La paradoja de quienes exigen transparencia mientras ocultan su propio historial delictivo revela los mecanismos invisibles que perpetúan la corrupción en Colombia
La tutela que prohibió la transmisión del Consejo de Ministros por televisión abierta esconde una historia que pocos conocen y muchos deberían saber: sus promotores, la abogada María Cristina Cuellar Cárdenas y su esposo Arnaldo Tascón, lejos de ser ciudadanos comunes preocupados por su «parrilla televisiva», fueron condenados a nueve años de prisión en 2014 por fraude procesal y falsedad en documento privado, en un caso donde intentaron apropiarse de $110.000 millones de pesos como asesores jurídicos de Molinos del Cauca.
La Radiografía Profunda de un sistema judicial que protege a pocos y abandona a muchos
El caso ejemplifica a la perfección lo que podríamos llamar una «Radiografía Profunda» del sistema judicial colombiano: mientras ciudadanos comunes pierden tutelas por problemas reales que afectan su calidad de vida —como la contaminación auditiva de establecimientos sin regulación—, el Consejo de Estado falla a favor de una pareja con antecedentes penales graves cuya motivación real podría estar lejos de su derecho a la información.
«La justicia en Colombia es una porquería«, comenta un ciudadano afectado que perdió una tutela contra un bar ruidoso cerca de su vivienda. «Yo busqué protección por una situación que afectaba mi salud y bienestar, y no encontré respuesta. Pero una pareja condenada por fraude millonario consigue detener una transmisión gubernamental con una argumentación frívola.«
La Red Subterránea que conecta intereses particulares contra la transparencia gubernamental
Todo lo investigado sobre este caso sugiere que existe una «Red Subterránea» de intereses que opera en las sombras. La demandante, quien se presentó ante el tribunal como una ciudadana común que «esporádicamente ejerce la abogacía«, en realidad dirige un bufete que ha representado a empresas privadas del sector salud. ¿Coincidencia que la tutela se presentara precisamente cuando el Consejo de Ministros abordaba temas relacionados con la corrupción en el sistema de salud?
«Una tipa de extrema derecha que se molestó porque en Consejo de Ministros dijeran QUIÉN ESTÁ ROBANDO LA SALUD«, afirma un cibernauta, sugiriendo motivaciones políticas y económicas detrás de la acción judicial.
Este tipo de personas son las que buscan cerrar la transmisión del Consejo de Ministros, cómo la Tutelante María Cristina Cuellar Cárdenas y su esposo Arnaldo Tascón…CONDENADOS en el 2014. pic.twitter.com/1dUxXudeyc
— GRUPO AQUELARRE🗡️ (@Aquelarre118) April 12, 2025
El Ciclo Secreto: la impunidad como patrón recurrente
Este caso ilustra a la perfección el «Ciclo Secreto» que perpetúa la corrupción en Colombia: quienes ayer fueron condenados por intentar defraudar al Estado, hoy utilizan los mismos mecanismos judiciales para interferir en la comunicación gubernamental, posiblemente protegiendo intereses similares a los que antes defendían.
Lo más preocupante es la normalización de este patrón. El Consejo de Estado, al fallar a favor de esta tutela sin considerar el perfil y antecedentes de los demandantes, contribuye involuntariamente a reforzar un sistema donde la justicia parece tener dos raseros: uno implacable para los ciudadanos comunes y otro permisivo para quienes tienen recursos, conexiones o intereses particulares.
La Conexión Perdida entre el interés general y el particular
El fallo del Consejo de Estado plantea un cuestionamiento fundamental sobre la «Conexión Perdida» entre el derecho colectivo a la información y los intereses particulares. Como señala un analista: «¿Dónde queda el Derecho de los millones de Colombianos que hemos sido vulnerados durante décadas por las 'mafias corruptas' que nos han gobernado? ¿Acaso prima el interés particular sobre el general?«
Esta pregunta refleja la desconexión entre las instituciones y la ciudadanía. Mientras millones de colombianos valoraban la transparencia inédita de transmitir los Consejos de Ministros, un interés particular logró prevalecer. El argumento sobre la «libertad de empresa» y los «derechos de televisión» revela la tensión entre los intereses comerciales y el derecho ciudadano a la transparencia gubernamental.
El Consejo de Estado le quita la posibilidad a los ciudadanos de informarse sobre lo que piensa el presidente y sus ministros y es desigual; porque restringe la opinión del gobierno, pero a quienes tiene la infraestructura mediática para opinar en contra del gobierno son derecho… pic.twitter.com/SEl1eeGll6
— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) April 11, 2025
Una Verdad Oculta que todos debemos ver
Este caso no es aislado. Es el síntoma de un sistema donde la verdad permanece oculta tras capas de procedimientos legales, intereses comerciales y silencios estratégicos. La verdadera pregunta es: ¿por qué una pareja con antecedentes de fraude millonario tiene más peso ante la justicia que millones de ciudadanos interesados en la transparencia gubernamental?
La respuesta quizás esté en ese entramado invisible de relaciones de poder, intereses económicos y sesgos institucionales que mantiene viva la corrupción en Colombia. Un sistema que permite que quienes intentaron defraudar al Estado por $110.000 millones de pesos puedan, años después, interferir en la comunicación gubernamental bajo el pretexto de querer disfrutar de su «parrilla televisiva».
Como sociedad, debemos exigir que los jueces consideren no sólo los argumentos formales, sino también el contexto, los antecedentes y las posibles motivaciones reales detrás de acciones judiciales que afectan al interés público. Solo así podremos empezar a desmantelar este «Mecanismo Invisible» que permite que la corrupción siga operando a plena luz del día, pero fuera del alcance de la justicia real.
