La reventazón en la Contraloría del Atlántico: ¿Auditoría o chantaje institucionalizado?
La noticia que estremece al Atlántico
Una tormenta política azota las oficinas de la Contraloría Departamental del Atlántico. Tres altos funcionarios –el subcontralor, el jefe de control interno y el secretario general– fueron declarados insubsistentes en una jugada fulminante que revela algo más que un simple remezón administrativo. Según diversas fuentes, el trasfondo de la crisis tiene nombre propio: un conflicto intestino dentro del partido Cambio Radical, donde las cuotas políticas valen más que los principios de vigilancia fiscal.
¿Y qué hacía el organismo encargado de garantizar la transparencia mientras tanto? Según un testimonio recogido por Corrupción al Día, un alcalde –cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad– confesó que le exigieron la módica suma de $100 millones de pesos para evitar un pliego de responsabilidad fiscal. La encargada de este presunto chantaje sería nada menos que la contralora titular, Yadira Morales Roncallo. ¿Control fiscal o mafia de cuello blanco con oficina y sello oficial?
Hallazgos como herramienta de presión
No es casual que esta denuncia llegue acompañada de una pregunta incómoda: ¿se compulsaron copias de estos hallazgos a los demás organismos de control como exige la ley? La Fiscalía, la Procuraduría y hasta la misma Auditoría General deberían estar activando alarmas, pero hasta ahora, todo parece hundido en el cómodo silencio institucional.
Los “hallazgos fiscales” que tanto se celebran en comunicados de prensa habrían sido utilizados como una especie de catálogo tarifario para extorsionar a los mandatarios locales. No es fiscalización, es intimidación con membrete.
Estos son los hallazgos que vienen utilizando en la Contraloría Departamental para costreñir a los alcaldes de los diferentes municipios del departamento del Atlántico.
Periodismo comprado, ética hipotecada
Como si no bastara con la presunta extorsión a alcaldes, una funcionaria de la misma entidad confesó que Yadira Morales no oculta su estrategia de imagen: periodistas pagos para hablar bien de su gestión. Es decir, propaganda disfrazada de periodismo.
En un país donde los medios deberían servir de contrapeso al poder, algunos se han convertido en bufones al servicio de la corrupción. La contralora, al parecer, no audita la ética sino que la contrata por horas.
El sistema no está dañado… está diseñado así
Lo que ocurre en la Contraloría del Atlántico no es un caso aislado. Es la fotografía precisa de lo que Alejandro Nieto denunció como el “desgobierno de lo público”. Aquí no se trata de manzanas podridas, sino de un árbol entero cultivado con impunidad, nutrido con clientelismo y cosechado por la élite política. Un sistema hecho para durar, no para servir, como lo revela la metodología de La Cara Oculta del Poder: la política es el arte de mover recursos, no el de hacer justicia.
Civismo: el antídoto colectivo contra la mafia institucional
Ante este panorama, la pregunta no es solo qué hace la justicia, sino qué hacemos nosotros. El civismo no es cortesía: es resistencia. Cada acto honesto y cada denuncia son depósitos en el banco de la confianza pública. La corrupción institucional se multiplica porque permitimos que lo incívico se vuelva normal. Pero el civismo también es contagioso, y ahí reside la esperanza.
Conclusión: ¿Quién vigila a los que vigilan?
Cuando el órgano encargado de vigilar la corrupción se convierte en el operador del chantaje, la democracia pierde su pulso. La Contraloría del Atlántico no necesita un remezón, necesita una purga ética. Porque lo que está en juego no es solo el presupuesto de unos municipios, sino la confianza de toda una ciudadanía en que el control fiscal no sea convertido en una franquicia del crimen organizado.
