Luego de la reunión que sostuvo con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien llegó esta semana al país, el Fiscal General de la Nación, Francisco Brabosa anunció ayer que seis generales (r) del Ejército Nacional fueron llamados a rendir indagatoria por ‘falsos positivos’ cometidos entre 2004 y 2008.
Los uniformados fueron citados a declarar por el delito de homicidio en persona protegida; “es decir, las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos (…) en el marco de la Investigación que adelantan fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”.
Lo llamativo del asunto es que solo hasta ahora, es decir, 15 años después de que se conocieron estos macabros asesinatos a manos de integrantes del Ejército, es que la Fiscalía echa mano a generales de alto rango. Tuvo que crearse la Justicia Especial para la Paz (JEP) y llegar a Colombia el delegado de la Corte Penal Internacional, para que el organismo de justicia colombiano hiciera el llamado a indagatoria a los implicados.
Concretamente, las acusaciones tienen que ver con muertes de civiles presentados como bajas en combate por integrantes de la fuerza pública en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, durante los dos mandatos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez.
Al respecto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene abierto el macrocaso 03 (Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado). Como hecho reciente, víctimas de estos crímenes a manos de la IV Brigada del Ejército entre 2002 y 2003 confrontaron las versiones entregadas por el general (r) Mario Montoya, compareciente ante este tribunal por hechos perpetrados por integrantes de esa unidad.
El fiscal del tribunal multilateral, Karim Khan, llegó al país el lunes 5 de junio y su primera reunión fue con el presidente Gustavo Petro.
Días previos a esta cumbre, Petro reconoció dificultades en la implementación de mecanismos de justicia restaurativa y transicional (esta última a cargo de la JEP), y no descartó la intervención de la Corte Penal Internacional para ahondar en las indagaciones ya adelantadas tanto por el tribunal especial como por entes como la Fiscalía.
Los generales retirados a los que llamó a declarar la Fiscalía son:
Fabricio Cabrera Ortiz, a quien se le imputa la responsabilidad de 95 asesinatos entre el 2006 y 2008; Hernán Giraldo Restrepo, por 33 asesinatos del 2004 al 2006; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, como responsable de 15 asesinatos en el 2006; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, 2 asesinatos de civiles entre el 2004 y 2005; Luis Felipe Paredes Cadena y Luis Fernando Rojas Espinosa.
Sobre el general (r) Luis Felipe Paredes, se sabe que desde hace 10 años es gerente de Caja Honor, una de las empresas del Grupo Social y Empresarial del sector Defensa (GSED), adscrita el Mindefensa.
Durante estos años que ocurrieron los hechos, fungieron como ministros de Defensa: Jorge Uribe Echavarría (2003 – 2005), Camilo Ospina (2005-2006) y Juan Manuel Santos (2006-2009).
Según la JEP entre 2002 y 2008, se habrían registrado, por lo menos, 6.402 víctimas. Aunque la cifra es reveladora, las organizaciones sociales que han entregado bases datos al Tribunal de Paz aseguran que podría aumentar si se contemplan otros periodos del conflicto armado y si más militares sometidos cuentan otros crímenes.
La JEP estima que en ese lapso de seis años se habrían presentado 4.154 casos más que no tienen documentados ni la Fiscalía ni el Centro Nacional de Memoria Histórica. Para lograr este consolidado de cifras, la Jurisdicción acudió a los informes, bases de datos, registros e información de diferentes organizaciones, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. A pesar de las discrepancias en los números, todas las entidades y organizaciones coinciden con que el periodo de 2002 y 2008 fue el más crítico para este fenómeno.
