Mientras la élite barranquillera convirtió a la reina en símbolo de poder aristocrático y el Carnaval en negocio privado de 800 mil millones de pesos, la esencia de la fiesta popular fue asesinada con ceremonias vacías, concesiones ilegales y el silencio cómplice de la justicia.
Barranquilla, Colombia – El viernes último, millones de colombianos presenciaron la coronación de Michelle Char Fernández como reina del Carnaval de Barranquilla 2026. Hubo lágrimas de emoción, manos cruzadas sobre el pecho, el himno sonando con solemnidad, pasos ceremoniosos por la tarima. Los presentadores lo llamaron «el momento sublime esperado». Y en efecto, todo estuvo diseñado para marcar esa sublimidad, esa gravedad, esa seriedad casi religiosa.
Pero hay un problema. El Carnaval jamás debió ser sublime, ni solemne, ni serio. El Carnaval —el verdadero, el auténtico, el que nació hace siglos como expresión popular— siempre fue burla, parodia, inversión del orden. Reyes de mentirijillas, coronas de papel, risas contra el poder. Lo que vimos el viernes no fue Carnaval. Fue la escenificación perfecta de cómo las élites económicas y políticas de Barranquilla han convertido la fiesta más importante del Caribe colombiano en un instrumento de dominación cultural, social y —sobre todo— económica.
Esta no es una columna de opinión sobre estética carnavalesca. Es la radiografía de un sistema corrupto que opera hace más de tres décadas, que convirtió el patrimonio cultural de toda una ciudad en una sociedad anónima, que entregó el espacio público en concesión ilegal a empresas privadas, y que —en el camino— asesinó la esencia misma del Carnaval: la risa como forma de resistencia popular.
I. EL ASESINATO DE LA RISA: CUANDO LA REINA DEJÓ DE SER PARODIA PARA CONVERTIRSE EN ARISTOCRACIA
Empecemos por lo evidente, por lo que cualquier historiador del Carnaval conoce desde hace siglos. La presencia de una figura monárquica en los carnavales europeos medievales —de donde Colombia heredó esta tradición— siempre estuvo asociada a la risa y la burla. Siempre fue parodia. Una réplica humorística del mundo oficial.
Mijail Bajtín, el teórico ruso que dedicó su vida a estudiar la cultura popular medieval, lo explicó con claridad: el Carnaval es el espacio de la inversión de jerarquías. En la fiesta, el rey es un mendigo. La reina es una lavandera. El poder se burla de sí mismo. Para empezar, se elegía como rey o reina a una persona socialmente humilde, incluso a un bufón, a un payaso. Y siempre —siempre— debía quedar claro que ese rey o esa reina no tenían dignidad real «de verdad».
Recordemos la escena bíblica: los legionarios romanos «invistieron» a Cristo como rey de los judíos. Le pusieron una corona de espinas, un manto púrpura, y se burlaron de él. Esa es la esencia del rey de Carnaval: un rey de burlas. Y al final de la fiesta, ese rey era despojado pública y cómicamente de sus atributos mayestáticos. La risa era el arma del pueblo contra la opresión.
La perversión barranquillera: cuando «Su Majestad» se lo cree
Pero en Barranquilla sucede algo totalmente contrario. La reina del Carnaval es asumida y tratada como si su realeza fuera verdadera. Cuando se le llama «Su Majestad«, no hay el menor matiz de ironía. Se dice casi con la seriedad y la solemnidad con que hasta hace poco los ingleses lo decían de Isabel II.
En la prensa local, cuando se habla de una reina perteneciente a una familia en la que ya ha habido otras —hecho que se presenta cada vez con más frecuencia—, se suele decir que hace parte de «una familia real«. Y el adjetivo «real» ni se entrecomilla ni se matiza de ningún modo. Tal pareciera que las familias de la élite de Barranquilla estuvieran convencidas de que lograr que una muchacha de su seno sea proclamada reina del Carnaval es una forma efectiva de ascender a la aristocracia (Joaquín Mattos, 𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐑𝐍𝐀𝐕𝐀𝐋, 𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐔𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐎 𝐍𝐄𝐂𝐄𝐒𝐈𝐓𝐀 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐃𝐀𝐃… 𝐍𝐈 𝐒𝐎𝐋𝐄𝐌𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃).
Esta concepción es totalmente anticarnavalesca. Le resta fuerza festiva al jolgorio. Introduce un extraño elemento de seriedad en un espacio donde debería imperar el humor y la risa. No es tan difícil entender que la sola expresión «reina de carnaval» ya entraña el significado de «reina de mentirijillas«, «reina de risa» o «reina de la risa«.
Pero hay una razón más profunda, más estructural, más corrupta detrás de esta perversión. Las élites barranquilleras no se apropiaron solo de la figura de la reina. Se apropiaron del Carnaval entero. Y lo convirtieron en un negocio de 800 mil millones de pesos al año.
II. EL MECANISMO INVISIBLE: CÓMO SE ROBA UN CARNAVAL SIN QUE NADIE LO NOTE
Año 1992. Barranquilla sufre una resaca administrativa producto de décadas de corrupción en el manejo de los fondos del Carnaval. Los escándalos se multiplican, las denuncias inundan los medios, y la ciudadanía exige cambios. La solución que se les vende es simple y seductora: entregar la administración del Carnaval a manos privadas, porque —según el discurso de siempre— «lo privado es eficiente y lo público es corrupto».
Y así, el 7 de enero de 1992, nace Carnaval de Barranquilla S.A. Escritura pública No. 9 de la Notaría 5ta. Inscripción en Cámara de Comercio apenas seis días después, el 13 de enero: récord olímpico burocrático. Los fundadores no son artesanos, no son danzantes, no son cultores populares. Son empresarios, miembros de la élite económica agrupados en torno a la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Fundación Mario Santo Domingo.
El truco de la máscara filantrópica: 5 millones para manejar cientos de millones
Pero una sociedad anónima tiene un problema legal: no puede acceder a recursos públicos del Ministerio de Cultura. La solución es crear una máscara filantrópica. Así que en 1997 —cinco años después de crear Carnaval S.A., no cuatro como miente descaradamente Carla Celia Martínez-Aparicio en sus declaraciones oficiales— se constituye la Fundación Carnaval de Barranquilla. Acta del 2 de junio de 1997. Inscripción en Cámara de Comercio el 15 de julio de 1997. Patrimonio inicial: $5 millones de pesos.
Cinco millones de pesos para manejar una fiesta que mueve cientos de millones al año. ¿Cómo es posible que personajes tan poderosos, representantes de la Fundación Mario Santo Domingo y la Cámara de Comercio —entidades que manejan miles de millones—, creen una fundación con menos capital que el que cuesta un carro usado?
Porque no necesitaban dinero. Necesitaban una figura jurídica. El objeto social de la Fundación lo deja clarísimo: «La organización, coordinación y ejecución de toda clase de actos relacionados con el folclor, la cultura y la tradición regional, sirviendo además como soporte operativo para la ejecución de las actividades desarrolladas por la sociedad CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.»
No es una fundación independiente. Es un brazo financiero, una herramienta de lavado institucional que permite capturar recursos públicos del Ministerio de Cultura y entregarlos a una empresa privada sin levantar sospechas. Es el disfraz perfecto para la corrupción.
III. LA CONCESIÓN DEL SIGLO: 100 MILLONES POR 50 AÑOS DE ESPACIO PÚBLICO
Aquí es donde la tragicomedia se vuelve farsa grotesca. En 1991, el Concejo de Barranquilla aprueba el Acuerdo 033, que entrega en concesión el espacio público de la ciudad —las calles, las avenidas, las plazas— a la Fundación Carnaval de Barranquilla para la realización de las actividades del Carnaval.
El costo de esta concesión: 100 millones de pesos por un término de 50 años.
Léalo de nuevo, despacio. Cien millones de pesos. Por medio siglo. Por el uso comercial del espacio público de toda una ciudad durante la temporada más rentable del año. Por las calles donde hoy se cobran hasta 400 mil pesos por un palco. Por el espacio donde se mueven 800 mil millones de pesos anuales.
El detalle delicioso: contrataron con una entidad fantasma
Pero hay un detalle aún más delicioso en su descaro: en 1991, cuando se firma esta concesión del Acuerdo 033, la Fundación Carnaval de Barranquilla no existe legalmente. Solo fue inscrita en la Cámara de Comercio el 15 de julio de 1997. Durante seis años, el Concejo de Barranquilla celebró contratos con una entidad fantasma.
El Artículo 898 del Código de Comercio es cristalino: «Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales.»
Inexistente. Nulo. Ilegal. Sin embargo, durante más de dos décadas, esa concesión se ejecutó. Se cobró. Se usufructuó. Y nadie —absolutamente nadie en las esferas del poder— movió un dedo para detenerla.
¿Dónde estaba la Procuraduría? ¿Dónde la Contraloría? ¿Dónde los entes de control? La respuesta es simple: mirando hacia otro lado. Porque cuando el poder económico y político se unen, la ley no es más que un papel mojado.
IV. LA DANZA DE LOS DISFRACES: CUATRO EMPRESAS PARA CONFUNDIR A TODO EL MUNDO
El gran logro de esta comparsa de corrupción es mantener confundida a la comunidad. Porque en realidad el público poco sabe quién realmente maneja el Carnaval. Han montado una danza de brincos y jaleos con cuatro empresas que enredan a cualquiera:
1. Carnaval S.A. (sociedad anónima original, 1992)
2. Fundación Carnaval de Barranquilla (la máscara filantrópica, 1997)
3. Carnaval de Barranquilla S.A. (¿otra versión?)
4. Carnaval de Barranquilla S.A.S. (sociedad por acciones simplificadas, «empresa de economía mixta», 2016)
Esta última transformación es especialmente interesante. Según el certificado de la Cámara de Comercio de Barranquilla, en Acta No. 35 del 11 de octubre de 2016, inscrita el 31 de octubre de 2016, «la sociedad antes mencionada se transformó en por acciones simplificadas bajo la denominación de CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S. Sociedad de economía mixta».
¿Por qué esta transformación justamente en 2016? Porque en junio de 2012, el Tribunal Administrativo del Atlántico había confirmado en segunda instancia el fallo del Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla (proferido el 28 de octubre de 2008), ordenando devolverle el manejo del Carnaval al Distrito de Barranquilla.
La orden judicial era clara: desde que el Carnaval fue declarado patrimonio de la humanidad (2003), es ilegal que esté en manos de operadores privados con fines de lucro. Lo contempla la Ley 1185 para el Patrimonio Cultural Inmaterial. Pero las élites no soltaron el poder. Simplemente cambiaron el disfraz.
Tal pareciera que nos tomaron a todos los barranquilleros por estúpidos, creyendo que íbamos a seguir contemplando su espectáculo de corrupción sin decir nada.
V. LA JUSTICIA QUE LLEGA TARDE (CUANDO CONVIENE QUE LLEGUE TARDE)
El 5 de mayo de 2020, el Consejo de Estado profirió un fallo histórico. Ordenó a la Fundación Carnaval de Barranquilla restituir el manejo del Carnaval al Distrito y retribuir las ganancias obtenidas durante su manejo. El fallo apela a un manejo público sobre lo festivo y mayor participación de los hacedores festivos, argumentando que las ganancias de las actividades festivas no pueden centrarse en el sector privado.
Pero aquí surge una pregunta incómoda: ¿Por qué solo hasta enero de 2021 se conoció públicamente este fallo si fue proferido en mayo de 2020? ¿Quién lo ocultó y con qué fines? ¿Por qué el Consejo de Estado no lo dio a conocer inmediatamente a través de sus canales de divulgación si es un tema de interés nacional?
Y hay otra pregunta aún más inquietante: si desde comienzos de 2013 el Consejo de Estado decidió revisar lo actuado en la acción popular que pedía la protección del derecho colectivo al patrimonio cultural y público de la Nación, ¿por qué demoró siete años para proferir este fallo?
Las respuestas a estas preguntas revelan cómo funciona la justicia en Colombia cuando los intereses de las élites están en juego. Los procesos se dilatan, los fallos se ocultan, las órdenes judiciales se ignoran. Y mientras tanto, el negocio sigue. Los millones siguen fluyendo. El patrimonio del pueblo sigue siendo usufructuado por unos pocos.
Ahora entendemos por qué Carnaval SAS, desde meses antes de conocerse el fallo del Consejo de Estado, venía argumentando que su situación financiera era de bancarrota total. ¿Será que ya sabían del mandato de entregarle al Distrito una retribución justa de lo percibido y prepararon el terreno para declararse insolventes?
VI. LOS NÚMEROS QUE NADIE QUIERE VER: MIENTRAS ELLOS CUENTAN MILLONES, LOS HACEDORES BAILAN DESCALZOS
El presupuesto anual del Carnaval de Barranquilla asciende a 9.200 millones de pesos según cifras oficiales de 2014. Para 2025, según Carnaval SAS, el movimiento económico alcanza los 800 mil millones de pesos. El 54% del dinero son aportes de privados a través de donaciones y patrocinios, el 42% corresponde a venta de boletería y un 4% de aportes de la Alcaldía.
Germán Álvarez, director de la cumbiamba La Gigantona, no ha visto ni un centavo de eso. Ni él ni los 130 miembros de su comparsa. Ellos bailan a pleno sol por los 4 kilómetros de la vía 40, en zapatos hechos con suelas de neumáticos. Felices. Sonriéndole a los lujosos palcos que los enmarcan, atiborrados de turistas que pagaron hasta 400 mil pesos para ir a verlos.
Esta es la perversión completa del sistema: los que hacen el Carnaval, los verdaderos portadores de la tradición, los cultores populares, no reciben nada. Mientras tanto, los palcos VIP se venden a precios obscenos, las empresas privadas se reparten millones en patrocinios, y la junta directiva de Carnaval SAS —donde el Distrito tiene el 48%, la Fundación Santo Domingo el 34%, la Cámara de Comercio el 10% y la Fundación Adopte la Tradición el 6%— decide quién se beneficia y quién no.
Los hallazgos de la Contraloría que nadie quiso ver
En abril de 2011, la Contraloría Distrital de Barranquilla, en cabeza de Jorge Iglesias, puso al descubierto un total de dieciocho faltas administrativas en las que habría incurrido la Fundación Carnaval de Barranquilla durante la administración de la entonces presidenta Mireya Caballero. Los hallazgos fueron escandalosos:
• Beneficio de particulares con recursos de la entidad gestora del Carnaval
• Evasión de impuestos
• Excesivos pagos de facturas de teléfonos celulares
• Múltiples cambios y tachaduras en libros de ingresos y egresos
• Pago de cuotas de clubes privados con recursos de la Fundación
• Uso de tarjetas de crédito corporativas para compras personales en almacenes de cadena y bares
La respuesta de Mireya Caballero fue magistral en su cinismo: explicó que el pago de la cuota del club privado «se acordó en su contrato de trabajo». Como si fuera normal que una fundación sin ánimo de lucro, que maneja recursos del patrimonio cultural de la humanidad, pague membresías de clubes privados a sus directivos.
Y aquí está lo más grave: a pesar de estos hallazgos, no pasó nada. Cero sanciones efectivas. Cero consecuencias reales. Porque el sistema protege a los suyos.
VII. EL ESTADO PROFUNDO DEL CARNAVAL: CUANDO EL PODER ECONÓMICO CAPTURA LO PÚBLICO
Lo que sucede con el Carnaval de Barranquilla es un ejemplo perfecto de lo que en ciencia política se conoce como «Estado Profundo». Durante décadas, el Estado colombiano se configuró para proteger intereses económicos y políticos consolidados. Por eso, cuando un gobierno intenta modificar reglas de fondo, se encuentra con resistencias institucionales, mediáticas, económicas, que no desaparecen con un resultado electoral o una orden judicial.
Esto ocurre cuando el Estado Profundo sigue operando: una red de intereses donde el poder económico, los reguladores, los tribunales y los medios mantienen lógicas heredadas que sobreviven a los cambios democráticos. Aunque existan nuevas normas, decisiones técnicas o mandatos judiciales, estas estructuras capturan, dilatan o vacían su cumplimiento para preservar privilegios.
En el caso del Carnaval, vemos esta captura en acción:
1. Captura regulatoria: La Cámara de Comercio de Barranquilla no es un ente neutral. Es parte del entramado de poder que controla Carnaval SAS. Cuando certifica la existencia de estas empresas, cuando avala sus transformaciones jurídicas, está legitimando un sistema corrupto.
2. Captura judicial: Las órdenes de los jueces se ignoran sistemáticamente. El fallo de 2008 ordenando devolver el Carnaval al Distrito no se cumplió. El fallo de 2012 confirmando esa orden tampoco. El fallo de 2020 del Consejo de Estado se mantuvo oculto durante ocho meses.
3. Captura mediática: La prensa local no investiga. No cuestiona. No denuncia. Se limita a reproducir los comunicados oficiales de Carnaval SAS y a cubrir la coronación de las reinas como si fuera un evento de realeza europea.
4. Captura política: Los alcaldes de Barranquilla, independientemente de su color político, han sido parte de las juntas directivas de estas empresas privadas. Han celebrado contratos con ellas violando el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que prohíbe a los servidores públicos contratar con entidades en cuyas juntas participan.
Este es el sistema que permite que el interés público quede subordinado a minorías con poder real pero sin legitimidad democrática. Este es el sistema que convierte el patrimonio cultural de la humanidad en negocio privado. Este es el sistema que mata la esencia del Carnaval.
CONCLUSIÓN: LA RISA PERDIDA Y EL CARNAVAL QUE NOS ROBARON
Volvamos a la imagen del viernes. Michelle Char Fernández, con las manos cruzadas sobre el pecho, las lágrimas de emoción, el himno sonando, los pasos solemnes. Todo diseñado para marcar sublimidad. Seriedad. Gravedad. Poder.
Pero esa imagen no es solo la perversión estética del Carnaval. Es el símbolo perfecto de lo que las élites económicas y políticas de Barranquilla han hecho con la fiesta del pueblo. La convirtieron en un espectáculo de poder. Asesinaron la risa para imponer la reverencia. Transformaron la parodia en aristocracia. Y en el camino, se robaron el patrimonio cultural de toda una ciudad.
La verdadera esencia del Carnaval no está en los palcos VIP que cuestan 400 mil pesos. No está en las juntas directivas de empresas privadas. No está en las concesiones ilegales del espacio público. No está en las fundaciones con 5 millones de pesos de patrimonio que manejan cientos de millones.
La verdadera esencia del Carnaval está en Germán Álvarez y los 130 miembros de La Gigantona bailando descalzos bajo el sol. Está en los hacedores que no reciben un peso pero siguen danzando porque el Carnaval no es negocio para ellos: es vida, es identidad, es resistencia.
La pregunta que debemos hacernos como ciudadanos es simple: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos roben nuestra fiesta? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que conviertan la risa popular en solemnidad aristocrática? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que el patrimonio cultural de la humanidad sea el negocio privado de una élite que nunca suelta el poder?
Porque al final, cuando una sociedad pierde la capacidad de reírse del poder, cuando acepta la solemnidad donde debería haber burla, cuando permite que le roben la fiesta y la conviertan en negocio, esa sociedad ha perdido algo más que el Carnaval.
Ha perdido la dignidad de saber que el patrimonio cultural no se vende, no se privatiza, no se concesiona. Ha perdido la memoria de que la risa es un arma de resistencia. Ha perdido la conexión con su propia esencia como pueblo.
El Carnaval que nos robaron no volverá con discursos ni con promesas. Volverá cuando los barranquilleros entiendan que la lucha por recuperar su fiesta es la misma lucha contra la corrupción, contra el Estado Profundo, contra las élites que capturan lo público para convertirlo en su negocio privado.
Mientras tanto, cada febrero, seguiremos viendo reinas que se creen de verdad, élites que cuentan millones, hacedores que bailan descalzos, y una ciudad que aplaude su propia expropiación sin darse cuenta de que ya no está bailando en su Carnaval.
Está bailando en el Carnaval que les permitieron tener.
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