El revuelo que se ha armado alrededor de la salida del secretario general de la Cancillería nacional, José Antonio Salazar, a quien el mismo presidente Gustavo Petro calificó de traidor y corrupto, tiene sus aristas que dan cuenta del poder de la corrupción en Colombia.
Arista 1
Todo secretario general de cualquier entidad gubernamental, se supone, es el hombre de confianza del número uno de esa entidad, llámese gerente, director, gobernador, alcalde, ministro o canciller. Nadie nombra de secretario general a un enemigo, a alguien que no esté de acuerdo con su manera de pensar, administrar u organizar la tarea a su cargo.
Al parecer, el canciller suspendido Álvaro Leyva tenía de secretario general a un enemigo, a un agazapado que el mismo presidente Gustavo Petro había aprobado, y esto da cuenta de que muchos cargos importantes del gobierno se entregan a compromisos pactados, ya sea políticos o económicos. He aquí uno de los gérmenes de la corrupción en Colombia.
Arista 2
Todo indica que el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, es santista (fieles seguidores del expresidente Juan Manuel Santos), y el canciller encargado Luis Gilberto Murillo también lo es. A esto se le suma que la empresa Thomas Greg & Sons es muy cercana al expresidente Santos, quien en un tiempo hizo parte de su Junta Directiva.
Arista 3
El 23 de febrero, el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, expidió un comunicado (Cancillería suspende apertura de licitación para expedición de pasaportes) en el cual también ordenó «reasignar la competencia para dirigir el proceso licitatorio sobre pasaportes, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y en general, todos los actos relacionados con el mismo, a la Secretaría General».
Es decir que, por un lado suspendía la apertura de la nueva licitación para la expedición de pasaportes por un valor que supera el medio billón de pesos, hasta tanto fueran revisadas las más de 550 observaciones realizadas a los prepliegos, por 19 partes interesadas. Y por otro lado, el canciller (e) Murillo, le entregaba todo el poder a José Antonio Salazar para que manejara el proceso licitatorio sobre pasaportes.
Para recordar
El proceso licitatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para la fabricación de pasaportes se abrió el 24 de mayo de 2023 con CDP 74-923 del 3 de abril de 2023. Ese proceso tuvo un final accidentado y fue declarado desierto el 13 de septiembre de 2023 por el canciller Álvaro Leyva, lo cual le costó la suspensión temporal del cargo por cuenta de la Procuraduría General de la Nación. El CDP 74-923 del 3 de abril de 2023 caducó el 31 de diciembre de 2023 al igual que la autorización del cupo de vigencias futuras.
La Cancillería volvió a abrir un nuevo proceso con CDP 11224 del 5 de enero de 2024 y ese proceso está vigente. No obstante, el canciller (e) decidió suspenderlo temporalmente (ver Arista 3).
Arista 4
Con todo el poder en la mano para ejercer autoridad sobre la licitación de pasaportes, que le otorgó el canciller (e) Murillo, el exsecretario general de la cancillería decidió expedir una resolución otorgándole el contrato de la fabricación de pasaportes a Thomas Greg & Sons, reviviendo la licitación de mayo de 2023. Los socios de la firma ganadora dicen que los tomó por sorpresa esta noticia.
Invitamos a nuestros lectores a realizar un análisis crítico de cada una de estas aristas para que saque sus propias conclusiones sobre el poder de corrupción en Colombia y nos ayuden a responder preguntas como ¿El exsecretario general de la cancillería actuó solo?
Un poco de historia de esta licitación
El Gobierno debía contratar el año pasado a una nueva firma para la fabricación de los pasaportes, debido a que terminaba el contrato firmado con la empresa Thomas Greg & Sons, muy cercanos al expresidente Juan Manuel Santos, quien hizo parte de su Junta Directiva. La nueva licitación para adjudicar este proceso, por valor de más de $500 mil millones de pesos, se abrió en el 2023, y terminó de manera accidentada, a tal punto que le costó la suspensión temporal al propio canciller, Álvaro Leyva.
Resulta que desde antes de ser convocada, ya se había advertido el interés de la firma Thomas Greg & Sons de quedarse nuevamente con el millonario negocio, ya que lleva cerca de 20 años ganando las millonarias licitaciones de impresión de pasaportes, sin mucho esfuerzo.
En esta ocasión, firmas como Veridos (Alemania) o In Groupe (Francia), denunciaron que para el concurso, se impuso un pliego de condiciones que solo TGS podía cumplir.
Pese a esto y a hechos que daban cuenta de que no estaban alejadas de la realidad tales advertencias, el entonces secretario general de la Cancillería, desatendió las recomendaciones e intentó adjudicar el contrato a la mencionada firma.
Su desatención a las decisiones de su jefe inmediato, el canciller Álvaro Leiva Durán, en torno a este proceso de contratación, le valieron su declaración de insubsistencia en el cargo desde el pasado 26 de febrero.
Pero, antes de su salida, se suspendió el mencionado proceso licitatorio, que contaba ya con más de 550 observaciones por parte de los otros 19 interesados.
Los antecedentes
Lo cierto es que el ahora insubsistente secretario de la Cancillería fue denunciado y enfrenta desde agosto de 2023 un proceso penal por permitir que en la licitación de los pasaportes se hicieran pliegos sastre a la medida de Thomas Greg & Sons e ignorar una consultoría internacional que recomendaba cambiarlos.
Para ese tiempo, llegó a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia una denuncia contra José Antonio Salazar, por la presunta corrupción en el proceso de licitación de los pasaportes.
Los denunciantes pidieron que se investigara al secretario Salazar pero también a su asesora Lyda Magaly Rodríguez Gutiérrez y al director administrativo y financiero de la entidad, Eduardo Alexander Franco Solarte, por el posible direccionamiento del contrato para favorecer al operador que hasta ese momento tenía a su cargo el proceso de elaboración y distribución de las libretas.
Tales denuncias, tenían además como soporte las recomendaciones que hizo la Organización de Aviación Civil Internacional, (Oaci), poe solicitud que hiciera el Gobierno de Colombia, para que revisara todas las condiciones técnicas de la licitación de los pasaportes.
En el documento penal también señalan que «tal y como fue estructurado desde el proyecto de Pliego de Condiciones de la Licitación 001 de 2023, se logró el fin de tener por adjudicatario a Thomas Greg & Sons, dejándolo como único proponente habilitado de acuerdo con las predicciones de la consultoría internacional y la protesta unánime de todos aquellos proponentes que en un principio aspiraban a participar de lo que se suponía un trámite legal, transparente y objetivo».
Para los quejosos, los hechos demuestran que el proceso no se diseñó de acuerdo con los lineamientos de la contratación pública, ni tenía como objetivo final fomentar la libre competencia como tantas veces lo pidió el propio presidente Gustavo Petro y su canciller, Álvaro Leyva.
Según los quejosos, el documento y sus sugerencias, fueron totalmente ignorados por Salazar y su equipo.
“Se identificaron una serie de funcionarios quienes sin ningún tipo de apoyo técnico desconocieron un informe de consultoría de una autoridad internacional y fundándose en el mismo confeccionaron un Pliego de Condiciones que estableció inequívocamente como único proponente al contratista actual que provee los pasaportes a contratar, con condiciones de imposible cumplimiento para cualquier otro proponente que quiera concursar en el anotado proceso de selección”, advirtieron los denunciantes.
Según ese informe, las condiciones de la licitación, tal como fueron estructuradas por la Cancillería, permitían que solo se presentara un único proveedor. Además, los puntos que la organización pidió evitar, coincidieron con los que luego denunciaron como obstáculos la mayoría de las empresas interesadas en el proceso.
Uno de ellos era la solicitud de muestras de pasaporte colombiano. La Oaci dijo en sus conclusiones que “no es una práctica común pedir ejemplares a los proveedores en el momento de la presentación de las propuestas, ya que no son motivo de exámenes, ya que ningún proveedor (excepto el actual), podrá dar especímenes finales, por lo tanto, solo se favorecería al actual proveedor”.
A pesar de que esa también fue una de las observaciones en las que coincidieron potenciales proponentes como Veridos México, Cadena SA, INCM e IN Groupe, entre otros, que pidieron que en los pliegos eso se cambiara, ese requisito, por insistencia de Salazar, quedó así.
También alertaron sobre los cortos plazos para preparar propuestas, abastecerse de insumos y alistar la ejecución de un eventual contrato.
En la consultoría que realizó la Oaci se advirtió claramente que “cualquier otro adjudicatario del proceso licitatorio, distinto del proveedor actual, se demoraría un mínimo de siete meses a partir de la suscripción del contrato correspondiente, para poder implementar la logística necesaria que resultaría en la producción y distribución del primer pasaporte como consecuencia del desarrollo del contrato. Únicamente el contratista actual se encuentra en capacidad de proveer especímenes finales del pasaporte, por lo que en aras de garantizar la pluralidad del proceso expresamente recomienda su no exigencia como requisito habilitante en el proceso licitatorio, so pena de favorecer de manera exclusiva a Thomas Greg & Sons”.
Esa recomendación tampoco se tuvo en cuenta y por lo tanto, en la denuncia contra el secretario Salazar y su equipo le piden a las autoridades que investiguen por qué la Cancillería, por un lado, esperó hasta marzo de 2023 para adelantar el estudio de mercado, y por el otro, dio solo dos meses para que una vez se adjudicara el contrato, el ganador cumpliera con la ejecución.
“Resulta evidente que los encargados de la licitación tenían conocimiento de que se trataba de un requisito imposible de cumplir para cualquier proponente distinto al actual proveedor. Hecho que fue claro en el cronograma de la licitación del proyecto de pliegos publicado en abril que planteaba escasos 2 meses para la licitación y otro tanto para la preparación del contrato. Esto sin contar que los plazos se hicieron aún más estrechos gracias a las demoras”, manifiesta la denuncia.
La consultoría que la Cancillería contrató con la OACI le costó al país $125 millones, que se habrían tirado la basura debido a que ninguna de las observaciones y recomendaciones plasmadas allí fueron oídas.
La investigación contra José Antonio Salazar y los otros dos funcionarios que habrían participado en ese presunto direccionamiento no ha avanzado en la Fiscalía General de la Nación. En el caso de la Procuraduría, a todos se les archivó.
Pero lo más curioso es que en cambio, al que castigó la Procuraduría, fue a Alvaro Leyva, quien fue suspendido desde enero de su cargo, por haber declarado desierto, el proceso licitatorio para pasaportes.
Tanto Salazar como su asesora Lyda Magaly Rodríguez y el exdirector administrativo y financiero de la entidad, Eduardo Alexander Franco, también fueron denunciados por haber entregado otros contratos, supuestamente a dedo y sin cumplir con los requisitos legales. Por la nueva denuncia el señor Franco renunció a la Cancillería y no se sabe si con la declaratoria de insubsistencia de Salazar también saldrá su asesor de la entidad
El Presupuesto General de la Nación es de $502.6 billones de pesos. Saber qué hacen con ese dinero los administradores elegidos o asignados en cada uno de los frentes del gobierno de turno, es responsabilidad de cada ciudadano colombiano.
Si seguimos eligiendo pésimos administradores, cada año los corruptos seguirán robando más del 19% de ese presupuesto.
Por ejemplo, desde que usted entró a este artículo, los corruptos se han robado esto de nuestro dinero:
Si quiere saber cuánto se han robado en su municipio o gobernación, desde que comenzó el año 2024 haga clik aquí.
Thomas Greg and Sons
Lo que podría explicar la facilidad con la que la firma en cuestión ha ganado las licitaciones son sus excelentes relaciones públicas con las altas esferas de poder del Estado colombiano. Siempre tuvo como tradición sentar en su junta directiva a importantes políticos, como Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Noemí Sanín o Ricardo Lozano, que fue embajador de Colombia en Venezuela.
De hecho, en 2016, la entonces senadora Claudia López denunció que luego de que Santos llegara a la Presidencia, en 2010, la empresa empezó a crecer de forma exagerada hasta lograr el poder que tiene hoy.
Por eso no es extraño que TGS cuya actividad se centra en el transporte de valores, seguridad privada, así como en la impresión de documentos de seguridad como cheques, estampillas, cédulas y pasaportes o tarjetones electorales, haya obtenido jugosos contratos con la Registraduría para manejar prácticamente todas las elecciones de 2014 y 2015, por un total de $690.000 millones de pesos,
Y obvio que, en esta ocasión, también harían todo lo necesario para quedarse nuevamente con el millonario contrato de los pasaportes, que según los hechos denunciados, conseguirían con la complicidad del secretario José Antonio Salazar.
El último capítulo de todo este embrollo lo ha protagonizado el propio Salazar, quien ahora funge de ofendido y se ido lanza en ristre contra Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, quien, a través de sus declaraciones, lo desautorizó, asegurando que no tenía competencias para revocar el acto administrativo que declaró desierta la licitación, expedido por su superior jerárquico de ese entonces, el canciller Álvaro Leyva.
“El ministro encargado Luis Gilberto Murillo no es abogado, es ingeniero de Minas. Está inhabilitado para el ejercicio del cargo público porque, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución nacional, el funcionario público que ha sido condenado por delitos contra el patrimonio público queda inhabilitado para ejercer cargos públicos”, dijo, para descalificarlo.
Además le sacó trapitos al sol diciendo que “El doctor Luis Gilberto Murillo –nunca he querido acudir a esto– fue condenado en primera y segunda instancia por el delito de peculado por destinación oficial. Justifico plenamente sus declaraciones equivocadas, erradas, porque él es un ingeniero de Minas”.
Por último, Salazar ratificó que tenía la potestad de adjudicar el contrato de pasaportes. Explicó que, desde el principio, Álvaro Leyva le entregó la representación legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
