En 2003 un fallo por el tema de Invercolsa, originado en una acción popular, le ordenó devolver las acciones de Invercolsa. Y aunque el proceso judicial continuó tras una apelación de Londoño y posteriores procesos entre él y Ecopetrol, el golpe a su imagen fue muy duro. La junta directiva de Ecopetrol siempre se opuso a su calificación como trabajador. En 2007, finalmente, un juzgado civil le ordenó devolver las acciones al Estado, lo mismo que hizo la Corte Constitucional al darle la razón a Ecopetrol en una tutela.
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