Mientras el Ejército habla de «cero tolerancia», los mismos engranajes que permiten el peculado y el tráfico de armas siguen operando sin que nadie pregunte por qué
Este martes, Colombia despertó con una noticia que debería conmocionar pero que, seamos honestos, apenas generará un suspiro colectivo: siete militares activos fueron capturados por hechos de corrupción. Cuatro oficiales, tres suboficiales. Peculado por apropiación, dicen. Manipulación de permisos y vacaciones de soldados, explican. Como si robar el tiempo y los derechos de quienes están bajo tu mando fuera un simple «manejo administrativo indebido«.
Porque claro, en Colombia llamamos «irregularidades» a lo que en cualquier país decente se llamaría robo. Y decimos «cero tolerancia» mientras ascendemos a generales investigados por corrupción. Pero vayamos más allá de este nuevo titular que se sumará al olvido digital en 48 horas.
El mecanismo invisible: cuando el uniforme blinda al corrupto
Las capturas se realizaron en cinco departamentos simultáneamente: Popayán, Ocaña, Pasto, Tolemaida y el Fuerte Militar de Larandia. Siete meses de investigación, nos dicen orgullosos. Como si siete meses fueran un récord de eficiencia y no la confirmación de que el sistema está diseñado para proteger, demorar y eventualmente perdonar.
Lo que nadie dice es que estas capturas ocurren el mismo día en que se ejecutaban órdenes contra cinco militares más por el escándalo de los helicópteros MI-17. Y que apenas días antes, generales activos fueron señalados en una red de corrupción dentro del Comando de Ingenieros que habría desviado miles de millones de pesos. ¿Casualidad? No. Patrón.
Porque esto no es un caso aislado. Es el ciclo secreto que se repite como un mantra: denuncia, investigación que se arrastra, captura con bombos y platillos, proceso judicial eterno, sentencia light o absolución técnica. Y mientras tanto, los mismos personajes siguen escalando posiciones o simplemente se retiran con pensiones millonarias.
El coronel Amórtegui gritó y nadie escuchó
¿Recuerdan al teniente coronel Álvaro Amórtegui Gallego? Ese valiente que en 2020 se atrevió a denunciar públicamente la corrupción en las Fuerzas Militares después de meses de enviar oficios internos que nadie respondió. Ese que tuvo que lanzar su grito de auxilio por redes sociales porque dentro de la institución lo único que encontró fue persecución.
Amórtegui habló del tráfico de armas, municiones, uniformes y pertrechos. Mencionó a altos mandos. Señaló la complicidad de contrainteligencia. Y lo que hizo el sistema fue acosarlo, amenazarlo y eventualmente silenciarlo. Porque en Colombia, el denunciante de corrupción militar termina siendo más perseguido que los corruptos que denuncia.
«Muchos oficiales, suboficiales y soldados saben que la corrupción está haciendo daño al Ejército de Colombia«, dijo entonces. Cuatro años después, aquí seguimos. Con más casos, más capturas, más «cero tolerancia«. Pero sin cambios estructurales.
Los números que nadie quiere ver
Hablemos con claridad: en mayo de 2025, un teniente coronel extorsionó a 37 soldados obligándolos a pagar $120.000 pesos cada uno bajo amenaza de no ser licenciados. El dinero lo usó para internet y peajes personales. Este mismo oficial había sido ascendido apenas un mes antes.
En la Armada, una red liderada por un teniente de fragata y una exasesora jurídica direccionaba contratos por más de $4.500 millones de pesos a cambio de coimas del 5% al 10%. «Nos robamos el proceso», decían entre risas en conversaciones interceptadas.
Un oficial activo del Ejército vinculado a narcotráfico internacional. Un soldado y 12 civiles capturados por tráfico de armas militares hacia grupos armados organizados. Generales señalados por facilitar corrupción en el Comando de Ingenieros que después son ascendidos a comandar divisiones con 14.000 efectivos.
¿Ven el patrón? No son «manzanas podridas«. Es el árbol completo.
El escándalo de los MI-17: cuando 32 millones de dólares se evaporan
El mismo día de estas siete capturas, la Fiscalía ejecutaba órdenes contra otros cinco militares por el escándalo de los helicópteros rusos MI-17. Un contrato de $32,4 millones de dólares con la empresa Vertol Systems que terminó con los helicópteros inutilizados en Tolemaida y el Ministerio de Defensa imponiendo multas de $9 millones de dólares mientras solicita la devolución de $16 millones entregados como anticipo.
¿La acusación? Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos. En cristiano: amaño del proceso licitatorio para favorecer a una empresa que no tenía capacidad técnica. Y mientras las aeronaves militares están varadas, alguien se embolsilló millones.
El coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte fue capturado. Perfecto. ¿Y los generales que autorizaron? ¿Y los asesores del Ministerio que dieron luz verde? ¿Y el sistema de controles que supuestamente debe prevenir esto?
Ah, claro. «Estamos investigando«. «Cero tolerancia«. «Compromiso con la transparencia«.
El sistema de salud militar: otra radiografía del saqueo
El teniente coronel Luis Eduardo Pino Villarreal, médico especialista con 20 años sirviendo al Ejército, escribió en 2019 una carta demoledora al entonces ministro de Defensa. Describió cómo el sistema de salud de las Fuerzas Militares estaba al borde del colapso a pesar de tener un presupuesto de $2,9 billones de pesos.
«Una cosa es creer que el mismo usuario asiste casi 6 veces a una atención ambulatoria y otra muy diferente saber que ese mismo usuario requirió ese número de atenciones en virtud de sus enfermedades«, escribió. La resolutividad de los establecimientos de sanidad militar es del 15%. Los heridos en las ciudades son llevados a hospitales civiles, no a los militares.
¿Dónde están los $2,9 billones? Pregunta incómoda que nadie responde. Porque hacer auditorías reales implicaría destapar una cadena de complicidades que va desde proveedores amañados hasta funcionarios que aprueban contratos inflados a cambio de su porcentaje.
La política de «cero tolerancia»: una mentira bien vendida
Cada vez que hay un escándalo, el Ejército emite el mismo comunicado: «Férreo compromiso con la transparencia«, «cero tolerancia frente a la corrupción«, «total apoyo a las autoridades judiciales«. Es el guion que todos nos sabemos de memoria.
Pero las acciones dicen otra cosa. Generales con recomendaciones de retiro por facilitar corrupción son ascendidos a comandar brigadas y divisiones. Oficiales investigados continúan en sus cargos «mientras se esclarecen los hechos«. Y los procesos disciplinarios internos son tan opacos que nadie sabe qué pasa realmente con los acusados una vez que salen de los titulares.
El general Luis Fernando Salgado, señalado en febrero de 2025 por presunta omisión que facilitó hechos de corrupción como director de la Escuela Militar de Cadetes, fue nombrado comandante de la Sexta División del Ejército en noviembre de 2024. A cargo de más de 14.000 efectivos en zonas de alta conflictividad.
El general Jorge Ricardo Hernández Vargas, con recomendaciones de retiro por presunto incumplimiento de funciones, fue nombrado comandante de la Décima Brigada en Valledupar.
¿Eso es cero tolerancia? No. Es complicidad institucional disfrazada de garantías procesales.
El círculo vicioso: de Montoya a Zapateiro, pasando por todos
Recordemos: el general Mario Montoya renunció en 2008 tras el escándalo de los falsos positivos. Pero sus protegidos siguieron ascendiendo. El general Nicasio Martínez lo sucedió y continuó las mismas prácticas. La persecución contra denunciantes como Amórtegui se intensificó.
En 2020, el general Eduardo Zapateiro presentó condolencias por la muerte de alias Popeye, el sicario de Pablo Escobar responsable de más de 527 asesinatos de policías. Ese momento debió encender todas las alarmas sobre la descomposición moral de la cúpula militar. Pero no pasó nada.
Porque en Colombia hemos normalizado que los generales se equivoquen «con buena intención«. Que los oficiales roben pero «al menos no matan«. Que el sistema esté podrido pero «siempre ha sido así«.
La matriz de empresas fantasma en el Comando de Ingenieros
Las alertas sobre el Comando de Ingenieros llegaron hasta Casa de Nariño. Hablamos de una matriz de 17 empresas que reciben contratos millonarios. El secretario general del Ministerio de Defensa radicó denuncia en febrero de 2025 ante la Fiscalía por presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica y evasión tributaria.
El historial de comandantes del Comando de Ingenieros incluye al actual comandante del Ejército, general Emilio Cardozo. También pasó por ahí el general Omar Sepúlveda. Y los ya mencionados Hernández Vargas y Ricardo Heriberto Roque. Todos bajo la lupa de autoridades y órganos de control.
¿Cuántos miles de millones se desviaron a través de estas empresas fantasma? ¿Cuántos contratos amañados? ¿Cuántas obras que nunca se hicieron o se hicieron mal? Y sobre todo: ¿cuántos de estos generales terminarán presos?
La respuesta es obvia: ninguno o muy pocos. Porque el sistema judicial militar es parte del problema, no de la solución. Las investigaciones se demoran años, las pruebas se «pierden«, los testigos se retractan bajo presión.
Lo que nadie dice sobre estas siete capturas
Volvamos al caso que nos ocupa. Siete militares capturados por peculado mediante la manipulación de permisos y vacaciones de soldados. ¿Saben qué significa eso en la práctica? Que mientras soldados rasos cumplían servicio forzado, los corruptos cobraban como si esos soldados estuvieran de permiso o vacaciones. Se robaron el tiempo, la dignidad y probablemente parte del salario de muchachos que muchas veces son de familias humildes.
Siete meses de investigación. Cinco departamentos. Contrainteligencia Militar, Policía y Fiscalía trabajando coordinadamente. Todo perfecto. Excepto que este mismo esquema se repite en decenas de batallones, brigadas y comandos. Y que por cada siete capturados hay setenta operando tranquilamente.
Porque el problema no es descubrir la corrupción. Es que después de descubrirla, nada cambia estructuralmente.
Las preguntas que Colombia no se hace
¿Por qué un oficial puede vender permisos de soldados durante meses sin que nadie se dé cuenta? ¿Dónde están los controles internos? ¿Por qué las auditorías no detectan estas irregularidades antes de que se conviertan en escándalos?
¿Cómo es posible que generales investigados sean ascendidos? ¿Quién toma esas decisiones? ¿Con qué criterios?
¿Por qué los denunciantes terminan perseguidos mientras los denunciados siguen en sus cargos?
¿Cuánto dinero se ha desviado realmente en las últimas dos décadas de las arcas militares? No hablamos de millones. Hablamos de billones.
Y la pregunta más incómoda: ¿hasta dónde llega esta red? ¿Solo militares? ¿O también políticos, contratistas, empresarios que se benefician del sistema corrupto?
El costo real: soldados traicionados, país desprotegido
Mientras los corruptos se roban el presupuesto militar, hay soldados que no tienen botas decentes. Equipos obsoletos. Helicópteros varados. Hospitales militares colapsados. Comedores con comida de mala calidad.
Y los soldados rasos —esos muchachos de 18, 19, 20 años que cumplen servicio obligatorio— son los primeros en pagar las consecuencias. Porque la corrupción militar no es un problema abstracto. Es el soldado que muere porque el chaleco antibalas estaba vencido. Es el piloto que se estrella porque el mantenimiento del helicóptero fue hecho a medias. Es el cabo herido que no recibe atención médica adecuada porque el presupuesto de salud se lo robaron.
Lo que sí funciona: el blindaje de la impunidad
Lo único que realmente opera con eficiencia en las Fuerzas Militares colombianas es el sistema de protección a los corruptos. Aforamiento para altos oficiales. Justicia penal militar que investiga a los suyos. Procesos disciplinarios opacos. Pensiones millonarias para retiros «voluntarios«.
Ascensos que recompensan lealtades, no méritos. Traslados que son premios disfrazados. «Investigaciones» que se alargan hasta que prescriben o hasta que el escándalo se olvida.
Y sobre todo: un código de silencio inquebrantable. Porque en las Fuerzas Militares, denunciar corrupción es señal de deslealtad. Y la deslealtad se castiga más severamente que el robo.
El ejemplo que viene de arriba
Cuando el comandante del Ejército presenta condolencias por la muerte de un sicario. Cuando generales investigados son ascendidos. Cuando oficiales capturados salen en meses. Cuando los presupuestos desaparecen sin consecuencias reales.
¿Qué mensaje estamos enviando a los rangos medios y bajos? Simple: en Colombia, si vas a robar, hazlo con uniforme. Porque el sistema está diseñado para protegerte.
Colombia, el país de la memoria selectiva
En tres días, este escándalo será reemplazado por otro. En dos semanas, nadie hablará de estos siete militares. En seis meses, estarán fuera de prisión o con casa por cárcel. En dos años, estarán absueltos o con sentencias simbólicas.
Porque somos el país donde los escándalos se apilan como capas geológicas. Cada nuevo caso entierra el anterior. Y la indignación colectiva dura lo que tarda en llegar el siguiente trending topic.
Pero los mecanismos permanecen intactos. Las redes de corrupción siguen operando. Los mismos apellidos aparecen en nuevos casos. Y el círculo vicioso continúa girando.
La verdad que nadie quiere admitir
No hay siete militares corruptos. Hay un sistema militar corrupto con siete capturados esta semana. No hay casos aislados. Hay corrupción estructural, sistémica, institucionalizada.
Y lo más grave: no hay voluntad política real para desmantelar este sistema. Porque demasiados intereses dependen de que las cosas sigan como están. Desde contratistas que inflan precios hasta políticos que necesitan el respaldo militar. Desde generales que construyen fortunas hasta empresarios que lucran con el presupuesto de defensa.
¿Qué hacer cuando el que debe proteger es el que roba?
Esta es la pregunta que Colombia debería hacerse. Cuando las instituciones que supuestamente garantizan nuestra seguridad están podridas desde adentro, ¿en quién confiamos?
Cuando los mismos que deberían dar ejemplo de integridad son los primeros en violar la ley, ¿qué queda?
Cuando el uniforme no representa honor sino oportunidad de enriquecimiento ilícito, ¿cómo pedimos a la ciudadanía que respete a las Fuerzas Militares?
El cambio que no llegará (a menos que…)
Para acabar con esta corrupción estructural se necesitaría:
Eliminar el aforamiento militar. Que generales y oficiales sean juzgados como cualquier ciudadano.
Crear una fiscalía independiente especializada en corrupción militar. Que no dependa del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Militares.
Auditorías externas permanentes. Con participación ciudadana y control internacional.
Protección real a denunciantes. Con garantías judiciales y laborales.
Consecuencias reales. Cárcel efectiva, confiscación de bienes, inhabilitación perpetua.
Pero nada de esto pasará. Porque cambiar el sistema implicaría afectar intereses demasiado poderosos. Porque los mismos que deberían impulsar estas reformas son beneficiarios directos o indirectos del sistema actual.
Mientras tanto, en Colombia…
Siete militares fueron capturados. El Ejército emitió su comunicado de siempre. Los medios publicaron la noticia. Algunos tuiteros se indignaron. Y mañana seguiremos igual.
Porque en Colombia, la corrupción militar no es un problema que resolver. Es una realidad que normalizar.
Y así seguiremos. Hasta que el próximo escándalo. Y el siguiente. Y el que viene después.
Porque el ciclo secreto de la corrupción en las Fuerzas Militares de Colombia no se rompe con capturas mediáticas. Se rompe con decisión política, coraje ciudadano y voluntad de cambio estructural.
Tres cosas de las que, seamos honestos, Colombia carece.
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Este artículo fue elaborado por el equipo investigativo de corrupcionaldia.com, con base en investigaciones periodísticas de múltiples fuentes y análisis profundo de los patrones de corrupción en las Fuerzas Militares de Colombia.
