La máquina de impunidad colombiana volvió a funcionar con precisión suiza este miércoles. Álvaro «El Gordo» García, artífice de la masacre de Macayepo que dejó 12 campesinos muertos y más de 4.000 personas desplazadas, recuperará su libertad no por inocencia, sino por algo mucho más revelador: porque el sistema judicial que debería castigarlo decidió que los plazos procesales son más sagrados que la justicia.
Más allá de los titulares que celebran «decisiones técnicas» y «vencimiento de términos», se esconde una verdad que Colombia prefiere no ver: nuestro sistema judicial no falla por accidente. Funciona exactamente como fue diseñado: para proteger a quienes ostentan el poder, mientras las víctimas esperan justicia desde hace 25 años.
La legalidad como escudo de la impunidad
El vencimiento de términos, regulado en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, artículos 317 y 294), existe para evitar detenciones arbitrarias y proteger el debido proceso. Sin embargo, este instrumento se ha convertido en una autopista para la impunidad cuando los procesos se dilatan por maniobras estratégicas. Jurisprudencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema han advertido que esta figura no puede aplicarse cuando la demora es atribuible a la defensa, pero en la práctica, la delgada línea entre proteger derechosy favorecer la impunidad se borra.
En este caso, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, con el magistrado Jorge Emilio Caldas en el despacho, aplicó la liberación tras seis meses de inactividad procesal. La pregunta jurídica es brutal: ¿cómo se justifica que un vacío procedimental pese más que 40 años de condena por masacrar campesinos? La respuesta revela una falla estructural: la ley permite, y la práctica consagra, que la paciencia del victimario sea premiada.
El mecanismo invisible de la impunidad perfecta
La liberación de García no es un error judicial. Es la demostración más cristalina de cómo opera el sistema silencioso que gobierna Colombia: una maquinaria invisible que convierte tecnicismos en escudos, dilaciones en amnistías y procesos en teatro.
Mientras García disfrutaba de libertad condicional en julio de 2024 «por buen comportamiento» (¿qué comportamiento puede ser bueno después de masacrar campesinos?), la Corte Suprema lo detuvo argumentando que tenía procesos pendientes. Pero ahora, cuando esos mismos procesos se vuelven incómodos por su lentitud, la misma Corte decide que es mejor liberarlo por «vencimiento de términos«.
El parapolítico no gana porque sea más inteligente. Gana porque el sistema se acostumbró a protegerlo.
Impunidad como violencia estructural
Para un investigador social, este caso no es una anécdota: es una muestra de captura institucional. Este concepto describe cómo las élites —políticas, económicas o armadas— se adueñan de los mecanismos estatales para garantizar su inmunidad. Estudios de la Comisión de la Verdad y análisis de la sociología política en contextos de posconflicto muestran que la impunidad alimenta la violencia: cuando el Estado no castiga, legitima.
La masacre de Macayepo no es solo una tragedia del año 2000: es un recordatorio vivo de que la violencia estructural —esa que se ejerce desde el Estado por omisión, por dilación o por complicidad— sigue operando. Cada caso como este erosiona el capital social, debilita la confianza en la justicia y enseña a las generaciones futuras que el crimen, si es respaldado por poder, paga.
Los actores del teatro de la injusticia
- Álvaro «El Gordo» García: El protagonista que logró convertir el exterminio de campesinos en una condena de 40 años que nunca cumplirá por completo. Su estrategia no fue negar los crímenes, sino surfear las aguas turbias de un sistema que premia la paciencia de los verdugos.
- La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema: Los directores de esta tragedia, que decidieron que seis meses sin resolver un caso es motivo suficiente para liberar a un responsable de masacres.
- El magistrado Ariel Augusto Torres: El único que salvó su voto, eco débil de una conciencia institucional que agoniza.
- Los abogados defensores: Arquitectos de la dilación sistemática, expertos en hacer del tiempo un arma jurídica letal.
El impacto real: 4.000 razones para la indignación
Mientras García planea su vida en libertad, 4.000 familias desplazadas siguen esperando justicia y reparación. Los 12 campesinos asesinados no tendrán segunda oportunidad, pero su verdugo ya tuvo varias.
El mensaje es claro: cada día que García pasa libre es una invitación a otros victimarios para confiar en que el tiempo, y no la justicia, será su mejor aliado.
El grito que falta en las calles
Para un ciudadano común, este no es un asunto de tecnicismos jurídicos. Es la confirmación de que la vida de un campesino vale menos que un formulario firmado en Bogotá. Testimonios de líderes desplazados, como los de la Asociación de Víctimas de Macayepo, recuerdan que han pasado más de dos décadas sin verdad plena ni reparación efectiva.
El ciudadano que observa este espectáculo no solo siente frustración: siente miedo. Porque si el Estado puede dejar libre a un condenado por masacre, ¿qué esperanza queda para el resto de la población?
El ciclo secreto que perpetúa la barbarie
- Los poderosos cometen crímenes sabiendo que el sistema los protegerá.
- Los procesos judiciales se dilatan mediante recursos y tecnicismos.
- La sociedad se acostumbra y normaliza la injusticia.
- El sistema se autojustifica con lenguaje técnico que oculta decisiones políticas.
- Las víctimas se rinden ante la imposibilidad de obtener justicia.
- Los victimarios celebran su victoria sobre un Estado que los ampara.
La pregunta que Colombia no quiere responder
¿Cuántos García más deben liberarse para entender que nuestro sistema judicial no falla, sino que funciona perfectamente para quienes lo diseñaron?
La liberación de Álvaro García no es un síntoma de enfermedad institucional: es la prueba de que la estructura está calibrada para blindar a los poderosos y castigar a las víctimas con la desesperanza.
Mientras García respira aire libre, las víctimas de Macayepo siguen sepultadas bajo el peso de un Estado que prefiere los plazos procesales a la justicia sustantiva. Y nosotros, como sociedad, seguimos siendo cómplices cada vez que aceptamos que “así son las cosas” en lugar de exigir que cambien.
