—, ¿respondió con datos, respondió con obras o simplemente respondió con números repetidos?

El Paujil es un municipio de 19.426 habitantes según la proyección DANE de 2025, sentado a 42 kilómetros de Florencia sobre una vía pavimentada que más parece un corredor de guerra que una autopista del progreso. Es municipio de categoría sexta, corazón de la subregión PDET Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño (Decreto Ley 893 de 2017), uno de los territorios donde el Estado colombiano prometió reventarse de plata y atención para curar las heridas del conflicto. Tiene ganadería, comercio, minas de asfalto y carbón, y una ubicación estratégica en un corredor donde las disidencias de las FARC cobran vacunas, extorsionan comerciantes y disputan el control territorial a punta de plomo. Allí gobierna desde el 1 de enero de 2024 la ingeniera comercial de oficio administrativo Latía Sindy Castillo Muñoz, electa en octubre de 2023 con 3.324 votos —el 48,58 por ciento— por una coalición entre el Partido Conservador y el ASI, y durante buena parte del período, la única mujer al frente de una alcaldía en los dieciséis municipios del Caquetá.

“El papel dice una cosa; la vereda dice otra. Este artículo puso a dialogar a los dos.”

Los números oficiales, lo primero que hay que decirlo, no son tibios: en las vigencias 2024 y 2025 la alcaldía reportó $29.732.367.194 en compromisos presupuestales, un FURAG de 79,02 puntos que la coloca como la tercera mejor alcaldía del Caquetá, cero deuda financiera y un crecimiento del recaudo propio que en algunos rubros rozó el 16 por ciento. Cualquiera que lea esa tarjeta de presentación se iría convencido de que El Paujil es una potencia administrativa en ciernes. Pero el mismo registro oficial muestra otra cara: el 92,3 por ciento de los recaudos clave proviene de transferencias de la Nación; el impuesto de industria y comercio recaudado en todo el año apenas cubre el 8 por ciento de la nómina propia; una sola licitación pública por año en todo el sistema de compras; una Procuraduría que indaga un contrato de regalías por $11.676 millones; y una comunidad que en noviembre de 2024 vio cómo una lideresa social de 23 años, embarazada de cuatro meses, fue secuestrada en pleno casco urbano y apareció muerta casi dos años después.

Este reportaje sometió los dos años de gobierno a una calificación ponderada de seis componentes —FURAG, ejecución presupuestal, Plan de Desarrollo, transparencia en SECOP, cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y percepción ciudadana— y el veredicto es el siguiente: 5,55 sobre 10. Regular. A vigilar de cerca. No es el descaro de un saqueo; es algo más sutil y, por eso mismo, más inquietante: una administración que aprendió a llenar formularios con nota sobresaliente mientras el territorio se le queda esperando. Y cuando la calificación baja de 7,0, nuestra metodología activa automáticamente el análisis jurídico del delito de prevaricato por omisión. Así que no solo vamos a contarle cuánto entró y cuánto salió: vamos a explicarle qué deberes legales quedaron en silencio.

El método: cinco fuentes oficiales y una regla de oro

La corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Y para disecar hace falta bisturí: este trabajo cruzó, como mínimo, seis fuentes independientes y verificables, todas públicas y todas replicables por cualquier lector que quiera repetir el ejercicio. Primero, la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO) del Consejo Superior de Política Fiscal, consultada en el portal CHIP de Superintendencia de Información Principal, con los formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS de diciembre a diciembre de 2024 y 2025, además de los módulos FUT_DEUDA_PUBLICA, FUT_VIGENCIAS_FUTURAS y Sistema General de Regalías. Segundo, el Índice de Desempeño Institucional (FURAG) del Departamento Administrativo de la Función Pública, medición 2025 publicada el 17 de junio de 2026. Tercero, los sistemas SECOP I y SECOP II de Colombian Compra Eficiente, consultados a través de los conjuntos de datos abiertos filtrados por el NIT de la entidad. Cuarto, el Plan de Desarrollo Municipal “Avancemos Juntos Paujil” 2024-2027, expedido el 2 de mayo de 2024, con su Plan Plurianual de Inversiones. Quinto, el banco de proyectos del Sistema General de Regalías del DNP y las notas a los estados financieros del Ministerio de Hacienda. Y sexto, las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación y la prensa regional verificada (El Tiempo, Semana, Infobae, El Colombiano y los medios locales del Caquetá).

Sobre esa base se aplicó la escala de calificación de corrupcionaldia.com, que pondera seis componentes en escala de 0 a 10. La escala no es absoluta: evalúa la gestión en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles. Un 7,0 en El Paujil no equivale a un 7,0 en Medellín, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles en ambas orillas. Una advertencia metodológica importante: cuando un componente no ofrece datos públicos verificables, aquí no se premia la discreción ni se disimula con promedios amables. La ausencia de información pública verificable es, en sí misma, un hallazgo de transparencia y resta puntos. La opacidad no es un estado natural del presupuesto: es una decisión.

Tabla 3. Componentes y pesos de la calificación

Tabla 4. Escala de calificación

Y la regla de oro: si la calificación final es igual o inferior a 6,9 —Regular o peor—, este análisis desarrolla de manera completa el examen jurídico del delito de prevaricato por omisión del artículo 414 del Código Penal colombiano, preguntándose si hubo omisión dolosa de deberes funcionales. Si la calificación hubiese sido igual o superior a 7,0, el análisis penal se omite como cuestión de lógica metodológica. El lector ya conoce el resultado: 5,55. Así que siga leyendo, porque en la última parte de este artículo la lupa jurídica entra en escena.

Finanzas forenses: un municipio con la llave del erario en manos de la Nación

El primer hallazgo de esta radiografía no es una cifra: es una proporción. De los $12.874,9 millones que El Paujil recaudó en 2025 por los conceptos clave que reporta el CUIPO, $11.134,4 millones —el 86,5 por ciento— vinieron del Sistema General de Participaciones para el aseguramiento del régimen subsidiado de salud. Sumado el SGP de propósito general ($751,2 millones), las transferencias nacionales explican el 92,3 por ciento de esos recaudos. Lo que el municipio produce con su propio sudor fiscal —sobretasa a la gasolina, industria y comercio, predial— apenas juntó $757,8 millones. Dicho sin rodeos: si mañana Bogotá se resfriara, El Paujil se neumoniza. El 90 por ciento de la plata que mueve esta alcaldía no es fruto de su gestión, sino de un giro automático del gobierno central que la administración recibe, distribuye y reporta.

Gráfica 1. Composición de los recaudos clave reportados por El Paujil en 2025 (millones de pesos). Fuente: CHIP, CUIPO.

Tabla 5. Comparativo de recaudos clave 2024-2025 (CUIPO, CHIP)

Gráfica 2. Recaudos clave 2024 frente a 2025 (millones de pesos). Fuente: CHIP, CUIPO.

El detalle fino cuenta una historia de luces y sombras. En la columna de las luces: la sobretasa a la gasolina creció 15,5 por ciento (de $554,5 a $640,6 millones) y el impuesto de industria y comercio creció 16,1 por ciento (de $100,9 a $117,2 millones). Son los dos ingresos de libre destinación más dinámicos del municipio, y que crezcan demuestra que la administración al menos movió el tablero de la fiscalización local. En la columna de las sombras: el SGP de propósito general —esa plata con la que el alcalde puede, literalmente, decidir qué obra hacer— cayó 2,4 por ciento, de $769,3 a $751,2 millones. Y el impuesto de industria y comercio, aun con su crecimiento, es tan raquítico que los $117,2 millones recaudados en todo un año equivalen al 8 por ciento de la nómina permanente ($1.470,9 millones): el comercio pujilense, todo el comercio, no alcanza a pagarle los sueldos a la planta de personal de la propia alcaldía por más de un mes y medio.

La anomalía que ningún informe cuenta: dos años, la misma cifra

Aquí viene el hallazgo forense que este reportaje puso sobre la mesa y que ninguna rendición de cuentas municipal explica. En los formularios oficiales D_EJECUCION_DE_GASTOS del CUIPO, los cierres de las vigencias 2024 y 2025 reportan exactamente los mismos valores, al peso: $29.732.367.194 en compromisos totales, $1.470.878.883 en gastos de personal de planta permanente, $890.880.979 en factores salariales comunes, $888.893.933 en sueldo básico y hasta $1.995.887 en gravamen a los movimientos financieros. Dos ejercicios fiscales completos, dos presupuestos distintos, y un reporte de gasto clavado idéntico al peso. Hay solo tres lecturas posibles, y ninguna es buena. La primera: el municipio no actualizó el reporte y cargó la información de 2024 en la casilla de 2025, lo que sería un incumplimiento grosero del deber de reporte veraz y oportuno que la Ley 819 de 2003 y la normatividad del CUIPO exigen. La segunda: los formularios de 2025 reflejan todavía el corte de 2024, lo que evidencia una debilidad estructural en la calidad del dato público que el CHIP pone a disposición del ciudadano. La tercera: que casualmente dos vigencias completas produjeran exactamente los mismos compromisos, cosa que en contabilidad pública es tan probable como ganar el Baloto dos semanas seguidas. Sea cual fuere la explicación, el deber de reportar información presupuestal confiable es un deber legal del mandatario, no un trámite decorativo.

Tabla 6. Cifras idénticas reportadas en los cierres 2024 y 2025 (D_EJECUCION_DE_GASTOS)

Deuda cero: virtud, casualidad o incapacidad

En el módulo de deuda pública (FUT_DEUDA_PUBLICA) de las vigencias 2024 y 2025, El Paujil reporta $0,00 en todos los rubros: monto aprobado de crédito, desembolsos, intereses pagados y saldo al cierre. La renta pignorada también es de $0,00 y 0,00 por ciento. La lectura amable dice que se trata de una política de cero endeudamiento que deja las rentas libres para invertir. La lectura realista obliga a dos precisiones. Primera: los municipios de categoría sexta con recaudo propio raquítico rara vez superan los topes legales de endeudamiento de la Ley 358 de 1997, así que el saldo cero dice tanto de la sobriedad de la administración como de la prudencia de los banqueros. Segunda: no endeudarse tampoco es una hazaña cuando no se construye capacidad de pago. Un municipio que crece en recaudo propio a ritmo del 16 por ciento anual sobre bases tan pequeñas necesitaría décadas para financiar por sí solo una sola obra de las que su territorio necesita.

El capítulo que sí llama la atención es el de las vigencias futuras. Según el reporte FUT_VIGENCIAS_FUTURAS recibido el 20 de febrero de 2026, mediante el acto administrativo 018 del 7 de noviembre de 2025 la alcaldía se autorizó a sí misma una vigencia futura excepcional por $219.300.000, financiada con recursos del SGP de Salud Pública, para ser ejecutados en su totalidad en la vigencia 2026. El mecanismo es legal —lo autoriza el artículo 44 de la Ley 819 de 2003 y sus decretos reglamentarios— y en salud tiene sentido asegurar la continuidad de programas. Pero obsérvese el detalle: la administración comprometió en noviembre de 2025 plata de la vigencia siguiente en el único sector que ya concentra el 86,5 por ciento de sus ingresos. Cuando un municipio amarra por anticipado el presupuesto del año que viene en salud pública, o está resolviendo una emergencia sanitaria que no se ha contado, o está tapando con la vigencia futura un agujero de gestión del bienio que se va. El expediente oficial no ofrece ninguna de las dos explicaciones.

Regalías y PDET: la plata que llega y las preguntas que quedan

El Paujil es municipio PDET desde el Decreto Ley 893 de 2017, dentro de la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, y por lo tanto es uno de los territorios sobre los que el Estado prometió concentrar la inversión de la paz. El territorio no está solo en el papel: el Plan de Desarrollo Municipal priorizó en mesas participativas cinco iniciativas del Sistema General de Regalías por $6.714.751.854, de las cuales el 65 por ciento se destina a la zona rural, alineadas con los instrumentos de planeación PDET y el Programa de Desarrollo Territorial (PATR) que registró 3.322 iniciativas comunitarias. Los registros de MinHacienda, por su parte, muestran giros del SGR hacia el Municipio de El Paujil por $2.626.608.075 según las notas a los estados financieros con corte marzo de 2026, además de su inclusión en las asignaciones directas del presupuesto del sistema. Hasta aquí, todo bien: la plata existe, el marco existe, las prioridades fueron socializadas.

El problema empieza cuando se mira cómo se ha comportado la plata ya asignada. El banco de proyectos del DNP registra para el territorio un portafolio que supera los $75.000 millones entre proyectos terminados, en ejecución y multianuales. El más grande y el más sonado es la pavimentación en placa huella de la vía rural Morabia-Corea-El Vergel (BPIN 20201301010325), un proyecto de $25.145 millones financiado con recursos de paz del OCAD Paz y ejecutado por Foncolombia, cuyo contrato de obra número 006 de 2022 por $11.676 millones terminó en la aguja del escarabajo de la Procuraduría General de la Nación: mediante boletín del 25 de agosto de 2025, el ente de control abrió indagación previa por presuntas irregularidades que incluyen sobrecostos, deficiencias en los estudios y diseños, ausencia de plan de sostenibilidad, modificaciones contractuales sin sustento técnico —como la eliminación del sellante de juntas—, garantías contractuales insuficientes, falencias en la interventoría y la supervisión, y publicación extemporánea de documentos contractuales. La indagación compromete como posibles responsables al municipio de El Paujil, a la Gobernación del Caquetá, a Foncolombia y al propio OCAD Paz. Traducido al lenguaje de la vereda: los datos públicos oficiales no confirman que haya habido hurto, pero sí confirman que hubo negligencias documentadas en un contrato de regalías que la administración actual heredó y cuya supervisión compartía.

Tabla 7. Proyectos del Sistema General de Regalías vinculados a El Paujil (DNP-ProyectosSGR)

Y luego está el capítulo asfaltita, que suena a letra menor y es un Drama con mayúsculas en un municipio que tiene minas de asfalto. La Agencia Nacional de Minería registra a favor de la Alcaldía de El Paujil el Contrato de Concesión D 2655 de asfaltita, con anotación ejecutoriada desde el 13 de marzo de 2025. El Concejo Municipal autorizó, mediante el Acuerdo 019 del 20 de noviembre de 2025, la explotación del material de la mina Las Pavas —de propiedad municipal—, autorización que venció el 31 de marzo de 2026. En septiembre de 2026 la Procuraduría abrió una nueva indagación previa por presunta explotación irregular de la asfaltita después de esa fecha, y ordenó verificar los contratos, los convenios y los ingresos municipales generados por el material. Un recurso de la comunidad, un permiso que se vence y una explotación que continúa: la clase de detalle que, en un municipio saneado, no existiría; y que en uno opaco se convierte en el primer ladrillo de expedientes más grandes.

“Los datos públicos oficiales no confirman que haya habido hurto. Pero sí confirman negligencias documentadas en un contrato de regalías por $11.676 millones.”

FURAG: el índice que enamora al DNP y no se siente en la calle

En la medición 2025 del Formato Único de Reportes de Avance en Gestión (FURAG), el Departamento Administrativo de la Función Pública le puso a la Alcaldía de El Paujil una calificación institucional de 79,02 puntos sobre 100. La cifra es objetivamente buena, y conviene decirlo con todas sus letras para que nadie acuse a este reportaje de amañar la cancha: con ese puntaje, El Paujil ocupa la posición 336 entre las 1.102 alcaldías del país, está por encima del promedio nacional de 70,19, por encima del promedio de su grupo de comparación (las alcaldías de grupo 5 promedian 67,43) y solo cede dentro del Caquetá ante Valparaíso (97,15) y El Doncello (95,52). Es, además, cuatro puntos por encima de la capital departamental: Florencia promedió 73,86. Si el desempeño institucional se midiera en formularios, El Paujil sería la envidia del Caquetá.

Gráfica 3. FURAG 2025, los 16 municipios del Caquetá (IDI, escala 0-100). Fuente: Función Pública, reporte del 17 de junio de 2026.

Pero ahí está precisamente la trampa metodológica que este reportaje se propone desmontar. El FURAG mide capacidad de proceso: si el plan existe, si los indicadores están formulados, si los sistemas de información reportan, si los planes de acción se cargaron a tiempo. No mide si el agua llegó a la vereda El Naranjal, ni si la vía a la quebrada se mantuvo abierta, ni si la extorsión bajó en el parque principal. Un municipio puede ser campeón nacional de reportes y seguir siendo un páramo de carencias, y ese es exactamente el patrón que emerge cuando se pone el FURAG al lado de las otras cinco componentes de esta evaluación. La nota de 7,9 sobre 10 que le asignamos al componente FURAG es la más alta del expediente y, al mismo tiempo, la más elocuente: la maquinaria administrativa funciona como reloj suizo en lo documental, mientras en lo territorial el reloj marca otra hora. Que el tercer mejor FURAG del departamento coincida con una calificación global de 5,55 dice menos de El Paujil y más de lo que el índice no mide. Los municipios que en verdad transforman su territorio —no hay que ir más lejos que Valparaíso, con 97,15— demuestran que índice y calle sí pueden caminar juntos.

Plan de Desarrollo contra el sentir de la gente: cinco compromisos bajo la lupa

El instrumento rector del bienio es el Plan de Desarrollo Municipal “Avancemos Juntos Paujil” 2024-2027, expedido el 2 de mayo de 2024 y puesto a estudio del Concejo. Su arquitectura promete cinco cosas grandes: avanzar en la seguridad humana y la justicia social; promover el desarrollo urbano sostenible y la regularización de la tenencia de la tierra; garantizar acceso equitativo a vivienda digna con agua y saneamiento; conservar la biodiversidad con uso sostenible de los recursos naturales; e instituir una gestión pública participativa que incluya y proteja la diversidad. Sobre el papel, el documento está articulado con el Plan Nacional de Desarrollo y con el plan departamental, tiene tres líneas estratégicas y hasta capítulo propio de iniciativas de regalías priorizadas en mesas con la comunidad. La pregunta que manda aquí no es si el plan existe —existe, y bien estructurado—, sino si los cinco compromisos anclan en algo observable. Para responderla, este reportaje construyó cinco indicadores de gestión directamente ligados a las cinco preocupaciones que la evidencia periodística y oficial identifica como el sentir real de la comunidad pujilense.

Tabla 8. Los cinco compromisos del Plan frente a la evidencia del bienio 2024-2025

Sería injusto cerrar este apartado sin reconocer lo que sí se hizo, porque la evaluación honesta también pesa los aciertos. En el bienio la administración remodeló y adecuó el Palacio Municipal con una licitación de obra por $866,7 millones —la única licitación pública de 2024—, contrató la construcción de alcantarillado sanitario por $799,8 millones, construyó y adecuó andenes por $300,0 millones y escenarios recreativos por $292,4 millones, estructuró el mapa comunitario de gestión del riesgo, entregó obras de drenaje para la movilidad rural y sostuvo las Ferias de Paujil 2024 y la ExpoPaujil 2025 como escaparates económicos del municipio. Con la Gobernación llegó un parque biosaludable para el barrio Las Acacias y 60 máquinas de ordeño para los ganaderos. Todo esto es real, es verificable en SECOP y en el portal de la alcaldía, y a la comunidad le importan. Pero ninguno de estos logros toca el hueso de los cinco problemas estructurales: ni desarma la extorsión, ni abre la vereda, ni garantiza el agua, ni levanta el aula, ni sostiene el hospital. Son las capas de pintura del edificio: bien aplicadas, sí; pero el edificio sigue con los cimientos agrietados.

SECOP: contratación directa, proveedores de siempre y una licitación al año

Si las finanzas son la primera mitad del expediente, la contratación es la segunda, y aquí el termómetro de la transparencia se enfría de golpe. Los registros oficiales de Colombian Compra Eficiente muestran que en 2024 la alcaldía publicó 245 procesos en el SECOP I —el sistema legado, de menor trazabilidad electrónica— por $10.271,2 millones, y solo 10 contratos en el SECOP II por $1.952,1 millones. En 2025 la casa volteó: 129 contratos en SECOP II por $8.406,3 millones y 144 procesos rezagados en SECOP I por $6.524,2 millones, con cargues que se prolongaron hasta junio de 2025. Sumados y salvando los dobles conteos inevitables entre sistemas, el bienio movió aproximadamente $27.150 millones en procesos de compra pública, un volumen colosal para un municipio de 19.000 habitantes. ¿Y cómo se repartió esa plata? Predominando la modalidad menos transparente de todas: en 2024, el 66 por ciento de los procesos del SECOP I fue contratación directa (163 de 245) y la mínima cuantía el 27 por ciento. En 2025, la contratación directa siguió al frente con 56 por ciento en SECOP II y 76 por ciento en SECOP I. Y las licitaciones públicas —el único mecanismo donde el mercado compite a cara descubierta— aparecen una sola vez por año: la remodelación del palacio municipal en 2024 ($866,7 millones) y la compra de materiales ferreteros en 2025 ($529,2 millones).

Tabla 9. Modalidades de contratación de la Alcaldía de El Paujil (SECOP I + SECOP II)

Los contratos individuales completan el cuadro. En 2024, el SECOP II registró un contrato por $569,0 millones para las ferias y exposiciones equinas y bovinas con ASOMATICURU; $420,0 millones para la atención integral de adultos mayores con FUNDANACER; $245,9 millones para fomento artístico con danzas, también con ASOMATICURU; y $201,5 millones para deporte con la Fundación Proyectando Vida y Desarrollo. En 2025, los mayores fueron $764,3 millones para expresiones artísticas y culturales con la Fundación Caquetá Diversa, $743,1 millones para mejoramiento de agua potable con EMSERP, $652,5 millones de consultoría ambiental con el Grupo Empresarial GLES y los $400,3 millones de la Fundación Nuevo Despertar Inti para cultura y agro. El patrón que emerge no es el de un saqueo demostrado: es el de un mercado cerrado, donde un puñado de fundaciones y proveedores concentra la plata de la cultura, el deporte, la tercera edad y el agro mediante modalidades que no exigen competencia. La Fundación Proyectando Vida y Desarrollo firmó 12 contratos por $1.510 millones en el bienio; el Grupo Empresarial GLES, 5 por $1.209 millones; Fonseca y Jaramillo, 6 por $827 millones; la Asociación Bienestar de Vida, 10 por $536 millones; y la Fundación Adulto Mayor San José, 6 por $501 millones. Cuando cinco proveedores se reparten más de $4.500 millones sin casi licitaciones, la pregunta no es si algo está prohibido: es por qué nadie más tiene chance de presentarse.

Tabla 10. Concentración de proveedores 2024-2025 (SECOP II, verificación en datos abiertos)

A este componente le asignamos 3,5 sobre 10, la nota más baja de toda la evaluación, y conviene explicar por qué sin exagerar. No hay, hasta la fecha, una condena ni un hallazgo fiscal definitivo sobre la contratación pujilense de este bienio. Pero la transparencia no se mide por la ausencia de condena: se mide por la probabilidad de que el ciudadano pueda mirar. Con dos terceras partes de los procesos en contratación directa, una licitación pública anual, el uso del SECOP I legado hasta mediados de 2025, la publicación extemporánea de documentos contractuales ya señalada por la Procuraduría en el contrato de placa huella, y una concentración de proveedores que raya en el societarismo, la contratación de El Paujil se hace en la penumbra. Y en la penumbra, aunque nadie esté haciendo nada indebido, todo se parece sospechosamente a lo indebido.

La calificación: 5,55 sobre 10, Regular — a vigilar de cerca

Con todas las piezas sobre la mesa, la suma da lo que da. El FURAG aporta un 7,9 redondo que es la joya de la corona; la ejecución presupuestal un 5,5 que combina crecimiento del recaudo propio y cero deuda con dependencia del 92 por ciento, caída del propósito general y esa anomalía de cifras idénticas que mancha la calidad del dato; el Plan de Desarrollo un 5,0 que reconoce la obra menor ejecutada pero constata que ninguno de los cinco problemas estructurales giró de fondo; la transparencia en SECOP un 3,5 por penumbra competitiva; y los ODS y la percepción ciudadana un 5,0 y un 4,5 respectivamente, por razones que veremos enseguida. El promedio ponderado es 5,55 sobre 10: Regular, con el indicador VIGILAR. No es pésimo; nadie está diciendo que El Paujil sea Tuluá ni Toluviejo. Pero tampoco es una gestión que la ciudadanía pueda dejar solo en manos de sus índices.

Tabla 11. Calificación final del bienio 2024-2025

Gráfica 4. Radar de calificación por componentes frente al umbral de gestión BUENA (7,0).

Los ODS: la cuenta pendiente del desarrollo sostenible

Vale la pena detenerse en el componente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque ahí la gestión muestra su cara más ambigua. En el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), el bienio fue de retroceso tangible: la extorsión de la estructura Rodrigo Cadete asfixia al comercio, una lideresa social fue secuestrada y asesinada en el casco urbano, el confinamiento humanitario creció y la propia mandataria terminó, en mayo de 2026, suspendida por la Procuraduría e investigada por la Fiscalía en materia electoral. En el ODS 6 (agua y saneamiento) los proyectos avanzan a goteo —nunca mejor dicho— mientras las suspensiones del servicio siguen siendo pan de cada día y el alcantarillado urbano acumula décadas de deuda. En el ODS 4 (educación de calidad) las denuncias públicas de las veredas El Naranjal y Santa Marta hablan solas. En el ODS 3 (salud y bienestar), la plaza está servida por la ESE departamental y la plata municipal transita sin capacidad de decisión. Solo el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura) registra avances verificables —palacio, andenes, escenarios recreativos, placa huella—, aunque en escalas menores que las necesidades. En síntesis: en la cuadrilla de los ODS, El Paujil avanza en la casilla de las obras y retrocede en la de las personas.

El fantasma del artículo 414: prevaricato por omisión

La regla metodológica de esta casa es de acero: cuando la calificación global es igual o inferior a 6,9, el análisis jurídico del prevaricato por omisión se activa automáticamente, y El Paujil, con 5,55, activa la alarma. Precisión inicial e innegociable: en Colombia opera la presunción de inocencia, no existe condena judicial alguna contra la alcaldesa por los hechos aquí reseñados, y este apartado no declara culpables: delimita, con base en hechos documentados en fuentes oficiales, el perímetro de responsabilidad que los entes de control y de justicia están obligados a examinar. Dicho esto, entremos al tipo penal.

El artículo 414 del Código Penal colombiano sanciona al servidor público que se abstenga de cumplir la decisión tomada en ejercicio de sus atribuciones, o que omita o retarde el cumplimiento de otro deber propio de su cargo. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia exige tres elementos para configurar el delito: primero, un deber funcional claro, concreto e impostergable que recaiga sobre el servidor; segundo, la omisión dolosa —no basta la negligencia torpe: se requiere la conciencia de tener el deber y la voluntad de incumplirlo o dejarlo morir en el expediente—; y tercero, la gravedad del perjuicio causado a la administración o a los bienes jurídicos sociales protegidos. El prevaricato por omisión es, en esencia, el delito de los que no hacen: la modalidad penal de los expedientes que no se firman, las supervisiones que no se hacen, los reportes que no se actualizan y los recursos que se dejan vencer.

Aplicado el marco al expediente de El Paujil, este reportaje identifica cuatro hechos documentados que, de demostrarse su componente doloso, encajarían en el perímetro del tipo penal. Primero: la publicación extemporánea de documentos contractuales en el contrato de regalías 006 de 2022 por $11.676 millones, señalada expresamente por la Procuraduría en su indagación previa de agosto de 2025. La publicidad contractual no es un capricho administrativo: es un deber legal de la Ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública, y su incumplimiento deliberado sabe a omisión funcional con perjuicio para el control social. Segundo: las deficiencias en supervisión e interventoría con sobrecostos sobre la misma obra, donde el supervisor estatal —función que compartía el municipio— tenía el deber legal de velar por la correcta ejecución de recursos del Sistema General de Regalías. Tercero: la explotación de la mina municipal de asfaltita de Las Pavas con la autorización del Acuerdo 019 de 2025 ya vencida, que la Procuraduría indaga desde septiembre de 2026: un recurso de la comunidad, un permiso caducado y una extracción que continuó; el deber de policía administrativa sobre bienes públicos municipales es del alcalde, no de la suerte. Cuarto: la calidad del dato presupuestal —cierres de 2024 y 2025 reportados con cifras idénticas al peso en el CUIPO—, que compromete el deber de reporte veraz y oportuno que la Ley 819 de 2003 impone a la máxima autoridad fiscal del municipio. Cada uno de estos hechos, por separado, puede tener una explicación administrativa inocente. Juntos, dibujan un patrón que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen el deber jurídico de investigar a fondo, empezando por la pregunta que ningún informe municipal responde: ¿quién decidió no hacer lo que estaba obligado a hacer?

“El prevaricato por omisión es el delito de los que no hacen: los expedientes que no se firman, las supervisiones que no se hacen, los permisos que se dejan vencer.”

El cuadro de riesgo se completa con los hechos posteriores al bienio evaluado, que este reportaje registra con la prudencia del periodista pero también con la contundencia del dato. El 31 de mayo de 2026, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a la alcaldesa Castillo por 21 días por la presunta falta disciplinaria gravísima de participación indebida en política electoral —un video en TikTok portando un poncho con la imagen de un candidato presidencial en plena veda—, actuación que partió de reportes de la Gobernación del Caquetá y de la Personería Municipal, y que vino acompañada de una investigación de la Fiscalía por presunto constreñimiento al sufragante. La mandataria retomó el cargo al vencer la suspensión, pero el mensaje institucional quedó escrito: la conducta funcional de esta alcaldesa ya no es una preocupación de columnistas, es una materia oficial de investigación. Para efectos de este balance de dos años, los hechos de 2026 no alteran la nota; pero sí validan, con la firma de los entes de control, la lectura de fondo que esta evaluación había construido con datos: en El Paujil, los deberes funcionales se han manejado con demasiada ligereza para dormir tranquilo.

Cierre: el FURAG no alcanza para tapar la vereda

El Paujil ha demostrado que sabe rendir exámenes. Su FURAG es el tercero del Caquetá, su recaudo propio crece, su deuda es cero y su equipo llena formularios con una eficiencia que muchas capitales envidiarían. Pero los exámenes también se rinden en la vereda El Naranjal, donde la comunidad salió a televisión a pedir una escuela digna; se rinden en el comercio del parque, que paga extorsión mientras contratación directa reparte la plata de la cultura entre las fundaciones de siempre; se rinden en la quebrada que corta la vía y en el acueducto que se suspende con cada invierno; y se rindieron, con la crueldad de los hechos, el 26 de noviembre de 2024, cuando una lideresa de 23 años fue secuestrada en el casco urbano y el municipio entero aprendió que la seguridad prometida en el Plan de Desarrollo no está en manos de quien debe estar. La calificación de esta casa es 5,55: Regular, a vigilar de cerca. Y hay una pregunta que este reportaje deja flotando sobre el cauce del Orteguaza, porque no podemos responderla solos: si el tercer mejor índice institucional del Caquetá convive con todo lo que acabamos de contar, ¿qué estarán escondiendo los municipios que sí salen mal en el FURAG? La verdad, como siempre, no solo se lee: se siente. Y en El Paujil, por ahora, se siente a deber.

Nota metodológica

Este artículo se construyó con fuentes públicas verificables, consultadas entre septiembre y octubre de 2026. Las cifras presupuestales provienen de la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO), formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS, D_EJECUCION_DE_GASTOS, FUT_DEUDA_PUBLICA, FUT_VIGENCIAS_FUTURAS y Sistema General de Regalías, portal CHIP de consultas ciudadanas, vigencias 2024 y 2025. La calificación institucional proviene del FURAG 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública (reporte territorial del 17 de junio de 2026). Los datos de contratación provienen de SECOP I y SECOP II de Colombian Compra Eficiente, procesados desde los conjuntos de datos abiertos de datos.gov.co filtrados por el NIT 800.095.763-0; los conteos por modalidad y proveedor son verificables y los dobles conteos entre sistemas fueron advertidos en el texto. El portafolio de regalías proviene del conjunto DNP-ProyectosSGR y de las notas a los estados financieros del Ministerio de Hacienda (corte marzo 2026); las actuaciones de control, de los boletines oficiales de la Procuraduría General de la Nación (25 de agosto de 2025 y septiembre de 2026) y de las notas de prensa nacional citadas (El Tiempo, Semana, Infobae, El Colombiano). El Plan de Desarrollo Municipal “Avancemos Juntos Paujil” y su Plan Plurianual de Inversiones fueron consultados en el sitio oficial del municipio. La calificación es un ejercicio periodístico de opinión fundamentada en datos públicos; respeta la presunción de inocencia y no constituye pronunciamiento judicial ni disciplinario. La administración cuenta con el derecho de réplica que este medio le reconoce y le concederá espacio de inmediata publicación.

Investigación, análisis y redacción: Hipólito Palencia, para corrupcionaldia.com. La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.