La impunidad tiene nombre propio: Dilian Francisca Toro y el ecosistema de fondos mixtos que convirtieron las regalías en su caja menor personal
Cuando los recursos de regalías terminan en el purgatorio de los fondos mixtos, la transparencia se vuelve opcional y las obras, eternas. Por eso, la Comisión Primera de la Cámara programó para el 18 de septiembre de 2025 un debate de control político: citados la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, la dirección del DNP, la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, el gobernador de Caquetá y la directora del Fondo Mixto del Valle (hoy Gesprode), además del rector de la Universidad del Valle por la Fundación Univalle. El foco: ¿cómo y por qué se están ejecutando billones de pesos en regalías a través de manuales privados que permiten escoger contratistas “a la carta”, con anticipos pagados y proyectos suspendidos? No es un mal día: es un método.
El mecanismo expuesto: la puerta trasera de la contratación
La ley obliga a que los recursos del Sistema General de Regalías se rijan por el Estatuto General de Contratación. Pero cuando la ejecución se encarga a fondos mixtos, estos aplican sus manuales privados y la licitación desaparece del mapa. Resultado medible: $2,98 billones de regalías fueron adjudicados por esa vía y $133.000 millones ya se pagaron en anticipos de contratos hoy suspendidos. Dos expertos consultados por El Espectador recuerdan lo obvio: si hay regalías, debe haber reglas públicas; usar manuales privados para obviar competencia es abiertamente ilegal. Y sin competencia, florecen los “elefantes blancos”. Porque claro, ¿para qué licitar si existe el atajo del “pool de socios”?
Los Actores del Drama y Sus Máscaras
El debate fue citado por el representante Duvalier Sánchez. A rendir cuentas:
Dilian Francisca Toro, la protagonista principal, decidió no honrar con su presencia el debate del Congreso. Su justificación es antológica: acusa al representante Sánchez de ser «el webcamer del Congreso» y de montar una «campaña de difamación». Porque pedir cuentas sobre recursos públicos, según su diccionario particular, es difamación.
La gobernadora asegura no tener «ninguna injerencia ni responsabilidad» sobre Gesprode. Sin embargo, convenientemente olvida mencionar que el departamento del Valle es accionista del fondo y tiene un asiento en la junta directiva. Cuando El Espectador preguntó quién es ese representante departamental, la respuesta fue el silencio administrativo más elocuente.
Catalina Hoyos Mercado (Gesprode) (antes Fondo Mixto del Valle) representa la evolución natural del parasitismo institucional que Alejandro Nieto describía: cambiar de nombre para lavar la imagen, pero mantener las mismas prácticas extractivas. Este ente híbrido—ni totalmente público ni completamente privado—es la lavadora perfecta para blanquear responsabilidades.
El DNP, por su parte, mantiene el papel de cómplice ilustrado. Después de tres visitas a la obra, constató irregularidades que harían sonrojar a un auditor novato: ítems no previstos incluidos y pagados sin autorización del OCAD, cambios en diseños sin aprobación, y la reducción inexplicable de luminarias LED de 114 a apenas 16. Aun así, levantó la suspensión de pagos por «criterios técnicos y jurídicos debidamente motivados«. La presunción de legalidad como escudo de la impunidad.
Tambien fueron citados: MinTransporte, DNP (dirección y subdirecciones) , Luis Francisco Ruiz (Gobernador de Caquetá), el rector de Univalle por los contratos entregados de forma directa por la Fundación Univalle con recursos de regalías.
¿La defensa? Toro rechazó la invitación y dijo que es una campaña de difamación y que Gesprode no es su resorte. El representante le recordó algo incómodo: el Departamento del Valle es accionista del fondo y tiene silla en su junta. Si hay asiento, hay deberes. Si hay deberes, hay preguntas.
El impacto real: una doble calzada que no llega (y luminarias que se encogen)
Caso testigo: la doble calzada de Florencia (Caquetá) hacia el aeropuerto y el norte del departamento. Priorizada en 2021, $36.000 millones aprobados para obra e interventoría, ambas encargadas al Fondo Mixto del Valle/Gesprode.
Anticipo > $10.000 millones girado en 2022, plazo inicial 18 meses que ya superó los 30. El DNP levantó una suspensión de pagos… y luego constató ítems no previstos pagados sin aprobación del OCAD, cambios de diseños sin autorización y una “magia” contable: luminarias LED que pasaron de 114 a 16. Entre tanto, los transportadores bloquearon la vía y los accidentes se acumulan.
Gesprode sostiene que el avance técnico es 59,68% y el financiero 65,81%. Avance al que no le alcanza la luz—literalmente
El Impacto Oculto: Más allá de los huecos
Mientras los burócratas juegan ping-pong con las responsabilidades, los caqueteños enfrentan las consecuencias reales de este circo. La vía al aeropuerto no es solo una carretera: es la arteria vital que conecta a Florencia con el norte del departamento y con el mundo.
Cada accidente fatal en esa carretera en ruinas tiene nombre y apellido de responsables. Cada empresa que decide no invertir en la región por la infraestructura deficiente amplifica el costo de oportunidad de los $36 mil millones mal invertidos. Cada familia que pierde ingresos porque los productos no llegan frescos a los mercados paga el precio de la incompetencia institucionalizada.
Los taxistas y transportadores que bloquearon la vía el 2 de septiembre no protestaban solo por huecos: denunciaban un «elefante blanco» que simboliza todo lo que está mal con el manejo de las regalías en Colombia.
El sistema que lo permite: cuando la plata de la paz financia el atajo
Muchos de los proyectos bajo lupa fueron priorizados por el OCAD Paz; varios se contrataron entre 2022 y 2023. En las actas aparecen invitados permanentes del Congreso y nombres ya conocidos en otros frentes (como Wadith Manzur en el escándalo de la UNGRD). La fotografía no es de un “error administrativo”: es la arquitectura del atajo—manuales privados para evadir licitaciones, anticipos generosos, suspensiones por años, y una cadena de silencios interesados. Cuando el dinero de la paz se vuelve combustible para la opacidad, no falla la ética: triunfa el diseño.
Este caso ilustra a la perfección lo que se describe como «corrupción estructural«: no estamos ante episodios aislados sino ante un sistema diseñado para facilitar el saqueo. Los fondos mixtos, esas entidades Frankenstein que combinan lo peor de lo público y lo privado, son la herramienta perfecta para diluir responsabilidades.
El esquema es diabólicamente simple: las regalías llegan a entidades que técnicamente son privadas pero manejan recursos públicos, ejecutan proyectos sin la supervisión real de las contralorías, y cuando algo sale mal, todos se declaran sin responsabilidad. El departamento dice que no controla el fondo, el fondo dice que cumplió el contrato, el contratista dice que las suspensiones no fueron su culpa, y el DNP dice que actúa con criterios técnicos.
Esto es lo típico del desgobierno público: «La impunidad es la norma, y los mecanismos de fiscalización resultan ineficaces o están cooptados.»
La Conexión Perdida: Cuando el Pueblo se Resigna
Lo más preocupante de todo este circo no son los $36 mil millones perdidos—cifra que ya ni nos escandaliza—sino la normalización de la impunidad. Vivimos en una sociedad que «se acostumbró a perder» y que «aplaude al corrupto«.
Dilian Francisca Toro puede declararse sin responsabilidades, rechazar citaciones del Congreso y acusar de difamación a quien pide cuentas porque sabe que no hay consecuencias reales. El sistema la protege, los partidos la blindan, y una parte significativa de la ciudadanía acepta con resignación que «todos son iguales«.
El debate de este miércoles en el Congreso será, probablemente, otro ejercicio de retórica sin consecuencias. Los citados llegarán con respuestas técnicas preparadas, citarán normativas complejas, y al final todo quedará en actas que nadie leerá.
¿Es Posible Romper el Ciclo Secreto?
La pregunta no es si hubo corrupción en el manejo de estos recursos—la evidencia es abrumadora—sino si como sociedad estamos dispuestos a exigir que se rompa este ciclo de impunidad. Cada peso robado de las regalías es una escuela que no se construyó, una carretera que no se arregló, un hospital que no se dotó.
El caso de la doble calzada caqueteña no es excepcional: es la norma. En toda Colombia hay proyectos financiados con regalías que están en riesgo, contratos suspendidos indefinidamente, y funcionarios que se declaran sin responsabilidad mientras el dinero público se evapora.
«Sin una ciudadanía activa y exigente, los gobernantes no tienen incentivos para actuar con decencia, responsabilidad y ética.»
El sistema no cambiará solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros. La verdad no solo se lee: se siente. Y cuando la sintamos de frente, tal vez estemos listos para exigir que quienes manejan nuestros recursos respondan por cada peso, cada contrato, cada promesa incumplida.
Mientras tanto, los caqueteños seguirán esquivando huecos en una carretera que debería ser símbolo de progreso pero se convirtió en monumento a la impunidad. Y Dilian Francisca Toro seguirá declarándose sin responsabilidad, protegida por un sistema que convirtió el robo en gestión y la corrupción en normalidad.
¿Seguimos aplaudiendo el truco o encendemos la luz?
La pregunta ya no es si hay irregularidades—están documentadas. La pregunta es qué haremos para que cada peso de regalías tenga trazabilidad pública y auditable de principio a fin. Dos pistas para empezar hoy, no mañana:
- Ciudadanía civil y civismo en acción. El civismo no es cortesía naïf: es tecnología social que construye confianza y disciplina a los gobernantes. Cada veeduría, cada solicitud de acceso a la información, cada reporte en plataformas y cada denuncia educada y persistente es un depósito en el banco de la confianza pública.
- Sociedad civil soberana. La sociedad civil es el contrapeso real del poder: organiza reglas claras antes de que empiece el juego, vigila al poder… y, si es necesario, desobedece lo ilegítimo. Cuando la sociedad civil se fortalece, el Estado se disciplina.
Encendamos la luz: pide y comparte trazabilidad de contratos (SECOP), exige que los fondos mixtos apliquen el Estatuto cuando ejecuten regalías, y participa en veedurías locales. Porque el sistema no cambia solo, pero tampoco puede resistir a una ciudadanía informada y organizada.
