El Teatro de la Democracia Representativa
En Colombia, donde la retórica populista se sirve a diario en los desayunos políticos, el Congreso de la República acaba de demostrar, una vez más, que sus lealtades no están precisamente con quienes los eligieron. El pasado 28 de mayo, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes archivó el proyecto de ley 2020 de 2024, mejor conocido como «justicia tarifaria», con la misma frialdad con la que se despacha un trámite burocrático cualquiera.
¿El crimen de este proyecto? Atreverse a proponer que las familias del Caribe colombiano paguen tarifas justas por la energía eléctrica. Un pecado imperdonable, al parecer, para un sistema que ha convertido el servicio público en un negocio privado extraordinariamente rentable.
La mecánica del Poder Invisible
El senador Antonio Correa, impulsor de la iniciativa, no se guardó las palabras: «No se legisla a favor del pueblo, sino de los intereses económicos«. Una declaración que, lejos de ser una sorpresa, confirma lo que cualquier observador medianamente crítico del sistema político colombiano sabe desde hace décadas: el Congreso funciona como una oficina de representación de monopolios, no como la casa del pueblo.
Los representantes Ciro Antonio Rodríguez Pinzón y Daniel Carvalho Mejía, según las denuncias de Correa, fueron los artífices de esta maniobra legislativa. Sus nombres quedarán grabados como los ejecutores de una decisión que condena a millones de familias caribeñas a seguir pagando las tarifas más altas del país por un servicio que, paradójicamente, es de los más deficientes.
El Caribe: Laboratorio Perfecto de la Extorsión Energética
La región Caribe colombiana se ha convertido en el experimento perfecto de cómo monetizar la necesidad básica de energía eléctrica. Mientras las empresas del sector reportan utilidades estratosféricas, las familias de estratos 1 y 2 destinan porcentajes desproporcionados de sus ingresos a pagar facturas de luz que incluyen conceptos tan creativos como incomprensibles.
Air-e, la empresa que maneja la distribución de energía en gran parte de la región, continúa con sus «trabajos de mantenimiento» mientras los usuarios siguen pagando por un servicio que falla con la regularidad de un reloj suizo averiado. La ironía es perfecta: se paga premium por un servicio básico.
Los Mecanismos Invisibles de la perpetuación
El archivo de este proyecto no es un acto aislado; es la manifestación visible de un sistema que opera bajo reglas no escritas pero perfectamente entendidas por todos sus actores. Los monopolios energéticos no necesitan cabildear abiertamente cuando el sistema político ya está diseñado para proteger sus intereses.
La «justicia tarifaria» representaba varios peligros para el statu quo:
- Modificar la fórmula tarifaria (traducción: reducir ganancias)
- Eliminar cobros injustos (traducción: transparentar el negocio)
- Garantizar transparencia en la factura (traducción: mostrar el saqueo)
- Proteger a los estratos 1 y 2 (traducción: reducir víctimas)
- Impulsar energías limpias (traducción: competencia)
- Reformar la CREG (traducción: perder control regulatorio)
Cada uno de estos puntos amenazaba directamente la maquinaria de extracción de valor que se ha construido alrededor del servicio energético en Colombia.
La filosofía del despojo institucionalizado
Lo que presenciamos no es simplemente corrupción en el sentido tradicional del término. Es algo más sofisticado y perverso: la institucionalización del despojo a través de marcos legales que favorecen sistemáticamente a los monopolios sobre la ciudadanía.
La psicología de masas entra en juego cuando las comunidades afectadas normalizan el abuso. «Así son las cosas«, «siempre ha sido igual«, «qué se le va a hacer» – frases que revelan cómo el sistema ha logrado que las víctimas asuman su victimización como un estado natural e inmutable.
El cabildeo que No aparece en los registros
Correa denunció el «cabildeo de monopolios«, pero la realidad es que el cabildeo más efectivo es el que no necesita registrarse oficialmente. Cuando los intereses de las élites económicas están tan perfectamente alineados con las estructuras de poder político, el cabildeo se vuelve redundante. El sistema ya está programado para producir estos resultados.
Los representantes que archivaron el proyecto no necesitaron instrucciones explícitas; simplemente siguieron la lógica invisible que gobierna el funcionamiento del poder en Colombia: proteger a quienes realmente financian el sistema, no a quienes formalmente lo eligen.
Las consecuencias del Silencio Cómplice
Mientras el Congreso se congratula por haber «salvado» al país de una ley que habría beneficiado a millones de familias, las comunidades del Caribe continuarán subsidiando con su pobreza energética las ganancias extraordinarias de un sector que se ha convertido en una máquina de generar desigualdad.
La decisión de archivar el proyecto de justicia tarifaria no es solo un acto legislativo; es una declaración de principios sobre cuál es la verdadera función del Estado colombiano en el siglo XXI: garantizar que los negocios privados prosperen mientras las necesidades públicas se monetizan hasta el último peso.
La resistencia de lo inevitable
Correa anunció que presentará nuevas iniciativas, un gesto que, aunque loable, enfrenta una realidad sistemática: cualquier proyecto que amenace seriamente los intereses de los monopolios energéticos encontrará el mismo destino que la «justicia tarifaria«.
El problema no radica en la falta de buenas ideas legislativas, sino en un sistema político diseñado para filtrar y neutralizar cualquier amenaza real al orden económico establecido. Es un sistema que funciona con la precisión de una máquina: permite el debate, facilita la discusión, genera la ilusión de democracia, pero al final siempre produce el mismo resultado.
El espejo de una Sociedad
La muerte legislativa del proyecto de justicia tarifaria es el espejo perfecto de una sociedad que ha normalizado que los servicios públicos esenciales sean negocios privados extraordinariamente rentables. Una sociedad que acepta que el acceso a la energía eléctrica sea un privilegio caro en lugar de un derecho básico accesible.
Mientras las familias del Caribe continúen pagando facturas de luz que consumen porcentajes desproporcionados de sus ingresos, los accionistas de las empresas energéticas seguirán celebrando utilidades que confirman la efectividad de un modelo que ha convertido la necesidad en negocio y la ciudadanía en clientela cautiva.
El Congreso de la República, una vez más, ha cumplido su función real: no representar al pueblo, sino proteger los intereses de quienes realmente importan en la Colombia del siglo XXI.





