Mientras el pueblo del Cesar espera justicia, el director seccional de Fiscalía, Ronald Calderón, navega en aguas turbias donde su mesa del comedor y su despacho comparten los mismos intereses. Su esposa, María Consuelo Gómez, no solo comparte cama con quien debe vigilar la justicia en el departamento: comparte contratos millonarios con la Gobernación del Cesar y sociedades comerciales con los mismos empresarios que están siendo investigados por los fiscales bajo su supervisión.
Esta no es una historia de conflictos de interés. Es la radiografía de cómo opera un sistema donde la justicia se vende al mejor postor y donde quienes deben perseguir la corrupción son los primeros en beneficiarse de ella.
El Mecanismo Invisible del Poder
La metodología es tan simple como perversa. Ronald Calderón ocupa el cargo que le permite coordinar, liderar y vigilar a todos los fiscales del Cesar. Desde su escritorio puede conocer cada investigación, cada proceso, cada estrategia judicial que se adelanta en el departamento. Mientras tanto, su esposa María Consuelo Gómez firma contratos con la Gobernación del Cesar y mantiene vínculos comerciales con Huevos King, empresa dominada por Fabián Dangond Rosado, hijo de Katya Rosado.
¿La coincidencia? Las empresas de Katya Rosado están envueltas en procesos por delitos en la alimentación escolar, precisamente los casos que investigan los fiscales bajo la «vigilancia» de Calderón. Es como poner al zorro a cuidar el gallinero, pero con la diferencia de que aquí el zorro ya tiene las llaves, el inventario y una cuenta bancaria compartida con los dueños de las gallinas.
El fiscal Calderón no solo tiene acceso privilegiado a las investigaciones: tiene el poder de orientar, liderar y coordinar a quienes las adelantan. Es decir, puede saber cuándo, cómo y contra quién se mueven las fichas judiciales. Información que, casualmente, beneficiaría enormemente a una esposa con contratos gubernamentales y sociedades con los investigados.
Los Actores de la Impunidad
Esta red no opera en el vacío. Se alimenta de un ecosistema donde cada actor cumple su papel con la precisión de una orquesta sinfónica de la corrupción. Ahí está Hugo Mendoza, el abogado sincelejano que saltó como un resorte a defender al fiscal Calderón, no por amor a la justicia, sino porque sus propios vínculos con el clan Gnecco están documentados. Su hija fue nombrada jefe de la Oficina Jurídica de Corpocesar durante la gestión de Jhon Valle Cuello, nombramiento que la justicia declaró irregular.
Mendoza, quien ofició como abogado del exalcalde Augusto Ramírez Uhía en casos como la «dación en pago» y «la Casa en el Aire«, ahora pretende amordazar el periodismo que expone estas conexiones. Su defensa mediática del fiscal Calderón no es casualidad: es la reacción desesperada de quien ve amenazada toda una estructura de beneficios mutuos.
El clan Gnecco–Cuello controla los planes de medios de la alcaldía y la Gobernación del Cesar, lo que explica el silencio cómplice de varios medios regionales ante estas revelaciones. Cuando el dinero de la pauta publicitaria depende de mantener contentos a los corruptos, el periodismo se convierte en el mejor aliado de la impunidad.
El Costo Real de la Complicidad
Cada día que Ronald Calderón permanece en su cargo, la justicia en el Cesar se erosiona un poco más. Cada investigación que pasa por su escritorio está contaminada por la duda razonable de si la información privilegiada beneficiará a los intereses familiares y comerciales de su esposa.
Los recursos desviados de la alimentación escolar no son solo cifras en un expediente: son niños que no reciben una nutrición adecuada mientras las empresas vinculadas a la familia del fiscal se benefician de contratos millonarios. La corrupción en la contratación pública no es solo un delito administrativo: es la destrucción sistemática de la confianza ciudadana en las instituciones.
El fiscal De León, mencionado como «gran amigo o ya no tanto» de Calderón, representa la fractura dentro del mismo sistema. Cuando los cómplices se vuelven incómodos, cuando «saben muchas cositas» y «quieren hablar«, el castillo de naipes de la corrupción empieza a tambalearse. Pero mientras Calderón mantenga el control de la información y las investigaciones, estos testimonios incómodos pueden ser silenciados o desviados.
El Sistema que Perpetúa la Injusticia
Esta no es la historia de un fiscal corrupto. Es el retrato de un sistema diseñado para proteger a los corruptos. Mientras el ordenamiento jurídico colombiano permite que funcionarios con conflictos de interés tan evidentes permanezcan en cargos clave, la justicia seguirá siendo selectiva y la impunidad seguirá siendo la norma.
La ciudadanía del Cesar tiene derecho a una justicia que no esté comprometida por intereses familiares y comerciales. Tiene derecho a fiscales que persigan la corrupción sin mirar el apellido del investigado o revisar primero la cuenta bancaria de su cónyuge.
Ronald Calderón debe ser apartado de su cargo mientras se investigan estos vínculos. Su esposa debe renunciar a todos los contratos públicos que mantiene con la Gobernación del Cesar. Y el clan Gnecco–Cuello–Rosado debe ser investigado por una fiscalía realmente independiente, no por funcionarios que cenan en la misma mesa que los presuntos criminales.
La Hora de la Verdad
El periodismo nunca se arrodillará ante clanes que confunden el servicio público con el negocio familiar. Cada conexión revelada, cada contrato cuestionado, cada conflicto de interés expuesto es un paso hacia una justicia que realmente sirva al pueblo y no a los intereses de unos pocos.
La pregunta no es si Ronald Calderón es culpable de corrupción. La pregunta es si la sociedad cesarense está dispuesta a exigir una justicia limpia o si seguirá aceptando que quienes deben perseguir a los ladrones sean los primeros en beneficiarse del botín.
Mientras el fiscal Calderón siga en su cargo, cada proceso judicial en el Cesar estará manchado por la sospecha. Y mientras los medios regionales sigan silenciados por la pauta publicitaria del clan, la verdad seguirá siendo un artículo de lujo que pocos se pueden permitir.
La justicia en el Cesar no necesita más leyes. Necesita funcionarios que no tengan que elegir entre su familia y su deber. Y hasta que eso ocurra, la impunidad seguirá siendo el único veredicto garantizado en este departamento.
