Quibdó, Chocó – Cada mañana, cientos de jóvenes chocoanos caminan hacia las aulas de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) con la esperanza de encontrar una salida a la pobreza que históricamente ha azotado su región. Lo que no saben es que esa misma institución que debería ser su tabla de salvación está siendo hundida sistemáticamente por funcionarios corruptos que han convertido el derecho a la educación en su caja menor personal.
Los números no mienten: mientras el promedio nacional en las Pruebas Saber Pro es de 146 puntos, los estudiantes de la UTCH apenas alcanzan 117. Pero esta cifra no refleja falta de talento o esfuerzo estudiantil. Es el resultado directo de una corrupción que ha sangrado por años los recursos destinados a brindar educación de calidad, condenando a generaciones enteras a la mediocridad académica.
La Contraloría General acaba de confirmar lo que muchos sospechaban: la UTCH tiene un hueco fiscal de $8.000 millones producto de irregularidades administrativas, contractuales y financieras. Pero más allá de las frías cifras, cada peso robado representa una oportunidad perdida para miles de jóvenes que ven en la educación superior su única posibilidad de transformar sus vidas.
El Mecanismo Perfecto para Robar el Futuro
La corrupción en la UTCH no es un accidente. Es un sistema perfectamente diseñado para saquear recursos públicos mientras se mantiene una fachada de normalidad institucional. Los hallazgos de la Contraloría revelan un modus operandi que combina negligencia calculada, contratos a dedo y una red de complicidades que garantiza la impunidad.
El caso más vergonzoso es el de la estampilla Pro UTCH: $7.013 millones que la universidad tenía derecho a cobrar pero que, por «negligencia» de sus directivos, prescribieron legalmente. ¿Negligencia? Por favor. Cuando hablamos de más de $7.000 millones de pesos, no existe la negligencia. Existe la complicidad o la incapacidad total para ejercer un cargo público.
Estos recursos perdidos equivalen a construir 14 bibliotecas completamente equipadas, o a becar durante cuatro años a 1.400 estudiantes de escasos recursos. En su lugar, los directivos prefirieron dejar que el dinero se evaporara en los escritorios de la Gobernación del Chocó, el Hospital San Francisco de Asís, CODECHOCÓ y el Municipio de Quibdó.
Pero la creatividad corrupta no termina ahí. La auditoría encontró pagos por $480 millones a contratistas sin evidencia de cumplimiento de obligaciones. En un país donde los maestros rurales ganan $1.200.000 mensuales, estos $480 millones habrían financiado 33 docentes durante todo un año. En cambio, fueron a parar a los bolsillos de contratistas fantasma.
Los rostros de la corrupción que destroza vidas
David Emilio Mosquera Valencia, el exrector capturado por la Fiscalía, no es solo un funcionario corrupto más. Es el símbolo de cómo la corrupción mata las esperanzas de una región entera. Bajo su administración, la UTCH se convirtió en una máquina de generar contratos fraudulentos y de desviar recursos que debían invertirse en la formación de profesionales chocoanos.
El contrato más escandaloso data de 2021: $1.550 millones para «fortalecer herramientas tecnológicas en las aulas«, que terminó siendo adjudicado a dedo a Francis Yoximar Palacios después de declarar desierta una licitación que nunca se realizó. Dos meses después, Yunner Eduard Moreno certificó un avance del 15.8% en obras que no existían, liberando $600 millones adicionales.
¿El resultado? Estudiantes que siguen recibiendo clases en salones deteriorados, con equipos obsoletos y sin acceso a la tecnología que supuestamente se había contratado. Mientras tanto, los corruptos se repartían el dinero destinado a modernizar la educación superior en una de las regiones más necesitadas del país.
Pero este no es un caso aislado. Entre 2017 y 2019, otros contratos por $38.000 millones relacionados con maquinaria industrial y un Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera también terminaron en la nada. Los recursos destinados a capacitar habitantes de ocho municipios chocoanos simplemente desaparecieron, sin estudios previos, sin pólizas vigentes, sin obras ejecutadas.
El costo real: Generaciones condenadas al subdesarrollo
Cuando hablamos de corrupción en educación, no hablamos solo de dinero robado. Hablamos de sueños truncados, de talentos desperdiciados, de generaciones enteras condenadas a perpetuar ciclos de pobreza y marginación.
Cada peso desviado de la UTCH es un libro que no llega a la biblioteca, un laboratorio que no se construye, una beca que no se otorga, un docente que no se contrata. Es también un joven chocoano que terminará migrando a otras regiones en busca de oportunidades que su propia universidad no pudo brindarle.
La ironía es dolorosa: el Chocó, una región rica en recursos naturales y biodiversidad, tiene la universidad pública más débil del país por culpa de funcionarios que prefieren enriquecerse antes que educar. Mientras regiones desarrolladas compiten por atraer talento, el Chocó lo expulsa por incapacidad institucional.
Los 36 viáticos no legalizados por $380 millones, los intereses de mora por $11 millones por presentación extemporánea de declaraciones, los pagos sin soportes contractuales, no son errores administrativos. Son síntomas de un sistema que ha normalizado el robo como forma de gestión pública.
El Sistema que garantiza la impunidad
La corrupción en la UTCH no es un fenómeno aislado. Es parte de un sistema político y administrativo que garantiza la impunidad y perpetúa el saqueo de recursos públicos. Que la universidad esté bajo vigilancia especial del Ministerio de Educación desde octubre de 2023 no es casualidad. Es el resultado de décadas de negligencia estatal y complicidad política.
El problema de fondo es que en regiones como el Chocó, la educación superior no se ve como un derecho fundamental sino como una oportunidad de negocio para políticos y funcionarios corruptos. La UTCH, que debería ser un motor de desarrollo regional, se convirtió en una caja menor para enriquecer a unos pocos mientras se condena al subdesarrollo a miles de jóvenes.
La supervisión estatal llega tarde, las investigaciones fiscales tardan años, y mientras tanto, cohortes enteras de estudiantes pasan por una universidad que no puede ofrecerles la calidad educativa que merecen. El círculo vicioso es perfecto: regiones marginadas reciben educación deficiente, lo que perpetúa su marginación, lo que facilita que funcionarios corruptos sigan saqueando recursos sin consecuencias reales.
La esperanza no está perdida
La captura de David Emilio Mosquera Valencia y el informe de la Contraloría no son solo noticias de corrupción. Son oportunidades para que la ciudadanía chocoana y el Estado colombiano entiendan que la educación superior no es un lujo sino un derecho fundamental que no puede seguir siendo vulnerado por funcionarios desalmados.
La UTCH puede renacer de sus cenizas, pero solo si la ciudadanía se moviliza, si la justicia actúa con contundencia, y si el Estado asume su responsabilidad de garantizar educación de calidad en todas las regiones del país. Los jóvenes chocoanos tienen talento, tienen sueños, tienen derecho a una educación que les permita transformar no solo sus vidas sino el futuro de su región.
La pregunta no es si la corrupción seguirá existiendo. Es si vamos a seguir permitiendo que se robe el futuro de nuestros jóvenes mientras permanecemos indiferentes. Cada denuncia ciudadana, cada investigación fiscal, cada sentencia judicial es un paso hacia la universidad que el Chocó necesita y merece.
La UTCH está en cuidados intensivos, pero aún puede salvarse. Lo que no se puede salvar es el tiempo perdido, los talentos desperdiciados y las generaciones que crecieron sin la educación de calidad que merecían. Esa es la verdadera tragedia de la corrupción educativa: no solo roba dinero, roba futuros.
