Mientras unos mueren de sed, otros se embolsillan billones: la historia de cómo el agua de Santa Marta se convirtió en el botín perfecto para políticos y empresarios
Imagina vivir en una ciudad turística rodeada de mar y ríos, pero sin agua potable. Donde produces 1.28 kilos de basura por persona al día —26% más que el promedio nacional— pero los camiones de estaca recogen tus desechos fuera de horario. Donde las aguas negras corren por las calles cada vez que llueve, arrastrando montañas de basura acumulada. Bienvenido a Santa Marta, capital del Magdalena, donde la sed y la inmundicia no son consecuencias del azar: son el resultado calculado de un sistema corrupto que ha convertido tus necesidades básicas en su negocio millonario.
Esta no es una historia sobre «falta de planificación» o «crecimiento desordenado«. Es la radiografía de cómo los mismos apellidos —Vélez, Cotes, Díaz Granados— han orquestado durante décadas un saqueo sistemático disfrazado de «gestión pública«, mientras las entidades de control miran hacia otro lado y la ciudadanía samaria agoniza entre la resignación y la desesperanza.
EL MECANISMO INVISIBLE: Cómo robar un acueducto en 28 Años
La historia comienza en 1989, cuando el alcalde Alfonso Vives Campo entrega la concesión del acueducto a Metroagua por 28 años. El negocio: $47 mil millones anuales. Los beneficiarios: la española Inassa (la misma de la Triple A de Barranquilla), Termotécnica Coindustrial S.A. y Eléctricas de Medellín del antioqueño William Vélez.
Pero aquí está el truco maestro del Sistema Silencioso: durante más de dos décadas, Metroagua opera el acueducto sin hacer las inversiones millonarias necesarias. ¿Para qué invertir cuando puedes cobrar y dejar que la ciudad se muera de sed? La crisis del agua no es un problema a resolver, es el pretexto perfecto para el siguiente negocio.
Cuando en 2011 Carlos Caicedo llega a la alcaldía prometiendo recuperar el acueducto, Metroagua milagrosamente descubre su vocación social. En 2014, con su permanencia amenazada, la empresa junto a Findeter —entonces presidida por Luis Fernando Arboleda, investigado por el escándalo de la Triple A y respaldado por el clan Díaz Granados— contratan a la Universidad de los Andes para «resolver» el problema.
El resultado es predecible: descartan la propuesta de Caicedo de captar agua del río Guachaca (que aportaría 400 litros por segundo) y aparece mágicamente un nuevo Plan Maestro: traer agua del río Magdalena mediante una APP (Alianza Público-Privada) valuada en $3.2 billones. ¿Quién presenta el proyecto ante el Ministerio de Vivienda? La misma Inassa.
Esta es la Lógica Invisible de la corrupción estructural: crear problemas, ofrecer soluciones carísimas, asegurar que esas soluciones nunca se materialicen completamente, y facturar en cada etapa del proceso.
LOS ACTORES Y SUS ROLES: El Clan que nunca suelta el hueso
Analicemos la Red Subterránea de poder que sostiene este entramado:
William Vélez (q.e.p.d): El megacontratista que controla desde Termotécnica hasta Atesa (recolección de basuras). Su empresa estuvo en Metroagua durante el saqueo del acueducto y ahora opera el caótico servicio de aseo urbano. Multado y sancionado en distintas ciudades, pero siempre de vuelta para el siguiente contrato.
El Clan Cotes: Encabezado por Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes, impulsor estratégico del proyecto de Acueducto Regional del Magdalena —el que nunca se hizo pero sí generó jugosos contratos de consultoría y estudios.
El Clan Díaz Granados: Carlos Francisco Díaz Granados, primero como secretario de Planeación de la Gobernación y luego como director de Corpamag, siempre presente en cada decisión estratégica sobre el agua. Su respaldo político fue clave para nombrar alcaldes encargados afines a sus intereses.
Natasha Avendaño y la Superservicios: En noviembre de 2021, ordena la intervención de Essmar alegando «malos manejos administrativos» justo cuando la empresa municipal comenzaba a consolidarse. Nombra como interventora a Yahaira Díaz, quien en julio de 2022 avala silenciosamente la cesión del contrato de aseo de Interaseo (de Vélez) a Atesa (también de Vélez). ¿Conflicto de interés? Claro. ¿Consecuencias? Ninguna.
Este es el Ciclo Secreto perfecto: políticos crean crisis, empresarios afines ofrecen soluciones sobrevaloadas, superintendencias «intervienen» para legitimar los cambios, y el círculo se cierra con nuevos contratos para los mismos de siempre.
EL IMPACTO REAL: Tu vida vale 526 toneladas de basura al día
Mientras los apellidos de oro se reparten billones, los samarios viven esta realidad:
- 526 toneladas de basura diarias que nadie recoge adecuadamente
- Camiones de estaca —inapropiados para residuos— operando fuera de horario
- Aguas negras corriendo por las calles cada vez que llueve
- Sin agua potable 365 días al año, tres décadas después de la concesión original
- 70% de pérdidas técnicas y comerciales en el sistema de distribución
La ambientalista Sandra Vargas lo resume: «Estamos frente a una crisis sanitaria en desarrollo. La falta de recolección eficiente, el aumento de residuos y la descomposición en plena vía pública están afectando la calidad del aire y proliferando plagas«.
Pero el Impacto Oculto va más profundo: cada peso robado es un hospital sin construir, una escuela sin equipar, un sistema de alcantarillado sin modernizar. Es el costo de oportunidad de vivir en una democracia secuestrada por élites extractivas.
En temporadas turísticas altas, cuando Santa Marta recibe visitantes en Taganga, El Rodadero y Bello Horizonte, la crisis se agudiza. Atesa no da abasto, pero sigue cobrando. Porque en este sistema perverso, la ineficiencia es rentable: genera la necesidad de «refuerzos«, «interventorías» y «estudios adicionales» —cada uno con su respectiva facturación.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE: La arquitectura de la impunidad
¿Por qué nunca pasa nada? Porque el sistema está diseñado para proteger a sus arquitectos.
Cuando en 2019 Rafael Martínez logra apropiar $890.000 millones para siete soluciones concretas —incluyendo planta desalinizadora, transvase del Guachaca, y mejoras en pozos— es suspendido de su cargo. Iván Duque nombra como alcalde encargado a su secretario de Transparencia, quien llega respaldado por los Díaz Granados con una misión clara: revivir la APP del Acueducto Regional y tumbar las alternativas de Martínez.
El resultado: cuatro meses de alcalde encargado ilegal, justo antes de las elecciones de 2019, tiempo suficiente para retrasar las soluciones en marcha.
Esta es la Verdad Oculta que ningún titular revela: no hay «falta de voluntad política» —hay voluntad política muy clara de perpetuar el negocio. No hay «incapacidad de gestión» —hay capacidad perfectamente calibrada para extraer recursos sin resolver problemas.
Desde noviembre de 2021, Essmar ha tenido siete agentes interventores diferentes. Cada cambio genera más caos, más contratos, más consultorías. La intervención no busca solucionar la crisis: busca administrarla indefinidamente mientras los mismos de siempre facturan.
LA CONEXIÓN PERDIDA: Cuando la dignidad se vende barata
La pregunta más dolorosa no es por qué roban, sino por qué seguimos permitiéndolo.
Hemos inisistido: «El corrupto no gana porque sea más inteligente ni porque el sistema lo proteja, es porque la sociedad se acostumbró a perder«. En Santa Marta, los votantes reeligieron durante décadas a los mismos clanes que les negaban agua potable. ¿Por qué? Porque «arreglaron una calle antes de las elecciones«, porque «repartieron mercados«, porque «al menos hacen algo«.
Esta es la trampa psicológica del «roba pero hace«: normalizar el saqueo a cambio de migajas. Y así, la dignidad ciudadana se negocia por un contrato temporal, por un puesto burocrático, por la ilusión de que «este político es diferente».
Pero no lo es. Nunca lo ha sido.
La Conexión Perdida entre ciudadanía y poder se manifiesta en la resignación colectiva: «todos roban«, «nada va a cambiar«, «para qué denunciar si las autoridades están compradas«. Este derrotismo no es natural, es cultivado sistemáticamente por quienes se benefician del status quo.
La pregunta que nadie quiere responder
Santa Marta no tiene crisis de agua por falta de ríos —tiene crisis porque convertir tu sed en negocio es más rentable que darte de beber.
No tiene crisis de basuras por falta de camiones —tiene crisis porque la ineficiencia genera contratos millonarios para los amigos del poder.
No tiene crisis de alcantarillado por falta de tecnología —tiene crisis porque cada inundación de aguas negras justifica nuevos estudios, nuevas interventorías, nuevas «soluciones» que nunca llegan pero sí facturan.
La verdad incómoda es esta: mientras los samarios sigan eligiendo entre clanes en lugar de exigir transparencia radical, el agua seguirá siendo más escasa que la impunidad.
¿Cuánto más estás dispuesto a tolerar? ¿Cuántas generaciones más crecerán sin agua potable mientras los Vélez, los Cotes y los Díaz Granados se embolsillan billones? ¿En qué momento la indignación pasará de las redes sociales a la acción colectiva real?
Porque aquí está la única verdad que importa: el sistema no cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin ti.
La pregunta no es si Santa Marta merece agua limpia y calles sin basura. La pregunta es si sus ciudadanos están dispuestos a dejar de ser espectadores de su propio despojo y convertirse en protagonistas del cambio que necesitan.
El agua seguirá escaseando. La basura seguirá acumulándose. Las aguas negras seguirán corriendo por las calles.
Hasta que tú decidas que basta.
