Cecilia Orozco Tascón
Columnista de El Espectador
La semana pasada se le vino el mundo encima al columnista Daniel Coronell por revelar que el magistrado de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano Garavito –designado para estudiar si ese alto tribunal admite revisar la sentencia de absolución de Álvaro Uribe Vélez–, tiene un hijo vinculado, en la práctica, a la defensa del expresidente, lo que configuraría un conflicto de interés que impediría (al menos, éticamente) que Solórzano resolviera ese caso (ver).
Como suele ocurrirnos a los periodistas que divulgamos información relevante en el debate público, pero incómoda para ciertos personajes, se desató una ola de ataques cibernéticos con el fin de afectar a Coronell. No solo intentaron descalificarlo desde cuentas anónimas con feos señalamientos. De manera misteriosamente coincidente con el reporte radial del columnista, un grupillo de abogados (algunos de ellos impresentables y mal reputados) hizo publicar un comunicado en que solicita “respetar la independencia de la Corte…” y exige “que las decisiones que se van a tomar, (estén libres de) presiones políticas o mediáticas (ver)”.
Resulta casi gracioso que los activistas del uribismo pidan respeto por la autonomía de los operadores judiciales cuando ellos y su propio jefe, no han hecho otra cosa que estigmatizar a los fiscales, jueces y magistrados que, en ejercicio de su libertad de conciencia jurídica, han rendido concepto desfavorable sobre el procesado.
No hay que probar, por cuanto es hecho evidente, la persecución y daño a la honra que han padecido, por obra de ese sector político, el exmagistrado Barceló, el magistrado Reyes, la magistrada Oviedo, las juezas que se negaron a archivar prematuramente la investigación; la juez 44 que lo condenó en primera instancia y cuya vida social terminó por cuenta de las amenazas; la fiscal general y la fiscal que estructuró la imputación y pidió la condena.
Todos ellos han sufrido grave daño personal en desmedro de sus derechos a una existencia sin sobresaltos y a un futuro laboral justo. La petición de los defensores de oficio de Uribe en favor de la autonomía de la Corte no solo resulta cínica sino sospechosa: si salen, con soberbia, a reclamar que el caso se resuelva “con argumentos jurídicos y las pruebas del expediente, y no por el ruido externo que lo rodea”, significa que ¿ya están seguros de que el togado Solórzano y sus colegas de su misma línea ideológica en la Sala Penal, inadmitirán el recurso de casación interpuesto por los abogados de las víctimas del expresidente? O, lo que es lo mismo, que ¿confirmarán la absolución del intocable señor?
La objeción sobre el impedimento legal y moral del magistrado Solórzano Garavito, en cuanto a examinar el fallo Uribe se refiere, es gruesa. Su hijo, Carlos Roberto Solórzano Rojas, lleva un año, ocho meses, conociendo las piezas procesales del expediente puesto que se posesionó en mayo de 2024 como asesor del despacho del procurador barranquillero Bladimir Cuadro, nombrado, a su vez, por la barranquillera procuradora general Margarita Cabello, específicamente para entorpecer la labor de la fiscalía contra el expresidente.
O, más bien, para reforzar las estrategias de defensa de los abogados de Uribe Vélez, como consta en los videos de las audiencias públicas de ese proceso: Cuadro hizo mejor tarea a favor del encartado que sus apoderados Granados y Lombana. Como dije alguna vez, la ruta para construir la maquiavélica red es fácil de ver: Uribe puso a Duque en la presidencia; Duque instaló a Cabello en la Procuraduría, y a Barbosa en la Fiscalía; mientras Barbosa pedía precluir la investigación, Cabello nombraba a Cuadro, el hombre que podía controlar los efectos negativos del caso; Cabello reforzó a Cuadro con el cargo de asesor que le entregó a Carlos Roberto Solórzano Rojas cuando su padre, Carlos Roberto Solórzano Garavito, ya era magistrado de la Sala Penal de la Corte.
No se requería ser el mago Houdini para anticipar –como lo hizo Cabello– que, algún día, el fallo favorable o desfavorable en el juicio al jefe del Centro Democrático llegaría a esa sala, tal como acaba de suceder. Los abogados de las víctimas, Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda, y Miguel Ángel del Río, defensor de la médica Deyanira Gómez, recusaron al togado y le pidieron a la Corte que lo separe de esa actuación. Indicaron que, dada la posición de Solórzano hijo, cuyo rol ha consistido en estudiar las piezas de los casos que atiende Bladimir Cuadro (principalmente, el de Uribe), la imparcialidad de su padre, el magistrado, estaría comprometida con los intereses de su vástago (ver)
¿Para dónde va este embrollo? Con franqueza, creo que ni la Corte ni Solórzano tendrán escrúpulos. Mirarán hasta el pie de página para negar cualquier inhabilidad. Y negarán, también, el recurso de casación. Uribe puede cantar victoria: ha demostrado que, dígase lo que se diga, y hágase lo que se haga, su poder sí está por encima de la ley.
Entre paréntesis.- ¿Quién es el procurador que actúa en el proceso que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara por el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña de Gustavo Petro? El “cerebro” Margarita Cabello constituyó una “agencia especial” para incidir en este otro caso ¿Procurador designado? Su fiel servidor, el barranquillero Bladimir Cuadro.
