La senadora que prometió ser «del pueblo» acumula 7 propiedades de lujo mientras su patrimonio declarado no cuadra con su realidad inmobiliaria
Mientras Martha Peralta Epieyú denuncia la desigualdad desde el Senado, sus propiedades se multiplican en zonas exclusivas de Bogotá y Barranquilla. Mientras exige justicia para La Guajira, su nombre aparece en chats con Olmedo López, un funcionario procesado por corrupción en el escándalo de la UNGRD. Y mientras el país debate sobre la redistribución de la riqueza, ella declara un patrimonio neto de 313 millones de pesos, pero posee siete inmuebles, algunos en edificios donde el metro cuadrado vale más que el salario de mil guajireros.
Este no es un caso de lujos. Es un caso de doble moral institucionalizada. Un ejemplo de cómo el discurso de representación de los vulnerables se convierte, una y otra vez, en una cortina de humo para acumular riqueza en la sombra. Con contratos millonarios adjudicados a personas cercanas, propiedades no del todo declaradas y una defensa que acusa de “persecución política” cada vez que se le cuestiona, Peralta encarna el mecanismo invisible de la corrupción moderna: no roba con maletines, roba con influencia, con cercanías, con el silencio cómplice de un sistema que premia el discurso y perdona los actos.
Más allá de los titulares, esta es la radiografía de una élite que se viste de pueblo.
Hallazgos claves
- Al revisar las declaraciones de bienes, rentas e intereses de Martha Peralta y otras fuentes, para detallar patrimonio y propiedades a su nombre en Bogotá y la Costa Caribe, encontramos “lujos” y un estilo de vida de millonaria, muy distinto de lo declarado oficialmente ante las autoridades.
- En paralelo, la Corte Suprema abrió indagación preliminar por el caso UNGRD tras versiones de Olmedo López sobre presiones para contratar maquinaria en La Guajira (unas 7.500 horas por más de $2.210 millones). La Fiscalía compulsó copias y el proceso avanza en el alto tribunal.
- Se han divulgado chats recientes que la vinculan con gestiones durante el trámite de la reforma pensional (junio de 2023), lo que reavivó la discusión sobre posible tráfico de influencias; Peralta alega violación a su defensa y pide que todo se tramite en la Corte.
- Sneyder Pinilla fue citado por la Corte a declarar contra Peralta y otro congresista, movida que anticipa nuevas piezas de evidencia en el expediente UNGRD.
- Medios reseñan que la discusión pública mezcla vida privada y bienes con el escrutinio legítimo de sus actos oficiales; El Tiempo centra su entrega en lo declarado por la congresista y en fuentes documentales.
El Mecanismo Expuesto – El tráfico de influencias disfrazado de gestión
No fue un contrato cualquiera. Fue un convenio por $2.210 millones de pesos destinado a la recuperación de Riohacha tras emergencias climáticas. Dinero de la UNGRD, pensado para maquinaria amarilla y volquetas que limpiaran deslaves, reabrieran caminos, salvaran comunidades. Pero en vez de llegar a los más necesitados, el contrato se adjudicó a dos personas cercanas a Martha Peralta. Y no fue casualidad.
Los chats filtrados con Olmedo López, exfuncionario de la UNGRD ahora procesado por corrupción, lo dicen todo: intercambios que no son de política, sino de negocios. Conversaciones que no hablan de planes de desarrollo, sino de “gestiones” y “soluciones”. Palabras suaves, como “apoyar”, “facilitar”, “ver qué se puede hacer”. El lenguaje del tráfico de influencias: nunca directo, siempre insinuado. Porque en la corrupción moderna, ya no se dice “dame la plata”. Se dice “yo cuido de ti”.
Y el sistema lo permite. Porque mientras la Corte Suprema investiga, Peralta responde con un comunicado de prensa: “vulneración a mi derecho a la defensa”, “instrumentalización política”. Como si la transparencia fuera una ofensa, como si el escrutinio fuera persecución. Pero la pregunta no es si actuó con influencia. La pregunta es: ¿cuántos contratos más se adjudican así, sin que nadie los vea?
Este es el Mecanismo Invisible: no hay maletines, no hay grabaciones de sobornos. Hay WhatsApp, hay cercanías, hay nombres que no aparecen en los contratos, pero que deciden quién gana. Y en este mecanismo, el discurso progresista es el mejor camuflaje.
Los Actores y Sus Roles – La red de poder tras el discurso de representación
Martha Peralta no está sola. Detrás de cada declaración, hay un entramado. Su esposo, Manuel Julián Molina Pérez, aparece como copropietario en cuatro de las siete propiedades registradas ante el Supernotariado. ¿Coincidencia? En un país donde el patrimonio familiar se usa para ocultar riqueza, las coincidencias son sospechosas.
Las propiedades, por cierto, no son modestas. En Ciudad Salitre, Bogotá, un apartamento en un conjunto cerca al estadio El Campín, zona de alto estrato, donde los precios superan los 480 millones de pesos. Allí también figura un garaje: no uno cualquiera, sino el 345, como si fuera un número de lujo. En Barranquilla, el edificio Altamar, otro símbolo de exclusividad costera. Y en La Guajira, tierras en “El Control”, Monguí, y un inmueble en la calle 52 de Riohacha.
¿Cómo se financia esto con un salario de congresista? Imposible. Y su declaración de renta del 2022 —la única que cargó al sistema— muestra ingresos brutos de 220 millones, renta líquida de 197 millones. Nada que explique siete propiedades, algunas tasadas en más de 400 millones. Aquí entra el Sistema Silencioso: la opacidad patrimonial, la falta de control real sobre los bienes de los funcionarios, la normalización de que “todos lo hacen”.
Y luego está Olmedo López. No un desconocido. Un hombre del sistema, hoy procesado, que intercambiaba mensajes con una senadora sobre contratos. ¿Amigos? ¿Socios? ¿Cómplices? El chat no lo dice, pero el contexto lo grita. Y el Pacto Histórico, que predica transparencia, calla. Como si la corrupción solo doliera cuando la derecha la comete.
El Impacto Real – Mientras tanto, en La Guajira
Riohacha no tiene $2.210 millones de pesos. Tiene niños desnutridos, hospitales sin medicamentos, calles destrozadas por lluvias que nadie repara. Tiene comunidades wayúu que caminan kilómetros por agua, mientras el contrato para maquinaria amarilla —ese que debía ayudarlos— termina en manos de amigos de la senadora.
Cada peso desviado es un camino no hecho. Cada hora de volqueta no utilizada es un puente que no se reabre. Y mientras tanto, Peralta viaja a París, según denunció Cambio Radical, a disfrutar de unas vacaciones “de lujo”, mientras miles no tienen acceso a medicinas. Y cuando la critican, responde: “Les duele que este gobierno cierre el año con tantas victorias”.
¿Victorias? ¿Para quién? Para los que viven en Altamar, en Ciudad Salitre, en los círculos del poder. No para los que duermen en techos de zinc, bajo el sol de La Guajira.
Este es el Impacto Oculto: no es solo el dinero robado. Es la esperanza rota. Es el mensaje que se envía: que el sistema no cambia, solo cambian los rostros. Que el progresismo también puede ser una fachada para el enriquecimiento. Que el pueblo sigue siendo un escenario, no un protagonista.
El Sistema que lo Permite – La impunidad como norma
¿Por qué sigue en el Senado? Porque la Corte investiga, pero no suspende. Porque el discurso de “persecución política” funciona como escudo. Porque el país está tan polarizado que acusar a un funcionario de izquierda se convierte en arma política, y eso paraliza el juicio.
Pero el problema no es Peralta. El problema es que Peralta pueda existir sin consecuencias. Es que un contrato de $2.210 millones se adjudique sin que nadie lo cuestione a tiempo. Es que una senadora declare un patrimonio que no cuadra con sus bienes, y nadie le exija cuentas reales. Es que el Supernotariado registre propiedades, pero no investigue su origen.
Este es el Ciclo Secreto:
- Se gana poder con discurso de justicia.
- Se usa el cargo para beneficiar cercanos.
- Se acumula riqueza en la sombra.
- Se niega todo con retórica victimista.
- Se mantiene el poder.
- Vuelta a empezar.
Y el sistema lo protege. Porque si se investiga con rigor a todos, el edificio entero podría derrumbarse. Así que se investiga, pero sin prisa. Se habla de “debido proceso”, pero se olvida que el proceso también debe ser justo para los que no tienen voz.
CONCLUSIÓN
La pregunta no es si Martha Peralta actuó con tráfico de influencias. La pregunta es por qué nos sorprende. Por qué seguimos creyendo que el discurso cambia la naturaleza del poder. Por qué aceptamos que quien habla por los pobres viva como millonario, mientras los pobres siguen siendo pobres.
Este caso no es una excepción. Es la regla. La Verdad Oculta no está en los chats, ni en las propiedades. Está en el silencio cómplice que permite que esto siga ocurriendo. En la normalización de que “todos lo hacen”. En la idea de que, mientras el enemigo sea otro, todo está bien.
La corrupción no se combate con denuncias aisladas. Se combate con memoria, con exigencia, con la decisión de no volver a creer ciegamente en quienes dicen representarnos.
Porque cada peso desviado es un acto de violencia.
Y cada silencio, una complicidad.
¿Hasta cuándo?
Preguntas que quedan en la mesa (para Peralta y para las autoridades):
- ¿Cuáles son las fuentes exactas de financiación de cada adquisición?
- ¿Hubo mejoras o avaluaciones posteriores que expliquen variaciones?
- ¿Existen fiducias o terceros que administren bienes de uso?
- ¿Todos los inmuebles constan en las declaraciones públicas?
- ¿Hay conflictos de interés por ubicación/uso de las propiedades frente a decisiones en el Senado?
- ¿Se han cruzado los ingresos con los egresos asociados a créditos/hipotecas?
- ¿Qué contradicciones hay entre lo declarado y lo que circula en redes?
- ¿Qué explicaciones ofrece la senadora sobre los chats?
- ¿Qué beneficiarios hubo de la contratación de UNGRD en Riohacha?
- ¿Cuál es el estado procesal actualizado en la Corte?
Responsabilidades y controles que aplican
- Penales y disciplinarias: si la Corte verifica tráfico de influencias o intervención indebida en contratación, podrían configurarse delitos o faltas disciplinarias. El estándar probatorio, no el clima en redes, define el desenlace.
- Transparencia activa: publicar explicaciones patrimoniales desagregadas (fechas, financiación, origen de recursos) y apoyarlas con documentos sería un gesto mínimo de rendición de cuentas en un caso con alta sensibilidad pública.
La otra omisión: una Secretaría de Transparencia que no aparece
Mientras la agenda pública se incendia con cada filtración, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia sigue sin una política anticorrupción visible, con metas, indicadores y monitoreo que ordene el ecosistema de integridad. No se conoce una estrategia robusta de control preventivo sobre contratación en entes como la UNGRD; el país necesita tableros abiertos de riesgo, alarmas tempranas y auditorías cruzadas —no comunicados tardíos ni reacciones en redes. Esta inacción institucional alimenta el círculo de impunidad que permite que los casos se destapen tarde y mal.
¿Qué debería ocurrir ya? (hoja de ruta mínima)
Reforma de la Secretaría de Transparencia con mandato verificable, presupuesto, metas trimestrales y auditorías independientes.
Publicación proactiva (por parte de la senadora) de toda la documentación patrimonial y financiera relevante, con explicaciones claras sobre origen de fondos.
Cruce estatal automatizado entre declaraciones de renta, registros inmobiliarios y contratos estatales vinculados a círculos cercanos.
Tableros públicos de riesgo (UNGRD y sectorial) con alertas tempranas y seguimiento ciudadano en tiempo real.
