Ciénaga de Oro: la gestión MEDIOCRE (4,88/10 🟠) de Alejandro Mejía Castaño que se endeudó con el futuro

Análisis forense y calificación de los dos primeros años del alcalde Alejandro Mejía Castaño (2024-2025): $22.266 millones de deuda, un IDI de 39,74 y una nota final de 4,88

Esta investigación examina, con lupa forense, los dos primeros años de gobierno del alcalde de Ciénaga de Oro (Córdoba), Alejandro Javier Mejía Castaño, vigencias 2024 y 2025. El análisis se construyó con los formularios oficiales del CUIPO (Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario) publicados por el Sistema CHIP del Ministerio de Hacienda, los resultados del Índice de Desempeño Institucional (FURAG/MIPG) del Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de contratación del SECOP, los anuncios del Ministerio de Vivienda y de la Gobernación de Córdoba, y la prensa local. Sobre ese cruce de fuentes aplicamos la metodología de calificación de corrupcionaldia.com, que pondera seis componentes y arroja una nota entre 0 y 10.

Los hallazgos son contundentes. Primero: la deuda del municipio se multiplicó nueve veces en un año, al pasar de $2.500 millones en 2024 a $22.266 millones al cierre de 2025, con $20.000 millones adicionales firmados con Bancolombia el 13 de noviembre de 2025. Segundo: esas deudas quedaron amarradas a las rentas del futuro mediante pignoración, incluida la totalidad (100%) del Sistema General de Participaciones de libre inversión amarrado al crédito de 2024. Tercero: el municipio dejó de reportar las vigencias futuras de 2025 al sistema oficial del CHIP, un silencio estadístico que impide a la ciudadanía conocer qué tan comprometido está el erario. Cuarto: el Índice de Desempeño Institucional 2025 fue de 39,74 sobre 100, el puesto 34 entre las peores alcaldías del país de 1.099 medidas, mientras la administración celebraba públicamente el resultado.

La calificación final de los dos primeros años es de 4,88 sobre 10: MEDIOCRE, nivel preocupante, dentro de la escala metodológica que aplica este portal. Conforme a la regla editorial establecida, esa nota obliga a desarrollar el análisis jurídico del prevaricato por omisión del artículo 414 del Código Penal colombiano, que se presenta como hipótesis jurídica con pleno respeto de la presunción de inocencia.

Nos encontramos en Ciénaga de Oro

Nos encontramos en el municipio de Ciénaga de Oro. Vamos a auscultar la gestión municipal de Ciénaga de Oro, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Alejandro Javier Mejía Castaño. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

Ciénaga de Oro, la capital mundial del voleibol según sus habitantes, es un municipio de la subregión del Medio Sinú cordobés, a 35 kilómetros de Montería, con cerca de 64.000 habitantes proyectados por el DANE para 2025 y categoría 4 del sistema municipal. No es municipio PDET: los territorios PDET de Córdoba son los cinco del sur del departamento (Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia), de modo que los recursos de Ciénaga de Oro provienen de sus propios impuestos, del Sistema General de Participaciones, del Sistema General

de Regalías por asignaciones directas y, desde 2025, de la deuda. Esa distinción importa: sin el escudo PDET de cofinanciaciones especiales, cada peso de este municipio depende de su gestión institucional.

El 29 de diciembre de 2023, Alejandro Mejía Castaño se posesionó como alcalde para el periodo 2024-2027 bajo el lema de un progreso con equidad. No era un rostro nuevo en el poder local: fue concejal de Ciénaga de Oro y director administrativo de la misma alcaldía que hoy gobierna, una trayectoria que le daba un conocimiento del aparato administrativo que pocos alcaldes poseen. En mayo de 2024, con cinco meses de retraso sobre el arranque constitucional, el Concejo aprobó el Acuerdo 009 que adoptó el Plan de Desarrollo Territorial “Con Dios y el Pueblo 2024-2027”.

Este reportaje hace lo que ningún boletín de prensa hará: pone sobre la mesa los 18 formularios financieros que el propio municipio envió al Ministerio de Hacienda, los mide contra el sentir de una comunidad que ha estado tres décadas esperando el agua potable las 24 horas, y califica. Porque la corrupción no solo se denuncia: se disecciona.

El bolsillo municipal: de dónde salió la plata de 2024 y 2025

El primer mito a demoler es el de la pobreza presupuestal. Ciénaga de Oro no ha administrado un municipio pobre de recursos: entre 2024 y 2025 movió $318.577 millones según sus propios reportes al CUIPO, $131.107 millones en la primera vigencia y $187.470 millones en la segunda, un crecimiento del 43% en un solo año. El problema no es cuánta plata entró. El problema es de dónde entró, porque ese crecimiento no lo pagaron los oreros con sus impuestos: lo pusieron el Gobierno nacional, el sistema de regalías y, en buena medida, los banqueros.

Gráfica 1. Composición de los ingresos de Ciénaga de Oro, vigencias 2024 y 2025. Elaboración propia con datos del CUIPO-CHIP, Ministerio de Hacienda.

Desagreguemos la torta. En 2024, de cada $100 que entraron a la alcaldía, $70,7 fuerontransferencias estatales: el Sistema General de Participaciones aportó $46.884 millones (con $28.120 millones solo de salud, dinero que pasa por la alcaldía sin quedarse, pues se gira al régimen subsidiado), la cofinanciación de la UPC sumó $43.170 millones y las demás transferencias $2.555 millones. El esfuerzo propio, el que sale del bolsillo de los oreros vía impuesto predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina y estampillas, fue de apenas $15.828 millones, el 12,1% del total. En 2025 el cuadro empeoró en términos relativos: los tributarios subieron a $19.628 millones, sí, pero bajaron al 10,5% de un pastel mucho más grande.

Dos cifras de esa torta deberían encender las alarmas de cualquier veedor. La primera: el rubro “recursos del balance”, es decir, las reservas y superávits de años anteriores que se gastan como si fueran ingreso, aportó $17.443 millones en 2024 y $19.840 millones en 2025. Entre los dos años, la administración consumió $37.284 millones de ahorros heredados: más de lo que el municipio recauda en impuestos en un año. Un presupuesto que se sostiene comiéndose el balance es un presupuesto que vive de la herencia, no del trabajo. La segunda: los aportes de la Nación pasaron de $200 millones en 2024 a $21.226 millones en 2025, un salto de más de cien veces que corresponde, según los anuncios oficiales del Ministerio de Vivienda, a los recursos del convenio de agua potable firmado en julio de 2025 por $56.450 millones.

Y está el tema que ningún funcionario menciona en los discursos: el crédito. En 2024 el presupuesto se financió con $2.500 millones de deuda; en 2025, con $20.000 millones. Es decir, uno de cada diez pesos que administró la alcaldía en su segundo año fue plata prestada que la comunidad, o más bien sus nietos, tendrán que pagar.

Tabla 1. Ingresos de Ciénaga de Oro por rubro principal (millones de pesos)

Fuente: formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS, CUIPO-CHIP, Ministerio de Hacienda, cortes dic-2024 y dic-2025. Cifras en millones de pesos.

A dónde va la plata: el presupuesto que casi todo lo llama inversión

Sobre el papel, la ejecución presupuestal de Ciénaga de Oro es de vitrina. En 2024 la administración central comprometió $113.216 millones, de los cuales $105.709 millones (el 93,4%) se clasifican como inversión social; pagó el 98,9% de sus obligaciones. En 2025 comprometió $147.233 millones, con $139.656 millones de inversión (94,9%) y una ejecución de pagos del 99,7%. Añadiendo Concejo y Personería, el municipio movió en dos años más de $260.000 millones. Si la gestión se midiera por porcentajes de ejecución, Mejía Castaño estaría en el podio nacional.

Gráfica 2. Composición de los gastos comprometidos, 2024 y 2025. Elaboración propia con datos del CUIPO-CHIP.

Pero la contabilidad de la inversión tiene un truco que los lectores del portal conocen bien: clasificar como inversión es fácil; demostrar la obra es otra cosa. El rubro de inversión incluye los giros de salud al régimen subsidiado (más de $57.000 millones en dos años que van a las EPS, no a obras), los recursos de alimentación escolar, educación y los programas recurrentes que se ejecutan todos los años sin importar quién gobierne. Lo que la comunidad pregunta no es cuánto se ejecutó, sino qué quedó: dónde está la tubería, dónde está el pavimento, dónde está el parque.

Las señales de tensión financiera están en la letra pequeña. Las reservas presupuestales, la deuda que la administración arrastró sin poder pagar al cierre de 2024, fueron de $1.419 millones; en 2025 bajaron a $581 millones, pero las cuentas por pagar, el pasivo que queda flotando con proveedores, se dispararon de $706 millones a $1.285 millones, un aumento del 82% en un solo año. El funcionamiento, mientras tanto, quedó en el nivel mínimo tolerable: 5,0% del presupuesto en 2025, por debajo del 6,6% de 2024, y con la novedad de que el servicio de la deuda pasó de $7,2 millones a $249,3 millones: los bancos ya empezaron a cobrar.

Hay un detalle adicional que merece constancia documental: el Concejo Municipal y la Personería, cuyas plantas funcionan con recursos de la alcaldía, aumentaron su facturación sobre el erario de $601 millones en 2024 a $875 millones en 2025. Que la corporación que autorizó los créditos, las vigencias futuras y el endeudamiento vea crecer su presupuesto en 45% el mismo año en que autoriza hipotecar $22.500 millones de rentas futuras es, cuando menos, un conflicto de interés institucional que la Procuraduría debería mirar con lupa.

Tabla 2. Ejecución del gasto municipal, administración central (millones de pesos)

Fuente: formulario D_EJECUCION_DE_GASTOS, CUIPO-CHIP, cortes dic-2024 y dic-2025.

La hipoteca silenciosa: $22.500 millones de deuda y las rentas empeñadas

Aquí está el corazón de esta investigación. El 13 de junio de 2024, con el registro de deuda pública 611519358 ante el Ministerio de Hacienda, la alcaldía firmó su primer crédito con Bancolombia por $2.500 millones: 120 meses de plazo, 24 de gracia, tasa IBR más un punto, destinado formalmente al sector transporte. El crédito venía con una condición que pocos vecinos conocieron: quedaba garantizado con la pignoración del 50% del Sistema General de Participaciones de libre inversión del municipio, $2.270 millones amarrados. Traducido al idioma de la gente: la plata de inversión libre del pueblo quedó empeñada para pagar el banco.

Un año después, el 13 de noviembre de 2025, bajo el registro 611520033, la administración firmó el segundo crédito, también con Bancolombia, por $20.000 millones desembolsados ($22.500 millones autorizados sumando el saldo del primero). La letra pequeña de ese crédito es una clase magistral de ingeniería financiera sobre el futuro de Ciénaga de Oro: $6.000 millones garantizados con el 30% del SGP de agua potable y saneamiento básico; $6.000 millones con el SGP de propósito general de libre inversión; $3.000 millones con el mismo propósito general; y $5.000 millones con el 25% de la sobretasa a la gasolina. En total, $22.500 millones de rentas futuras empeñadas, incluido el 100% de la libre inversión de propósito general atada al crédito de 2024.

Gráfica 3. Evolución del saldo de deuda y porcentaje de pignoración de las rentas, 2024-2025. Elaboración propia con formularios FUT_DEUDA_PUBLICA del CHIP.

¿Por qué importa tanto? Primero, por la velocidad: el saldo de deuda pasó de $2.500 millones a $22.266 millones en un año, un crecimiento de nueve veces sin que la ciudadanía conociera un debate público de escala semejante; la autorización del Concejo (Acuerdo 007 de enero de 2026 aparece citando los créditos como fuente de proyectos del Plan de Desarrollo) llegó, en todo caso, después de la firma del 13 de noviembre de 2025. Segundo, por el objeto: el municipio hipotecó exactamente la renta que la Ley 715 destina a agua potable, la misma agua que la comunidad lleva décadas pidiendo. Tercero, por el margen de maniobra: entre la pignoración del 100% de una renta, el 45% de otra, el 30% de una tercera y el 25% de la cuarta, la próxima administración recibirá un municipio con las manos atadas: los ingresos de libre disposición que le quedan son una fracción mínima de lo que dice el presupuesto.

La Ley 819 de 2003 y la Ley 358 de 1997 ponen semáforos al endeudamiento territorial: la sostenibilidad se mide con indicadores de interés e amortizaciones contra ahorro operativo e ingresos corrientes. En 2024 el servicio de la deuda fue de apenas $7,2 millones; en 2025, de $249,3 millones; y la amortización proyectada que el propio municipio reportó al Ministerio para 2026 en adelante suma alrededor de $312,5 millones anuales solo del primer crédito, más las cuotas del segundo. Un municipio que depende en dos tercios de transferencias, que consume su balance y que hipoteca su inversión libre, no está construyendo autonomía: está comprando presente con el futuro. Y el futuro, en Ciénaga de Oro, se cobra caro.

Tabla 3. Créditos contratados por Ciénaga de Oro, 2024-2025

Fuente: formulario CREDITOS, FUT_DEUDA_PUBLICA, CHIP. Todas las operaciones con Bancolombia S.A. Saldo total al cierre de 2025: $22.266 millones.

Regalías y vigencias futuras: el dinero que entró y el silencio del reporte

Si Ciénaga de Oro no es PDET, ¿de dónde salieron $54.044 millones de regalías en dos años? Del Sistema General de Regalías por asignaciones directas, la vía de financiamiento de los municipios categorizados 4, 5 y 6. Según los formularios oficiales que el municipio envió al CHIP, en 2024 ingresaron $34.926 millones del SGR y en 2025, $19.119 millones. Son cifras enormes para un municipio de 64.000 habitantes: juntas superan todo lo que el municipio recaudó en impuestos en los dos años. La pregunta forense no es si entraron (entraron), sino qué quedó.

La ejecución de regalías, en porcentajes, es impecable: en 2024 la administración comprometió $49.578 millones (más de lo recibido, porque arrastró $14.652 millones de vigencias anteriores), y pagó el 100% de las obligaciones: $34.926 millones. En 2025 comprometió $33.678 millones y pagó otro 100%: $19.119 millones. ¿Y a dónde fue el grueso? El formulario de gastos es revelador: la línea de “autopistas, carreteras y calles” concentró $31.097 millones pagados en 2024, es decir, casi todas las regalías del primer año se fueron a vías. En un municipio donde el estado de las vías urbanas y veredales es la primera queja de los campesinos de Bugre, Corozal, Martinica o El Varal, gastar las regalías en carreteras es una decisión defendible; lo que no es defendible es que, con esa ejecución del 100%, las quejas sigan intactas dos años después. La plata pagó obligaciones; los vecinos todavía esperan ver el firme.

Tabla 4. Ejecución del Sistema General de Regalías (millones de pesos)

Fuente: formularios EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS del Sistema General de Regalías, CHIP, cortes dic-2024 y dic-2025.

Las vigencias futuras cuentan la otra mitad de la historia. El 27 de septiembre de 2024, mediante el acto administrativo 019 autorizado por el Concejo (Acuerdo 019 de 2024), la alcaldía comprometió $19.455 millones de vigencias futuras para 2025: $19.399 millones para el sector de vivienda, ciudad y territorio, específicamente el acceso de la población a los servicios públicos, es decir, el agua potable, y $56 millones para convivencia y seguridad. Esos $19.455 millones aparecen ejecutados en 2025, coincidiendo con la contrapartida municipal del convenio de $56.450 millones firmado con la Nación y el departamento para la línea de conducción Cereté-Ciénaga de Oro.

Y entonces llega el silencio: cuando este portal descargó el formulario de vigencias futuras del corte octubre-diciembre de 2025 en el sistema CHIP, la respuesta oficial del municipio no fue una cifra. Fue una frase: NO REPORTE DE INFORMACIÓN. Un municipio que en 2024 reportó $19.455 millones, en 2025 no reporta nada.

La omisión no es un tecnicismo contable. El artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y la normatividad del CUIPO obligan a las entidades territoriales a reportar con oportunidad y veracidad su información presupuestal, que es la base con la que Hacienda calcula la sostenibilidad del endeudamiento, con la que Función Pública construye los índices de desempeño y con la que la ciudadanía vigila. Un municipio que firma créditos por $22.500 millones garantizados con rentas futuras, y simultáneamente deja de reportar las vigencias futuras al sistema oficial, está oscureciendo precisamente el dato que permitiría saber si esa deuda es pagable. En periodismo, cuando un dato desaparece justo cuando más se lo necesita, ese dato deja de ser estadística y se convierte en pista.

Con Dios y el Pueblo: las promesas del plan contra el sentir de la gente

El Plan de Desarrollo Territorial “Con Dios y el Pueblo 2024-2027”, adoptado por el Acuerdo 009 del 31 de mayo de 2024, es el contrato de gobierno de Alejandro Mejía. Pero un plan que nace en mayo del primer año es un plan que pierde cinco meses de ejecución en la vigencia más valiosa de un cuatrienio, la única en la que un alcalde nuevo tiene presupuesto heredado, energía política y margen de maniobra. Este portal contrastó las prioridades que la comunidad ha hecho visibles en los espacios de participación, en las redes y en la prensa local, con los avances verificables al corte de esta investigación, y construyó cinco indicadores de gestión, cada uno con nota de 0 a 10.

Tabla 5. Cinco indicadores de gestión: desafíos y metas contra logros y avances, 2024-2025

Fuente: Plan de Desarrollo 2024-2027 (Acuerdo 009 de 2024), CUIPO-CHIP, MinVivienda, Gobernación de Córdoba, Policía Nacional, prensa local. Notas de 0 a 10 asignadas por este portal según la metodología de corrupcionaldia.com.

El promedio de los cinco indicadores es 4,9 sobre 10, y su lectura es la de un patrón que se repite: la administración ha sido eficaz para firmar convenios, tramitar créditos y mover presupuestos, y débil para convertir esos papeles en obras terminadas y resultados medibles dentro del periodo evaluado. El caso emblemático es el agua. La comunidad llevaba décadas con tres horas de servicio diario; en dos años de gobierno el saldo de ese compromiso se resume en un convenio firmado, una licitación fallida, una interventoría adjudicada en febrero de 2026 y una promesa de que las obras empezarían en marzo de 2026, justo cuando este alcalde ya tendrá medio gobierno consumido. Bien para la foto de la firma del convenio; tarde para los oreros que siguen bañándose con cubo.

Cabe anotar un punto a favor que el rigor obliga a registrar: la administración publicó su rendición de cuentas de la vigencia 2024 en mayo de 2025, y los anuncios del agua y las vías han sido públicos y verificables. No hay en esta radiografía un hallazgo de contratación irregular documentado, como sí los ha habido en otros municipios del portal. El problema de Ciénaga de Oro no es un contrato escandaloso: es un modelo completo de administración de la plata pública en el que la ejecución presupuestal avanza más rápido que la obra y el reporte estadístico se queda atrás de ambos.

FURAG 2025: la nota roja del desempeño institucional

El Índice de Desempeño Institucional que produce el Departamento Administrativo de la Función Pública con la encuesta FURAG es, probablemente, el termómetro más objetivo de la calidad de la gestión pública municipal que existe en Colombia: mide con 140 indicadores la planeación, la gestión presupuestal y de adquisiciones, el talento humano, la transparencia, la relación con el ciudadano y los resultados. No lo llena el alcalde de memoria: lo llena la propia entidad reportando sus capacidades, y lo contrasta Función Pública. Por eso sus resultados se citan como prueba y no como opinión.

Gráfica 4. Índice de Desempeño Institucional (FURAG) 2025 de las alcaldías de Córdoba. Elaboración propia con datos del DAFP, vigencia 2025.

La nota de la Alcaldía de Ciénaga de Oro en la medición 2025 fue 39,74 sobre 100. Para dimensionar: es el puesto 34 entre las 1.099 alcaldías del país ordenadas de menor a mayor puntaje, es decir, mejor gestión institucional solo que 33 municipios de toda Colombia; está 13,9 puntos por debajo del promedio de Córdoba (53,6), y 40 puntos por debajo de Montería (80,4). Dentro del departamento, siete de las 33 alcaldías medidas lo hacen peor. Su propio Hospital San Francisco, la ESE municipal, obtuvo 53,24: el hospital reporta mejor gestión institucional que la alcaldía que lo dirige. Y en el detalle más elocuente, la Personería y el Concejo Municipal de Ciénaga de Oro ni siquiera reportaron puntaje en la medición.

La lectura por componentes del IDI ayuda a ubicar dónde se rompe la cadena. Un municipio que ejecuta el 99% de su presupuesto pero puntúa en el fondo de la tabla en desempeño institucional está diciéndonos algo: plata circula, pero los procesos que la rodean (planeación, compras públicas, control interno, gestión documental, atención al ciudadano) no alcanzan el estándar. Y en las redes de la administración ocurrió lo que este portal no puede dejar de registrar: la página oficial de la Alcaldía publicó que el alcalde se mostró complacido con los Índices de Desempeño Institucional 2025. Celebrar un 39,74 que coloca a Ciénaga de Oro entre las 34 peores alcaldías de Colombia es como celebrar un 3,97 en el examen de la Función Pública. Esa desconexión entre el dato y el discurso es, en sí misma, un hallazgo de esta investigación.

La calificación: 4,88 sobre 10, una gestión mediocre

La escala de calificación de este portal no es absoluta: evalúa la gestión en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles. Un 7,0 en Ciénaga de Oro no equivale a un 7,0 en Medellín, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles. La nota final es el promedio ponderado de seis componentes, cada uno medido en escala de 0 a 10.

Tabla 6. Componentes y pesos de la calificación, vigencias 2024-2025

Ponderación: (4,0 × 0,25) + (5,2 × 0,20) + (5,5 × 0,20) + (5,0 × 0,15) + (4,5 × 0,10) + (5,5 × 0,10) = 4,88.

Gráfica 5. Radar de la calificación por componentes frente al estándar mínimo metodológico de 7,0.

Resultado: 4,88 sobre 10. En la escala de este portal, ese puntaje corresponde al rango 3,0-4,9: MEDIOCRE, nivel preocupante, que identifica una gestión por debajo del estándar mínimo con señales de ineficiencia administrativa. No es pésima: hay ejecución presupuestal, hay convenios, hay rendición de cuentas. Tampoco es regular ni buena: ni un solo componente alcanza el estándar mínimo de 7,0, el componente con mayor peso (la calidad institucional medida por Función Pública) está entre los peores del país, y las decisiones de endeudamiento y pignoración comprometen el futuro más allá de este cuatrienio.

Sobre el esfuerzo por no depender del Gobierno central, la cuenta es desfavorable. Entre transferencias estatales (65% a 71% de los ingresos de cada año), regalías y crédito bancario, más del 80% de la plata que administró esta alcaldía en dos años la pusieron terceros: la Nación, el SGR o el banco. El esfuerzo fiscal propio (tributarios, contribuciones y tasas) rondó el 12% de los ingresos, y creció en pesos pero se adelgazó en proporción. Ciénaga de Oro no se acerca a la autonomía financiera: se aleja.

Prevaricato por omisión: el análisis jurídico

La regla metodológica de este portal es clara: cuando la calificación final es igual o inferior a 6,9, se desarrolla el análisis jurídico del delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal colombiano, que sanciona al servidor público que omisa, retarde, rehúya o niegue el cumplimiento de los deberes de su cargo. La norma prevé prisión de dos a ocho años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Lo que sigue es una hipótesis jurídica

construida sobre hechos verificables en fuentes oficiales, presentada con pleno respeto a la presunción de inocencia del alcalde y de sus funcionarios: corresponde a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría determinar si hay conductas punibles.

El tipo penal exige tres elementos. Primero, un deber funcional claro y exigible: la Ley 819 de 2003, la Ley 152 de 1994, el decreto que regula el CUIPO y la Ley 1712 de 2014 de transparencia imponen al alcalde, como cabeza de la administración y responsable del Departamento Administrativo de Financieros, deberes precisos de reporte oportuno y veraz de la información presupuestal, de planeación y de publicación. Segundo, la omisión: no cualquier descuido, sino la inobservancia consciente del deber. Tercero, la lesividad: un daño o riesgo concreto para la función pública o los derechos de los ciudadanos.

Apliquemos la plantilla al caso Ciénaga de Oro, hecho por hecho. Hecho uno: en el corte oficial de octubre-diciembre de 2025, el municipio respondió NO REPORTE DE INFORMACIÓN al formulario de vigencias futuras del CHIP, el mismo año en que comprometió $19.455 millones de vigencias futuras autorizadas en 2024 y firmó créditos por $20.000 millones. La omisión del reporte cuando ese dato es el insumo para evaluar la sostenibilidad de la propia deuda que se está contrayendo configura, como mínimo, el deber funcional incumplido y el riesgo para la hacienda pública que el tipo penal requiere. Hecho dos: la pignoración del 100% del SGP de propósito general de libre inversión (crédito 611519358) más el 45% de la misma renta (crédito 611520033) compromete la soberanía presupuestal de los gobiernos futuros y, si los indicadores de la Ley 819 no fueron verificados con la información completa antes de firmar, habría que indagar quién certificó la sostenibilidad con qué datos. Hecho tres: la adopción del Plan de Desarrollo cinco meses después del plazo constitucional es una omisión de deber funcional documentada en el propio Acuerdo 009 de 2024, con efecto directo sobre la ejecución del primer año. Hecho cuatro: un IDI de 39,74, el puesto 34 entre las peores alcaldías del país, es el indicador objetivo, producido por la propia Función Pública, de la fragilidad de los procesos institucionales que debían garantizar el cumplimiento de esos deberes.

¿Hay dolo? Esa es la pregunta que solo la investigación penal puede responder, y este portal no la adelanta. Lo que los hechos documentados permiten afirmar es que la omisión del reporte de vigencias futuras no es interpretable como un error administrativo inocuo: ocurrió en la vigencia exacta en que el dato ocultado era crítico, en un municipio que simultáneamente multiplicó su deuda por nueve. Y aquí cabe recordar la Ley 2ª de 2023, que endureció el régimen de transparencia y responsabilidad por la destrucción u ocultamiento de información pública. Si la Fiscalía llegara a acreditar que la omisión fue consciente y dirigida, la calificación que este portal ha dado a los dos primeros años de Alejandro Mejía Castaño, 4,88, mediocre, tendría además un correlato penal que hoy, con los datos disponibles, solo podemos enunciar como hipótesis. Por ahora, la palabra exacta es otra: deber esclarecido.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: lo que quedó y lo que falta

Medir esta administración contra los ODS no es un ejercicio cosmético: Colombia los adoptó como marco de política pública y los planes de desarrollo deben alinearse con ellos. En Ciénaga de Oro, el balance objetivo al corte de dos años es heterogéneo y, en el componente institucional,

francamente regresivo. El ODS 6 (agua y saneamiento), el más urgente para la comunidad, muestra avance de gestión y no de resultado: el convenio de $56.450 millones y las vigencias futuras ejecutadas mueven al municipio en la dirección correcta, pero la obra tenía 0% de ejecución física al cierre del periodo evaluado y el servicio seguía oscilando en torno a las tres horas diarias que los vecinos denuncian desde hace años.

En el ODS 3 (salud y bienestar), la alcaldía giró puntualmente más de $60.000 millones del SGP al régimen subsidiado y a la salud pública en dos años, pero sin metas públicas de acceso ni mejora medible en su hospital, cuya propia medición institucional quedó en la mitad baja de la tabla. En el ODS 4 (educación de calidad), la matrícula, la gratuidad y la alimentación escolar se ejecutaron al 100% del giro, pero no hay resultados de aprendizaje ni deserción publicados que permitan saber si la plata se convirtió en educación. En el ODS 11 (ciudades sostenibles), el avance vial descansa sobre créditos y sobre la Gobernación más que sobre obra municipal terminada. En el ODS 8 (trabajo decente) no hay programa de empleo con huella presupuestal identificable. Y el ODS 16 (instituciones sólidas), el ODS que sostiene a todos los demás, es el único que retrocede de manera objetiva: un IDI de 39,74 sobre 100 es, literalmente, la medición del debilitamiento institucional.

La conclusión ODS es incómoda pero honesta: Ciénaga de Oro avanza en la contabilidad y se estanca en el desarrollo. Un presupuesto que crece 43% y un índice institucional que cae al fondo del país no pueden contar la misma historia para siempre. Cuando los recursos aumentan y las capacidades no acompañan, la brecha entre plata y bienestar la paga, siempre, la gente de menos recursos: la que no puede comprar un tanque, un motor ni un filtro.

Cierre: la pregunta que queda para Ciénaga de Oro

Dos años, $318.577 millones administrados, $22.266 millones de deuda nueva, $37.284 millones de ahorros consumidos, un índice institucional entre los 34 peores del país y una nota final de 4,88: mediocre, nivel preocupante. Esa es la fotografía forense de los dos primeros años de Alejandro Mejía Castaño en Ciénaga de Oro. Puede que el tercer y el cuarto año traigan el agua, los pavimentos y la corrección de los reportes; esta investigación lo registraría con la misma fuerza con la que registra lo demás. Pero la democracia local no funciona con fechas de vencimiento: funciona con información.

Porque hay una pregunta que los vecinos de Ciénaga de Oro tienen derecho a hacerse cada mañana, cuando abren la llave que gotea tres horas al día: si la plata entró, si el presupuesto se ejecutó, si los convenios se firmaron y los créditos se aprobaron, ¿por qué la vida cotidiana sigue esperando? Y una segunda, más incómoda aún, para los organismos de control: ¿quién vigila a la administración que deja de reportar el dato justo cuando firma la hipoteca del futuro? La próxima vez que en Ciénaga de Oro alguien escuche que la gestión es un éxito, recuerde que este portal puso los números sobre la mesa. La pregunta no es si este municipio puede ser distinto. Es si sus gobernantes van a permitirlo, y si sus vecinos van a exigirlo.

Ficha metodológica

Fuentes primarias. Los datos presupuestales provienen exclusivamente de los formularios oficiales

que la Alcaldía de Ciénaga de Oro reportó al Sistema Único de Información Financiera (SUI/CHIP) del Ministerio de Hacienda, disponibles en chip.gov.co, sección consulta ciudadana, categoría CUIPO: B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (dic-dic 2024 y 2025), FUT_DEUDA_PUBLICA en sus formularios CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR y RENTA_PIGNORADA (ene-dic 2024 y 2025), FUT_VIGENCIAS_FUTURAS formulario AUTORIZACIONES (oct-dic 2024 y oct-dic 2025) y Sistema General de Regalías en sus formularios EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS (dic-dic 2024 y 2025): 18 reportes en total. El índice institucional proviene de los resultados de Desempeño Institucional (FURAG/MIPG) del Departamento Administrativo de la Función Pública, vigencia 2025, reporte de junio de 2026.

Fuentes secundarias y de contexto. Plan de Desarrollo Territorial Con Dios y el Pueblo 2024-2027 (Acuerdo 009 del 31 de mayo de 2024) y acuerdos municipales 019 de 2024 y 007 de 2026 publicados en el sitio oficial del municipio; anuncios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (noviembre de 2025 y febrero de 2026) sobre el proyecto de agua potable; comunicado de la Gobernación de Córdoba sobre el convenio de $56.450 millones (julio de 2025); portal de Aguas de Córdoba sobre la licitación LP-005-2025; registros del SECOP (convenio MVCT-1192-2025 y procesos de contratación directa); noticia de posesión de El Meridiano de Córdoba (29 de diciembre de 2023); publicación de la Policía Nacional sobre jornadas de seguridad (agosto de 2025); proyecciones de población del DANE. El corte de datos de esta investigación es agosto de 2026.

Método de calificación. Cada componente se calificó de 0 a 10 y la nota final es el promedio ponderado: FURAG 25% (nota = IDI/10); ejecución presupuestal CUIPO 20% (criterios: ejecución de ingresos y gastos, proporción de inversión, pasivos, deuda y calidad del reporte); avance del Plan de Desarrollo 20% (cinco indicadores de gestión contra los cinco problemas principales de la comunidad); transparencia SECOP 15% (modalidades de contratación, publicación y trazabilidad); cumplimiento de ODS 10%; percepción ciudadana 10% (inferida de redes, prensa local y participación). La regla del prevaricato por omisión se activa cuando la nota final es igual o inferior a 6,9. Las cifras fueron extraídas y verificadas línea por línea de los archivos fuente; el proceso es replicable por cualquier lector que descargue los mismos formularios oficiales. Este artículo es periodismo de investigación: ninguna afirmación constituye imputación jurídica individual.