Cómo el Corredor Vial Universitario se convirtió en elefante blanco teniendo TODO para funcionar
Por Equipo Investigativo Verdad Oculta
Hay robos torpes. Y luego está el Corredor Vial Universitario Fase 2 del Atlántico: una obra de $94.720 millones que tenía estudios técnicos, diseños aprobados, cronogramas detallados, presupuestos rigurosos, personal calificado exigido por ley, maquinaria especificada, interventoría contratada y hasta 18 meses de plazo. Todo estaba listo. Absolutamente todo. Excepto la voluntad de hacerlo.
Porque cuando una megaobra cuenta con voluminoso documento de especificaciones técnicas, 168 ítems de pago detallados, estudios topográficos, geológicos, ambientales, prediales, sociales y de tráfico completos… y aún así termina convertida en «elefante blanco» según la Contraloría General de la Nación, solo hay dos explicaciones posibles: incompetencia criminal o robo institucionalizado.
Y los documentos que hemos analizado descartan la primera opción.
El Manual del robo perfecto
Imagina que te entregan un instructivo paso a paso para construir algo. Cada tornillo especificado. Cada material certificado. Cada profesional con sus años de experiencia documentados. Cada etapa con su supervisor asignado. Cada peso con su justificación técnica.
Ahora imagina que, aún con ese manual perfecto, decides no construir nada. O mejor: construir solo el 30% en tres años cuando debías terminar el 100% en 18 meses. ¿Qué hiciste con el dinero del 70% restante?
Esa es exactamente la pregunta que la ciudadanía atlanticense debe hacerle a Angelly Melissa Criales Anibal (EDUBAR S.A.) y César Augusto Caro Pinilla (Consorcio CORREDOR VIAL UND F2), quienes firmaron el contrato EDU-REG-022-2022 el 28 de noviembre de 2022.
Porque este no es un caso de «falta de planeación». Es todo lo contrario.
La trampa estaba en lo obvio
La exgobernadora Elsa Noguera hizo algo curioso: teniendo toda la capacidad técnica de la Gobernación del Atlántico para manejar la Fase 2 del proyecto (recordemos que la Fase 1, de $62.402 millones, fue ejecutada por la Secretaría General con avances cercanos al 100%), decidió entregar este contrato a EDUBAR S.A. —una empresa de economía mixta del Distrito de Barranquilla conocida como el «contratadero» por excelencia para esquivar la Ley 80.
¿Por qué? La respuesta está en la estructura misma de EDUBAR: una entidad semiprivada donde los socios privados se quedan con un porcentaje del costo total de la contratación. Es decir, un vehículo legal para que intereses oscuros manejen recursos públicos sin la transparencia total que exige la contratación directa estatal.
Pero aquí viene lo perverso: EDUBAR elaboró uno de los anexos técnicos más detallados y rigurosos que puede existir en contratación pública colombiana.
Los Mecanismos de Control que «fallaron» todos al mismo tiempo
Analicemos lo que NO debió fallar según la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015:
1. PLANEACIÓN (Art. 30 Ley 80/93)
El contrato contaba con:
- Estudios de prefactibilidad y factibilidad completos
- Diseño técnico con planos estructurales, hidráulicos y eléctricos
- Presupuesto detallado con análisis de precios unitarios (APU)
- Cronograma general con curvas S y ruta crítica
- Matriz de riesgos identificando probabilidades e impactos
- Evaluación ambiental con plan de manejo
- Estudio geotécnico con clasificación de terreno
¿Qué falló? Nada. Todo estaba perfecto en papel.
2. GARANTÍAS (Art. 7 Ley 1150/07)
Las garantías de cumplimiento, calidad, estabilidad de obra y pago de salarios son el escudo jurídico y financiero de cualquier contrato estatal. Sin garantías aprobadas, un contrato no puede ejecutarse.
Pregunta clave: ¿Se aprobaron las garantías? Si sí, ¿por qué no se han hecho efectivas tras más de un año de obra paralizada? Si no, ¿quién autorizó girar recursos sin garantías?
Porque seamos claros: la aprobación de garantías no es un formalismo. Es el acto que evita que contratistas «de papel» desaparezcan con los recursos. Es lo que protege el dinero público de empresas fachada.
3. REGISTRO PRESUPUESTAL (Decreto 1082/15)
El Registro Presupuestal (RP) es el sello que confirma que el dinero existe y está reservado. Sin RP, cualquier contrato estatal es una promesa vacía.
Pregunta letal: ¿Se expidió el RP por los $94.720 millones antes de firmar el contrato? Si sí, ¿dónde está ese dinero ahora? Si no, ¿cómo se autorizó la firma?
Porque aquí no estamos hablando de $10 millones. Estamos hablando de casi $95 mil millones de pesos. Dinero suficiente para:
- Construir 47 colegios rurales completos
- Financiar 15.787 becas universitarias completas de 5 años
- Pagar 1.974 maestros durante un año entero
4. PERSONAL PROFESIONAL CALIFICADO
El anexo técnico exigía:
- 1 Director de Obra (Maestría/Doctorado, 10 años experiencia general, 7 años específica)
- 2 Ingenieros Residentes (8 años experiencia general, 5 años específica)
- 1 Ingeniero Residente de Estructuras (experiencia en puentes mixtos)
- 7 Especialistas (Redes Secas, Hidráulica, Pavimentos, Estructuras, Geotecnia, Ambiental, más Topógrafo)
- 1 Profesional Social
- 1 Profesional en Gestión de Calidad
- 1 Ingeniero en Gerencia de Proyectos
- 1 Inspector SISO con dedicación 100%
Total: 16 profesionales altamente calificados.
Pregunta demoledora: Si el Consorcio CORREDOR VIAL UND F2 presentó todo este personal antes de la firma, ¿dónde están ahora? ¿Qué estuvieron haciendo durante 18 meses? ¿Por qué la interventoría no reportó su ausencia o ineficiencia?
5. MAQUINARIA MÍNIMA REQUERIDA
El contrato especificaba:
- 2 Excavadoras sobre oruga tipo CAT 320
- 2 Conjuntos de volquetas con capacidad superior a 80 m³
- 2 Motoniveladoras de potencia ≥ 90 H.P.
- 2 Vibrocompactadores peso ≥ 8 ton
- 2 Carrotanques de 10.000 galones
- Conjunto completo de equipos para control de calidad
Pregunta técnica: ¿Esta maquinaria estuvo físicamente en la obra? ¿La interventoría verificó su presencia y operación? Si no estuvo, ¿por qué no se aplicaron sanciones inmediatas?
6. INTERVENTORÍA
Aquí llegamos al punto más oscuro de toda esta historia.
La interventoría no es un adorno. Es el guardián del dinero público. Su función es verificar que cada peso gastado corresponda a obra ejecutada. Que cada material cumpla especificaciones. Que cada profesional esté donde debe estar. Que cada máquina funcione.
Las preguntas que nadie ha respondido:
- ¿Quién es el interventor de este contrato?
- ¿Qué empresa de interventoría fue contratada?
- ¿Cuánto se le pagó por su trabajo?
- ¿Dónde están sus informes mensuales de avance?
- ¿Por qué no alertó sobre el incumplimiento desde el mes 6, cuando ya era evidente el retraso?
- ¿Por qué no exigió la aplicación de las garantías?
Porque si un director técnico interdisciplinario realizó estudios con «Presupuestos Detallados, Cronogramas y Análisis de Riesgos» y el contratista los aceptó al firmar… ¿por qué no cumplió?
Y más importante: ¿por qué el interventor lo permitió?
El silencio cómplice de las instituciones
Han pasado casi tres años desde la firma del contrato. El plazo original era de 18 meses, con fecha de terminación prevista para mayo de 2024.
Hoy, 27 de octubre de 2025, la obra no existe. Solo está ejecutado el 30%.
Y mientras tanto:
- La Gobernación del Atlántico no ha exigido la aplicación de las garantías
- EDUBAR S.A. no ha informado públicamente sobre el estado del contrato
- El Consorcio CORREDOR VIAL UND F2 no ha dado explicaciones
- La interventoría no aparece mencionada en ningún documento público
- La Contraloría solo la «bautizó como elefante blanco» pero ¿dónde está el informe de responsabilidad fiscal?
La adición extemporánea: La cereza del pastel
Y ahora viene lo más cínico: se habla de una adición extemporánea de $12.000 millones.
Hagamos la cuenta:
- Contrato inicial: $94.720 millones
- Obra ejecutada: ~30% = $28.416 millones
- Dinero sin justificar: $66.304 millones
- Adición propuesta: $12.000 millones
- Total comprometido: $106.720 millones para una obra al 30%
¿Alguien más ve el absurdo?
Si el contrato inicial contemplaba TODO (materiales, personal, maquinaria, estudios, imprevistos, AIU), ¿por qué se necesitan $12.000 millones adicionales para terminar lo que ya debió estar listo hace un año?
La respuesta es simple: porque el dinero inicial no se usó para construir. Se usó para robar.
Las preguntas que deben responderse bajo juramento
A Elsa Noguera (exgobernadora):
- ¿Por qué entregó este contrato a EDUBAR si la Fase 1 fue exitosa con la Secretaría General?
- ¿Sabía usted que EDUBAR es conocido como el «contratadero» del Distrito?
- ¿Qué beneficios particulares obtuvo su administración de esta decisión?
A Angelly Melissa Criales Anibal (EDUBAR S.A.):
- ¿Cuánto dinero de los $94.720 millones fue girado al contratista?
- ¿En qué fechas y por qué conceptos se realizaron los desembolsos?
- ¿Qué porcentaje de «administración» se quedó EDUBAR?
- ¿Dónde están los informes mensuales de la interventoría?
A César Augusto Caro Pinilla (Consorcio CORREDOR VIAL UND F2):
- ¿Por qué aceptó firmar un contrato con cronogramas y especificaciones si no iba a cumplirlos?
- ¿Dónde está el personal profesional que ofreció en su propuesta?
- ¿Dónde está la maquinaria mínima exigida?
- ¿Qué hizo con los recursos recibidos?
- ¿Por qué no ha devuelto el dinero de la obra no ejecutada?
A la Interventoría (nombre aún no público):
- ¿Por qué no reportó el incumplimiento desde el primer mes de retraso?
- ¿Por qué no exigió la aplicación de las garantías?
- ¿Cuántos informes mensuales presentó y dónde están?
- ¿Recibió usted algún beneficio particular por su silencio?
A la Contraloría General de la Nación:
- ¿Cuándo abrirá el proceso de responsabilidad fiscal?
- ¿Por qué solo «bautizó» la obra como elefante blanco sin actuar?
- ¿Qué hallazgos fiscales ha identificado?
El Sistema que protege al corrupto
Este caso expone la perversión del sistema de contratación pública colombiano: no falla por falta de reglas, sino por exceso de complicidad.
Porque todas las normas estaban ahí:
- La Ley 80 de 1993 que exige planeación rigurosa
- La Ley 1150 de 2007 que obliga garantías previas
- El Decreto 1082 de 2015 que impone el Registro Presupuestal
- La Ley 1474 de 2011 que endurece las sanciones
Pero de nada sirven las mejores leyes si quienes deben aplicarlas son cómplices del saqueo.
De nada sirve un anexo técnico de 33 páginas si la interventoría no verifica su cumplimiento.
De nada sirven garantías aprobadas si nunca se hacen efectivas.
De nada sirve un Registro Presupuestal si el dinero se gira sin obra ejecutada.
Lo que los ciudadanos deben saber
Este no es un «elefante blanco» por incompetencia. Es un robo planificado con metodología empresarial.
La diferencia es crucial: la incompetencia se corrige con capacitación y mejores procesos. El robo se castiga con cárcel y extinción de dominio.
Y en este caso, todos los elementos del robo están presentes:
- Dolo: Aceptar un contrato sabiendo que no se iba a cumplir
- Simulación: Presentar personal y maquinaria que nunca estuvieron en obra
- Apropiación indebida: Recibir recursos sin ejecutar el trabajo correspondiente
- Concierto para delinquir: Coordinación entre contratista, administrador del contrato e interventor
El costo real del robo
Los $94.720 millones robados no son solo números. Son:
- 7.893 niños atlanticenses que no tienen puesto en un colegio porque no hay aulas
- 2.368 familias que viven en ranchos porque no hay vivienda social
- 47.360 atlanticenses sin acceso a salud preventiva por falta de centros médicos
- Cientos de estudiantes universitarios arriesgando su vida cruzando una vía destrozada
Y mientras tanto, alguien se está quedando con ese dinero. Alguien está comprando fincas, carros, viajes. Alguien está educando a sus hijos en el exterior con lo que le robó a los hijos de los atlanticenses.
La Pregunta Final
Si un contrato tenía:
- ✅ Estudios técnicos completos
- ✅ Diseños aprobados
- ✅ Presupuesto detallado
- ✅ Cronograma riguroso
- ✅ Personal calificado exigido
- ✅ Maquinaria especificada
- ✅ Interventoría contratada
- ✅ Garantías (supuestamente) aprobadas
- ✅ Registro Presupuestal (supuestamente) expedido
¿Por qué fracasó?
Solo hay una respuesta que resiste el análisis técnico, jurídico y ético:
Porque alguien decidió robar en lugar de construir.
Y ese alguien no actuó solo. Tuvo cómplices en EDUBAR, en la interventoría, en la Gobernación, posiblemente en la empresa contratista.
Porque el robo perfecto no es el que no deja huellas. Es el que deja tantas huellas que parecen legales.
Epílogo: La impunidad como sistema
Escribimos este artículo el 26 de octubre de 2025. Hace exactamente 1.063 días se firmó el contrato EDU-REG-022-2022.
En esos 1.063 días:
- Nadie ha ido a la cárcel
- Nadie ha devuelto un peso
- Nadie ha pedido perdón
- Nadie ha asumido responsabilidad
Y lo más probable es que dentro de otros 1.063 días, la historia siga igual.
Porque en Colombia, robar $94.720 millones con manual en mano no es delito. Es política.
Y mientras los ciudadanos no exijan cárcel para los responsables, la corrupción seguirá siendo el negocio más rentable del país.
LLAMADO A LA ACCIÓN
Este artículo debe ser compartido, impreso, enviado a:
- La Fiscalía General de la Nación
- La Contraloría General de la República
- La Procuraduría General de la Nación
- Los medios de comunicación nacionales
- Las organizaciones anticorrupción
Y sobre todo, debe ser leído por cada atlanticense que se pregunte dónde está el dinero de sus impuestos.
Porque la verdad no está oculta. Está documentada en 33 páginas de anexo técnico que nadie cumplió.
La pregunta ya no es quién se robó el dinero. Es cuándo van a ir a la cárcel.
Sobre Verdad Oculta: Somos un equipo de periodismo investigativo especializado en desmontar los mecanismos invisibles de la corrupción. No solo exponemos los hechos: revelamos los sistemas que los hacen posibles. Porque la verdad no se esconde en lo complejo. Se esconde en lo que todos asumen como normal.
