Gala Marcela Peña
En las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación reposan por lo menos 12 procesos abiertos por presuntas irregularidades dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
De ahí que, lo que era un secreto a voces, fue ratificado esta semana en medio de un debate de la Comisión de Ordenamiento del Senado por el propio director de la UNP, Augusto Rodríguez quien dejó al descubierto la serie de casos de corrupción al interior de esta entidad.
Entre otros, reveló que se encontraron vehículos con blindajes falsos y ausencia de sanciones a contratistas incumplidos.
«Se hizo una imprecisión y se encontró que el blindaje era falso, varias partes no tienen blindaje y lo único que tenían blindados era los vidrios. Y la Unidad estaba pagando una gran suma de dinero por el alquiler de ese vehículo».
El director de la @UNPColombia mostró, en el debate de la comisión de Ordenamiento del Senado, casos de corrupción, blindajes falsos, ausencia de sanciones a contratistas incumplidos y puertas giratorias… pic.twitter.com/ArcxjeHQqZ
— Unidad Nacional de Protección (@UNPColombia) November 30, 2022
Fue enfático en decir que los líderes sociales están desprotegidos porque no se cuenta con todo el parque automotor suficiente y de buena calidad.
Rodríguez puso el dedo en la llaga al hablar de los vehículos que otorga la UNP como medida de protección, que a la fecha suman 3.555 automotores. De acuerdo con el funcionario, tienen evidencia de camionetas que las empresas encargadas de arrendarlas hacen pasar como blindadas –lo que implica costos mayores frente a un vehículo convencional–, pero que, en realidad, no tienen ninguna protección.
«A uno de los vehículos se le hizo una inspección y se encontró que su blindaje era falso. Nos encontramos que esta camioneta lo único que tenía blindados eran los vidrios, pero no el techo ni el piso, y la UNP estaba pagando una cantidad de plata grande por ese vehículo», reclamó.
#Corrupción e irregularidades en la #UNP durante el Gobierno Duque. pic.twitter.com/5rTOWvCQQ9
— Fabian Diaz (@FabianDiazPlata) December 1, 2022
Por otro lado, advirtió que hay casos en los que esos vehículos rentados presentan fallas mecánicas que los hacen casi inservibles, ejemplificando la problemática con el caso de un líder social que fue víctima de un atentado cuando se movilizaba en otro carro sin protección. ¿La razón? La camioneta asignada estaba averiada.
Para el funcionario, la protección en Colombia se volvió un “negocio”, pues el 70 % del presupuesto de la entidad (alrededor de $1,1 billones) se está gastando no solo en las empresas que contratan al personal de protección, sino en las compañías que rentan los vehículos.
Esquemas de seguridad
A las irregularidades se suman alteraciones en los documentos internos de quién quita o concede medidas de protección, así como el caso de un exjefe de la oficina jurídica de la UNP que después terminó como apoderado de una de las empresas que renta los vehículos.
Rodríguez alertó que hechos de este calibre entorpecen y dificultan la debida protección que el organismo debe proporcionar a poblaciones vulnerables como defensores de derechos humanos: «Los líderes sociales están siendo asesinados porque no tenemos cómo protegerlos (...) El parque automotor es vetusto y acabado», agregó.
Por ello, el director de la UNP declaró que buscará ampliar, de manera contractual, la oferta de vehículos en condiciones óptimas, pues se avecinan nuevos desafíos en línea con la política de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro. «Estamos en un proceso de paz total y eso implica que otra serie de actores armados deben ser protegidos».
Pese a que la misión principal de esa entidad es evitar los atentados, existen casos como el de un exgobernador indígena de Ipiales, Nariño, que completó cinco meses a la espera de que le arreglaran la camioneta blindada de su esquema de seguridad, «un hecho inaceptable cuando sabemos que la norma indica que el vehículo debe ser reemplazo por un sustituto en menos de 72 horas cuando se trata de un protegido con alto nivel de riesgo», explicó Jairo Burbano, sindicalista de la UNP.
Como ese caso, agentes de la UNP han reportado decenas de irregularidades que ponen en riesgo la vida de los protegidos. «Desde 2018 veníamos denunciando camionetas que supuestamente estaban blindadas pero que no tenían protección, monopolios de arrendamientos de empresas que no cumplen con las condiciones y vehículos y elementos de protección, como chalecos, en pésimo estado», aseveró el presidente nacional del sindicato de la Unidad, Wilson Devia.
Por este tipo de casos, el sindicato ha radicado por lo menos 12 denuncias ante la Fiscalía, pero ninguna ha prosperado.
Cabe recordar el escándalo que se suscitó a finales de septiembre de este año, cuando se reveló que la familia de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y su esposo, el presidente de Fedegan José Félix Lafaurie, tienen una camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección, que permanece parqueada en un andén de su vivienda y que eventualmente la utiliza la hija del matrimonio para transportar insumos para su microempresa de repostería.
Esta camioneta –al igual que las blindadas junto a las que regularmente se encuentran parqueadas– hace parte de un esquema de seguridad asignado por la UNP a la senadora del Cabal. Por esta camioneta, los colombianos pagan con sus impuestos $7.423.622 al mes.
