Apenas unas horas antes de dejar su cargo, un nuevo escándalo toca al fiscal general saliente Francisco Barbosa, quien ya tiene a los colombianos acostumbrados a sus abusos de poder, pese al cargo que ha ostentado estos cuatro años.

Pero lo peor es que en este nuevo episodio, no solo está involucrado el pronto ex fiscal, también a Carlos Mario Zuluaga, actual contralor General de la República.

Según las investigaciones reveladas por la revista Cambio, Zuluaga habría facilitado las acciones para que Barbosa ocultara detalles sobre el manejo de los gastos reservados de la Fiscalía correspondientes al año 2022, que ascendieron a $51.888 millones de pesos, lo que representa un incremento del 171% en comparación con el período anterior, en el que se encontraron gastos por $19.119 millones.

Relata Cambio que a principios del 2023, la Contraloría General de la República inició una auditoría especial para investigar los gastos realizados por la Fiscalía durante el 2022. Sin embargo, tal auditoría enfrentó múltiples obstáculos presuntamente orquestados por el mismo Barbosa, que se negaba a compartir información bajo la excusa de que estaba protegida por “seguridad nacional” y su fuero especial que impedía su investigación.

Con esta excusa Barbosa nunca quiso entregar los discos duros con la información y aunque al final le tocó acceder a mostrarla, exigió que se hiciera en las instalaciones de la Fiscalía para que ningún documento o dato saliera de allí. La justificación que le dio el fiscal directamente al contralor, en una llamada que le hizo, estaba relacionada con una amenaza que había recibido días antes. 

Además, los funcionarios de la Contraloría, encargados de la revisión aclararon que ese argumento de la seguridad del fiscal nunca había sido un obstáculo para que, en el pasado, otros jefes del órgano judicial entregaran el reporte del gasto público.

Aunque según la Ley 1097 de 2006, entidades como la Fiscalía, que realiza actividades de inteligencia y contrainteligencia, investigación criminal y protección de testigos, tienen autorizado un presupuesto especial considerado como “gastos reservados”, y se trata de una información que goza de protección especial, la norma también advierte que esa ejecución debe ser vigilada por la Contraloría, que tiene el derecho a pedir la información y a que se le entregue con premura. 

Y es que era un órgano de control el que solicitaba la información, no cualquier persona.

Francisco Barbosa, AI caricature Pixar Style by Greg Rutkowski .

Barbosa, entonces, relata Cambio, se estaba saltando la norma para evitar que se revisara cómo y en qué se gastó esa plata, para muchos considerada como la caja menor de la Fiscalía. Lo más grave es que a pesar de esa renuencia para entregar la data, el equipo investigador pudo revisar una parte, pero cuando se iban a publicar los hallazgos, el contralor Zuluaga se los quitó, sin ninguna razón aparente.

Pese a estos obstáculos, los investigadores lograron obtener los datos de los estados financieros y otros documentos de la entidad correspondientes al año 2022, y en uno de los ítems revisados descubrieron que un contrato para instalar un sistema de blindaje en la casa donde vive Francisco Barbosa en Bogotá, justificado, de nuevo, en el riesgo que corría el funcionario en su cargo de fiscal.

Aunque la información de cuánto se giró para ese rubro es confidencial, se halló que una parte importante de esa plata se habría aprovechado para hacerle otras mejoras a la vivienda personal de Barbosa, que se pagaron con plata de la Fiscalía porque, bajo el argumento de la seguridad, nadie se daría cuenta.

Según Cambio, estos hallazgos de la investigación los hizo el grupo élite de la Contraloría, que tenía a cargo la auditoría de los gastos reservados y era coordinado por el contralor delegado para la Defensa, Justicia y Seguridad, tal como estaba establecido desde el año 2015. 

Otro de los hallazgos revelan que los gastos de mantenimiento del avión Lear Jet 60-317 que usaba el fiscal Barbosa y ahora usaría Martha Mancera para sus desplazamientos, también por cuestiones de seguridad, fue de $2.900 millones entre mayo y diciembre del 2023.

Sin embargo, la situación se tornó más turbia cuando en noviembre de 2023, justo en el momento que se preparaba la publicación de los hallazgos preliminares de la auditoría realizada a la Fiscalía, el propio contralor Carlos Mario Zuluaga intervino directamente, emitiendo una resolución en la que se hacía el cambio del grupo encargado de las investigaciones de carácter confidencial, aunque en su momento se estableció que las investigaciones en curso podrían terminarse.

El contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga emitió una resolución para cambiar al grupo auditor de la Fiscalía – crédito Contraloría.

Pero, el 26 de diciembre, el Contralor, sin exponer razones, cuatro días antes de terminar el 2023, para, presuntamente, favorecer la auditoría a la Fiscalía, emitió la resolución 1607 en la que se ordena que los datos obtenidos por la auditoría, se entregara a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), liderada por Juan Camilo Zuluaga, que sería un recomendado por el Partido Conservador (valga decir que el Contralor también pertenece a ese partido) y que tendría un amplio poder dentro de la entidad, a pesar de su anonimato; un cambio que algunos analistas interpretan como un intento de enterrar el informe contra Barbosa.

El problema radica en que, con la decisión, el tiempo para entregar los resultados ya habría terminado, lo que implicaría que se tendrían que archivar los hallazgos y abrir una nueva indagación de la mano de Zuluaga. Sin embargo, causó controversia que el movimiento se hiciera justo cuando el equipo élite de la Contraloría iba a adelantar un encuentro con la Fiscalía para que explicara los movimientos encontrados en los gastos reservados de la entidad.

Por su parte, Cambio informó también la respuesta que se emitió desde la Contraloría, donde aseguraron que la decisión se tomó para garantizar la seguridad de Francisco Barbosa, pues su integridad estaba en peligro por las amenazas que recibió y cualquier filtración de información podía ser perjudicial para la Contraloría.

Además, aseguró que su decisión se tomó por una presunta desobediencia del equipo auditor, pues se había pedido que los archivos fueran revisados dentro de las instalaciones de la Fiscalía para evitar que los datos salieran del lugar. Sin embargo, aseguró que el grupo élite insistió en que se entregaran las copias digitales del polémico contrato para mejorar la vivienda del fiscal.

Pese a que el contralor había dado la instrucción de realizar la auditoría de esa manera, el equipo insistió en tener copia digital del contrato y hacer inspección donde estaban las características del tipo de blindaje. Frente a este hecho el contralor decidió cambiar la delegación”, aseguró la entidad al medio.

No obstante, esta explicación no ha sido suficiente para aplacar las críticas y cuestionamientos acerca de la transparencia e integridad del uso que se da a los recursos públicos, más aún tratándose de un organismo que precisamente se encarga de impartir justicia y perseguir a los corruptos.

Ya días atrás también los medios daban cuenta de que el mismo Barbosa gastó un poco más de $180 millones de pesos del presupuesto de la Fiscalía, para imprimir 5.500 libros en los que se registraron los ‘logros’ de su gestión en el cargo y que consta de 11 tomos.

La producción de los ejemplares se realizó mediante el contrato interadministrativo 0029 entre el organismo investigador y la Imprenta Nacional de Colombia cuyo objeto es el de difundir, en 1.548 páginas, la vida y obra de Barbosa, según reveló el periódico El Espectador. Incluso en uno de los apartes del contrato se señala que en caso de que el costo inicial estimado se incremente, el faltante se cubrirá con recursos de esa institución.

En resumen, la salida de Barbosa servirá, no solo para recuperar la credibilidad y razón de ser de ese organismo, los cuales han resultado afectados durante su permanencia en el cargo, sino por lo visto, también para evitar el despilfarro de recursos públicos en esa entidad.

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