La Anatomía del Poder: Diseccionando Dos Años de Inacción Criminal
Seguimos calificando la gestión de los alcaldes municipales del departamento del Magdalena. Llegamos al municipio de Zona Bananera, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión de la alcaldesa Clareth Margarita Olaya Jiménez. Haremos un estudio de la gestión realizada por esta mandataria en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
Lo que encontramos no es simplemente una gestión deficiente: es un retrato sistemático de la omisión convertida en método de gobierno, donde la inacción deliberada frente a crisis humanitarias evidentes configura un patrón que trasciende la incompetencia administrativa para adentrarse en el territorio del delito penal. Zona Bananera, uno de los municipios más ricos del Magdalena —con ingresos ejecutados por $105.005 millones de pesos en el período analizado—, paradójicamente se ha convertido en el epicentro de una tragedia social prevenible que ha cobrado vidas humanas mientras sus recursos permanecen subejecutados o mal invertidos.
Este análisis forense revela cinco dimensiones críticas del colapso institucional: una crisis de seguridad que convirtió al municipio en el más violento del Magdalena; un sistema de salud en estado terminal que mata por negligencia; una educación degradada al nivel más bajo del departamento; una infraestructura vial que cobra vidas diariamente; y un acceso al agua secuestrado por intereses privados mientras las comunidades mueren de sed. Cada una de estas crisis tenía solución. Cada una fue ignorada. Y esa omisión, documentada y sistemática, no es un error administrativo: es un delito.
I. EL CONTEXTO: LA PARADOJA DE LA RIQUEZA Y LA MISERIA
Un Municipio fértil gobernado por la esterilidad administrativa
Zona Bananera, con sus 598 km² de tierra fértil y 79.037 habitantes (proyección DANE 2024), representa una de las paradojas más dolorosas del Magdalena. Su economía, impulsada por la agroindustria bananera y palmera, genera millonarios recursos no solo al municipio sino al departamento entero. Según el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, Zona Bananera responde por el 27,3% de la dinámica del sector primario del departamento. Sus empresas bananeras mantienen estándares internacionales de comercio justo, exportan a mercados globales y generan empleos formales para cientos de familias.
Pero esa prosperidad económica contrasta brutalmente con indicadores sociales propios del abandono estatal. El 96,3% de su población vive en zonas rurales dispersas, muchas sin acceso a servicios básicos. Sus corregimientos —Guamachito, Santa Rosalía, Guacamayal, La Candelaria, Orihueca— sobreviven en condiciones de marginalidad mientras las arcas municipales acumulan recursos sin ejecutar.
Los datos financieros extraídos de los reportes oficiales del Sistema CUIPO (Categoría Única de Información Presupuestal) revelan una gestión financiera que solo puede calificarse como criminal por omisión:
INDICADORES FINANCIEROS 2024-2025:
- Ingresos Totales Ejecutados: $105.005.032.783
- Gastos Comprometidos: $924.674.572.718
- Gastos Pagados: $767.186.596.041
- Eficiencia de Ejecución: 82,97% (Pagos/Compromisos)
- Regalías Recibidas: $3.360.289.185
- Regalías Ejecutadas: $10.316.024.887
- Paradoja Financiera: Ejecuta más regalías de las recibidas (307%), sugiriendo rezagos de vigencias anteriores sin resolver
Pero las cifras solo revelan una parte de la verdad. La composición del gasto muestra una distorsión estructural: el 49,25% de los ingresos corresponde a recursos de salud (ADRES – Régimen Subsidiado), pero la atención sanitaria es inexistente en vastas zonas del municipio. El 48,20% proviene del Sistema General de Participaciones, recursos atados constitucionalmente a educación, salud y agua potable, sectores en los que Zona Bananera ostenta los peores indicadores del departamento.
¿Dónde están los recursos? ¿Por qué un municipio con más de $105 mil millones ejecutados tiene habitantes muriendo por falta de atención médica, estudiantes en el último lugar de las Pruebas Saber, y familias sin agua potable?
La respuesta no está en la ausencia de dinero, sino en la omisión sistemática de actuar por parte de quien tiene el deber legal, constitucional y moral de hacerlo.
II. LOS CINCO PROBLEMAS CRÍTICOS: RADIOGRAFÍA DE UNA CRISIS HUMANITARIA
Basándonos en el diagnóstico participativo que dio origen al Plan de Desarrollo “Contigo Somos Más, Tiempo de Bendiciones 2024-2027” y en los informes de calidad de vida del programa “Zona Bananera Cómo Vamos”, identificamos cinco problemas prioritarios que la comunidad zonera señaló como urgentes y que la alcaldesa Olaya Jiménez se comprometió a resolver. Analizaremos cada uno con un enfoque forense: Meta vs. Realidad.
PROBLEMA 1: COLAPSO DE SEGURIDAD CIUDADANA
El Compromiso: Reducir la violencia homicida, combatir el microtráfico y mejorar la percepción de seguridad.
La Realidad:
- Tasa de homicidios: 58,6 por cada 100.000 habitantes (1er semestre 2025)
- Posición departamental: Municipio #1 más violento del Magdalena
- Incremento homicidios: +53% vs. mismo período 2024 (de 30 a 46 casos)
- Método: 100% de homicidios con armas de fuego
- Trauma craneoencefálico: 61% de las víctimas
- Contexto nacional: La ONU establece que tasas superiores a 20/100.000 indican crisis de violencia; Zona Bananera casi triplica este umbral
Análisis: Mientras la alcaldesa Olaya Jiménez publica en sus redes sociales fotografías de reuniones con el Coronel Alexander [apellido], comandante de Policía, destacando “resultados positivos”, la realidad habla de un municipio donde asesinar se convirtió en cotidiano. El microtráfico, denunciado por el diputado Álvaro Orozco, se apoderó de los corregimientos sin una respuesta efectiva de la administración municipal.
Los Consejos de Seguridad se convirtieron en eventos protocolarios sin incidencia real. No hay evidencia de inversión municipal significativa en programas de prevención del delito, fortalecimiento de la justicia comunitaria, o sistemas tecnológicos de vigilancia. Los $95.988 millones ejecutados en “Inversión” no incluyen partidas identificables para seguridad ciudadana efectiva.
Calificación: 1.5/10 – Las cifras son incontrovertibles. Zona Bananera es hoy más peligrosa que cuando Olaya Jiménez asumió el cargo.
PROBLEMA 2: SISTEMA DE SALUD EN ESTADO TERMINAL
El Compromiso: Garantizar acceso efectivo a servicios de salud, reducir la mortalidad materna, mejorar infraestructura sanitaria.
La Realidad:
- Presupuesto salud: $51.713 millones (ADRES Régimen Subsidiado) + $26.654 millones (SGP Salud) = $78.367 millones disponibles
- Cobertura geográfica: Múltiples corregimientos sin puesto de salud funcional
- Testimonios documentados:
- Santa Rosalía (3.000 habitantes): Sin puesto de salud, sin brigadas
- Guacamayal: “
Solo dan 15 citas diarias”, infraestructura precaria - Traslados obligatorios: Pacientes deben viajar a Santa Marta para especialistas
- Mortalidad materna: 33% del total departamental (datos 2017-2018, sin actualización pública reciente)
- Causas principales muerte: Enfermedades isquémicas cardíacas, homicidios, enfermedades cerebrovasculares (condiciones tratables con atención oportuna)
Análisis Forense: La ejecución presupuestal muestra $49.721 millones pagados en régimen subsidiado, pero la pregunta esencial permanece: ¿subsidiar qué servicios si no hay dónde prestarlos? El líder Gerardo Caballero lo resumió: “La gente no muere porque le toca, sino por negligencia”.
La alcaldesa Olaya Jiménez tenía conocimiento directo de estas denuncias desde la sesión descentralizada de la Asamblea Departamental en marzo de 2019 (antes de su mandato), donde líderes comunitarios expusieron públicamente la crisis sanitaria. Dos años después, esos corregimientos siguen sin puestos de salud.
El delito de Prevaricato por Omisión (Art. 414 Código Penal) se configura cuando un servidor público “omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones”. Garantizar la salud pública es función constitucional indelegable del alcalde municipal. Omitir la construcción de puestos de salud teniendo recursos disponibles no es ineficiencia: es omisión punible.
Calificación: 0.5/10 – Personas han muerto por enfermedades prevenibles. Esta no es hipérbole: es homicidio por negligencia administrativa.
PROBLEMA 3: EDUCACIÓN AL FONDO DEL ABISMO
El Compromiso: Mejorar calidad educativa, infraestructura escolar, y desempeño académico.
La Realidad:
- Pruebas ICFES 2022: 100% de instituciones en categorías “Inferior” y “Muy Inferior”
- Posición departamental: 5to peor desempeño académico del Magdalena
- Puntaje promedio: 205 puntos (vs. 230 media departamental)
- Competencia en inglés: 0% de estudiantes con capacidad de comprensión e inferencia
- Infraestructura:
- Colegio Guamachito: Sin docentes completos, sin baños funcionales (usan los de eventos públicos), sin cercamiento, sin celadores, último lugar Pruebas Saber departamentales
- Caso tabletas: Compra de 1.058 tabletas a $1.890.000 c/u (marzo 2024) = $1.999 millones, con sobrecostos denunciados por corrupcionaldia.com, mismo proveedor (Fundación Editorial Unidos por Colombia) que en Aracataca, proceso con irregularidades documentadas
Análisis Forense: El caso de las tabletas merece atención especial. Corrupcionaldia.com reveló que:
- El proceso fue adjudicado a una fundación sin experiencia demostrable
- El precio unitario duplicaba el valor comercial
- Existió un “error aritmético” de $1.000 millones que fue “corregido” en audiencia
- La misma fundación no estaba registrada en el RUP al momento de la adjudicación
- Solo se presentaron tres oferentes (los mismos de Aracataca), sugiriendo direccionamiento
Mientras tanto, el Colegio de Guamachito —el peor del departamento— no tiene siquiera baños dignos. La prioridad no fue mejorar infraestructura básica sino comprar tabletas sobrevaloradas a proveedores cuestionables.
El Artículo 414 del Código Penal no distingue entre omisión por no hacer y omisión por hacer lo incorrecto: ambas configuran prevaricato cuando se rehúsa el acto debido (invertir adecuadamente en educación).
Calificación: 1.0/10 – La educación zonera está peor hoy que en 2024, y recursos fueron desviados a contratos irregulares.
PROBLEMA 4: INFRAESTRUCTURA VIAL: LA CARRETERA DE LA MUERTE
El Compromiso: Mejorar vías terciarias, reducir accidentalidad vial, garantizar conectividad rural.
La Realidad:
- Tasa de siniestralidad 2022: La más alta del departamento (36 casos)
- Muertes viales: +14,2% entre 2021 y 2022 (de 25 a 36 casos)
- Posición lesionados: 3er lugar departamental (48 lesionados en 2022)
- Principal causa: Vehículos en vías deterioradas
- Inversión identificable: $49.968 millones en “Construcción y Servicios de la Construcción”, pero sin especificación de obras viales municipales principales
- Paradoja: El sector bananero privado (ASBAMA, FONDESCOL) lidera inversiones en vías rurales con recursos propios (proyecto $369 millones para 26.885 metros lineales)
Análisis: Es patético que el sector privado asuma la responsabilidad de la administración municipal. Mientras empresas bananeras pavimentan vías con fondos propios, la alcaldía ejecuta decenas de miles de millones sin impacto visible en la red vial terciaria.
Las muertes en accidentes viales no son “accidentes”: son homicidios culposos por omisión en el mantenimiento vial. El alcalde que permite que sus vías maten es cómplice de esas muertes.
Calificación: 2.0/10 – Ligera mejoría en 2025 (reducción 50% 1er semestre) no compensa el desastre acumulado, y es probable que se deba a factores externos (menos movilidad) más que a intervención municipal.
PROBLEMA 5: EL AGUA SECUESTRADA
El Compromiso: Garantizar acceso al agua potable en zonas rurales, regular concesiones hídricas.
La Realidad:
- Denuncia Vladimir Carranza (líder comunal): “
Los terratenientes se adueñaron del agua. En época de verano acumulan 150 hectáreas en reservorios ilegales mientras corregimientos como La Candelaria ven morir sus cultivos” - Concentración concesiones: El 47% de concesiones en Zona Bananera están en manos de un grupo empresarial bananero (datos Ruta del Conflicto)
- Acuerdo histórico 2025: Ministra de Ambiente firmó acuerdo con énfasis en la gobernanza del agua del río Aracataca, evidenciando la crisis estructural
- Corpamag: Señalado por líderes como inoperante en control de uso ilegal del recurso
- Inversión municipal: No hay evidencia de proyectos significativos de acueductos rurales en la ejecución presupuestal analizada
Análisis: El agua es un derecho fundamental (Constitución Art. 366, Ley 142/1994). La omisión del alcalde en hacer cumplir las regulaciones hídricas, permitiendo que agroindustrias acaparen el recurso mientras comunidades rurales enfrentan sed, configura vulneración de derechos fundamentales por omisión.
El líder Carranza fue contundente: “El gerente de Corpamag parece inamovible”, pero ¿dónde está la voz de la alcaldesa? ¿Por qué no hay denuncias municipales ante autoridades ambientales? ¿Por qué los $95.988 millones de inversión no incluyen sistemas de acueducto rural?
Calificación: 0.5/10 – El silencio cómplice frente al despojo del agua es quizás la omisión más grave: condena a comunidades enteras a la supervivencia precaria.
III. CALIFICACIÓN CONSOLIDADA Y ANÁLISIS COMPARATIVO CON ODS
MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRAL
| PROBLEMA PRIORITARIO | META PLAN DESARROLLO | REALIDAD 2024-2025 | CALIFICACIÓN /10 |
|---|---|---|---|
| Seguridad Ciudadana | Reducir homicidios, microtráfico | Municipio más violento Magdalena, +53% homicidios | 1.5 |
| Salud Pública | Acceso universal, infraestructura | Corregimientos sin puestos salud, mortalidad prevenible | 0.5 |
| Educación | Mejorar calidad, infraestructura | 100% instituciones categoría inferior, infraestructura deplorable | 1.0 |
| Infraestructura Vial | Reducir accidentalidad, conectividad | Tasa más alta siniestralidad, sector privado asume responsabilidad | 2.0 |
| Acceso al Agua | Garantizar agua potable rural | Acaparamiento ilegal, comunidades sin recurso | 0.5 |
| PROMEDIO GESTIÓN | 1.1/10 |
CALIFICACIÓN FINAL: 1.1/10 – GESTIÓN DELICTUOSA
Adjetivación: CRIMINAL POR OMISIÓN SISTEMÁTICA
Una calificación de 1.1 sobre 10 no refleja simplemente incompetencia administrativa: es el resultado matemático de una omisión sistemática, deliberada y prolongada de deberes constitucionales y legales que ha causado sufrimiento humano, muertes prevenibles y deterioro social irreversible.
ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
El Gobierno colombiano se comprometió con la Agenda 2030 y sus 17 ODS. Zona Bananera, como municipio, debe contribuir a su cumplimiento. Veamos el desempeño:
ODS 3 – Salud y Bienestar: ❌ INCUMPLIMIENTO TOTAL
Meta 3.1 (Reducir mortalidad materna): Zona Bananera tiene 33% de mortalidad materna departamental.
Meta 3.8 (Cobertura sanitaria universal): Múltiples corregimientos sin servicios.
ODS 4 – Educación de Calidad: ❌ INCUMPLIMIENTO TOTAL
Meta 4.1 (Educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad): 100% instituciones en categorías inferiores ICFES.
Meta 4.a (Instalaciones educativas seguras, no violentas, inclusivas y eficaces): Escuelas sin baños, sin cercamiento, sin seguridad.
ODS 6 – Agua Limpia y Saneamiento: ❌ INCUMPLIMIENTO TOTAL
Meta 6.1 (Acceso universal y equitativo al agua potable): Comunidades rurales sin acceso, concentración ilegal en agroindustrias.
Meta 6.4 (Uso eficiente del agua): Reservorios ilegales sin control.
ODS 11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles: ❌ INCUMPLIMIENTO TOTAL
Meta 11.2 (Sistemas de transporte seguro, asequible, accesible y sostenible): Tasa más alta de siniestralidad departamental.
Meta 11.5 (Reducir muertes y personas afectadas por desastres): Infraestructura vial cobra vidas constantemente.
ODS 16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: ❌ INCUMPLIMIENTO TOTAL
Meta 16.1 (Reducir significativamente todas las formas de violencia y tasas de mortalidad conexas): Tasa de homicidios de 58,6/100.000, casi tres veces el umbral de crisis según ONU.
Conclusión ODS: Zona Bananera bajo la gestión Olaya Jiménez retrocede en TODOS los ODS pertinentes. No hay un solo indicador de mejora estructural.
IV. PREVARICATO POR OMISIÓN: CUANDO LA INACCIÓN ES DELITO
Marco Jurídico del Delito de Prevaricato por Omisión
El Artículo 414 del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) establece:
“El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de sesenta (60) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses.”
Elementos del Tipo Penal (según Corte Suprema de Justicia, Sala Penal)
- Sujeto activo calificado: Servidor público (la alcaldesa Clareth Olaya Jiménez)
- Conducta: Omitir, retardar, rehusar o denegar
- Objeto de la conducta: Un acto propio de sus funciones
- Dolo: Conocimiento y voluntad de no realizar el acto debido
Aplicación al Caso Zona Bananera
¿Existía deber legal de actuar? SÍ
- Constitución Política:
- Art. 2: Fines esenciales del Estado (servir a la comunidad, garantizar efectividad de derechos)
- Art. 311: Los alcaldes como jefes de la administración local
- Art. 366: Objetivo fundamental del Estado es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
- Ley 136 de 1994 (Régimen Municipal):
- Art. 91: Funciones del alcalde incluyen “Conservar el orden público” (numeral 1), “Dirigir la acción administrativa del municipio” (numeral 2), “Velar por el desarrollo de la salud y la educación” (numerales varios)
- Ley 715 de 2001 (Sistema General de Participaciones):
- Establece competencias obligatorias en salud, educación, agua potable y saneamiento básico para municipios
- Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027: Documento contractual entre alcaldesa y comunidad, con metas específicas vinculantes
¿La alcaldesa tenía conocimiento de los problemas? SÍ
- Diagnóstico participativo que originó el Plan de Desarrollo
- Denuncias públicas de líderes comunitarios en sesiones descentralizadas de la Asamblea Departamental (documentadas por medios)
- Informes “Zona Bananera Cómo Vamos” (públicos, notificados)
- Alertas tempranas de Defensoría del Pueblo (Alerta 020-25 sobre riesgos de violaciones DDHH en Zona Bananera)
¿Existían recursos para actuar? SÍ
- $105.005 millones en ingresos ejecutados
- $78.367 millones específicos para salud
- $50.613 millones del SGP con destinación específica constitucional
- $3.360 millones de regalías recibidas (más rezagos que permitieron ejecutar $10.316 millones)
¿Se omitió actuar? SÍ
Ejemplos documentados de omisión:
- Salud: No construyó puestos de salud en Santa Rosalía, Guacamayal, ni otros corregimientos denunciados, teniendo presupuesto disponible.
- Educación: No mejoró infraestructura del Colegio Guamachito (el peor del departamento), pero sí destinó $1.999 millones a compra irregular de tabletas.
- Seguridad: No implementó programas efectivos de prevención del delito pese al incremento de 53% en homicidios.
- Agua: No denunció acaparamiento ilegal de recursos hídricos por agroindustrias, no invirtió en acueductos rurales.
- Vías: No priorizó mantenimiento de red vial terciaria pese a tasa más alta de siniestralidad departamental.
¿Existió dolo (intencionalidad)? ELEMENTO A DETERMINAR POR AUTORIDAD JUDICIAL
El dolo puede ser:
- Directo: Conocimiento y voluntad expresa de no actuar
- Eventual: Conocimiento del deber y aceptación de las consecuencias de no actuar
En este caso, la reiteración de denuncias públicas + disponibilidad presupuestal + ausencia de justificación técnica o legal + prolongación temporal (dos años) = Elementos suficientes para inferir, al menos, dolo eventual.
La Corte Suprema de Justicia ha establecido que el prevaricato por omisión no requiere demostrar beneficio personal del servidor público, basta con probar que omitió un deber legal propio de su cargo.
Otras Conductas Punibles Conexas
Además del prevaricato por omisión, la gestión Olaya Jiménez presenta indicios de:
- Peculado por Aplicación Oficial Diferente (Art. 399 CP): Si recursos de salud, educación o agua potable (con destinación específica constitucional) fueron utilizados en otros fines.
- Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales (Art. 410 CP): Caso tabletas con irregularidades documentadas por corrupcionaldia.com.
- Violación de Régimen Legal de Inhabilidades e Incompatibilidades (Art. 408 CP): Si existieron conflictos de interés no declarados en contratación irregular.
Precedentes Jurisprudenciales
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 8 de marzo de 2018 (Radicado 50186), recordó:
“El prevaricato por omisión se estructura por el incumplimiento de un deber legal propio del servidor público, sin que sea necesario que se produzca un resultado lesivo, pues se trata de un delito de mera conducta. Sin embargo, cuando la omisión genera daños a la comunidad o a particulares, la conducta adquiere mayor reprochabilidad.”
En Zona Bananera, la omisión SÍ generó resultados lesivos documentados: muertes prevenibles, deterioro educativo, crisis de violencia. La reprochabilidad penal es, por tanto, máxima.
V. CONCLUSIONES: LA OMISIÓN COMO MÉTODO DE GOBIERNO
La gestión de Clareth Margarita Olaya Jiménez en Zona Bananera (2024-2025) no es simplemente una administración mediocre o deficiente: es un caso de estudio sobre cómo la omisión sistemática de deberes legales puede convertirse en un método de gobierno que causa sufrimiento humano, consolida desigualdades estructurales y perpetúa la impunidad.
Hallazgos Esenciales:
- Recursos vs. Resultados: Con más de $105.000 millones ejecutados, no hay mejoras tangibles en ninguno de los cinco problemas prioritarios identificados por la comunidad. La paradoja de la riqueza municipal y la miseria social es insostenible.
- Omisión Sistemática: No estamos ante fallos aislados, sino ante un patrón de inacción que abarca salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios básicos. Esta sistematicidad sugiere no incompetencia, sino estrategia (o ausencia deliberada de estrategia).
- Configuración Delictual: Los elementos del delito de Prevaricato por Omisión (Art. 414 CP) están presentes: servidor público, deber legal, conocimiento del problema, recursos disponibles, omisión prolongada, resultados lesivos.
- Retroceso en ODS: Zona Bananera no solo no avanza hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible: retrocede en todos los indicadores relevantes, comprometiendo el futuro de sus habitantes y el cumplimiento de compromisos internacionales de Colombia.
- Precedente Peligroso: Si esta gestión no es judicializada, se envía un mensaje devastador: los alcaldes pueden omitir sus deberes constitucionales, dejar morir gente, empobrecer comunidades, y no enfrentar consecuencias penales siempre que no se compruebe enriquecimiento personal. El prevaricato por omisión quedaría en letra muerta.
Recomendaciones:
A los Organismos de Control:
- Fiscalía General de la Nación: Iniciar investigación penal por prevaricato por omisión y delitos conexos contra Clareth Olaya Jiménez y funcionarios de su administración.
- Procuraduría General de la Nación: Adelantar investigación disciplinaria e imponer sanciones por violación de deberes funcionales.
- Contraloría General de la República y Contraloría Departamental: Auditoría forense de ejecución presupuestal, especialmente contratos irregulares (caso tabletas) y subejecución de recursos con destinación específica.
A la Comunidad Zonera:
- Ejercer el derecho de revocatoria de mandato (Ley 134 de 1994, Art. 64 y ss.) si se acredita incumplimiento del programa de gobierno.
- Interponer acciones populares por violación de derechos colectivos (salud pública, acceso a servicios, seguridad).
- Constituir veedurías ciudadanas permanentes que monitoreen ejecución presupuestal y cumplimiento del Plan de Desarrollo.
A los Medios de Comunicación:
- Mantener seguimiento permanente del caso, impidiendo que caiga en el olvido.
- Investigar beneficiarios de contratos irregulares y posibles redes de corrupción.
- Documentar cada nueva víctima de la omisión: cada muerte evitable, cada estudiante sin futuro, cada familia sin agua.
Reflexión Final: La Estética de la Impunidad
Zona Bananera es una metáfora perfecta de Colombia: un país que tiene todo para prosperar, pero que se ahoga en la mediocridad criminal de sus élites políticas. Mientras las empresas bananeras exportan fruta a Europa bajo estándares de comercio justo, la alcaldesa que debería proteger a los productores de esa riqueza los abandona a su suerte.
La impunidad de la clase gobernante, denunciada en el documento “Corrupción estructural” que acompaña este análisis, no es un fenómeno abstracto: tiene nombre y apellido. Tiene dirección: Casa 9, Prado Sevilla, Zona Bananera. Tiene cifras: 1.1 sobre 10. Y tiene víctimas: 79.037 zoneros que merecían mejor.
Este no es un artículo de opinión: es un expediente preliminar que esperamos sirva de insumo a las autoridades competentes. Cada dato aquí consignado es verificable, cada denuncia tiene fuente, cada acusación se sustenta en evidencia documental o testimonial.
La pregunta final no es si Clareth Olaya Jiménez es culpable de prevaricato por omisión: esa determinación corresponde a un juez de la República. La pregunta es si Colombia tiene instituciones lo suficientemente fuertes para juzgar a quienes matan con su silencio, roban con su inacción, y destruyen con su ausencia.
Zona Bananera está esperando la respuesta.
CALIFICACIÓN FINAL: 1.1/10 – GESTIÓN DELICTUOSA POR OMISIÓN SISTEMÁTICA
ADJETIVACIÓN: CRIMINAL
“La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.”
Este artículo ha sido elaborado siguiendo los más altos estándares de periodismo investigativo, con respeto al debido proceso y presunción de inocencia de todos los mencionados, pero con la firmeza ética de quien no calla ante la injusticia.
