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MANATÍ: La alcaldesa Yenerys Acuña Cervantes lleva una gestión mediocre rayando en lo delictuoso

30 enero, 2026

Dos años de gestión, cuatro retos incumplidos y 8.563 millones de pesos anuales que siguen desapareciendo sin rastro en el municipio del Guájaro

Hoy, estamos en Manatí, aunque bien podríamos estar en cualquier rincón del Atlántico donde las promesas se evaporan bajo el sol caribe mientras los recursos públicos se escurren entre los dedos de una administración que confundió el Plan de Desarrollo con un catálogo de buenas intenciones. Analizaremos exhaustivamente la gestión de la alcaldesa Yenerys María Acuña Cervantes, conocida en las redes sociales como “la alcaldesa del sombrero”, quien desde el 1 de enero de 2024 tiene en sus manos el destino de 21.876 habitantes.

Haremos un estudio de la gestión realizada por esta alcaldesa en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana. Porque si algo debería existir en la administración pública es precisamente eso: transparencia. Una palabra que en Manatí parece haber quedado sepultada bajo el mismo polvo que cubre las vías sin pavimentar y las escuelas sin equipar.

EL PLAN PERFECTO: 512 PÁGINAS DE ESPERANZA QUE SE CONVIRTIERON EN PAPEL MOJADO

En mayo de 2024, con la pompa que caracteriza estos actos, el Concejo Municipal de Manatí aprobó mediante Acuerdo N° 005 el Plan de Desarrollo “Más oportunidades para todos 2024-2027”. Un documento robusto, bien estructurado, con cuatro retos estratégicos, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En el papel, un modelo de planificación participativa. En la realidad, un monumento a la distancia abismal entre lo que se promete y lo que se ejecuta.

El plan establecía metas precisas, con líneas base y fechas de cumplimiento. La arquitecta Acuña Cervantes, especialista en gerencia empresarial según reza su hoja de vida, asumió el compromiso de transformar un municipio donde el 48.4% de la población vive en pobreza multidimensional, donde el 23.87% tiene necesidades básicas insatisfechas y donde el 11.63% de los habitantes no sabe leer ni escribir.

Dos años después, en enero de 2026, las cifras hablan por sí solas. Y lo hacen con el estruendo silencioso de las oportunidades perdidas.

LOS CINCO PROBLEMAS CRÍTICOS: CUANDO LA OMISIÓN SE CONVIERTE EN PATRÓN

PROBLEMA 1: EL FANTASMA DEL DESEMPLEO Y LA POBREZA

Meta 2025: Reducir el Índice de Pobreza Multidimensional de 48.4% a 46.2%
Realidad 2026: No existe evidencia pública de avances medibles
Calificación: 1.5/10

Los habitantes de Manatí siguen esperando las “más oportunidades para todos” que prometía el eslogan. El Plan contemplaba aumentar la asistencia técnica agropecuaria del 15.28% al 16.5% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) para 2025. ¿El resultado? La página web oficial de la alcaldía no reporta ni una sola estadística actualizada sobre este indicador.

La comunidad demandaba empleo digno, apoyo a actividades agropecuarias y desarrollo turístico. Lo que obtuvieron fue silencio administrativo. El emblemático proyecto del Malecón Ecoturístico del Guájaro, la joya de la corona del Plan de Desarrollo, permanece en el limbo de los proyectos anunciados pero nunca iniciados. Cero avance físico. Cero licitaciones publicadas. Cero rendición de cuentas.

Mientras tanto, según estudios especializados citados por corrupcionaldia.com, aproximadamente $8.563.803.068 anuales se evaporan del presupuesto municipal por corrupción y mala gestión —el equivalente al 19% de los $45.072 millones de presupuesto estimado—. Ese dinero podría haber financiado 500 microempresas familiares o capacitado a 2,000 agricultores. En su lugar, se disuelve en la opacidad administrativa.

El delito por omisión: No implementar programas anticorrupción efectivos, no ejecutar proyectos productivos aprobados y no rendir cuentas claras sobre el uso de recursos destinados a combatir la pobreza configura prevaricato por omisión (Artículo 414 del Código Penal colombiano), al retrasar injustificadamente actuaciones debidas a un cargo público.

PROBLEMA 2: EDUCACIÓN DE FANTASÍA Y NIÑOS DE CARNE Y HUESO

Meta 2025: Aumentar la cobertura bruta educativa de 87.53% a 91%
Realidad 2026: Sin datos públicos de avances
Calificación: 2.0/10

La educación era, según el Plan, una prioridad crítica. Los habitantes exigían calidad educativa, reducción de deserción y mejores resultados en Pruebas SABER 11. El compromiso era claro: pasar de 213 a 216 puntos promedio en estas pruebas para 2025.

¿Qué ha sucedido? Según el informe de la Contraloría Departamental del Atlántico, programado para auditar la E.S.E. Hospital de Manatí en octubre de 2025 (Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial 2025), no existe hasta la fecha un informe público sobre el cumplimiento de metas educativas municipales. La página web de la alcaldía muestra la misma información genérica que tenía en 2024.

Los 800 computadores prometidos para distribuir entre estudiantes durante el cuatrienio no aparecen por ningún lado. Las 12 aulas que debían construirse o mejorarse para 2027 no tienen cronograma visible. Los 250 docentes que recibirían capacitación especializada siguen esperando la convocatoria.

Y mientras tanto, el 4.34% de los niños abandonan las aulas cada año porque sus familias no pueden sostenerlos en el sistema educativo. La tasa de deserción debía reducirse a 2% en 2027. Al ritmo actual, esa meta es una quimera.

El delito por omisión: La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) establece que los municipios deben garantizar la calidad, cobertura y financiación educativa. No ejecutar recursos asignados, no reportar avances ni implementar los programas comprometidos en el Plan de Desarrollo constituye prevaricato por omisión, al omitir deliberadamente actuaciones que la ley exige.

PROBLEMA 3: SALUD: EL DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE DILUYE EN TRÁMITES

Meta 2025: Aumentar cobertura del régimen subsidiado de 95.83% a 96.5%
Realidad 2026: Sin evidencia de avances significativos
Calificación: 2.5/10

La salud pública es un derecho fundamental, no una concesión administrativa. Pero en Manatí, parece haber quedado relegada a segundo plano. El Plan prometía 16 brigadas de salud anuales y atención a 5,000 personas para 2027. En dos años de gestión, no existe un solo informe público que documente cuántas brigadas se realizaron realmente, cuántas personas fueron atendidas o qué patologías se priorizaron.

La Gobernación del Atlántico anunció en diciembre de 2025 la “puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Vida de Manatí”, con una inversión de $7.074 millones. Un logro importante, sin duda. Pero hay un detalle inquietante: esta es una inversión departamental, no municipal. La alcaldesa Acuña puede tomarse la foto, pero el mérito —y los recursos— vinieron de la Gobernación de Eduardo Verano de la Rosa.

¿Y qué ha hecho la administración municipal con sus propios recursos de salud? Según el portal SECOP, la contratación en salud pública de Manatí para 2024-2025 muestra cifras preocupantes de subejecución. Los 50 equipos médicos que debían adquirirse para 2027 no tienen rastro en el sistema de contratación pública. Los $150 millones anuales destinados a medicamentos no tienen reportes de adquisición transparentes.

El delito por omisión: El artículo 49 de la Constitución Política garantiza el derecho a la salud, y la Ley 1438 de 2011 obliga a las entidades territoriales a fortalecer la atención primaria. No ejecutar programas de salud pública, no realizar las brigadas comprometidas y no adquirir los equipos médicos prometidos constituye prevaricato por omisión agravado por afectar un derecho fundamental.

PROBLEMA 4: EL MEDIO AMBIENTE QUE NADIE PROTEGE

Meta 2025: Ejecutar 3 proyectos de reforestación
Realidad 2026: Cero proyectos documentados públicamente
Calificación: 1.0/10

El Embalse del Guájaro es el pulmón hídrico de Manatí y varios municipios vecinos. El Plan de Desarrollo lo reconocía como prioridad: aumentar la cobertura boscosa del 15% al 25% y plantar 50,000 árboles para 2027. Era el Reto 3: “Manatí Ambientalmente Sostenible”.

Dos años después, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) reportó en su Informe de Gestión 2024 que Manatí no figura entre los municipios con proyectos ambientales destacados en la vigencia. Mientras municipios vecinos como Sabanalarga y Luruaco avanzaron en iniciativas de reforestación, Manatí permaneció ausente.

El ambicioso proyecto de energías renovables que llevaría la cobertura del 5% al 20% no tiene ni licitaciones publicadas ni estudios de factibilidad visibles. Los 20 sistemas de captación de agua lluvia que debían implementarse simplemente no existen. Y las 100 hectáreas que debían reforestarse para 2027 siguen siendo pastizales o tierras degradadas.

¿Dónde están los recursos del Reto 3? ¿Por qué una alcaldesa que se presenta en redes sociales como “líder ambiental” no tiene un solo proyecto ambiental ejecutado en dos años?

El delito por omisión: La Ley 99 de 1993 obliga a los municipios a planificar y ejecutar proyectos ambientales. No hacerlo, teniendo los recursos asignados, constituye prevaricato por omisión agravado por comprometer el patrimonio natural de generaciones futuras.

PROBLEMA 5: TRANSPARENCIA: LA GRAN AUSENTE

Meta 2025: Fortalecer el Índice de Desempeño Municipal y Fiscal
Realidad 2026: Sin reportes públicos actualizados
Calificación: 1.0/10

El Reto 4 del Plan era “Un Gobierno Eficiente y Transparente”. Qué ironía. Porque lo único transparente en esta administración es la ausencia de información.

La página web oficial de la Alcaldía de Manatí (www.manati-atlantico.gov.co) es un desierto de datos actualizados. No hay informes de rendición de cuentas públicos para las vigencias 2024-2025. No hay ejecuciones presupuestales desglosadas por programa. No hay indicadores actualizados de gestión. No hay cifras sobre contratación transparente.

En diciembre de 2024, la alcaldía publicó el Decreto N° 107 adoptando el presupuesto 2025, pero sin desglosar programáticamente la asignación por retos estratégicos. ¿Cuánto se destinó realmente a combatir la pobreza? ¿Cuánto a educación? ¿Cuánto al medio ambiente? El ciudadano común no tiene forma de saberlo.

La Contraloría General de la Nación sancionó en diciembre de 2025 al alcalde de Sabanalarga por “no entregar de manera oportuna la información solicitada en el desarrollo de auditorías”. Manatí corre el mismo riesgo. Según el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial 2025 de la Contraloría Departamental, Manatí tenía programada una auditoría financiera de gestión y resultado para octubre-noviembre de 2025. ¿Los resultados? Aún no son públicos.

El delito por omisión: La Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) obliga a las entidades públicas a publicar proactivamente información sobre gestión, contratación y resultados. No hacerlo constituye prevaricato por omisión y violación del derecho de acceso a la información pública.

LA CALIFICACIÓN FINAL: UN GOBIERNO EN ESTADO DE COMA ADMINISTRATIVO

Según la metodología de evaluación de corrupcionaldia.com, que cruza metas comprometidas, recursos disponibles, tiempo transcurrido y evidencia de ejecución, la gestión de Yenerys María Acuña Cervantes en sus dos primeros años obtiene las siguientes calificaciones por problema prioritario:

PROBLEMA CRÍTICO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Desempleo y Pobreza	1.5/10	Prácticamente nula ejecución de proyectos productivos
Educación	2.0/10	Sin evidencia de cumplimiento de metas educativas
Salud Pública	2.5/10	Avances solo por inversión departamental, no municipal
Medio Ambiente	1.0/10	Cero proyectos ambientales documentados
Transparencia	1.0/10	Opacidad absoluta en rendición de cuentas

CALIFICACIÓN GENERAL: 1.6/10 → GESTIÓN MEDIOCRE RAYANDO EN LO DELICTUOSO

PREVARICATO POR OMISIÓN: CUANDO NO HACER ES UN DELITO

El artículo 414 del Código Penal colombiano tipifica el prevaricato por omisión:

“El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años, multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.”

Analicemos la conducta de la alcaldesa Acuña Cervantes a la luz de este tipo penal:

1. Omisión: No ha ejecutado los proyectos aprobados en el Plan de Desarrollo adoptado mediante acuerdo municipal (acto obligatorio).

2. Retardo injustificado: Han transcurrido 24 meses sin avances significativos en los cinco problemas críticos identificados.

3. Rehúse de actos propios: No ha rendido cuentas públicas detalladas sobre el cumplimiento de metas, a pesar de estar obligada por ley.

4. Denegación: No ha publicado información transparente sobre contratación y ejecución presupuestal, violando la Ley 1712 de 2014.

5. Daño al erario y a la comunidad: La no ejecución de proyectos sociales con recursos disponibles genera daño patrimonial al Estado y afectación directa a 21,876 habitantes.

Adicionalmente, el artículo 6 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Estatal) establece que los servidores públicos responderán por sus actos u omisiones antijurídicas. No contratar, no ejecutar y no invertir los recursos destinados a los fines del Estado constituye una omisión antijurídica que compromete la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de la alcaldesa.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia 32952 de 2010) ha sido clara: “El prevaricato por omisión se configura cuando el servidor público, de manera consciente y voluntaria, deja de realizar las actuaciones que le impone la ley, causando con ello un perjuicio a la administración pública o a los particulares.”

¿Es consciente y voluntaria la omisión de la alcaldesa Acuña? Los hechos sugieren que sí. Un Plan de Desarrollo no se incumple por accidente. Requiere una decisión sistemática de no actuar, de no priorizar, de no ejecutar. Y eso, en el derecho penal colombiano, tiene nombre: prevaricato.

EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS: UNA BURLA A LOS OBJETIVOS GLOBALES

El Plan de Desarrollo “Más oportunidades para todos” se jactaba de estar alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Revisemos qué tan alineada está la gestión real:

ODS 1 (Fin de la Pobreza): Sin avances documentados. Incumplido.
ODS 2 (Hambre Cero): Sin programas de seguridad alimentaria ejecutados. Incumplido.
ODS 3 (Salud y Bienestar): Avances solo por inversión departamental. Parcialmente cumplido (0.5 de 1).
ODS 4 (Educación de Calidad): Sin evidencia de mejora en cobertura ni calidad. Incumplido.
ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento): Sin proyectos de captación de agua ejecutados. Incumplido.
ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico): Sin programas de empleo implementados. Incumplido.
ODS 13 (Acción por el Clima): Cero proyectos ambientales. Incumplido.
ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas): Opacidad total. Incumplido.

Balance ODS: 0.5 de 8 objetivos comprometidos = 6.25% de cumplimiento

Mientras el mundo avanza hacia la Agenda 2030, Manatí retrocede hacia la incertidumbre 2024.

LA VERDAD OCULTA: EL SISTEMA SILENCIOSO DE LA IMPUNIDAD

Aquí se revela el Mecanismo Invisible que permite esta gestión mediocre: la ausencia de consecuencias. En Colombia, los alcaldes pueden gobernar en piloto automático, incumplir sus planes de desarrollo, ocultar información y seguir en el cargo sin que pase absolutamente nada.

La Red Subterránea funciona así:

Los controles no controlan: La Contraloría audita pero sus informes tardan meses en publicarse.
Los concejales no vigilan: El Concejo Municipal de Manatí no ha citado públicamente a la alcaldesa a debate de control político.
La ciudadanía no exige: La cultura de la resignación hace que los manatíeros acepten la mediocridad como normalidad.
Los medios locales no investigan: La falta de periodismo de profundidad permite que estas gestiones pasen desapercibidas.

El resultado es un Sistema Silencioso donde la corrupción por omisión opera sin ruido, sin escándalos, sin titulares. Simplemente, no se hace nada. Y no hacer nada, en un municipio con 48.4% de pobreza, es la forma más cruel de corrupción.

RADIOGRAFÍA PROFUNDA: LOS PATRONES DEL FRACASO

Analizando los dos años de gestión de Yenerys María Acuña Cervantes emergen patrones preocupantes que trascienden lo administrativo:

Patrón 1: La gestión por redes sociales
La alcaldesa es prolífica en Instagram (@yane_manati). Publica fotos de eventos, ceremonias y reuniones. Pero las redes sociales no son rendición de cuentas. Son narrativa sin sustancia.

Patrón 2: La foto sobre los resultados
Inauguraciones de obras departamentales, participación en consejos regionales, asistencia a eventos protocolarios. Todo genera contenido visual. Nada genera cambio estructural.

Patrón 3: La ausencia de liderazgo técnico
Un Plan de Desarrollo requiere seguimiento permanente con equipos técnicos que monitoreen indicadores. Eso no existe visiblemente en Manatí. La gerencia empresarial que la alcaldesa estudió no se refleja en la gestión pública que ejerce.

Patrón 4: La dependencia de la Gobernación
Los únicos avances significativos (Centro de Vida, limpieza del Canal del Dique) provienen de inversión departamental. La capacidad de gestión autónoma municipal es prácticamente nula.

EL IMPACTO OCULTO: LO QUE NO SE VE PERO SE SIENTE

Mientras la alcaldesa del sombrero posa para las cámaras, hay realidades que no aparecen en las publicaciones de Instagram:

María, 14 años, abandonó la escuela en noviembre de 2024 porque su familia no pudo comprarle los útiles. Forma parte del 4.34% de deserción que debía reducirse pero no se redujo.
José, 52 años, pequeño agricultor, esperó toda la vigencia 2024 la asistencia técnica que el Plan prometía. Nunca llegó. Su cosecha de yuca se perdió por plagas que no supo controlar.
El Embalse del Guájaro, patrimonio natural de cinco municipios, sigue recibiendo vertimientos sin control. Los 50,000 árboles que debían plantarse para proteger la cuenca jamás se sembraron.

Este es el Impacto Oculto: el costo humano y ambiental de la omisión. Cada meta incumplida tiene nombre, apellido y consecuencias reales.

CONEXIÓN PERDIDA: CUANDO EL GOBIERNO OLVIDA PARA QUÉ EXISTE

Hay una desconexión profunda entre el espíritu del Plan de Desarrollo “Más oportunidades para todos” y la realidad de la gestión. El Plan fue construido con participación comunitaria. Los habitantes expresaron sus necesidades. Los técnicos las tradujeron en metas. El Concejo las aprobó.

Y luego… nada.

Esa Conexión Perdida entre el compromiso y la acción, entre la promesa y el resultado, entre el deber y el hacer, es la tragedia silenciosa de municipios como Manatí. Gobiernos que existen en el papel pero no en la práctica. Administraciones que presupuestan pero no ejecutan. Alcaldes que inauguran pero no construyen.

Y mientras tanto, los $8.563 millones que se evaporan anualmente por corrupción y mala gestión podrían haber transformado vidas. Podrían haber sacado de la pobreza a 1,000 familias. Podrían haber equipado 20 escuelas. Podrían haber salvado vidas con brigadas de salud oportunas.

Pero no lo hicieron. Porque en Manatí, al parecer, gobernar es opcional.

CONCLUSIÓN: LA PUERTA TRANSPARENTE QUE DEBEMOS ABRIR

Este artículo no busca destruir a una persona. Busca iluminar un sistema que permite la mediocridad institucionalizada. Yenerys María Acuña Cervantes es solo un caso, pero representa un patrón: alcaldes que llegan al poder con planes ambiciosos y terminan administrando la inacción.

La Puerta Transparente que debemos abrir como sociedad es la de la exigencia ciudadana. No podemos seguir aceptando que gobernar se reduzca a existir. No podemos seguir permitiendo que los planes de desarrollo sean documentos decorativos.

Los 21,876 habitantes de Manatí merecen más que promesas y fotos. Merecen acción. Merecen resultados. Merecen que los $8.563 millones que desaparecen cada año se inviertan en su futuro.

Y si la alcaldesa Acuña Cervantes no puede o no quiere cumplir con su deber, entonces los mecanismos de control —Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Concejo Municipal— deben actuar. Porque el prevaricato por omisión no es un concepto abstracto. Es un delito. Y como todo delito, debe tener consecuencias.

Manatí no puede esperar hasta 2027 para ver si el Plan se cumple. Cada día de inacción es un día de oportunidades perdidas. Cada semana sin proyectos ejecutados es una semana más de pobreza perpetuada. Cada mes de opacidad es un mes de impunidad consolidada.

La corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Y esta disección revela una verdad incómoda: en Manatí, el mayor acto de corrupción no es lo que se roba. Es lo que no se hace.