Todo un revuelo político ha desatado el anuncio desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de que los magistrados, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaran una ponencia que pide investigar y formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, en 2022 con las respectivas pruebas por presunta violación de los topes de financiación.
Control Ciudadano Colombia presentó denuncia penal contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, por el delito de Pracaricato.@petrogustavo @ColombiaControl pic.twitter.com/yMXOvZB5RL
— Elmer José Montaña Gallego (@elmermontana) May 10, 2024
La formulación de cargos no solo serían contra Petro, sino contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y quien fungió como gerente de la campaña presidencial.
Petro ha sido categórico en afirmar que se trata de una persecución política, y razones no le faltan.
Pero, ¿quiénes son los muy ‘dignos’ togados que pedirán tal investigación?
Por un lado está nada menos y nada más que Álvaro Hernán Prada, un exrepresentante a la Cámara de Huila del partido Centro Democrático, quien llegó al CNE luego de quemarse en las elecciones del 2022, cuando intentó dar el salto al Senado.
El muy probo magistrado que para demostrar los 15 años de experiencia profesional relacionada con el derecho exigida para aspirar al CNE, puso en su hoja de vida que fue representante legal de un centro deportivo (gimnasio spa) en Neiva.
Y a quien, precisamente este 9 de mayo la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio como cómplice en el mismo caso de presuntos sobornos de testigos del expresidente Álvaro Uribe.
Álvaro Hernán Prada
El caso de Prada se encuentra desde el 2022 en la sala de instrucción de la Corte Suprema. Prada deberá presentarse el próximo 15 de mayo ante el alto tribunal, cuando se definirá si el magistrado habría sido parte de las personas que habrían intentado alterar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso Uribe.
En cuanto a Benjamín Ortiz, quien es abogado especialista en Derecho Electoral y Administrativo, fue auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura durante 8 años, otro cuestionado organismo. Luego trabajó en la SuperTransporte por 15 años. Posteriormente fue secretario general de la Registraduría de la Nación en la época de Alexander Vega y llegó al CNE con el respaldo del Partido Liberal (César Gaviria), y el guiño de Vega.
En síntesis, dos ‘ilustres’ magistrados.
Pero más allá de este par de figuras, lo cierto es que el Consejo Nacional Electoral, (CNE), que se supone debe salvaguardar los intereses de la democracia, desde hace mucho, tal vez desde siempre, solo garantiza que los partidos políticos allí representados por cada magistrado, salgan bien librados de cualquier “investigación” relacionada con temas electorales.
Por lo que antes que ejercer una labor de vigilancia respecto al ejercicio democrático de cada colectividad, lo que terminan haciendo los magistrados es de alguna manera “asociarse”, para evitar que ninguno investigue al partido del otro.
Bien lo decía Armando Novoa ex magistrado del CNE 2014 – 2018, ex militante del M-19 y primer representante de la izquierda en llegar a ese organismo, que “en el CNE las mayorías no actúan como voceros de sus partidos, sino actúan como un partido único, es decir que todos los partidos se protegen entre sí”.
Y es así porque quienes llegan ahí generalmente es a cambio de favores políticos, pues no hay elecciones meritocráticas, varios ni conocen el derecho electoral y aún así, cada magistrado gana 32 millones de pesos al mes.
Encima, no maneja presupuesto, nadie vigila a sus magistrados, quienes además no están obligados a rendir cuentas, por lo que les queda fácil ocultar información.
En cuanto a la labor de vigilancia sobre los partidos políticos, nunca ha sido la más idónea, transparente, o útil. Si fuera así colectividades como el Centro Democrático o Cambio Radical hace mucho tiempo hubieran sido sancionados de manera ejemplarizante por actuaciones irregulares de varios de sus integrantes.
Por el contrario, en el CNE se archivan investigaciones o se niegan personerías jurídicas a ciertos partidos o enredan revocatorias, todo de forma arbitraria.
Un ejemplo clásico del tema fue la solicitud de revocatoria de Enrique Peñalosa en la alcaldía de Bogotá, para la cual los promotores recogieron 32 mil firmas y 110 millones de pesos entregados en donaciones, y aunque la Registraduría avaló las firmas, el CNE dilató el proceso hasta conseguir que se venciera el plazo. Y no contentos con el archivo, ordenó investigar y multar al comité promotor; es decir, quienes tuvieron la osadía de utilizar una de las herramientas democráticas consagradas en las leyes, terminaron siendo castigados por el organismo que supuestamente debe velar por el libre, transparente y legal ejercicio de la democracia.
Por eso tampoco pasó absolutamente nada en el Consejo Nacional Electoral con el caso de Odebrecht y los dineros que esta multinacional brasilera inyectó a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga.
Así como ante la mirada pasiva y cómplice del CNE, fue elegido como alcalde de Yopal (Casanare), el recordado Jhon Calzones, a pesar de que permanecía preso en la cárcel La Picota de Bogotá, acusado de los delitos de fraude y estafa.
Fue el mismo CNE el que apenas el año pasado le otorgó la personería jurídica al movimiento Fuerza Ciudadana, muy a pesar de operaba como movimiento político de izquierda desde el año 2007. Es decir que esta colectividad tuvo que dar una batalla de 16 años para conseguir ser reconocida ante el CNE, muy a pesar de haber gobernado a Santa Marta durante tres periodos consecutivos desde 2012 al 2023, ganar la Gobernación del Magdalena para el periodo 2020- 2023, tener presencia en la Cámara de Representantes y obtener 450 mil votos en elecciones al Senado.
Ese mismo Consejo Nacional Electoral a través de una Comisión Instructora Especial, decidió de manera tibia y casi que por la presión mediática, abrir una indagación preliminar, el 11 de Agosto del 2020 contra el entonces presidente Iván Duque; al gerente de su campaña presidencial, Luis Guillermo Echeverri y al partido Centro Democrático, por la presunta vulneración de las normas electorales sobre financiación de campañas políticas, para el periodo constitucional 2018 – 2022.
En ese entonces, la sala de instrucción ordenó citar a María Claudia Daza para que rindiera testimonio sobre las conversaciones que habría sostenido con el narcotraficante José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández Aponte y con Nubia Stella Martínez Rueda, directora del partido político, interceptadas por la Fiscalía General de la Nación, en las que se hablaba de supuestos aportes económicos del empresario venezolano Oswaldo Cisneros, por US $ 300 mil.
También pesaba sobre la campaña de Duque en el mismo CNE una indagación paralela por las acusaciones que entregó la excongresista Ayda Merlano, en el sentido de que se realizó compra de votos en el marco de las elecciones presidenciales.
En ambos casos, solo se abrieron indagaciones preliminares, que luego fueron archivadas. La una antes del año y la otra por vencimiento de términos, es decir, ni siquiera hubo escrito de acusación contra el mandatario en aquella oportunidad.
Por todos estos antecedentes, no han sido pocas las veces que se ha intentado a través de varias propuestas, reformar o sencillamente acabar con este organismo, pero por obvias razones los partidos tradicionales nunca apoyarán tales iniciativas.
Porque los nueve magistrados que lo integran son elegidos por el Congreso de la República, de donde cada magistrado pertenece a un partido político. Es decir esos magistrados no actúan de manera independiente, y no auditarán a sus propios jefes.
