No es un título tremebundo ni alarmista, es la realidad que se esconde en los bochornosos traspiés administrativos que vienen sucediendo desde el comienzo de la pandemia en esta institución de educación superior.

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Vamos a explicar la realidad del futuro inmediato de la que fue la institución universitaria oficial más importante del Caribe colombiano.

    1. Financieramente está ad portas de vencerse el plazo ampliado (el próximo 17 de agosto de 2020), solicitado por la universidad para cumplir con el pago del total de las acreencias incorporadas en la Ley 550, o ley de quiebra, en que está inmersa la universidad. 

Esto significa que a partir de mediados de agosto el escudo con que la Ley 550 ha protegido los ingresos corrientes de la universidad para el giro ordinario y el funcionamiento de ella, desaparecerá, y todos sus recursos quedarán a expensas de los ataques judiciales para embargarlos y desangrarlos a la velocidad de las pirañas.

Con todas las demandas que vienen en camino por el cartel de los embargos que funciona desde afuera y adentro de la universidad, no habrá manera de pagar la nómina de profesores y trabajadores.

2. El panorama anterior se torna más oscuro todavía con la poca o nula institucionalidad que ejerce el Consejo Superior.  Esta desinstitucionalización viene caminando desde las primera administración del exgobernador Eduardo Verano y se agravó en la segunda cuando patrocinó la elección del tristemente recordado rector Carlos Prasca, quien instauró un modelo administrativo cleptocrático que favorecía los apetitos políticos y contractuales del partido que lo respalda, Cambio Radical.

Los últimos gobernadores, incluida la actual, han tomado la universidad como si fuera un apéndice del gobierno departamental, una secretaría de despacho más, y a sus rectores como a secretarios de despacho, y a su personal y presupuesto como si fueran activos de la gobernación, violando con esto el principio constitucional de autonomía universitaria que la define como un ente autónomo que no forma parte de ninguna de las ramas del poder público, ni es establecimiento público, sino una institución pública con un régimen jurídico particular  que puede designar sus directivos y regirse por sus propios estatutos de acuerdo a la Ley (Ley 30/92 y Art. 69 de la CPN).

Los gobernadores, por ejemplo, autorizan las vacaciones del rector, no permiten que la universidad construya sus propios estatutos porque contratan personal externo para estas reformas; además, excluyen la representación política de profesores, estudiantes y egresados de manera temeraria en el Consejo Superior, para gobernar con miembros externos a la institución.

3. Con el advenimiento del triunfo del Centro Democrático y la presidencia de Iván Duque, entraron en juego los intereses de varios senadores del partido de gobierno para apoderarse de una buena tajada presupuestal y burocrática de la universidad del Atlántico. Esto originó la puja de tres fuerzas: dos que quieren mantener el estatus quo y el manejo (Cambio Radical y Centro democrático), y una tercera conformada por estudiantes que se habían tomado por las vías de hecho la universidad y exigían cambios estructurales en la administración y reformas institucionales que incluían modificaciones estatutarias.

4. Ni los últimos rectores, ni sus Consejos Superiores, hicieron los necesario para que la universidad se pusiera a tono con el cronograma establecido por la Ley 550, y los recursos que pudieron haberse utilizado para el cumplimiento de las deudas incluidas en la 550, fueron utilizadas para otros fines como por ejemplo, construir, dotar y poner en funcionamiento las sede en Suán y en Sabanalarga, amén de otros proyectos inanes e innecesarios. Ejemplo de lo anterior se vivió en el último Consejo Superior virtual, al cual fue invitada la promotora de la Ley 550 ante la universidad del Atlántico, Yolanda Rueda, para que autorizara unos nuevos gastos en que la institución incurriría, tales como un nuevo concurso docente para 100 plazas en la universidad y la creación de nuevos programas de pregrado. 

Esta aspiración del CS fue rechazada por la promotora, pues ante la deuda que no se ha pagado de la 550, más las nuevas demandas y deudas que tiene la institución, posterior a este proceso de quiebra, autorizar nuevos gastos sería llevar a la universidad a una insolvencia financiera. 

Esto demuestra la poca importancia y el desconocimiento que tienen los miembros del CS sobre la situación financiera, académica y social de la universidad.  Muestra, además, el interés y apetito burocrático y contractual de sus miembros para usar el presupuesto de la universidad con fines estrictamente politiqueros, con los cuales ya se ha visto, en el pasado reciente, que la institución puede sacar representante a la cámara y concejales. 

Los estamentos universitarios (profesores, estudiantes, trabajadores) y los atlanticenses ante el futuro financiero incierto que tiene la universidad se preguntan por qué el CS, como máxima autoridad de la universidad, y ei EX rector (E) Restrepo, no han solicitado un nuevo plazo de ampliación de la 550, de por lo menos de un periodo suficientemente amplio para poder pagar todas las acreencias y no quedar expuesta a los embargos.

¿Acaso tienen interés en que los acreedores y el cartel de los embargos se lleven los recursos del funcionamiento de la universidad y ésta se cierre por inviable?

¿Acaso van a revivir la vieja idea de liquidar la universidad para crear una nueva o financiarle a los estudiantes la demanda para que vayan a estudiar a universidades privadas (algo así parecido a Ser Pilo Paga Atlanticense)? 

Estas preguntas no son descabelladas porque Barranquilla y el Atlántico han sido utilizados, como un laboratorio social en donde se han probado todos los modelos privatizadores de la función pública, tales como la salud, la empresa de teléfonos, los servicios públicos domiciliarios, recaudo de impuestos, etc.

QUÉ MOTIVÓ LA SALIDA DEL RECTOR (E) JORGE RESTREPO DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

La salida de un funcionario de una entidad pública trae consigo muchas dudas e interrogantes, algunas pueden corroborarse, otros crean mayores incertidumbres. La salida del Rector (e) Jorge Restrepo Pimienta, no es la excepción, por eso, existen dos versiones y tienen que ver con el punto 3 ya descrito:

La primera, expuesta por el mismo Restrepo, quien establece que su salida fue propiciada por miembros del Consejo Superior, el Vicerrector de Bienestar Álvaro González Aguilar y el representante de la Directivas Académicas Danilo Hernández. 

Y tiene que ver con la exigencia que le hicieron esos miembros de Consejo Superior de firmar sin vacilación ni preguntas el contrato de la vigilancia de toda la institución por valor de $1200 millones. 

Se trata de la empresa DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA, la misma que tuvo problemas con los estudiantes y que su retiro se convirtió en una de las exigencias para levantar el paro antes de la pandemia.

El segundo aspecto al cual refiere Restrepo, sobre su salida, también tiene que ver con la solicitud que le hizo el Vicerrector de Bienestar, para que le firmara un contrato por $1.450 millones, con el objeto de visitar a los estudiantes casa por casa y solventarle la situación económica, que vienen padeciendo.

El rector (e) Restrepo, se negó a cumplir con estas solicitudes aduciendo que no se iba a meter en problemas y que estaba dispuesto a entregar la rectoría, para que el Consejo Superior designará otro que les cumpliera su petición.

Esta es la increíble y triste historia que narra el profesor Restrepo, pero existe otra versión que involucra a algunos miembros del Consejo Superior Universitario y, es que ellos tienen en su poder, algunos audios y videos, donde ponen en grave posición la dignidad de Restrepo y el Ex-vicerrector de Docencia Edimer Latorre. 

Éstos, al conocer y enterarse de la existencia de estas evidencias prefirieron dar un paso al lado, para no poner en riesgo su “dignidad” y la de sus seres queridos. Eso es lo que cuentan algunos miembros del superior.

 

 

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