Más de 28 millones de firmas presentadas, ciudadanos que “apoyaron” a 90 candidatos distintos, formularios fotocopiados y planas hechas por una sola persona. La Registraduría detectó fraude electoral masivo, pero “como siempre”; nadie pagará por engañar al sistema. Bienvenidos a la democracia colombiana del copy-paste.
Más allá de los titulares superficiales que se limitan a reportar cifras, existe una verdad incómoda que los medios tradicionales prefieren endulzar: Colombia acaba de presenciar uno de los fraudes electorales más descarados de su historia reciente, y el sistema entero “desde la Registraduría hasta la Fiscalía, pasando por los partidos políticos” lo permitió, lo encubrió y ahora pretende seguir adelante como si nada hubiera pasado.
El pasado 20 de enero, la Registraduría Nacional certificó 15 candidaturas presidenciales que lograron superar el umbral de 635.216 firmas válidas. Una noticia aparentemente rutinaria en el calendario electoral. Pero detrás de esos números fríos se esconde un entramado de corrupción sistémica que evidencia hasta qué punto la clase política colombiana considera que las reglas del juego democrático son simples sugerencias, no obligaciones.
Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, 22 grupos significativos de ciudadanos presentaron más de 28.5 millones de firmas ante la Registraduría. Una cifra que casi triplica las 10.2 millones de firmas presentadas en las elecciones de 2022. ¿Un despertar cívico sin precedentes? No. Un festival de fraude que incluyó fotocopias masivas, formularios en blanco, firmas impresas desde archivos digitales, planas elaboradas por una sola persona y —el colmo del descaro— ciudadanos que ‘apoyaron’ con su firma hasta 90 candidatos diferentes para el mismo cargo.
La arquitectura del engaño: cómo se fabrica apoyo popular con una fotocopiadora
El registrador nacional Hernán Penagos denunció el 4 de enero que ‘uno de los candidatos presentó cerca de 800.000 firmas y hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias’. Pero lo que Penagos no dijo —y que los medios tradicionales tampoco preguntaron con suficiente vehemencia— es algo mucho más inquietante: ¿cuántas de las firmas de los otros candidatos avalados también son fraudulentas?
Porque aquí está el truco perverso del sistema: la Registraduría solo tenía hasta el 21 de enero para revisar 28.5 millones de firmas. Una tarea humanamente imposible, incluso con 500 supernumerarios, grafólogos e inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hizo el organismo electoral? Exactamente lo que los candidatos astutos esperaban: revisar solo hasta que cada aspirante superara el mínimo requerido, y después cerrar el archivo. Eficiencia operativa, le llaman. Complicidad estructural, deberíamos llamarlo.
El resultado es escalofriante: los colombianos nunca sabrán cuántas de las 5 millones de firmas presentadas por Abelardo de la Espriella son reales. Ni cuántas de las 2.4 millones de Carlos Caicedo. Ni cuántas de las 2.3 millones de Aníbal Gaviria. Ni cuántas del millón y medio de Mauricio Lizcano. La Registraduría se negó —por primera vez en la historia electoral colombiana— a publicar el número exacto de firmas válidas certificadas por candidato.
¿La justificación oficial? ‘Presiones de tiempo’. ¿La verdad? Una estrategia deliberada para ocultar la magnitud del fraude y proteger a candidatos que, muy probablemente, no deberían estar en ninguna tarjeta electoral.
Los arquitectos de la farsa: quiénes son y cómo operan
La Registraduría denunciará penalmente a dos grupos significativos de ciudadanos: los de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao. Sus equipos presentaron formularios en blanco, fotocopias de planillas, firmas impresas desde archivos digitales y planas elaboradas por una sola persona. Ambos no alcanzaron el umbral mínimo, así que se convirtieron en los chivos expiatorios perfectos.
Pero seamos claros: estos dos personajes no son los únicos que cometieron fraude. Son simplemente los únicos lo suficientemente torpes —o con tan poco poder político— como para ser señalados públicamente. El registrador Penagos admitió que las prácticas fraudulentas fueron sistemáticas en ‘algunos’ de los documentos entregados. ‘Algunos’. Una palabra conveniente que evita mencionar nombres poderosos.
Consideremos los hechos verificables:
Un candidato presentó 800.000 firmas de las cuales ‘gran parte’ eran fotocopias. La Registraduría no reveló su nombre, pero la especulación ciudadana y algunos medios apuntan a figuras prominentes que sí fueron avaladas.
Se detectaron ciudadanos que firmaron por hasta 90 candidatos diferentes. Una hazaña estadística que solo es posible con organizaciones dedicadas profesionalmente a la compra y fabricación de firmas.
Formularios diligenciados con diferentes impresoras ‘para burlar a la Registraduría’, según palabras textuales del registrador.
Estos no son errores. Son estrategias deliberadas, financiadas con recursos que oscilan entre lo lícito y lo criminal, ejecutadas por redes clientelares que han perfeccionado el arte del fraude electoral durante décadas.
El costo oculto: cuando las firmas falsas roban el futuro
Cada peso invertido en revisar firmas fraudulentas es un peso que no se invierte en educación, salud o infraestructura. La Registraduría desplegó más de 500 empleados supernumerarios, equipos de grafólogos, sistemas de inteligencia artificial y analítica de datos para procesar montañas de papeles falsos. ¿Cuánto costó todo esto? El organismo no lo ha revelado, pero hablamos de cifras que fácilmente superan los miles de millones de pesos.
Pero el costo económico palidece frente al daño estructural. Cuando un ciudadano descubre que su firma fue falsificada, que su identidad fue usada sin su consentimiento, que alguien votó en su nombre o ‘apoyó’ a candidatos que jamás conoció, se rompe algo fundamental: la confianza en el sistema democrático.
Y aquí está la paradoja cruel: el mecanismo de recolección de firmas fue diseñado precisamente para democratizar el acceso a las candidaturas, para que ciudadanos sin partido político pudieran participar en las elecciones con el respaldo genuino de sus comunidades. Pero en Colombia, como tantas otras herramientas democráticas, fue capturado por las mismas élites corruptas que supuestamente debía desafiar.
Investigaciones académicas como las del estudio sobre fraude electoral de Transparencia por Colombia revelan que entre 2014 y 2021 se presentaron más de 7.000 denuncias por delitos electorales en el país, pero solo el 2% terminó en sanciones efectivas. Un sistema judicial anémico, una Fiscalía desbordada y un entramado político que protege a los suyos conforman el ecosistema perfecto para la impunidad.
La maquinaria de la impunidad: por qué nadie pagará por este fraude
La legislación colombiana es clara: la corrupción al sufragante (artículo 390 del Código Penal) contempla penas de 4 a 8 años de prisión y multas de 200 a 1.000 salarios mínimos. El fraude electoral puede resultar en hasta 9 años de cárcel. Las leyes existen. El problema es que nunca se aplican.
¿Por qué? Porque el sistema colombiano está diseñado estructuralmente para proteger a quienes ostentan el poder. Analicemos la anatomía de esta impunidad:
1. El vacío legal conveniente: La legislación actual no impide que un ciudadano firme por tantos candidatos como desee. El registrador Penagos anunció que radicará una reforma ‘después del segundo semestre de 2026’ para corregir esto. Es decir, después de que estas elecciones ya hayan pasado. Conveniente, ¿no?
2. La opacidad institucional: Por primera vez en la historia, la Registraduría se niega a publicar el número exacto de firmas válidas por candidato. Antes de 2022, esta información era pública. Ahora, bajo el pretexto de ‘presiones de tiempo’, se ocultan datos que permitirían a la ciudadanía evaluar la legitimidad real de cada candidatura.
3. La justicia selectiva: Solo se denunciará a dos candidatos que ni siquiera lograron el aval. ¿Y los otros? ¿Los que presentaron 800.000 firmas fotocopiadas y sí fueron avalados? Silencio absoluto. La Registraduría no revela nombres, los medios no presionan y la Fiscalía —que debería investigar de oficio— permanece en un letargo conveniente.
4. La complejidad diseñada: Como documenta el libro ‘El desgobierno de lo público’ del profesor Alejandro Nieto, la burocracia se ha convertido en un escudo para los corruptos. Los procesos son laberínticos, los plazos inverosímiles, las instancias se multiplican, y al final, nadie responde.
Este fraude no es un error del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado: para permitir que los poderosos jueguen con reglas diferentes.
Un patrón histórico: de Rojas Pinilla a las firmas fantasma
El fraude electoral en Colombia no es un fenómeno nuevo. En 1970, la noche del 19 de abril, las emisoras daban por ganador al General Rojas Pinilla por más de 113.000 votos. Pero después de que el gobierno prohibiera los boletines radiales y decretara toque de queda, a la mañana siguiente la ecuación había cambiado milagrosamente: Misael Pastrana Borrero apareció como ganador. Décadas después, se confirmó que hubo fraude.
Desde entonces, Colombia ha perfeccionado sus métodos. Ya no se necesitan apagones misteriosos ni toques de queda. Ahora basta con fotocopias, formularios en blanco y una Registraduría que ‘no tiene tiempo’ de revisar todo. El fraude se ha vuelto más sofisticado, pero la impunidad sigue siendo la misma.
El caso de Aída Merlano en 2018 reveló la magnitud de las redes de compra de votos: 261 millones de pesos en efectivo, computadores con bases de datos de electores, recibos de caja, letras de cambio. Una senadora que terminó en la cárcel, pero ¿cuántos de sus cómplices en el sistema político, judicial y electoral fueron sancionados? Prácticamente ninguno.
La radiografía del fraude en números
28.582.935 firmas presentadas por 22 grupos significativos de ciudadanos
179.71% de aumento respecto a las elecciones de 2022
800.000 firmas de un solo candidato detectadas como fotocopias
90 candidatos distintos ‘apoyados’ por un mismo ciudadano
15 candidatos avalados (de 22 que presentaron firmas)
2 candidatos que serán denunciados penalmente
0 candidatos poderosos que enfrentarán consecuencias reales
500+ empleados supernumerarios contratados para revisar firmas fraudulentas
2% de las denuncias por delitos electorales (2014-2021) que terminaron en sanciones
635.216 firmas válidas requeridas por candidato (3% de los votos válidos de 2022)
La pregunta que nadie quiere responder
¿Cuántas de las 5 millones de firmas de Abelardo de la Espriella son reales? ¿Cuántas de las 2.4 millones de Carlos Caicedo? ¿Cuántas de las 2.3 millones de Aníbal Gaviria? ¿Cuántas del millón ochocientas mil de Mauricio Lizcano? ¿Cuántas de Claudia López, de Vicky Dávila, de los otros avalados?
La Registraduría se niega a decirlo. Los medios tradicionales no presionan. La Fiscalía no investiga. Los partidos políticos callan. Y la ciudadanía, cansada y resignada, asume que ‘todos son iguales’ y que nada cambiará nunca.
Pero aquí está la verdad incómoda que este sistema quiere ocultar: no todos son iguales. Hay candidatos que llegaron con apoyo genuino. Hay ciudadanos que firmaron convencidos. Hay equipos que trabajaron limpiamente. El problema es que el sistema actual hace imposible distinguirlos de los tramposos.
Y así, Colombia se prepara para elegir presidente entre candidatos cuya legitimidad está manchada desde el origen. Algunos con miles de firmas falsas. Otros con millones. Y todos protegidos por un sistema que premia la astucia corrupta y castiga la honestidad ingenua.
¿Cuándo dejará este país de aceptar que la corrupción es el precio de hacer política? ¿Cuándo exigiremos que quienes nos piden nuestro voto al menos tengan la decencia de no comenzar su campaña con fraude masivo? ¿Cuándo entenderemos que cada firma falsa que toleramos es un ladrillo más en el muro de la impunidad?
Las respuestas no vendrán de la Registraduría, ni de la Fiscalía, ni de los partidos políticos. Vendrán —si es que alguna vez llegan— de una ciudadanía que decida que ya es suficiente. Que la democracia no se puede comprar con fotocopias. Que las instituciones deben servir al pueblo, no proteger a los corruptos.
Mientras tanto, bienvenidos a las elecciones de 2026: el carnaval donde la democracia se vende al mejor postor y nadie paga la cuenta.
___
Nota del autor: Este artículo se basa en información pública de la Registraduría Nacional, declaraciones del registrador Hernán Penagos, reportes de medios colombianos (Infobae, El Tiempo, Semana, El País, Pulzo, La FM), investigaciones académicas sobre fraude electoral en Colombia, y estudios de Transparencia por Colombia y la Misión de Observación Electoral. La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.
Fuentes consultadas
• Registraduría Nacional del Estado Civil – Comunicados oficiales enero 2026
• Declaraciones del Registrador Hernán Penagos a El Espectador, Blu Radio y otros medios
• Transparencia por Colombia – Estudio sobre impunidad en delitos electorales (2014-2021)
• Misión de Observación Electoral (MOE) – Análisis de fraude electoral
• Nieto, Alejandro (2023). ‘El desgobierno de lo público’
• Código Penal Colombiano – Artículos sobre delitos electorales
• Ley 996 de 2005 – Regulación de grupos significativos de ciudadanos
