La Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas contra el senador Ciro Alejandro Ramírez del Centro Democrático, iniciando una indagación preliminar sobre su presunta participación en una red de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos públicos por valor de $9.000 millones.

Esta investigación se centra en las actividades del senador que habrían influido en al menos 15 contratos en los departamentos del Tolima, Quindío y Valle del Cauca durante un período que abarca desde noviembre de 2020 hasta finales de 2022.

Imagen realizada con AI

Apertura de Investigación con Antecedentes: Sin embargo, esta apertura de investigación podría considerarse tardía, ya que el año pasado, el 24 de octubre de 2022, la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia que investigara al senador uribista por su presunta implicación en esta trama de corrupción.

Además, la decisión de la Procuraduría llega con cierto retraso, ya que el caso está relacionado con el proceso legal que condujo a la condena del exsenador liberal Mario Castaño a 15 años de prisión en junio de este año.

Personas Procesadas y Delitos Asociados: En la actualidad, dos personas ya enfrentan cargos penales en relación con este caso. Katherine Rivera Bohórquez, miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Ramírez, y el contratista Anderson González González, están siendo procesados por delitos como concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de los dos ha admitido su culpabilidad.

Manipulación de Contratos y Vínculos: Según la investigación de la Fiscalía, los contratos objeto de manipulación se celebraron entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’.

Se sostiene que Katherine Rivera, en calidad de enlace del senador, habría dirigido estos contratos hacia el contratista González. El contratista habría recibido información privilegiada para ajustar sus propuestas y ganar los contratos. A cambio de este favorecimiento, habría acordado un pago de $1.000 millones destinado a la red de corrupción.

La Implicación de Ciro Ramírez: En lo que concierne al senador Ciro Ramírez, la investigación se relaciona con un contrato de $48.660 millones entre el DPS y la Empresa Industrial y Comercial del Estado Proyecta Quindío, celebrado en 2021.

Se sospecha que el senador se habría aprovechado de su posición para seleccionar contratistas e interventores recomendados por la red criminal dirigida por Mario Castaño.

Antecedentes Políticos de Ciro Ramírez: Es importante mencionar que Ciro Ramírez Cortés es hijo del excongresista del Partido Conservador Ciro Ramírez Pinzón, quien fue condenado por parapolítica en 2011.

Ciro Ramírez ha sido miembro del partido Centro Democrático desde el inicio de su carrera política y llegó al Congreso en 2014 como representante a la Cámara por Boyacá, una región en la que su padre ejercía un importante papel político. Hasta el momento, el senador Ramírez no ha emitido declaraciones sobre las investigaciones en su contra.

Conclusión: La indagación preliminar de la Procuraduría sobre el senador Ciro Alejandro Ramírez plantea serias preocupaciones sobre la integridad de la contratación pública y la lucha contra la corrupción en Colombia. Este caso, con antecedentes en investigaciones previas y conexiones con figuras políticas notorias, destaca la importancia de mantener la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.

La sociedad estará atenta a los desarrollos de esta investigación y las posibles implicaciones para el senador y otros involucrados en este entramado de corrupción.

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