Colombia es un país que casi a diario se despierta con escándalos de corrupción que involucran a funcionarios públicos o políticos, reconocidos o de poca monta. Los ojos tanto de la opinión pública, como de las mismas entidades o instituciones encargadas de velar o impartir justicia, se centran en ellos. Al igual que los medios de comunicación locales o nacionales.
Pero, ¿y qué pasa con los empresarios corruptos? ¿quién pone la lupa sobre ellos? ¿quién se encarga de hacer visible la corrupción que también carcome a la clase empresarial colombiana? ¿Acaso es menos grave que la se da entre la clase política?
Podría decirse que por cada 10 líderes o representantes de la clase política investigados por corrupción o que terminan pagando alguna condena, así sea de casa por cárcel o una simple multa, hay un empresario, o tal vez ninguno, indagado por algún tipo de delito relacionado con el tema. Esto aún sabiendo que la corrupción del poder público, va de la mano de la privada, no viven la una sin la otra.
El escándalo de Odebrecht es claro ejemplo de ello. Muchos acusados y condenados del sector público, pero pocos del privado, aunque el entramado de corrupción involucró a actores de ambos sectores.
El caso que sacude a Barranquilla
Uno de esos escándalos empresariales tiene como epicentro hoy día a Barranquilla. Se trata de la disputa que mantienen dos hermanos de una de las familias más reconocidas de la región: la Janna Raad, debido a que son propietarios de empresas como Arrocera Sahagún S. A. S., la Constructora e Inmobiliaria Janna S. A. S., Agropecuaria Janna S. A. S., AJR S. A. S., y Janna Motors S. A. S.
Aníbal y Diana Janna Raad son hermanos y socios, pero en los últimos años han tenido pleitos judiciales y civiles debido a que Diana denunció ante la Fiscalía General de la Nación que Aníbal y su equipo de revisores fiscales habrían abusado de su confianza emitiendo pagarés falsos y otros documentos que facilitaron el presunto desvío de recursos empresariales a sus cuentas personales mediante autopréstamos y otras supuestas triquiñuelas que hoy lo tienen en la mira de la Superintendencia de Sociedades y de las autoridades.
Desde el 2021, uno de los demandantes ante la Fiscalía es el empresario Samuel Tcherassi, esposo de Diana Janna, y quien se siente víctima de fraude procesal, falsedad en documento privado y administración desleal por parte de Aníbal y sus asesores fiscales, pues habrían realizado ajustes contables para maquillar cifras de estados financieros e informes contables. El pleito supera los 30.000 millones de pesos, dinero que se habría embolatado entre documentos comerciales y contables, presuntamente modificados.
Esta semana se cumplió la asamblea de accionistas de Janna Motors, que dejó ver que el pleito ha escalado y que ya el fraude que incluye la evasión de impuestos y falsificación de documentos, desvío de dineros, entre otros, estaría por el orden de los $39.000 millones.
Según los afectados, las denuncias tienen alcance penal y fiscal.
Algunas de las revelaciones es que se ha producido un desvío sistemático de recursos: Más de $39.000 millones de pesos habrían sido desviados a través de transacciones entre empresas del mismo grupo, ocultas bajo contratos cruzados, falsificación de pagarés, movimientos sin aprobación de asamblea y manipulación contable.
Aparentemente hay una estructura de testaferros en propiedad pública, que además tendría involucrados a funcionarios públicos, puesto que la operación del Centro Comercial Plaza del Parque, cedido en arriendo por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se encontraría controlada por personas relacionadas con el grupo Janna a través de sociedades intermediarias, configurando un posible caso de testaferrato sobre un bien público.
También hay denuncias sobre esquemas de evasión de impuestos que implicarían la utilización de sociedades en paraísos fiscales, así como la capitalización irregular de dineros del exterior sin respaldo contable legal.
Según conoció el diario La Libertad de Barranquilla, la casa Janna habría hecho aportes no declarados a la campaña presidencial del entonces candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga en el 2014, así como préstamos, transferencias y beneficios a miembros de casas políticas locales, particularmente del Clan Torres.
Y que todas estas acciones corruptas y fraudulentas se habrían hecho con complicidad de abogados, revisores fiscales, contadores y auditores quienes validaron estados financieros adulterados, con conocimiento directo de inconsistencias materiales.
Eso sin contar temas más internos como espionaje empresarial, interceptación de comunicaciones entre familiares, así como escándalos personales.
Es decir, un escenario bastante diciente de la “honestidad, honorabilidad y transparencia” que rodea a los empresarios colombianos.
Caso Minera El Roble
Un caso un tanto distinto, pues no hay disputa familiar de por medio, es la Minera El Roble, noticia está semana porque un tribunal de arbitramento la condenó a pagar más de $119 mil millones de pesos al departamento del Chocó por concepto de las regalías que por más de 30 años no ha pagado por la explotación de cobre en esa zona del país.
El conflicto se originó supuestamente, al menos eso argumenta la minera, en la interpretación del contrato de concesión No. 9319, firmado en 1987, antes de la Constitución de 1991.
La mina fue fundada por el empresario Guillermo Gaviria Echeverri, Ingeniero de minas de la Universidad Nacional, en 1955, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín como empresa Bocas S.A., que tres años después se convertiría en la Minera El Roble S. A., enfocada en la explotación de cobre.
Su hijo, el exgobernador de Antioquia y ex alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa estuvo al frente de este negocio, antes de meterse en la vida política.
En el año 2014, tras obtener millonarios dividendos, obvio, no pagaban regalías, un 90% de las acciones fue vendida a la empresa canadiense Atico Mining Corporation, mientras los Gaviria mantienen algo poco del 6% de las acciones. Se trata de la única mina de cobre en explotación en Colombia. Y desde que Atico Mining asumió el control de la empresa ésta duplicó su capacidad instalada, pasando de 400 a 800 mil toneladas entre 2014 y 2018.
Probablemente uno de los atractivos ofrecidos por los Gaviria y que facilitó la venta a la empresa canadiense, fue la supuesta «exoneración» del pago de regalías. Y aquí vale decir que se concede a los canadienses el beneficio de la duda, quizás por no conocer a fondo las leyes colombianas, pero, a los Gaviria, que además de ser una de las familias más políticas de Antioquia, propietaria del periódico El Mundo, no les cabe ninguna excusa para este descarado fraude a los chocoanos.
Por eso, desde el 2020 el departamento del Chocó emprendió una batalla jurídica contra la minera precisamente por evasión de obligaciones tributarias, en este caso, el reconocimiento y pago de regalías.
En ese entonces la Minera El Roble S.A. argumentaba que no estaba obligada a pagar regalías conforme a la nueva legislación, pero el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, le recordó que la Constitución y la Ley 141 de 1994 establecen que el pago de regalías es obligatorio sin importar el volumen de la producción.
Se supone que las regalías se generan por el imple hecho de explotar el subsuelo de la Nación.
A esto se suma que Minera El Roble —Miner S.A.— duró no menos de dos años, desde el 2022, extrayendo cobre, oro y plata de las montañas de El Carmen de Atrato (Chocó) sin un contrato de explotación. La empresa, había solicitado la renovación del contrato desde el 28 de diciembre de 2021, pero la Agencia Nacional de Minería (ANM) no habría respondido primero, por el tema de las regalías, pero también por la serie de denuncias relacionadas con irregularidades que han pasado de largo ante la poca vigilancia por parte de las diferentes instituciones del Estado, desde la ANM hasta la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), la autoridad ambiental del departamento.
Sobre este punto cabe recordar que por entrar en operaciones antes de la Ley 99 de 1993, el proyecto no cuenta con licencia ambiental que, desde dicho año, es la herramienta principal en Colombia para la prevención y gestión de impactos ambientales, sino que, en virtud del régimen de transición (contemplado en el artículo 117º de dicha ley), se rige por instrumentos ambientales que son mucho menos exigentes, tales como permisos ambientales de concesiones de aguas, de ocupación de cauce y de vertimientos.
Incluso, la Contraloría General de la República, en su informe de Auditoría de Cumplimiento de las Sentencias T-622 de 2016 y T-445 de 2016, advirtió que Codechocó incurrió en irregularidades pues, en virtud de los contratos mineros del proyecto, firmados con posterioridad a la Ley 99 de 1993, este se debía someter a licencia ambiental (CGR, 2019).
La minera está señalada de provocar contaminación del río Atrato, indebida disposición de los relaves, falta de reforestación, falta de mantenimiento de vías y ausencia de planes de contingencia ante eventos naturales.
Varios estudios realizados por agentes interesados en el tema en la zona del Chocó afirman que adicionalmente, no hay transparencia sobre las concentraciones y volúmenes exactos de metales que extrae la compañía, pues la empresa produce arenas polimetálicas, es decir, un concentrado de cobre, oro y plata, el cual es exportado para concluir su proceso de beneficio en el exterior.
Y en este sentido, la compañía arguye extraer menos minerales que los que la autoridad minera señala, lo cual es base para la evasión fiscal. No hay información pública y abierta sobre las concentraciones realmente vendidas en el exterior por la empresa.
En resumen, la corrupción pública, no vive sin la corrupción del sector privado, así sean los corruptos del sector público los más visibles y porque evidentemente, ganan sus salarios del erario público.
