La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exsenador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022, y se refieren a la presunta injerencia indebida del exsenador Ramírez Cortés en el Departamento de Prosperidad Social, DPS, para la contratación de obras públicas en varios departamentos del país.
La acusación contra el exsenador Ciro Ramírez se sustenta en pruebas que indican su presunta implicación en actividades ilícitas durante su gestión como senador entre 2021 y 2022, en el entramado de corrupción conocido como ‘Las marionetas’.
Según las investigaciones, Ramírez habría utilizado su influencia política para beneficiar a ciertas empresas en la adjudicación de contratos públicos, afectando así los principios de igualdad, competencia y legalidad en la contratación estatal.
El exsenador permanece en prisión preventiva desde diciembre del año anterior, y esta medida se mantiene luego de la formalización de la acusación por parte de la Corte Suprema de Justicia.
En el 2022 el alto tribunal destapó una supuesta red de corrupción liderada por Ciro Ramírez, senador acusado de haber organizado un esquema delictivo para adjudicarse un lucrativo contrato de gerencia integral en el año 2021, involucrando una suma de 48.660 millones de pesos.
Este contrato, firmado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta, dio lugar a otros 13 contratos presuntamente direccionados para beneficio político y económico de Ramírez y sus asociados.
De acuerdo con las investigaciones, Ramírez, en colaboración con Pierre García, exsubdirector del DPS en la época del presidente Iván Duque, habría favorecido intereses particulares en las regiones de Quindío, Caldas, Santander y Tolima, a cambio de sobornos que superaron el millón de pesos. Este método de corrupción tiene similitudes con el empleado por el exsenador Mario Castaño, quien también derivó fondos públicos hacia sus intereses a través del direccionamiento de contratos.
Pablo César Herrera, gerente de Proyecta Quindío, atestiguó ante la Fiscalía que el diseño de contratación permitía la selección arbitraria de múltiples convenios. La firma del convenio 670 se realizó entre el 8 y el 12 de noviembre de 2021, abarcando contratos por un valor de 24.606 millones de pesos. Herrera menciona la creación de una “bolsa” dentro del contrato mayor, enfocada en zonas de influencia de Ramírez, las cuales incluían a Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas, y Risaralda.
Ramírez defiende su inocencia argumentando que las declaraciones de Herrera podrían estar motivadas por el interés de obtener beneficios dentro del proceso judicial. Este complejo caso pone en evidencia una estructura de corrupción que entremezcla intereses políticos y empresariales a costa de recursos destinados a la prosperidad social, ahora objeto de escrutinio por parte de la justicia colombiana.
Tras pasar tres meses detenido en La Picota, bajo acusaciones vinculadas al caso conocido como ‘Las Marionetas’, Ciro Ramírez, senador, ha hecho públicas sus críticas hacia las alegaciones presentadas en su contra, considerando las evidencias como insuficientes y cuestionables.
Ramírez afirmó que su intervención en una visita a Herrera mientras estaba detenido fue un acto humanitario, a petición de un abogado, para asistir en una situación de vulnerabilidad que Herrera enfrentaba.
Durante la entrevista, también se mencionó un comentario hecho por Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, en la plataforma X, tras la detención de Ramírez, lo cual aparentemente causó decepción en el senador. Ramírez expresó su tristeza y desilusión por lo que consideró una falta de apoyo de Uribe y del partido, destacando su contribución y defensa de la presunción de inocencia en situaciones similares.
