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Por: Jan Slodvak

Titula de forma alarmista el diario español El Mundo, de Madrid, los temores de las autoridades de la Comunidad de Madrid por la eventual expropiación de sus activos en la empresa matriz Inassa y su filial Triple A de Barranquilla. Dice el increíble primer párrafo del artículo publicado el 25 de junio de 2018:

“La corrupción puede dejar al erario público madrileño sin un jugoso negocio seguro en América Latina. La Comunidad de Madrid teme que el Estado colombiano le expropie el negocio del Canal de Isabel II en Barranquilla. Según ha podido comprobar este periódico, responsables de Inassa, la rama sudamericana del Canal de Isabel II, llevan semanas preparándose para la eventualidad de una posible expropiación, e incluso alguno de los más altos responsables de la filial latina de la empresa pública madrileña han establecido su residencia en Madrid ante eventuales acciones contra ellos por parte de la Justicia colombiana”.

Lo de jugoso negocio, es cierto. Jugosísimo pues de allí han sacado tajada políticos en España y Colombia, ha enriquecido a personajillos que han deambulado por la administración de la empresa y por la vía de los contratos de asesorías ficticios se alimentaron cuentas ubicadas en paraísos fiscales. Si los jueces y fiscales españoles y colombianos son avezados y han avanzado en la dirección correcta, deben tener claro quienes comieron del fantástico negocio y de qué manera. Entre ellos Alejandro Char, tal como lo dijeron hace un año varios periódicos españoles, entre ellos El Confidencial y lo repite ahora El Mundo; y la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, aunque no tiene nada de raro que también en la segunda elección de Uribe dado que su gerente de campaña en el Atlántico fue Julio Jácome de la Peña, banquero vinculado a la familia Gerlein y accionista de la empresa Triple A. Por ahí aparece el expresidente Uribe mencionado de forma reiterada por los ex directivos de Inassa capturados en España.

El caso es que todos los vinculados a este proceso relacionado con la Triple A andan con culillo o; como decían los viejos barranquilleros “embolsaos”, tanto que el gerente de Inassa se quedó en España y los involucrados en el negocio tienen permanentes pesadillas de llegada de la Fiscalía a sus casas para la correspondiente detención. Pánico total. El Fiscal General Martínez, tan dado a los aparatajes publicitarios, se encuentra en mora de mostrar aunque sea un solo resultado concreto en el llamamiento de responsabilidades por la defraudación al patrimonio de los barranquilleros.

Los enredos siguen y ahora llegan hasta la misma presidencia de Álvaro Uribe, pues el detenido y procesado Edmundo Rodríguez aseguró que hubo un momento, en el primer mandato a la alcaldía de Alex Char que este había decidido “cancelar la concesión” y por ello todo el equipo de Canal Extensia, Canal Isabel II, se había venido hacia Colombia para tratar de buscar arreglos, lo que desembocó en aquel famoso tour del Hotel Santa Clara, la mansión alquilada a $1.500.000 el día y las misteriosas bolsas de “regalo”.

En su testimonio, Rodríguez asegura que la Alcaldía de Barranquilla había decidido en ese entonces cancelar la concesión y que, debido a esto, habría propuesto la visita a la ciudad de Cartagena de Ignacio González (ex presidente de la Comunidad de Madrid) y sus colaboradores: “Triple A tenía una concesión y la Alcaldía de Barranquilla había decidido cancelarla (…) había decidido quitar lo que quedaba de los trece años, había muchos actos hostiles. Yo tuve miedo de perder aquello y lo comuniqué al gerente de Canal, quien era Idelfonso de Miguel. Él, obviamente, lo habló con el presidente que era González. Yo, en paralelo, había estado haciendo gestiones para tratar de bajar el tono de la expropiación que nos querían aplicar. Había hablado con mucha gente, varios ministros, con el ex presidente Álvaro Uribe y otros políticos colombianos. Propuse una visita del presidente de Canal –que era vicepresidente de la Comunidad de Madrid– a Uribe, para explicarles que era una empresa sólida, que no éramos unos aventureros, que le viera cara y los ojos a aquello, y ese viaje lo organicé yo en el mes de agosto”.

Según Rodríguez, el presidente Uribe metió la mano para que las cosas continuaran tal como iban, con los españoles explotando las redes de acueducto con su contrato de concesión con un mensaje especifico: “ayúdennos, presidente, a convencer al alcalde de que no nos la quite”, relata Rodríguez. Finaliza la historia que todo el problema se arregló con el lobby político que le hicieron al presidente Uribe y su gabinete ministerial. En suma: todos felices y que siga la fiesta.

Lo curioso del caso es que la Comunidad de Madrid, que al igual que el Concejo de Barranquilla fueron víctimas de engaño por empresarios y políticos inescrupulosos, ahora pretendan ejercer la tesis que les van a “expropiar” la empresa cuando se trata de exactamente lo contrario. Que devuelvan un accionariado que no les pertenece pues se consiguió de forma ilegal, en vía contraria a las disposiciones del Concejo de Barranquilla, que junto con el alcalde son los representantes de la ciudadanía, que fue a la larga a quien se le hizo el despojo, y de todas las marrullerías posteriores cobrando tarifas altas bajo supuestos irreales que es precisamente lo que se muestra en una Acción Popular represada por los jueces administrativos de Barranquilla desde el año 2010.

Señores Comunidad de Madrid: aterricen pues nadie expropia lo que por derecho propio le pertenece. Más bien, en vez de andar propagando vía prensa de derecha española todos estos “temores” deberían entrar en consideraciones de la siguiente índole: ¿Cuántos nos deben ustedes Comunidad de Madrid, a los barranquilleros, por las ganancias usufrutuadas con el 85% de acciones de la empresa Triple A, ganadas en maniobras dolosas que enriquecieron incluso los políticos de Madrid? ¿Cuánto sería la cuenta, si en una acción popular por tarifas cobradas ilegalmente se calculan que deberían devolver entre 15 y 16 billones de pesos? ¿Cuántos nos deben ustedes?

Así que paren el alarmismo financiero internacional por la vía de la prensa española proclive a sus intereses y busquen unos financistas asesorados por abogados del tremendo rollo en que están metidos que tarde o temprano tendrá que resolverse, por ilegal, contra ustedes, señores Comunidad de Madrid.

No es expropiación, es DEVOLUCIÓN.

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