La política de «borrón y cuenta nueva» entre administraciones ha convertido un ambicioso proyecto educativo en un monumento a la ineficiencia estatal, donde el único perdedor es el ciudadano que paga los impuestos.
En algún lugar de Colombia hay 259 escuelas que nunca existieron. Sobre planos prometían ser el eslabón principal para que miles de niños y jóvenes accedieran a una jornada única escolar. Hoy son fantasmas de concreto a medio terminar, testigos mudos de cómo la transición entre gobiernos puede convertir proyectos estratégicos en costosos monumentos a la ineficiencia estatal.
El Sistema Silencioso que desmanteló un megaproyecto
La historia comienza en 2016, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos lanzó un ambicioso plan de infraestructura educativa valorado en casi $900.000 millones de pesos. La multinacional portuguesa Mota Engil ganó la parte más jugosa: 259 colegios que cambiarían el panorama educativo nacional.
Lo que parecía una iniciativa transformadora terminó en un laberinto judicial donde las instituciones colombianas se contradicen entre sí, generando un escenario kafkiano: mientras la Contraloría sanciona a la constructora con una multa de $20.000 millones de pesos, un tribunal de arbitramento internacional obliga al Estado colombiano a pagarle a la misma empresa $140.000 millones por incumplimientos.
El contribuyente colombiano no solo pagará por colegios que nunca se construyeron, sino que además deberá desembolsar una millonaria indemnización. Un ejemplo clásico de cómo funcionan los «mecanismos invisibles» de la administración pública cuando los planes de un gobierno son desechados por el siguiente.
La Verdad Oculta detrás del abandono
Los árbitros Enrique Barros, Ana Gabriela Monroy y David Arias, del tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá, fueron contundentes en su fallo: el problema no fue Mota Engil, sino Colombia.
«Cuando se produjo la paralización en septiembre de 2019, había pruebas claras de que el objetivo del fondo era romper el vínculo contractual con Mota Engil para asignar sus proyectos a otros contratistas», sentenció el tribunal, desvelando una estrategia deliberada tras el cambio de gobierno en 2018.
El fallo reveló un patrón sistemático de obstáculos: modificación unilateral de metodologías de calificación, negativa a entregar nuevas obras, retrasos deliberados en facturación y pagos, y terminación anticipada de contratos sin justificación legal. Todo comenzó, casualmente, con la llegada del gobierno Duque.
Pedro Teixeira, presidente de Mota Engil en Colombia cuando estalló la crisis, lo había advertido: «El gobierno quiere terminar con todos nuestros contratos, por eso tomamos la decisión de salir.» Una declaración que sonaba a excusa corporativa en 2019, pero que cinco años después resuena como una predicción confirmada por un tribunal internacional.
Radiografía Profunda: del «sobresaliente» al «deficiente» en seis meses
La metamorfosis en la calificación de Mota Engil tras el cambio presidencial merece análisis detallado. El tribunal constató que la empresa pasó «de ser calificada como sobresaliente, a serlo como deficiente» mediante un cambio en la metodología de evaluación impuesta tras la transición gubernamental.
Los estudios técnicos presentados en el proceso revelaron que de los 41.852 días de retraso acumulados en las obras, un sorprendente 74% no eran imputables a la multinacional. En otras palabras: tres cuartas partes de los retrasos fueron responsabilidad del Estado colombiano, no del contratista.
Más revelador aún: el tribunal determinó que, incluso con los retrasos existentes, «los colegios se hubiesen podido entregar» con demoras de entre cinco y 27 meses. No existía riesgo real de paralización que justificara la terminación anticipada de los contratos.
El Ciclo Secreto de la discontinuidad institucional
Este caso expone una de las patologías más costosas y recurrentes de la administración pública colombiana: la obsesión por deshacer lo realizado por gobiernos anteriores, sin importar el costo económico o social.
Cuando el presidente Duque llegó al poder en 2018, heredó contratos en marcha que representaban la política educativa de su antecesor. En lugar de continuarlos o modificarlos dentro del marco legal, se implementó lo que el tribunal llamó «un plan que tenía por objeto expulsar [a Mota Engil] de los proyectos».
Esta discontinuidad institucional tiene un costo tangible: $140.000 millones que saldrán del bolsillo de los contribuyentes, más $20.000 millones adicionales que tal vez nunca se recuperen dada la contradicción entre las instituciones del propio Estado colombiano.
La Conexión Perdida entre realidad y relato oficial
Mota Engil no es precisamente una víctima inocente en esta historia. La multinacional ha sido mencionada en investigaciones de corrupción en Perú vinculadas al caso Odebrecht y actualmente compite por el megacontrato del gobierno Petro para la construcción del ferrocarril entre La Dorada y Chiriguaná.
Sin embargo, la Contraloría y el Tribunal de Arbitramento han llegado a conclusiones diametralmente opuestas sobre su responsabilidad en el fracaso del proyecto educativo. Para la primera, la empresa causó un «daño a los intereses patrimoniales del Estado» por abandonar las obras y generar sobrecostos. Para el segundo, fue el Estado quien actuó «de manera contraria a derecho», incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones.
En su comunicado, la empresa afirma que «nunca fueron emitidas» las órdenes de inicio para la construcción de ciertos colegios por parte del FFIE, lo que coincide con la valoración del tribunal, pero contradice frontalmente la sanción de la Contraloría.
¿Cómo puede el mismo Estado producir diagnósticos tan radicalmente opuestos sobre un mismo hecho? ¿Quién dice la verdad?
La Red Subterránea que nadie quiere ver
En el centro de esta contradicción hay millones de niños y jóvenes colombianos que nunca disfrutarán de las instalaciones educativas prometidas. El verdadero costo del megaproyecto fallido no se mide en los miles de millones perdidos, sino en las oportunidades educativas desperdiciadas.
El caso Mota Engil vs. Colombia desnuda un sistema donde la discontinuidad entre gobiernos cuesta más que la corrupción directa. Mientras los titulares seguirán enfocándose en si la multinacional era culpable o víctima, la verdadera pregunta queda sin respuesta: ¿quién protege los proyectos estratégicos del país de los cambios políticos?
La educación colombiana pagó el precio de esta pregunta sin respuesta. Y lo seguirá pagando mientras cada administración insista en desmantelar lo construido por la anterior, sin importar el costo humano, social o fiscal.
Porque en Colombia, por lo visto, es más importante borrar el legado del adversario político que construir sobre lo avanzado. Aunque eso signifique pagarle $140.000 millones a una multinacional por colegios que nunca existirán.
