Cuando José Facundo Castillo Cisneros asumió la gobernación de Arauca en 2012, no llegó como un servidor público. Llegó como un empresario de la corrupción que había encontrado en el Estado su negocio más rentable. Y como todo buen empresario, diversificó su portafolio: contratos escolares, vías públicas, alimentación escolar. Un verdadero emporio del saqueo que operó durante años bajo la mirada cómplice de un sistema que prefiere mirar hacia otro lado cuando el dinero público se evapora en manos expertas.
La Fábrica de Contratos Fantasma
El Sistema Silencioso que Castillo perfeccionó durante su mandato (2012-2015) no era improvisado. Era una maquinaria aceitada que funcionaba con la precisión de un reloj suizo y la moral de un carterista. Tomemos el contrato para la construcción de la vía de doble calzada en la glorieta del Coleo, firmado el 26 de diciembre de 2014. ¿Casualidad que se firmara en plena época navideña, cuando las oficinas están vacías y los controladores de turno? Por favor.
La Fiscalía reveló que durante la fase de planeación se omitieron deliberadamente los estudios de conveniencia y necesidad. ¿Para qué perder tiempo en tecnicismos cuando ya se sabía quién iba a ganar la licitación? Solo un consorcio se presentó y, ¡sorpresa!, fue seleccionado. La competencia es tan molesta cuando tienes prisa por robar.
Una vez adjudicado el contrato, llegó la genialidad: una adición presupuestal para «cubrir falencias precontractuales«. Traducción: «necesitamos más plata porque no hicimos la tarea desde el principio, pero igual vamos a cobrar como si la hubiéramos hecho«. El valor se elevó a más de $20.700 millones de pesos, y de ahí desaparecieron misteriosamente $2.816 millones que, según las investigaciones, terminaron en las cuentas del contratista. Un buen negocio para todos, excepto para los araucanos que pagaron la cuenta.
El Menú de la Corrupción: Desde Pupitres hasta Desayunos
Pero Castillo no se conformó con las obras públicas. Su apetito abarcó hasta los desayunos de los niños. El caso del mobiliario escolar es una obra maestra del cinismo: dos contratos firmados en diciembre de 2012 y octubre de 2013, tramitados con estudios previos incompletos y basados en información falsa. La Corte Suprema fue contundente: «Se usaron documentos ficticios para simular legalidad y favorecer a oferentes específicos«.
Documentos ficticios. Lean eso de nuevo. Estamos hablando de un gobernador que falsificó documentos para robar el dinero destinado a la educación de los niños. Y no contentos con eso, también se las ingenió para inflar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la pandemia, generando un sobrecosto de $1.783 millones de pesos. Porque si hay algo que caracteriza a los corruptos es su capacidad para convertir hasta las tragedias en oportunidades de negocio.
La Red Subterránea de la Impunidad
Lo más escalofriante del caso Castillo no son las cifras robadas, sino la Red Subterránea de funcionarios que hicieron posible este saqueo sistemático. William Arévalo Quintero y Maricel Ortiz Ramírez, exsecretarios de Educación; Uriel Niño López, exgerente de Contratación; Holman Jefrey Ruiz Puerta, supervisor del contrato; Diana Susi Mahecha Herrera, representante legal de la firma interventora. Una cadena de complicidades que funcionó como un engranaje perfecto.
¿Cómo es posible que un contrato se firme «sin que previamente se exigieran estudios técnicos y financieros precisos, serios y completos«? La respuesta es simple: cuando todos están en el negocio, nadie hace preguntas incómodas. La supervisión se vuelve cosmética, la interventoría una formalidad, y el control fiscal un chiste de mal gusto.
El Costo Real de la Lógica Invisible
Tras diez años de procesos judiciales, Castillo finalmente fue condenado a 12 años, dos meses y un día de prisión. Diez años para que la justicia colombiana procesara lo que cualquier ciudadano con dos dedos de frente podía ver desde el primer día. Mientras tanto, ¿cuántos niños de Arauca estudiaron en pupitres inexistentes? ¿Cuántos se quedaron sin desayuno escolar? ¿Cuántos ciudadanos transitaron por vías mal construidas que pusieron en riesgo sus vidas?
La Lógica Invisible de la corrupción colombiana opera bajo un principio perverso: los costos se socializan, las ganancias se privatizan, y la justicia llega cuando ya es demasiado tarde. Castillo seguirá enfrentando procesos por sus presuntos nexos con el ELN, porque cuando te dedicas profesionalmente a la ilegalidad, es difícil mantener límites morales.
El Impacto Oculto en las Comunidades
Cada peso robado por Castillo y su red representa una oportunidad perdida para Arauca. Cada contrato inflado, cada sobrecosto, cada documento falsificado se traduce en servicios que no llegaron, en infraestructura que no se construyó adecuadamente, en confianza ciudadana que se erosionó hasta desaparecer.
La corrupción no es un delito sin víctimas. Sus víctimas son los estudiantes que no tuvieron mobiliario adecuado, los ciudadanos que transitan por vías deficientes, las familias que confiaron en que los recursos de alimentación escolar efectivamente alimentarían a sus hijos. El Impacto Oculto de estos actos trasciende las cifras y se instala en el tejido social como una herida que tarda generaciones en sanar.
La Puerta Transparente que Debemos Abrir
El caso de José Facundo Castillo Cisneros no es una anomalía en el sistema político colombiano; es una radiografía perfecta de cómo opera la corrupción cuando encuentra un terreno fértil en la impunidad, la complicidad institucional y la indiferencia ciudadana.
Su condena, aunque tardía, debe servir como Puerta Transparente hacia una reflexión más profunda sobre los mecanismos que permitieron que un solo hombre y su red de cómplices saquearan sistemáticamente los recursos de todo un departamento durante años.
La verdadera justicia no llegará solo con las sentencias judiciales. Llegará cuando entendamos que la corrupción es un sistema que se alimenta de nuestra pasividad y se perpetúa en nuestra tolerancia. Castillo ya tiene su condena; ahora falta que nosotros, como sociedad, tengamos la nuestra: la de no volver a permitir que la función pública se convierta en negocio privado.
Las cifras no mienten, los documentos hablan, y las sentencias llegan. Lo que falta es que dejemos de sorprendernos por casos como el de Castillo y empecemos a sorprendernos cuando un funcionario público haga bien su trabajo.
