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El actual senador de Córdoba, David Barguil, enfrenta desde hace varios años una denuncia que pretende la pérdida de su investidura en el Congreso por su ausentismo cuando era representante a la Cámara por ese departamento. 

Recientemente la veeduría ‘Trabajen vagos’ que hace seguimiento a las congresistas ausentistas, aportó al proceso que se sigue contra Barguil un dictamen pericial realizado por el abogado y grafólogo forense, Richard Poveda Daza, perito auxiliar ante el Consejo Superior de la Judicatura, donde se sugiere que 24 de las incapacidades médicas que presentó el senador Barguil a lo largo de tres años, para justificar sus ausencias, muy probablemente fueron hechas en un mismo momento. 

El perito advierte que pese a que los certificados tienen fechas entre el 6 de agosto de 2014 y el 14 de diciembre de 2017, presentan “excesiva semejanza en la disposición de los textos, en la ubicación del sello húmedo y firma del médico cirujano que avala la incapacidad, y en la tonalidad cromática del elemento escritor consistente con documentos confeccionados en un solo momento gráfico, es decir, que dadas sus características comunes entre ellos y por asociación de peculiaridades es probable que sean documentos de confección homogénea realizados o diligenciados en un solo tiempo o momento gráfico”. 

“La excesiva uniformidad en el diligenciamiento tipo “planas” de documentos con fechas tan distantes (3 años de diferencia) (…) sumado a la respuesta espectral positiva para los 24 documentos, son elementos indiciarios asociados a documentos confeccionados en un mismo momento o tiempo gráfico”, agrega el informe. 

Para la ‘Veeduría Trabajen Vagos’, que demandó a cinco congresistas por sus reiteradas ausencias, esta prueba sobreviniente pone en entredicho la veracidad de los documentos aportados por Barguil. 

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“Resulta muy sospechoso y prácticamente incomprensible (…) conllevaría a pensar que no se trataron de incapacidades realmente generadas en las fechas en las que pretenden la parte demandada que se reconozcan, sino en un solo momento, siendo ello un hecho fundamental para la debida valoración probatoria”, advierte el colectivo.  

Katherine Juvinao, activista del colectivo calificó de jicotezco el proceso que se emprendió en contra de los congresistas ausentistas al considerar que se ha brindado pocas garantías a los ciudadanos y que existe un “enorme blindaje que esta Corte les ha creado a los congresistas”. 

Y recordó que el pasado 10 de diciembre estaba programada una audiencia pública, que fue aplazada, aún sin nueva fecha, en dicho proceso en el que se le imputan a Barguil, 63 ausencias o faltas que tuvo en su anterior periodo. 

¿Qué dice el abogado de Barguil? 

Rodrigo Durán Bustos, el abogado del senador Barguil, aseguró que el periodo para la recolección probatoria en este proceso venció el pasado 8 de octubre y, por tanto, el dictamen violaría el debido proceso de su cliente. 

Y calificó el informe pericial como una mera opinión y de estar plagado de errores e inexactitudes. 

“Qué credibilidad se le puede dar a ese supuesto “dictamen pericial” que arroja resultados preliminares que no tienen ningún tipo de certeza y que requieren ser nuevas valoraciones. Si el mismo “perito” reconoce que los resultados no son precisos, ¿cómo puede dárseles algún tipo de validez o poder de convicción? (…) si nos encontramos en plena pandemia, y la prestación de servicios de justicia de manera presencial se encuentra restringida ¿cuándo y cómo pudo verificar de manera directa dichos certificados?”, expuso el abogado en un oficio. 

 Procuraduría y Consejo de Estado rechazaron el dictamen pericial 

La entonces Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, Diana Marina Vélez Vásquez, quien quedó elegida como magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, emitió un concepto el 11 de noviembre en el que advierte que este informe pericial no puede tenerse en cuenta como prueba porque, entre otros, no fue decretado por un juez ni fue practicado en el momento procesal oportuno. 

El Consejo de Estado advirtió que los demandantes ya habían pedido que se ordenara un dictamen para determinar la autenticidad o falsedad de las excusas médicas presentadas por Barguil pero que esta prueba fue denegada el pasado 7 de febrero. 

“Esta prueba será negada, debido a que con esta se pretende probar la falsedad ideológica de los documentos cuestionados en este caso referida a que aquellos no fueron confeccionados en el lapso que en ellos se afirma, sin que en el trámite del desconocimiento sea posible abordar ese aspecto. A través del desconocimiento no es posible examinar si el documento contiene datos o información contraria a la verdad, habida cuenta que aquella está prevista para desconocer únicamente su autenticidad, lo que implica que todos aquellos elementos para controvertir su contenido debieron solicitarse o aportarse con la demanda”, advirtió el consejero Nicolás Yepes Corrales. 

La demanda advierte que la Constitución contempla como causal de pérdida de investidura que se falte en un mismo periodo de sesiones a seis o más plenarias en las que se voten proyectos de ley o de actos legislativos. 

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